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  • 1 Junio, 2017

    10 alcaldes y el gobernador Capriles amenazados con cárcel de no prohibir protestas

    La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), admitió la acción por intereses colectivos interpuesta por un grupo de ciudadanos contra los alcaldes del municipio Barinas del estado Barinas, José Luis Machín Machín y Gustavo Eduardo Marcano, del municipio Licenciado Diego Bautista Urbaneja del estado Anzoátegui. De la misma forma, en la sentencia 389/2017, del 1 de junio, la Sala admitió la demanda, bajos los mismos intereses contra el gobernador del estado Miranda Henrique Capriles Radonski. Así lo indicó el TSJ en las sentencias N° 376/2017,  N° 377/2017 y N° 389/2017 que además acordó el amparo cautelar solicitado, ordenándoles realizar todas las acciones y utilizar los recursos materiales y humanos necesarios, en el marco de la Constitución y la ley, a fin de evitar que se coloquen obstáculos en la vía pública que impidan el libre tránsito de las personas y vehículos, así como proceder a la inmediata remoción de tales obstáculos y mantener las vías y zonas adyacentes a estas libres de barricadas. La Sala también les ordenó cumplir con su labor de ordenamiento del tránsito de vehículos para garantizar un adecuado y seguro desplazamiento por las vías públicas, y ejercer la protección de los vecinos y habitantes del municipio, impidiendo reuniones en las vías públicas que coarten el libre tránsito. Esta demanda se suma a la admitida el 24 de mayo, por la misma Sala contra ocho alcaldes, lo que sumaría un total de diez municipios afectados. Sus alcaldes están amenazados con pena privativa de libertad de no evitar el desarrollo de protestas en su jurisdicción. El derecho a la manifestación se encuentra consagrado en el texto constitucional, concretamente en los artículos 53, 62 y 68. Este derecho sólo está sujeto a la prerrogativa de que la manifestación sea realizada de manera pacífica, tal y como lo establece el artículo 68 de la Carta Magna. En el Derecho Internacional de los Derechos Humanos existe una presunción en favor de la celebración de reuniones pacíficas, independientemente de sus manifestantes. El efecto de esta presunción es que las manifestaciones deben ser asumidas como pacíficas, y conductas individuales ilegales no pueden afectar a la manifestación ni otros manifestantes. Asimismo, por efecto de la presunción favorable, no es legítimo pre juzgar la conducta de manifestantes por su vestimenta, apariencia física, ni siquiera por sus creencias o demandas. Finalmente, en caso de que en las protestas, una persona o grupo de manifestantes ejecutara acciones violentas, es necesario recordar que “los delitos que cometan algunas personas no deben atribuirse a otras cuyas intenciones y comportamiento es pacífico” como lo expone Maina Kiai. Las sentencias emanadas por la Sala Constitucional refuerzan el carácter restrictivo adoptado por el Estado frente a la ola de manifestaciones en contra del gobierno nacional registradas desde finales de marzo de este año. Fuentes: Tribunal Supremo de Justicia, 31 de mayo de 2017, TSJ ADMITE DEMANDA POR INTERESES COLECTIVOS Y DIFUSOS CONTRA ALCALDE DEL MUNICIPIO LICENCIADO DIEGO BAUTISTA URBANEJA DE ANZOÁTEGUI. Recuperado en https://goo.gl/0EmXer Tribunal Supremo de Justicia, 01 de junio de 2017, TSJ ADMITE DEMANDA POR INTERESES COLECTIVOS Y DIFUSOS CONTRA GOBERNADOR DEL ESTADO MIRANDA. Recuperado en https://goo.gl/K3SJbS El Universal, 31 de mayo de 2017, TSJ admite demanda contra alcaldes de Barinas y Anzoátegui. Recuperado en https://goo.gl/a8W0ND Globovisión, 01 de junio de 2017, TSJ admite demanda contra Gobernador Henrique Capriles. Recuperado en https://goo.gl/yRfRHJ   Foto: Francisco Bruzcomore
  • 26 Mayo, 2017

    CIDH preocupada por el agravamiento de la violencia y uso de la jurisdicción militar para procesar civiles

