Informe sobre situación del derecho a la protesta en Venezuela. Enero-Septiembre 2016

Contexto

Venezuela padece una severa crisis económica expresada en una alarmante inflación, agudizada en los últimos años. Datos oficiales señalan que para el año 2015, la inflación fue de 180,9%[1]. El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima en un 475% la inflación para el cierre del 2016.

El 14 de enero, el Ejecutivo Nacional promulgó un decreto de emergencia económica[2] a fin de autorizar la toma de medidas especiales para atender la “coyuntura económica derivada de los efectos de una guerra no convencional”. El propósito del decreto era garantizar el acceso a los bienes, acabar con la especulación, la inflación inducida y el sabotaje a la distribución.

El 13 de mayo, se anunció un nuevo decreto de Emergencia Económica sumado a un Estado de Excepción[3]. La medida permite la suspensión del derecho a la reunión pacífica con solo calificarlo como “acciones desestabilizadoras” que atenten contra la seguridad y soberanía nacional. El decreto ratifica la superioridad de la doctrina de Seguridad Nacional y a partir de ella califica a la oposición al actual gobierno como enemigo interno. Además, faculta unilateralmente al Ejecutivo Nacional para dictar otras medidas especiales de orden social, político, económico y jurídico bajo el argumento de “estado de excepción”, lo que se puede traducir en la restricción ilegítima de otros derechos.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 339 de la Constitución Nacional, el decreto de emergencia tiene una vigencia de 60 días, solo puede ser extendido por un periodo más y debe ser aprobado por la Asamblea Nacional. Sin embargo, el Ejecutivo Nacional lo ha prorrogado de forma unilateral en cinco ocasiones consecutivas[4].

A pesar de las medidas, para septiembre, la inflación acumulada llegó al 425%, apenas unos 50 puntos menos que lo estimado por FMI para cierre de año. La aceleración de precios en los últimos doce meses ha sido de 705,8%. Esta información no responde a una versión oficial[5], a pesar de que la Constitución obliga al Banco Central de Venezuela (BCV) a publicar regularmente las cifras macroeconómicas. La última publicación se realizó en febrero de 2016, en relación al cierre del año 2015.

La inflación se traduce directamente en el deterioro progresivo de la calidad de vida de los venezolanos. La ausencia de productos aumenta la demanda, eleva constantemente los precios y deteriora el poder adquisitivo. Los aumentos salariales no compensan la brecha inflacionaria. A pesar de los cuatro aumentos salariales del 2016, el ingreso mínimo legal (que suma salario y bono de alimentación, bono que supera en 135% al salario base) es de 90.018 bolívares, mientras que la canasta alimentaria familiar para octubre cerró en 429.626 bolívares[6]. La brecha es de 377%.

La escasez de productos básicos alimenticios se expresa en filas casi permanentes a las afueras de los locales comerciales. Estas filas que pueden durar varias horas o se realizan desde la madrugada, son la única alternativa que tienen las personas para adquirir los insuficientes productos a precios regulados, costo que le permite lidiar momentáneamente con la brecha inflacionaria. Colas kilométricas en las adyacencias tanto de comercios privados como en establecimientos manejados por la administración pública son un escenario común en buena parte del territorio nacional.

Para hacer frente a lo que el Gobierno Nacional asume como “guerra económica”, en abril fueron creados los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Unas instancias que se encargarían de la distribución y venta de alimentos, casa por casa, a precios regulados, previo registro o inscripción, gestionados por los Consejos Comunales (CC) de las diversas locales del país. Estos CC son estructuras política-partidistas que responden a las directrices del partido de gobierno y está integrada por sus militantes.

Si bien los CLAP constituyen una iniciativa estatal de financiamiento público y destinado a toda la población, han sido gestionados bajo criterios discriminatorios, el “beneficio” está condicionado por la fidelidad ideológica. Los retardos en las entregas de las llamadas “bolsas de comida” generan malestar en las poblaciones afectadas, que en algunos casos denuncian arbitrariedad y discrecionalidad en su distribución[7]. Sectores que han protagonizado protestas han sido “castigados” con el cese del programa social. De allí que el escenario social se torne más agudo lo que incide en el incremento de las protestas vinculadas al derecho a la alimentación, que por primera vez en nueve años de registro, se ubica en los primeros lugares como motivo de denuncia.

