Contexto
La población venezolana padece una importante crisis económica expresada en índices de inflación que se han agudizado en los últimos años. Datos oficiales señalan que para el año 2015 la inflación fue de 180%. Según los cálculos de Econométrica, la inflación para el 2015 cerró en 259%. El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima en un 720% la inflación para el año 2016.
El Ejecutivo Nacional promulgó un decreto de emergencia económica, extendido por dos meses, con el fin de resolver la crisis promovida por la denominada “guerra económica”. En este sentido, el propósito del decreto era garantizar el acceso a los bienes, acabar con la especulación, la inflación inducida y el sabotaje a la distribución. Este decreto se renovó el 16 de mayo, sumado a un estado de excepción que afecta la garantía de los derechos humanos en el país.
Los resultados no fueron positivos. Tras cuatro meses de la vigencia del decreto, Ecoanalítica indica que entre enero y abril la inflación ascendió a 56% aumentando en más de 20% respecto al mismo periodo del año 2015, cuando fue de 35%.
El alcance de la inflación se traduce directamente en el deterioro progresivo de la calidad de vida de los venezolanos. La ausencia de productos aumenta la demanda, lo que aunado a los altos niveles de inflación, eleva constantemente los precios y deteriora el poder adquisitivo. Los aumentos salariales no compensan la brecha inflacionaria. Para mayo de 2016 el salario mínimo se ubica en Bs. 15.051,15, mientras que la canasta básica en marzo ya ascendía a 203.943,95 bolívares[1].
La escasez de productos básicos alimenticios se expresa en colas casi permanentes a las afueras de los locales comerciales. Esta es la única alternativa que tienen las personas para adquirir los productos a precios regulados, costo que le permite lidiar momentáneamente con la brecha inflacionaria. Colas kilométricas en las adyacencias tanto de comercios privados como en establecimientos manejados por la administración pública son un escenario común en buena parte del territorio nacional.
La escasez y la regulación de precios de productos básicos promueven la conformación de un mercado paralelo que revende a costos especulativos, el denominado “bachaqueo”. Esta consecuencia es asumida por el gobierno como causa de la crisis, de la “guerra económica” expresada en contrabando y especulación.
Aun cuando la disminución de la producción de las empresas expropiadas por el Estado está reflejada en la rendición de cuentas ministerial[2], este hecho aunado al déficit que representa el alto gasto público[3], se omite en el análisis gubernamental de los factores que inciden en la actual crisis.
Empiezan por el final. Derechos violentados
El gobierno venezolano resolvió atacar las consecuencias. En los estados Falcón, Bolívar, Yaracuy y en el municipio El Hatillo del Distrito Capital se prohibió realizar colas en horas de la noche al presumir que los usuarios “revenden los cupos en la cola” o que la “mayoría son bachaqueros”.
La aguda situación económica lleva a las personas a realizar colas durante buena parte del día, lo que altera la rutina cotidiana. Ante la necesidad impostergable que resulta conseguir productos de primera necesidad, algunas personas han optado por hacer colas desde la noche anterior ya que el despacho de mercancías se suele realizar en las primeras horas de la mañana.
La prohibición de colas nocturnas se apoya en argumentos que criminalizan a todos los usuarios, al presumir que “la mayoría” son delincuentes, y al vulnerar el derecho a la reunión pacífica porque las colas, en tanto aglomeración mayor a dos personas, constituyen una reunión de hecho.
Las personas buscan la manera de lidiar con la crisis. El Estado tiene la responsabilidad de solventarla. Un diagnóstico errado deviene en mecanismos injustos que criminalizan a todos sin distinción, en un intento legítimo de los ciudadanos por sortear las dificultades. Este tipo de mecanismos coercitivos violentan el derecho a la libertad de tránsito y reunión de los usuarios, lo que suma elementos que agudizan la situación al vulnerar más derechos elementales mientras las personas intentar solventar las carencias a fin de preservar su derecho a la alimentación y a la salud.
Militarización de la vida civil
La Guardia Nacional Bolivariana (GNB) lidera la custodia de los comercios, es decir, que un componente militar ejerce funciones de control de orden público, lo que es inconstitucional ya que esta vigilancia corresponde estrictamente a organismos de seguridad civiles. La falta de preparación de los militares en materia de mediación-conciliación al operar bajo una lógica bélica aumenta las probabilidades de situaciones hostiles. Retenciones arbitrarias y detenciones se han registrado en este contexto. Al menos cinco civiles han sido procesados en tribunales militares por el delito de “ultraje y ataque al centinela”.
Entre los ciudadanos procesados están: Karlos Eduardo Trujillo, en el estado Bolívar[4]; Miguel Angel Gutiérrez y Fabiola Rojas[5], en el estado Anzoátegui, Alfredo Sepulveda en San Cristóbal[6], estado Táchira y Omerson Cova, en Nueva Esparta[7].
Esta situación revela los altos niveles de militarización de la vida pública que debilita las garantías ciudadanas ya que somete a criterios castrenses, conductas y dinámicas de naturaleza civil. En este sentido, estamos ante sanciones desproporcionadas ya que no solo combina y por tanto desvirtúa criterios contrapuestos, sino que subordina lo civil a lo militar. En caso de existir delitos por parte de los ciudadanos, deben ser tratados bajo legislación civil.
Fuentes:
[1]El Nacional, 28 de abril de 2016, Canasta Básica Familiar aumentó a 203.943,95 bolívares en marzo. Recuperado el 24/05/2016 en http://goo.gl/mhmST0
[2] Memoria y cuenta del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, años 2013-2014. Recuperado en http://goo.gl/8aXC5w y http://goo.gl/L9thpL El Nacional, 13 de abril de 2015, Gobierno admite caída de producción de sus empresas. Recuperado el 17/08/2015 en http://goo.gl/TAU79c
[3] Prodavinci, 1 de julio de 2015, E l aumento del gasto público y su impacto en los venezolanos. Recuperado el 24/05/2016 en http://goo.gl/InwGkn
[4] [1] Tribunal militar décimo séptimo de control con sede en Ciudad Bolívar. Sentencia de fecha 11.02.15 (en línea) (K)
[5] [2] Tribunal militar decimosexto de control con sede en Barcelona, estado Anzoátegui: Sentencia de fecha 03.03.15.
[6] (en línea) (http://corte-marcial.tsj.gob.ve/DECISIONES/2015/DICIEMBRE/1291-8-CAUSAN%C2%BACJPM-TM11C-055-2015-35.HTML)
[7] [3] (en línea) (http://corte-marcial.tsj.gob.ve/DECISIONES/2015/NOVIEMBRE/1296-10-FM64-009-2015-.HTML)
Foto: https://sincepto.wordpress.com/