    Comunicado integro
    26 de mayo de 2017
    Buenos Aires – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su profunda preocupación por el procesamiento y detención de civiles en la jurisdicción penal militar y el uso de operaciones militares para el control de manifestaciones públicas en Venezuela. La CIDH está dando seguimiento muy cercano a la situación de protestas masivas en Venezuela desde que iniciaron hace unas ocho semanas. La Comisión ya ha manifestado su extrema preocupación por los hechos de violencia y su alarma sobre la militarización y el llamado del Gobierno a armar a milicias civiles. Lamentablemente, la situación continúa agravándose, y el número de personas muertas, heridas y detenidas está permanentemente en aumento. Según la información presentada públicamente por la Fiscal General de la República, desde el 6 de abril al 24 de mayo el Ministerio Público de Venezuela tiene registradas 55 personas fallecidas por hechos de violencia, 52 de ellas civiles y 3 funcionarios. Asimismo, el Ministerio Público informó tener registro de más de mil personas lesionadas, incluyendo 771 civiles y 229 funcionarios. Indicó que 346 bienes se han visto afectados durante los hechos de violencia. La Fiscal General informó que hay 1465 investigaciones en curso, que se ha imputado a 2674 personas por diferentes delitos, y que 284 de estas personas han sido privadas de libertad. Organizaciones de la sociedad civil y voceros del Gobierno, por su parte, indican que las muertes producto de la violencia en el contexto de las manifestaciones alcanzarían las 60 víctimas, incluyendo seis adolescentes, y que del 1º de abril al 24 de mayo de 2017, habría 2815 manifestantes arrestados, de los cuales 1240 permanecen detenidos. En respuesta a la situación de violencia el Gobierno anunció la activación de la segunda fase de la operación cívico - militar conocida como “Plan Zamora”. A través de esta operación, en la cual participan funcionarios policiales y militares y también grupos de civiles armados, se ha procedido a realizar detenciones masivas y a aplicar la jurisdicción penal militar a los civiles detenidos en las manifestaciones.  De acuerdo a la información disponible, esta segunda fase del “Plan Zamora” implica el traslado de 2.000 efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana y 600 tropas de operaciones militares. Se ha reportado que 341 civiles están siendo procesados en la jurisdicción penal militar, de los cuales 178 permanecen detenidos en dicha jurisdicción. La Fiscal General de la República, Luisa Ortega, expresó su preocupación por la situación de las personas civiles detenidas en jurisdicción militar. “Estamos preocupados por la situación en que puedan estar”, dijo en rueda de prensa. Dijo que ha solicitado a la Fiscalía General Militar el número de procesos y detenidos y que el Ministerio Público busca verificar el estado de salud y el estado de detención en que se encuentran estas personas. Asimismo, la Fiscal subrayó la importancia de que los procesos sean abiertos en jurisdicciones naturales a los detenidos. Sobre la detención de civiles en jurisdicción militar, la Fiscal indicó: “Nosotros creemos que es contrario a los mandatos y principios emanados de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como lo dije anteriormente, que viola el principio del juez natural, así como también los instrumentos suscritos y ratificados por la Republica en materia de derechos humanos”. La CIDH expresa su profunda preocupación por el uso del poder punitivo del Estado para disuadir, castigar o impedir el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y a la participación social y política en forma más amplia. En particular, la Comisión Interamericana recuerda que el uso de la jurisdicción penal militar para el procesamiento de civiles implica la violación de una serie de derechos, como el derecho al juez natural, y desnaturaliza las garantías judiciales de manera transversal en todo el proceso, lo cual tiene grave consecuencias en la vigencia del Estado de Derecho. “Instamos de manera urgente y enfática al Estado de Venezuela a cesar el procesamiento de civiles en jurisdicción militar”, dijo el Presidente y Relator de la CIDH para Venezuela, Comisionado Francisco Eguiguren. “Es contrario a los estándares interamericanos de derechos humanos procesar a civiles en la jurisdicción militar por participar en protestas y manifestaciones”. La Comisión llama a las autoridades venezolanas, una vez más y con carácter urgente, a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, incluyendo el deber de procesar los delitos comunes en la jurisdicción ordinaria. Asimismo, la Comisión Interamericana urge a Venezuela a no utilizar operaciones de naturaleza militar, como el Plan Zamora, para el control de las protestas sociales, y a abstenerse de utilizar civiles armados para el control de manifestaciones. La CIDH reitera su enérgico llamado a rechazar cualquier forma de violencia y promover la búsqueda de soluciones con absoluto apego a los derechos humanos. La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.   Foto referencial, de Francisco Bruzco.more
  • 26 Mayo, 2017