Situación

Entre enero y septiembre de 2016 se registraron 2741 protestas a nivel nacional, lo que representa un incremento de 35,89% en relación al mismo periodo del año 2015.  Los meses de abril-mayo junio concentran la mayor cantidad de manifestaciones con un total 1373, es decir, el 50% del periodo.

Fue a partir de abril cuando la frecuencia de las manifestaciones superó la incidencia del año 2015, respecto al primer trimestre. En las primeras semanas de abril, sectores de la oposición venezolana se movilizaron para solicitar los requisitos de activación del referendo revocatorio contra el Presidente Maduro, cuyo primer paso (recolección de firmas del 1%) se concretó a finales de mes. Entre mayo y junio las protestas que exigían la venta regular de alimentos se incrementaron considerablemente, al igual que la represión. Los consecuentes escenarios de violencia dejaron un saldo de tres personas fallecidas a inicios de junio, en los estados Táchira, Sucre y Dtto. Capital, además de cientos de lesionados y detenidos.

Gráfico 1. N° de protestas por mes.

 

Históricamente, tras episodios de represión particularmente violenta, los ciudadanos se inhiben de manifestar. La represión le sube el costo a las personas a la hora de expresar una inconformidad: detenciones, medidas cautelares en caso de salir libre, heridas de gravedad o incluso la muerte, pueden ser la consecuencia de ejercer el derecho de manera legítima. Entre los meses de julio, agosto y septiembre la frecuencia de la protesta se estandarizó, en promedio, a la mitad de lo registrado el trimestre anterior (no mayor a 233 protestas mensuales).

¿Quiénes protestan en Venezuela?

Los vecinos, por diversos motivos (servicios públicos, venta regular de alimentos, mal estado de infraestructura educativa, entre otros), son el sector que más protesta en el país. Seguidos de los usuarios de servicios comerciales, en particular quienes exigen venta de productos alimenticios en instituciones privadas y públicas, se ubican en un segundo lugar con 195 ocasiones de demanda. Trabajadores del Estado exigen en particular ajuste de salarios, firma de contrato colectivo y demás obligaciones laborales, ocupando el tercer lugar y quinto lugar, con trabajadores industriales. Y los estudiantes, en cuarto lugar, vinculados a demandas sociales (aumento de presupuesto y mejora de servicios en universidades públicas) y exigencias políticas. Estos cinco sectores protagonizan el 60,42% de las protestas registradas.

Gráfico 2. Top 5 de sectores manifestantes

 

¿Por qué se protesta?

Derechos laborales exigidos por diversos sectores, públicos y privados, contabiliza el 28,38% de las protestas. La exigencia de normalización de venta y suministro de comida se ubica por primera vez en nueve años de registro, entre los reclamos de mayor incidencia, que junto con derecho de los usuarios – vinculados también a la venta de alimentos – suma 516 manifestaciones (18,83%).  La demanda por el servicio de agua, la regularidad del suministro o la mejora de sus condiciones registra unas 287 protestas a nivel nacional. En quinto lugar, los derechos políticos/civiles asociadas a demandas electorales, en apoyo o en contra de medidas del Gobierno, alcanzan el 6,5 % de las exigencias.

Gráfico 3. Top 5 de derechos exigidos

Medidas restrictivas y ruptura del hilo constitucional

Además de seguir vigente (desde enero de 2015) la resolución 008610 que autoriza a militares el uso de armas de fuego para el control de manifestaciones, en este escenario se han tomado medidas que merman las garantías para el ejercicio del derecho a la protesta pacífica, continúa su criminalización al asumirla como “alteración del orden público” y exigir un “permiso” que es inconstitucional.

La agudización del conflicto político contextualizan estas medidas. La crisis institucional  radica en el desequilibrio cada vez más acentuado de los poderes públicos. Desde principios de año, el Ejecutivo Nacional, a través del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), invalidó cada una de las acciones de la Asamblea Nacional. Finalmente, el Tribunal declara nulos todos los actos del Parlamento el pasado 2 de septiembre.[8]

Tras una serie de silencios y retardos injustificados por parte del Consejo Nacional Electoral, en octubre,  este suspende arbitrariamente las elecciones regionales[9], pautadas constitucionalmente para 2016, y el proceso de solicitud de referendo revocatorio contra el Presidente Maduro, iniciado en abril[10].

