El estudio presentado abarca de enero a diciembre de 2012 y evidencia un total de 3984 manifestaciones públicas en Venezuela. Se mantiene la intensidad de las acciones pacíficas de calle y permanece la tendencia de los últimos diez años de un contexto caracterizado por una gran conflictividad social.
| Cuadro 1. Manifestaciones públicas por mes |
Según el monitoreo realizado, se registró una disminución de 11% en las protestas en comparación con el año anterior, cuando se desarrollaron 4462 protestas. A la vez, el número de lesionados en ejercicio de su derecho a la protesta disminuyó un 10% con respecto al año anterior en el mismo lapso. La intensidad de la represión se mantiene; bajó la represión porque disminuyó el número de protestas. Asimismo, este año se han suscitado 11 protestas por día, aproximadamente. Este promedio diario es el segundo más alto registrado en los estudios realizados en el país.
El período estudiado, da cuenta de que los principales derechos que demanda la sociedad venezolana son: derecho al trabajo (1396), servicios básicos (agua, luz, aseo urbano, gas -581-), derecho a la vivienda (424), seguridad ciudadana (343) y derecho a la educación (263). La proporción de protestas por las necesidades mencionadas manifiesta precariedad en las condiciones de vida de la población venezolana y deficiencia en las políticas sociales del Estado. Como sostiene Adolfo Figueroa, “La política social es un conjunto de acciones, consistentes entre sí, dirigidas a proteger y promover el desarrollo de los recursos humanos en un país”. A la vez, para el desarrollo de las capacidades de estas personas hay cierto acuerdo de los bienes y servicios básicos que sirven de insumo como son: empleo, servicios de salud y educación, el saneamiento ambiental y los bienes alimenticios (Figueroa, 1992). Estos bienes y servicios deben estar garantizados por el Estado lo que expresaría el reconocimiento de derechos a todas y todos.
Cuadro 2. Top 10 de manifestaciones públicas por demanda. Comparativa 2012 y 2011
El derecho a la vivienda subió dos peldaños en la escala de reclamos de las protestas venezolanas en 2012. Siguen habitados numerosos refugios de damnificados tras las lluvias de diciembre de 2010. A pesar del despliegue de la campaña de la Misión Vivienda, el lapso estudiado revela que hubo un 26% más protestas por este derecho que el año anterior en el mismo período, con una activa presencia de damnificados exigiendo casas dignas (424). A la vez, la inadecuada provisión de los servicios públicos (agua, electricidad, transporte, gas y aseo urbano) sigue siendo una frustración que asedia a los venezolanos, motivando 581 protestas en estos doce meses.
En el año 2012 las protestas se concentran principalmente en el estado Zulia (556), Bolívar (466), Distrito Capital (452), Aragua (444) y Lara (404). A diferencia de los años anteriores que registraban a Caracas como epicentro de la mayoría de las protestas, los datos arrojan que los estados Zulia y Bolívar son los espacios en donde se desarrollan más protestas en Venezuela. Las empresas básicas y Pdvsa son las principales sedes de estos reclamos.
Cuadro 3. Epicentro de las manifestaciones públicas. Comparativa 2012 y 2011
Dentro de las principales reivindicaciones que exige la ciudadanía está también la seguridad ciudadana (343). Las movilizaciones motivadas por la inseguridad personal y los altos índices de criminalidad, denotan cómo la delincuencia y la violencia son un problema que flagela a la sociedad venezolana. La seguridad ciudadana es “el derecho de todos los ciudadanos a deambular libremente y sin temores, a que sus objetos y pertenencias no les sean arrebatados, a no ser fraudulentamente despojados de sus valores, a no ser intimidados y a confiar en los demás seres humanos de forma similar a como confían en quienes les son cercanos” (Concha-Eastman, 2000). De acuerdo al Sistema Internacional de Derechos Humanos, el Estado debe fungir como garante de las reglas de convivencia pacífica, mediante el control social a través de mecanismos de coerción y sanción evitando la impunidad. Hasta ahora, el estado venezolano no ha generado políticas de seguridad ciudadana que logren disminuir los índices de criminalidad en el país y los ciudadanos exigen acciones. El porcentaje de impunidad en homicidios se eleva a 93%.
Por otro lado, la educación constituye una demanda constante de las comunidades que permanecen manifestando por este derecho. Las movilizaciones por demandas asociadas al derecho a la educación cerraron en 263 en estos 12 meses. La realidad trágica de los espacios de la educación oficial venezolana, es aglutinada en cada mensaje de las protestas espontáneas por demandas asociadas a educación en el país, éstas están asociadas a una educación de baja calidad, en estructuras no adecuadas y sujeta a frecuentes paralizaciones. En este sentido, las demandas que exponen las comunidades permiten concordar con la visión de la profesora Josefina Bruni Celli, experta en políticas públicas educativas, quien afirma que “La fuente del problema en el sistema educativo no difiere mucho de otros sectores. No es producto del azar o de la moral individual, sino de la manera como se han diseñado las políticas públicas que rigen sus relaciones y conductas en el sector” (Piñango & Márquez, 2003, p.219).
Menos protestas, más represión
Las protestas que se realizan en Venezuela, casi en su totalidad son de carácter pacífico. Se mantiene la tendencia observada de un promedio mínimo de manifestaciones violentas (1,7 %). Las represiones (1,4%) se corresponden aproximadamente al número de manifestaciones violentas.
Cuadro 4. Manifestaciones reprimidas
Sin embargo, en 2012 aumentó el número de lesionados de 125 a 145, lo que aunado a una disminución de 17% en el número de protestas respecto al año anterior, refiere que las represiones concentran mayor violencia en este período. Las protestas de vecinos, en sus comunidades (35), las de estudiantes (10) y las de damnificados son las más reprimidas por los cuerpos de seguridad del Estado. El número de detenidos en ejercicio de la protesta cerró para este lapso en 231.