    Elías Jaua sanciona planteles educativos que permiten protestas

    El 24 de mayo, el ministerio del Poder Popular para la Educación indicó a través de un comunicado la apertura de procedimientos disciplinarios, civiles y penales, contra quince (15) instituciones educativas privadas, además de sanciones a los propietarios y personal directivo, por “provocar e incitar dentro de las instalaciones educativas y sus adyacencias acciones de violencia, y el inaceptable desprecio e irrespeto a nuestro Pabellón Tricolor símbolo de nuestra identidad”. Los planteles sancionados se ubican en los estados Miranda, Distrito Capital y Zulia. Estudiantes de las instituciones sancionadas realizaron diversas acciones de protesta pacífica en rechazo al gobierno nacional, algunas reprimidas tanto por cuerpos de seguridad como por grupos de civiles violentos. El derecho a la manifestación pacífica, consagrado en los artículos 53, 62 y  68 de la Constitución Nacional, establece que la única condición que se debe llevar a cabo para que el ejercicio del derecho sea legítimo es que la manifestación tenga un carácter pacífico. Las protestas deben ser asumidas como pacíficas, no es legítimo que las autoridades pre juzguen la conducta de manifestantes por su vestimenta, apariencia física, creencias o demandas, ya que eso constituye discriminación. Invocar delitos de desacato o el “interés superior del niño”, figura jurídica difusa en cuanto a su contenido, para suprimir el ejercicio del derecho por parte de adolescentes, resulta contrario a estándares nacionales e internacionales. La edad no es un factor limitante para el ejercicio de derechos y tampoco puede ser una excusa proteccionista para condenar una opinión política. Cualquier persona está facultada legalmente para reunirse y expresar su opinión sobre temas de interés social, necesarios para la promoción del debate de cara a exigir la restitución de la institucionalidad democrática que respete, incluya y tolere la diversidad de opiniones, incluso las que pueden resultar ofensivas sobre lo público en sus diferentes expresiones. Las sanciones emitidas por el Ministerio de Educación, encabezado por Elías Jaua, contrarían principios constitucionales y constituyen medidas de intimidación directas que tienen como finalidad inhibir el debate abierto, libre y plural de ideas por parte de la sociedad civil.   Fuentes: Ministerio del Poder Popular para la Educación, 24 de mayo de 2017. Recuperado en https://goo.gl/291oqr Agencia Venezolana de Noticias, 25 de mayo de 2017, Ministro de Educación ratifica sanciones a colegios privados por irrespetar tricolor nacional. Recuperado en https://goo.gl/Og2G0t El Nacional, 22 de mayo de 2017, Estudiantes de bachillerato trancan la av Lecuna para protestar. Recuperado en https://goo.gl/ivbMsk El Nuevo País, 22 de mayo de 2017, Reprimidos liceístas durante protesta en la avenida Lecuna. Recuperado en https://goo.gl/bHYWKv Foto referencial    more
  • 26 Mayo, 2017