La suspensión indefinida de la consulta popular vulnera la posibilidad de una solución pacífica y democrática a la crisis nacional, cercena los espacios naturales e institucionales para dirimir los conflictos. Ahoga las válvulas de escape legales, alimenta la hostilidad al aumentar el costo de ejercer derechos.

  • El 18 de Mayo el Juez Eleazar Alberto Guevara Carrillo de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo dictó una sentencia que insta al Comandante de la Guardia Nacional Bolivariana y al Director de la Policía Nacional Bolivariana, “adoptar” las medidas necesarias de seguridad para resguardar permanentemente las sedes del Consejo Nacional Electoral y sus alrededores, a nivel nacional, a los fines de impedir actos no autorizados, marchas, protestas, concentraciones no permisadas y manifestaciones violentas.[11]
  • Por instrucciones del gobernador del estado Mérida, Alexis Ramírez, y según decreto número 200 de fecha 4 de julio del 2016, se declaró como zona de resguardo por “razones de seguridad”,  el perímetro que comprende los 500 metros que circunscriben el Palacio de Gobierno. El jefe del Gabinete de Seguridad y Paz de la gobernación, coronel Oscar Aponte Landaeta, señaló que el propósito de la medida es la protección del patrimonio cultural, público y edificaciones de la gobernación para el resguardo del personal que labora en este ente gubernamental ubicado en la calle 23 entre avenidas 3 y 4 de la capital merideña. Contra lo establecido en la Constitución Nacional, Aponte reiteró que el alcalde es la autoridad competente para permisar las movilizaciones que según este decreto no podrán llegar a las adyacencias de la sede del gobierno regional, las cuales estarán bajo resguardo policial y militar para evitar la alteración del orden público.[12]

Mérida es el segundo estado más reprimido del país, con el 32% (15 de 47) de sus protestas contenidas por efectivos de seguridad y grupos paraestatales violentos. El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes registra en los últimos meses, una presencia masiva de estos grupos paraestatales en relación con otras manifestaciones, con una actitud mucho más violenta que en ocasiones anteriores, cuya presencia es constante. Estos grupos civiles se caracterizan por actuar bajo la omisión deliberada y en otros casos, complicidad activa de organismos de seguridad.

  • El pasado 15 de noviembre la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, publicó la sentencia 948, que prohíbe a los diputados de la Asamblea Nacional “convocar y realizar actos que alteren el orden público; instigaciones contra autoridades y Poderes públicos, así como otras actuaciones al margen de los derechos constitucionales y del orden jurídico”.

 

El costo de tomar la calle

A pesar de la represión, las manifestaciones de calles siguen siendo la expresión más común de protesta. Una modalidad histórica que comparten los diversos sectores: vecinos, trabajadores, estudiantes, y sociedad civil en general. Estas formas de protesta representan el 90% del total de manifestaciones en el país.

En este sentido, las medidas antes descritas socavan la razón democrática que fundamenta a las instituciones públicas y desafían la conducta tradicional de una sociedad que está acostumbrada a expresarse en la calle como legítimo espacio de reivindicación.

Ante la suspensión del proceso de solicitud de referendo revocatorio, sectores de oposición convocaron a una protesta masiva denominada “La Toma de Venezuela” realizada el 26 de octubre, día que estaba pautada el inicio de la segunda etapa de recolección de firmas. En el marco de la movilización nacional se registraron acciones represivas, en particular en los estados del interior del país. Arremetidas de los cuerpos de seguridad, ataques de grupos civiles bajo la omisión y, en algunos casos, intervención de funcionarios policiales y militares, dejó un saldo de al menos 143 heridos por impacto de perdigones, objetos contundentes y armas de fuego, un funcionario policial fallecido y 207 detenidos en 14 estados del país.[13]

El 98,36% de las manifestaciones (2696) fueron de carácter pacífico y el 1,64% (45) protestas fueron violentas. Sin embargo,  se registraron 137 manifestaciones reprimidas, lo que representa un incremento del  42,70% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando fueron 96. De estas manifestaciones reprimidas, solo 9 eran violentas. En consecuencia, la represión es injustificada en la mayoría de los casos. Este uso desproporcionado de la fuerza dejó un saldo de 729 personas detenidas y 232 lesionados.

Gráfico 4. Protestas por estado de ocurrencia.