Cuadro 5. Principales cuerpos de seguridad represores
En base a los estándares internacionales de DDHH, nadie puede ser criminalizado por ejercer los derechos a la libertad de asamblea, manifestación pacífica y de asociación, ni tampoco puede ser sujeto de amenazas o uso de violencia, acoso, persecución, intimidación o reprimendas por esta causa.
Cierre de vías y el derecho al libre tránsito
Las principales acciones que se llevan a cabo para ejercer el derecho a la protesta son Cierre de vías (1469), Concentraciones (1254), Toma de sede (274), Paro (196) y Marcha (189). Como se observa en los resultados del monitoreo, el cierre de vías encabeza las acciones tomadas para ejercer el derecho a la protesta en Venezuela. Al cerrarse las vías se genera una obstaculización del libre tránsito. Este derecho y el derecho a la manifestación pacífica son reconocidos por pactos internacionales que forman parte de la Carta Magna. Sobre la tensión entre ambos derechos, el Dr. Eugenio Zafarroni, exponente de este debate en Argentina señala que:
El ejercicio del derecho de petición a las autoridades, la manifestación pública que lo ejerza, el público que se reúna para hacerlo, por más que por su número cause molestias, interrumpa con su paso o presencia la circulación de vehículos o peatones, provoque ruidos molestos, deje caer panfletos que ensucien la calzada etc., estará ejerciendo un derecho legitimo en el estricto marco institucional. (…) En cuanto al estado de necesidad, el mal que se causa debe ser menor que el que se quiere evitar, por lo que debe tratarse de una protesta que reclame por un derecho fundamental. Tampoco no puede tratarse de males remotos o hipotéticos, sino relativamente cercanos y urgentes. Por otra parte, la conducta típica debe ser conducente a esos resultados, ya sea porque es la menos lesiva y la más adecuada para llamar la atención pública, porque no hay medios de hacerlo por otro camino.[1]
Cuadro 6. Principales tipos de protesta
| Tipo de protesta | Total | % |
| Cierre de vía | 1469 | 36,87 |
| Concentración | 1254 | 31,48 |
| Toma de sede | 274 | 6,88 |
| Paro | 196 | 4,92 |
| Marcha | 189 | 4,74 |
| Cierre de acceso | 122 | 3,06 |
| Huelga de hambre | 63 | 1,58 |
| Huelga | 54 | 1,36 |
| Encadenamiento | 52 | 1,31 |
| Protesta simbólica | 46 | 1,15 |
| Invasión | 37 | 0,93 |
| Concentración | 31 | 0,78 |
| Caravana | 25 | 0,63 |
| Vigilia | 21 | 0,53 |
| Toma de terreno | 20 | 0,50 |
| Asamblea | 17 | 0,43 |
| Amotinamiento | 15 | 0,38 |
| Secuestro | 13 | 0,33 |
| Volanteo | 12 | 0,30 |
| Cacerolazo | 11 | 0,28 |
| Quema de vehículos | 10 | 0,25 |
| Toma de inmueble | 8 | 0,20 |
| Disturbios | 8 | 0,20 |
| Cadena Humana | 7 | 0,18 |
| Huelga de sangre | 7 | 0,18 |
| Autosecuestro | 7 | 0,18 |
| Quema de instalaciones | 5 | 0,13 |
| Toma de unidades de transporte | 3 | 0,08 |
| Secuestro de equipos de trabajo | 3 | 0,08 |
| Saqueos | 1 | 0,03 |
| Cose de boca | 1 | 0,03 |
| Quema de caucho | 1 | 0,03 |
| Redes Sociales | 1 | 0,03 |
| Retención de lanchas | 1 | 0,03 |
| Total general | 3984 | 100,00 |
Para la comprensión de la realidad venezolana, las protestas son un lector de la situación de conflictividad. Las manifestaciones de calle constituyen un mensaje que da la sociedad movilizada a las instituciones del Estado, permitiendo entre otros elementos, interpretar cómo se encuentran las garantías de los diferentes derechos de los ciudadanos a través de sus demandas. En este sentido, la intensidad de las movilizaciones en Venezuela habla de que el gobierno actual no cumple con su obligación de asegurar mediante instituciones que funcionen, distintas áreas del bienestar social; los derechos de los trabajadores, la satisfacción del derecho a la vivienda, la protección y seguridad de los ciudadanos, el acceso a una educación integral de calidad, el goce de servicios básicos para la calidad de vida de toda la ciudadanía, que entre diversas causas, motivan las protestas en Venezuela y son factores determinantes para el desarrollo de las sociedades.
La sociedad venezolana expresa a través del ejercicio de su derecho a la protesta que hay una sociedad movilizada que busca las vías para la solución de sus demandas y que no se inhibe de exigirlas de distintas formas, conformando un dispositivo de presión a las instituciones del Estado haciendo cientos de llamados diarios a los que se debe abocar todos los esfuerzos de cada autoridad, para que se cumpla con las funciones para las cuales fue elegido. Es necesario oír las voces de estos ciudadanos y que sean interpretadas en políticas públicas por el gobierno. Estas realidades detentan el poder necesario para corregirlas y ameritan ser un tema en la agenda de discusión pública en el país.
[1] [10] ZAFFARONI Eugenio, “Derecho Penal y protesta social”, www.Eldial.com. DCF3F. y “El debate Zaffaroni-Pitrola. La criminalización de la protesta social”, Ed. Rumbos, Buenos Aires, 2008, ps. 25/32.