    TSJ amenaza con cárcel a alcaldes para que prohíban la protesta pacífica

    El miércoles 24 de mayo, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) admitió ocho demandas sobre intereses colectivos contra igual número de alcaldes, cinco del estado Miranda y tres del estado Mérida, que criminalizan una vez más el ejercicio de la protesta pacífica, en particular la figura de los cierres de vía y las concentraciones públicas. Los alcaldes señalados son: Gerardo Blyde, del municipio Baruta; José Luis Rodríguez, de Carrizal; José Fernández López, de Los Salias; Ramón Muchacho, de Chacao; David Smolansky, de El Hatillo; y del estado andino, Juan Peña, del municipio Alberto Adriani; Carlos García, de Libertador y Omar Lares, de Campo Elías. En concreto, las medidas son: 1) Realizar todas las acciones y utilice los recursos materiales y humanos necesarios, en el marco de la Constitución y la Ley, a fin de evitar que se coloquen obstáculos en la vía pública que impidan el libre tránsito de las personas y vehículos. 2) Proceder a la inmediata remoción de tales obstáculos y se mantengan las vías y zonas adyacentes a éstas libres de barricadas, residuos, escombros y de cualquier otro elemento que pueda ser utilizado para obstaculizar la vialidad urbana. 3) Cumplir con su labor de ordenación del tránsito de vehículos a fin de garantizar un adecuado y seguro desplazamiento por las vías públicas de su municipio. 4) Ejercer la protección de los vecinos y habitantes de su municipio, impidiendo reuniones en las vías públicas que coarten el libre tránsito y en las que se consuman bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes y psicotrópicas. 5) Ejercer la protección a la primera y segunda infancia, y a la adolescencia para que ejerzan plenamente sus derechos y garantías, de conformidad con lo establecido en los  artículos 78 y 178, numeral 5 de la Constitución, 56 numeral 2 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, 4 y 8 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. 6) Velar por la protección del ambiente y el saneamiento ambiental, aseo urbano y domiciliario. 7) Girar las instrucciones necesarias en sus respectivos cuerpos de policía municipal, a fin de dar cumplimiento efectivo a lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. En ese sentido, se le ordena que despliegue las actividades preventivas y de control del delito, así como, en el ámbito de su competencia, promueva estrategias y procedimientos de proximidad con la comunidad de su espacio territorial, a fin de lograr la comunicación e interacción con sus habitantes e instituciones locales con el propósito de garantizar y asegurar la paz social, la convivencia, el ejercicio pacífico de los derechos y el cumplimiento de la ley. En dichas sentencias se establece que los alcaldes que no cumplan con las medidas serán sancionados con penas privativas de libertad. En respuesta conjunta, las autoridades municipales señalaron que “seguirían promoviendo el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica en sus respectivos municipios”. El derecho a la manifestación se encuentra consagrado en el texto constitucional, concretamente en los artículos 53, 62 y 68. Este derecho sólo está sujeto a la prerrogativa de que la manifestación sea realizada de manera pacífica, tal y como lo establece el artículo 68 de la Carta Magna. De igual forma el Relator Especial de Naciones Unidas, Maina Kiai, especializado en el derecho a la reunión ya ha instado a la República Bolivariana de Venezuela a reconocer y permitir el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica, ya que el mismo desempeña un papel primordial en la democracia y que el ejercicio de este no debe ser criminalizado, independientemente de la posición política, el origen étnico o cualquier otra condición. En el Derecho Internacional de los Derechos Humanos existe una presunción en favor de la celebración de reuniones pacíficas, independientemente de sus manifestantes. El efecto de esta presunción es que las manifestaciones deben ser asumidas como pacíficas, y conductas individuales ilegales no pueden afectar a la manifestación ni otros manifestantes. Asimismo, por efecto de la presunción favorable, no es legítimo pre juzgar la conducta de manifestantes por su vestimenta, apariencia física, ni siquiera por sus creencias o demandas. Finalmente, en caso de que en las protestas, una persona o grupo de manifestantes ejecutara acciones violentas, es necesario recordar que “los delitos que cometan algunas personas no deben atribuirse a otras cuyas intenciones y comportamiento es pacífico” como lo expone Maina Kiai. Las sentencias emanadas por la Sala Constitucional refuerzan el carácter restrictivo adoptado por el Estado frente a la ola de manifestaciones en contra del gobierno nacional registradas desde finales de marzo de este año. El deber del Estado es garantizar el ejercicio de los derechos humanos, sin priorizarlos entre sí pues todos tienen la misma importancia. Ante un cierre de vía deben existir mecanismos de mediación que permitan tanto el ejercicio de la protesta como el mantenimiento del libre tránsito, entre los que se contempla la intervención de la Defensoría del Pueblo, que sin embargo ha estado ausente en estos contextos en las últimas semanas. Fuentes: Informe del Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Maina Kiai. 24 de abril de 2013. Informe Conjunto del Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación y el Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias acerca de la gestión adecuada de manifestaciones. 4 de febrero de 2016. Foto: Miguel González.more
  • 14 Mayo, 2017