Los estados con mayor cantidad de protestas reprimidas son aquellos con una frecuencia importante de manifestaciones. Lara se ubica por primera vez en el registro, como el estado con mayor cantidad de protestas, al sumar el 15% a nivel nacional. A su vez es el tercer  estado más reprimido con un 10,22% (14 protestas impedidas). Miranda, el segundo estado con mayor incidencia, comparte el tercer lugar con Lara, ambos estados centrales del país. El Distrito Metropolitano de Caracas[14] baja al tercer lugar con 378 protestas, pero concentra la mayor represión con 25 casos, el 18,25% de las movilizaciones disuadidas. Bolívar, estado del sur del país, centro de las industrias básicas y mineras, fue reprimido en 10 oportunidades.  Si bien Mérida cuenta con menos manifestaciones alberga uno de los centros universitarios más importantes del país, con niveles históricos de movilización y activismo. Se ha caracterizado en los últimos meses por la represión a manos de grupos civiles armados, con una presencia cada vez más frecuente y violenta.

Fallecidos

Un total de once (11) personas fallecidas se registraron en el contexto de manifestaciones públicas, dos (2) de ellos funcionarios policiales[15], dos (2) privados de libertad durante motines en centros penitenciarios y siete (7) durante protestas por comida. En el último caso, las víctimas fueron tanto manifestantes como ciudadanos que se hallaban en las cercanías de las protestas, saqueos o intentos de saqueo a las afueras de establecimientos comerciales, públicos y privados.

Tres (3) de los fallecidos durante las protestas por venta regular de alimentos se registraron entre el 5 y el 11 de junio. Estas muertes se contextualizan en una ola de manifestaciones por comida que se desencadenaron desde el 30 de mayo: al menos unas 80 protestas que arrojó 34 personas detenidas y 29 lesionadas.

  • La noche del domingo 5 de junio,Jenny Ortiz recibió un impacto de perdigón en su cara a quemarropa en medio de un intento de saqueo en el sector San Francisco del municipio Libertador de la ciudad de San Cristóbal, en el estado Táchira. Su esposo afirmó que tras llegar del trabajo, Ortiz salió a buscar a su hijo de 17 años que se encontraba cerca del lugar de los hechos. También denunció que un menor de 12 años fue herido de perdigón en una mano, además de otras personas maltratadas por los efectivos. El Ministerio Público imputo al oficial Yeisy Reneé Burgos Moreno, de la policía del Estado Táchira.[16]
  • El 9 de junio, se registraron varios saqueos en el municipio Sucre.José Antonio Tovar instalaba su puesto comercial de patacones cuando uniformados de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) dispararon en medio de revuelta. Tovar falleció tras recibir dos impactos de bala. La mamá de la víctima es invidente y se encontraba en el lugar con dos nietos: tuvieron que resguardarlos hasta que pasó el tiroteo. José vivía en el barrio Nazareno de Petare.[17]
  • Durante una manifestación para exigir la llegada de unas 400 bolsas de comidas por parte de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), en el poblado de Cerezal en el municipio Ribero, del estado Sucre,Luis Josmer Fuentes recibió un impacto de bala en la pierna izquierda cuando la GNB disolvía la protesta. Diez personas más resultaron heridas durante la represión. La mañana del 11 de junio, Fuentes fallece a causa de las heridas en el Hospital “Santos Aníbal Dominicci” de Carúpano, municipio Bermúdez.[18].
  • El 16 de junio, vecinos de Lagunillas, el estado Mérida trancaron diversas calles de las localidades para rechazar la escasez de alimentos e insumos de primera necesidad en la entidad. Durante la protesta, motorizados arremetieron contra los vecinos y asesinaron al manifestante Eduar Guillén con un disparo en la cabeza[19].
  • El 30 de junio, habitantes de Tucupita protestaron por irregularidades en la distribución de bolsas de comida de parte de los CLAP. Afirmaron que el beneficio no llega a todas las familias. La Guardia Nacional Bolivariana (GNB) reprimió a los manifestantes con gas lacrimógeno y perdigones. Se registraron conatos de saqueo. Los hechos de violencia arrojaron una persona herida, 146 detenidos por saqueos y 3 personas fallecidas.[20]

 

Exigencias y recomendaciones:

  1. Retomar el hilo constitucionalprácticas institucionales a fin de cumplir las obligaciones en materia de derechos humanos y libertades fundamentales, que se han visto rápidamente vulneradas en los últimos años, pero que devino en un punto crítico tras la suspensión de las elecciones.
  2. Adelantar una investigación imparcial y expedita que establezca responsabilidades en el asesinato de manifestantes o ciudadanos en el contexto de protestas. Sancionar a funcionarios policiales y militares que incursionaron en uso desproporcionado de la fuerza, en vinculación con grupos armados, que deben ser igualmente investigados, desmantelados y sancionados.
  3. Derogar la resolución 008610 y velar por la efectiva subordinación de los componentes militares a los criterios e instituciones civiles en armonía con lo establecido en la Constitución Nacional y los estándares internacionales de derechos
  4. Suspender la apertura de procesos judiciales penales a quienes ejercen de manera pacífica el derecho a la reunión pacífica y la huelga.
  5. Mejorar los mecanismos institucionales que permitan canalizar y dar respuesta efectiva a las demandas de las distintas protestas sea de competencia nacional, regional o municipal.

 

Foto: Miguel González – Crónica Uno.

[1] BCV, Informe cuarto trimestre, cierre del año 2015. URL: http://www.bcv.org.ve/Upload/Comunicados/aviso180216.pdf

[2] Gaceta Oficial N° 2.184 del 14/01/2016

[3] Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.227 del 18/05/2016

[4] Lo que incluye la renovación del 14 de noviembre de 2016.

[5] El Nacional, 6 de octubre de 2016, Inflación alcanzó 21,6% al cierre de septiembre. Recuperado el 28/11/2016 en https://goo.gl/Z7LO7N

[6] Banca y Negocios, 28 de noviembre de 2016, Cendas: es lamentable que el venezolano requiera más de 19 salarios mínimos sólo para comer. Recuperado el 28/11/2016 en https://goo.gl/NAeVXw El Cendas-FVM es el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros.

[7] Provea, 4 de noviembre de 2016, Los CLAP: 7 indicios de discriminación política. Recuperado el 28/11/2016 en https://goo.gl/EsZ3NJ

[8] Tribunal Supremo de Justicia, 2 de septiembre de 2016, Sentencia N°808 de la Sala Constitucional. URL: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/septiembre/190395-808-2916-2016-16-0831.HTML

[9] Consejo Nacional Electoral, 18 de octubre de 2016, CNE aprobó calendario electoral para 2017. Recuperado en https://goo.gl/1dD1Om

[10] Consejo Nacional Electoral, 20 de octubre de 2016, Poder Electoral acata medidas cautelares ordenadas por tribunales de la República. Recuperado en https://goo.gl/26LGwz

[11] Decisión Corte segunda de lo contencioso administrativo del 18/05/2016. URL: http://jca.tsj.gob.ve/DECISIONES/2016/MAYO/1478-18-AP42-O-2016-000021-2016-0120.HTML

[12] Psuv, 22 de julio de 2016, Palacio de Gobierno de Mérida decretado zona de resguardo. Recuperado el 03/08/2016 en http://goo.gl/trhtjs

[13] Manifestar, 28 de octubre de 2016, Toma de Venezuela: Estado no garantiza la protesta pacífica. Recuperado el 29/11/2016 en https://goo.gl/YAneDO

[14] Comprende los municipios Libertador, Chacao, Baruta, Sucre y El Hatillo.

[15] Tal Cual, 29 de marzo de 2016, 2 fallecidos y un detenidos en protestas en Táchira. Recuperado el 29/11/2016 en https://goo.gl/b8lRJX

[16] El Pitazo, 6 de junio de 2016, “A mi esposa le disparó a quemarropa un policía del grupo Rayo”. Recuperado enhttp://goo.gl/m6mKyR

[17] Crónica Uno, 10 de junio de 2016, “Hay hambre, pero los saqueos en Petare no fueron por eso”. Recuperado enhttp://goo.gl/mD6JOw

[18] El Pitazo, 11 de junio de 2016, Falleció uno de los once heridos durante protesta por comida en El Cereza. Recuperado en http://goo.gl/M0lhgh

[19] Contrapunto, 15 de junio de 2016, Provea confirma fallecimiento de otro manifestante: van 5 en solo 10 días. Recuperado el 29/11/2016 en https://goo.gl/1gTdAR

[20] El Nacional, 30 de junio de 2016, Tres muertos y 146 detenidos en Tucupita por protestas. Recuperado el 29/11/2016 en https://goo.gl/MaIfpJ