    En un año, Maduro convirtió la excepción en regla, agudizando la represión

    Las organizaciones de derechos humanos que suscribimos esta comunicación expresamos nuestro rechazo a la continuidad del “Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica” que concedió facultades al gobierno para restringir derechos, restringir la cooperación internacional para organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos y limitar las atribuciones constitucionales de la Asamblea Nacional. El 13 de mayo del 2016, determinamos y denunciamos que la prórroga de este decreto, constituía una aplicación indefinida del estado de excepción, lo cual es indiscutiblemente contrario a lo establecido en la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción que regula la materia, vulnerando el fin de la norma, que es evitar este tipo de prácticas de imposición del régimen excepcional por tiempo no determinado. Adicionalmente precisamos que estas declaratorias no cumplen con las normas internacionales sobre restricción de derechos en situaciones de emergencia. Recordamos además la inconstitucionalidad del mismo, al haber sido extendido y redefinido en 6 ocasiones, sin haber contado con la aprobación de la Asamblea Nacional y únicamente con la anuencia del Tribunal Supremo de Justicia. El último decreto se publicó el 13 de enero de 2017, bajo el argumento de la existencia de “circunstancias extraordinarias en el ámbito social, económico y político, que afectasen el orden constitucional la paz social, la seguridad de la nación, de las instituciones públicas y a los ciudadanos de la República”, sin siquiera someterlo a la consideración de la Asamblea Nacional, reafirmando la ruptura del orden constitucional en Venezuela. Este decreto fue prorrogado el 13 de marzo, por lo que se vence el 13 de mayo. Esta situación ha permitido que por más de un año el Ejecutivo haya tenido facultades y poderes de carácter vago, amplio y discrecional, facilitando la implementación de medidas violatorias de los derechos humanos y determinó el quiebre del Estado de Derecho en Venezuela, dando pie a que el Poder Ejecutivo finalmente implementara de forma abierta el autoritarismo y acciones que configuran un claro golpe de Estado. Vemos con preocupación cómo desde el Poder Ejecutivo, a través de estas medidas, se ha legitimado el ejercicio discrecional del Poder Público, se han cometido acciones de usurpación de poderes a la Asamblea Nacional, se han promovido mecanismos contrarios a la ley para el control del orden público, incorporando incluso la participación de civiles armados y facilitando la extensión de la militarización. Todo en virtud de la implementación de la tesis de la seguridad nacional y protección contra el enemigo interno y externo que pretende desestabilizar el país. Exhortamos formalmente al Ejecutivo a que se abstenga de continuar con la práctica de prórroga de la extensión indefinida e inconstitucional del estado de excepción y emergencia económica. Solicitamos el cese de la implementación de la doctrina de la Seguridad Nacional, amparada en la tesis del enemigo interno, la cual ha facilitado la vulneración a los derechos humanos de los ciudadanos y ha permito la descalificación, hostigamiento y ataque a defensores de derechos humanos y dirigentes comunitarios y políticos. Suscriben: Acción Solidaria (ACSOL) Acceso a la Justicia Acción Ciudadana Contra el SIDA (ACCSI) Asociación Civil Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz (FUNPAZ A.C) Asociación Venezolana para la Hemofilia Aula Abierta Venezuela Cátedra de Derechos Humanos de la facultad de Derecho de la universidad Católica Andrés Bello Cecodap Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos (CADEF) Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB) Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana (CDH-UNIMET) Centro Justicia y Paz – CEPAZ Centro de Resolución de Conflictos del Colegio de Abogados del estado Lara Civilis Derechos Humanos Coalición Clima21 Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados del Estado Apure Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados del Estado Táchira Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados del Estado Mérida Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (CODHEZ) Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (CODEHCIU) Convite A.C. Espacio Público EXCUBITUS Derechos Humanos en Educación Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes – FENASOPADRES Fundación Agua Clara Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UCAB María Estrella de la Mañana Movimiento Vinotinto Sinergia Sociedad Hominis Iura (SOHI) StopVIH Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ObservatorioULA DDHH) Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) Observatorio Venezolano de la Salud (OVSalud) PROMEDEHUM – Asociación Civil para la Promoción, Educación y Defensa de los Derechos Humanos Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA) Proyecto de Educación, Visibilización y Exigibilidad de los Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Carabobo Padres Organizados de Venezuela Proyecta Ciudadanía A.C. Red Andina de Derechos Humanos (RADAR) Transparencia Venezuela Una Ventana a la Libertad (UVL) Unión Afirmativa Unión Vecinal para la Participación Ciudadana A.C. Un Mundo Sin Mordaza Venezuela Diversa A.C. Foto: Francisco Bruzco.more
  • 2 Mayo, 2017

    Provea: Cualquier salida a la crisis venezolana debe fortalecer, y no debilitar, la Constitución de 1999

    (Caracas, 29 de abril de 2017). El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) desea recordar que el actual proceso de movilización ciudadana se ha originado, entre otras razones, tras la ruptura del hilo constitucional y la erosión de las competencias establecidas por la Carta Magna a la Asamblea Nacional. El movimiento de indignación ha rechazado la violación continuada de la Constitución, la cual se inició en mayo de 2016 tras la aprobación del llamado “Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica”. Dicho decretó, en la práctica, se constituyó en el marco jurídico de las actuaciones de la dictadura en Venezuela. Ante la grave crisis y situación de conflicto que vive el país hemos insistido que la solución tiene que ser pacífica, democrática y Constitucional. La Constitución debe ser, en todo momento, el marco de referencia y la guía para la acción de las instituciones, partidos políticos, organizaciones sociales y la población en general. La Carta Magna es el último pacto social consensuado en el país, reivindicado por Hugo Chávez en el primer período de su mandato como la “mejor del mundo”, y defendida por las fuerzas políticas y sociales que cuestionan la gestión de Nicolás Maduro. Para Provea la Constitución representa, en los actuales momentos, la mejor herramienta para enfrentar al gobierno dictatorial. Queremos insistir que las garantías presentes en el texto constitucional fueron consecuencia de la lucha de los movimientos sociales venezolanos en la década de los 80´s y 90´s, no una concesión de ningún gobierno, cuyos contenidos reflejaban los estándares internacionales existentes en materia de derechos humanos. A partir de su segundo mandato, Hugo Chávez se apartó progresivamente del proyecto de país presente en la Constitución. La imposición del proyecto “Socialismo del Siglo XXI”, la creación de un “Estado Comunal”, la obligatoriedad de conformar “Consejos Comunales” si se deseaba interlocución con las autoridades, la cooptación de los poderes públicos o la militarización de la seguridad ciudadana y de la sociedad son elementos que no figuran dentro del texto aprobado en 1999. La Carta Magna contempla diferentes mecanismos para dirimir las diferencias entre los venezolanos, como la posibilidad de evaluar la gestión de los funcionarios electos a mitad de su período, mediante Referendo Revocatorio. Desde la perspectiva de derechos humanos la Constitución venezolana es un buen marco normativo, pero ha faltado voluntad política por parte de las autoridades para satisfacer los derechos y garantizar el funcionamiento de una institucionalidad sólida, eficiente y de gestión trasparente. Cualquier propuesta de salida a la actual crisis venezolana debe permitir el regreso de Venezuela a la democracia, respetando y fortaleciendo lo dispuesto en el texto constitucional. En opinión de Provea el adelantar elecciones es tan inconstitucional como retrasarlas indefinidamente. La propuesta de “elecciones generales adelantadas” necesita, para ser legal, un procedimiento de enmienda constitucional, que adicione los artículos necesarios a la Constitución, y posteriormente ser sometida a un referendo. Por otra parte, la promoción de una Asamblea Constituyente no contempla sólo la relegitimación de los poderes, sino la redacción y aprobación de una nueva Carta Magna. La iniciativa puede partir del Presidente de la República en Consejo de Ministros; la Asamblea Nacional, mediante acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes; los Concejos Municipales en cabildo, mediante el voto de las dos terceras partes de los mismos; o el quince por ciento de los electores inscritos y electoras inscritas en el Registro Civil y Electoral. Cualquiera de los dos procedimientos, adelanto de elecciones generales o Asamblea Constituyente, generará elementos adicionales a la conflictividad venezolana y, para materializarse, podrían tomar mucho más tiempo que el cronograma de elecciones pendientes según la Constitución. Provea sostiene que el camino para empezar a resolver la crisis en el país es el anuncio de un cronograma electoral que incluya elecciones regionales en el plazo más corto posible, las elecciones municipales a finales de año, y definir la fecha de realización de las elecciones presidenciales en el año 2018. Nicolás Maduro ha tomado la decisión de suspender indefinidamente cualquier proceso electoral hasta no generar las condiciones para obtener resultados positivos. La realización de elecciones no es un indicador suficiente para describir a un gobierno como democrático, pero la derogación del derecho al sufragio es suficiente para calificarlo como “Dictadura”. Por tanto, la divulgación de estas fechas sería una victoria de las protestas realizadas en las últimas semanas en el país. Siendo un avance la difusión de las fechas, es insuficiente sin las condiciones que permitan el libre ejercicio del derecho a la participación electoral de todos los venezolanos, sin discriminación. Para ello se deben respetar los estándares que califican a los procesos electorales como democráticos: Inclusivos, transparentes, competitivos y electividad de los principales cargos públicos. Además debe revisarse la conformación de las autoridades del Consejo Nacional Electoral, por lo que los funcionarios que no sean independientes y hayan avalado la vulneración del hilo constitucional, deben renunciar para dar paso a la posibilidad de contar con un árbitro que genere la suficiente confianza en el proceso. Para lograr estas condiciones mínimas, el proceso de movilización pacífico debe mantenerse masivamente en la calle. Ante la situación de ausencia de democracia en nuestro país, elecciones y manifestaciones no son excluyentes sino complementarios. Igualmente consideramos fundamental una renovación del Tribunal Supremo de Justicia con cumplimiento estricto de los procedimientos establecidos en la Constitución, considerando la falta grave cometida con las sentencias 155 y 156 calificadas por la Fiscal General de la República como decisiones que rompieron el hilo constitucional. La defensa de la Constitución de 1999 exige rechazar las posibilidades no contempladas por ella, o la realización de un proceso constituyente en momentos de alta crispación política, que puedan poner en riesgos las garantías en derechos humanos contemplados en ella e ignorando el principio de progresividad de derechos. Por tal razón llamamos a la población venezolana a seguir ejerciendo la presión en las calles de manera pacífica, exigir el respeto a la Constitución y reclamar los cambios institucionales necesarios para que haya condiciones suficientes para el respeto de la voluntad popular. Programa Venezolano de Educación- Acción en Derechos Humanos (Provea)more
  • 2 Mayo, 2017

    Gobernadores de Táchira y Yaracuy criminalizan la protesta pacífica

    Los gobernadores de los estados Táchira y Yaracuy dictaron sendas normativas restringen el ejercicio de los derechos humanos a la reunión, manifestación pacífica y libre participación en los asuntos públicos, garantizados en los artículos 53, 68, 62 de la Constitución Nacional. Inconstitucionalidad de Forma En Venezuela sólo las leyes sancionadas por la Asamblea Nacional pueden eventualmente fijar limitaciones a los derechos humanos y estas deben respetar la posibilidad misma de ejercerlos libremente. Las normativas de Yaracuy y Táchira no son leyes, sino actos sub-legales, (decretos, resoluciones), y los gobernadores no tienen potestades para limitar la manifestación pacífica. Inconstitucionalidad de Fondo El 21 de abril el Gobernador del estado Yaracuy, Julio León, publicó el Decreto 3914, un texto de redacción abierta y ambigua que fomenta la arbitrariedad del poder estadal, lo cual viola el principio de legalidad, previsto en el artículo 137 de la Carta Magna. Con un amplio ámbito de discrecionalidad para el funcionario de turno, prohíbe cualquier acción que tienda a desestabilizar la paz (artículo primero) o a intimidar gravemente a la población yaracuyana (artículo segundo), en particular la participación de encapuchados en manifestaciones públicas. El jueves 27 de abril la gobernación de Táchira encabezada por José Vielma Mora emitió el decreto 175 en el cual prohíbe de forma genérica actos contrarios al orden público y a la paz social de la Nación. De forma similar a lo establecido por el Decreto 3914 del estado Yaracuy, el artículo 4 del decreto 175 del estado Táchira establece textualmente: Se prohíbe realizar manifestaciones o disturbios con ocultamiento de la identidad visible o perceptible de sus ejecutantes mediante el uso de capuchas, pasamontañas o facsímiles de rostros”. Estándares de Derechos Humanos La Constitución Nacional consagra en su artículo 68 que todo ciudadano tiene derecho a manifestar pacíficamente. Asimismo los artículos 53 y 62 aseguran el derecho de todo ciudadano a reunirse con fines lícitos y a participar activa y libremente en los asuntos públicos. Por su parte, en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos existe una presunción en favor de la celebración de reuniones pacíficas, independientemente de sus manifestantes[1]. El efecto de esta presunción es que no es legítimo pre juzgar la conducta de manifestantes por su vestimenta, apariencia física, ni siquiera por sus creencias o demandas. En caso de que el Estado invoque razones de seguridad nacional y la protección del orden público para restringir o limitar una reunión, debe demostrar la naturaleza exacta de la amenaza y el peligro existente.[2] Según el relator Maina Kiai, el interés nacional, político o gubernamental no es sinónimo de seguridad nacional o de orden público[3]. Finalmente, en caso de que en las protestas, una persona o grupo de manifestantes ejecutara acciones violentas, es necesario recordar que “los delitos que cometan algunas personas no deben atribuirse a otras cuyas intenciones y comportamiento es pacífico” como lo expone Maina Kiai. Los decretos están pensados para dificultar, estigmatizar y criminalizar el desenvolvimiento de los manifestantes es por ello que Espacio Público exige a los Gobernadores de los estados Yaracuy y Táchira:
    1.    Dejar sin efecto los decretos 3914 y 175 por violar los derechos humanos a la reunión pacífica, a manifestarse y a participar libremente en asuntos públicos.
    2. Adoptar las medidas necesarias para garantizar el pleno disfrute de estos derechos, asumiendo la promoción de un ambiente fértil para su realización en condiciones de igualdad y no discriminación y con garantías de integridad y seguridad personales.
    3. Facilitar los canales institucionales apropiados a los fines de atender los reclamos legítimos y necesidades individuales y colectivas que expresan los ciudadanos a través de la reunión pacífica, manifestación y cualesquiera otras formas de protesta cívica.
      [1]Informe del Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Maina Kiai, Véanse A/HRC/20/27, párr. 26, y A/HRC/23/39, párr. 50. [2] Comité de Derechos Humanos, comunicación núm. 1119/2002, Lee c. la República de Corea, dictamen aprobado el 20 de julio de 2005, párr. 7.3. [3] Informe Conjunto del Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación y el Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias acerca de la gestión adecuada de manifestaciones. 4 de febrero de 2016, párr. 31    more
  • 21 Abril, 2017

    COFAVIC: medidas de control de orden público que castigan manifestantes configuran el delito de tortura

    Comunicado integro de COFAVIC Caracas, 20 de abril de 2017 En COFAVIC vemos con profunda preocupación los altos e inocultables niveles de descontento social que cada día se incrementan en el país. La frustración y las exigencias ciudadanas en amplios sectores de la población no pueden seguir siendo minimizadas ni desatendidas y mucho menos enfrentadas con represión, detenciones arbitrarias y torturas. El Estado venezolano no puede seguir manteniéndose a espaldas de esta situación y debe alcanzar entendimientos mínimos que impidan más sufrimiento de nuestro pueblo y ocasionen situaciones impredecibles de violencia y de dolor para todos. Debemos destacar que las violaciones de los derechos humanos que han ocurrido en el marco del control del orden público se han desarrollado bajo el Decreto número 2.323, publicado en la Gaceta Oficial extraordinaria 6.227 en fecha 13 de mayo de 2016,   mediante el cual se declara el Estado de Excepción y de la Emergencia Económica y el cual se extendió en fecha 13 de enero de 2017 mediante el decreto numero 2667 publicado en la Gaceta Oficial Nro. 41.074, así como de la vigencia de la Resolución 008610, ambos abiertamente inconstitucionales y que por ello producen nefastos resultados para los derechos humanos y las libertades públicas. Las instituciones con competencia en materia de derechos humanos deben actuar de manera independiente, sin prejuicios políticos o de otra índole. Las personas sometidas a juicio deben contar con todas las garantías judiciales y el debido proceso en todo estado de su investigación.   Todas las medidas de restablecimiento del orden público deben ser compatibles con los derechos humanos y los principios de una sociedad democrática. Tal y como lo establece el artículo 332 de nuestra Constitución: “Los órganos de seguridad ciudadana son de carácter civil y respetarán la dignidad y los derechos humanos, sin discriminación alguna”. El Estado venezolano está en la obligación constitucional de adecuar sus planes operativos de control del orden público, debe disponer de diversos medios para el uso diferenciado de la fuerza, mantener el funcionamiento independiente del Poder Judicial,  respetar y garantizar el debido proceso y la garantías judiciales de todas las personas, elaborar técnicas de control de multitudes que reduzcan al mínimo la necesidad de recurrir a la fuerza, emplear técnicas de persuasión, mediación y negociación; así como cumplir la prohibición constitucional  del uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas, tal y como está consagrado en el artículo 68 de nuestra Constitución.   Desde el 04 de abril del 2017 al día de hoy se han registrado 09 asesinatos, cuyas circunstancias deben ser aclaradas e investigadas de manera independiente, efectiva y conclusiva por las autoridades competentes. COFAVIC debe expresar su más grave preocupación sobre la agudización de la militarización de los mecanismos de orden público y el llamado a armar a 500.000 milicias civiles según el Poder Ejecutivo para defender la paz, la soberania e independencia de la patria, anuncio que se hizo en medio de un contexto de protestas que se desarrolla en el país. El Estado está en el deber de mantener el orden público pero bajo el respeto y la garantía de los derechos humanos de todos. Los mecanismos de control del orden público pueden contemplar métodos disuasivos permitidos pero nunca pueden ser utilizados para castigar y doblegar el ánimo de los manifestantes por sus ideas o posiciones políticas. Si el propósito es inflingir intencionalmente  a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales con el fin de castigarla por un acto que haya cometido o de intimidarla o coaccionarla por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, estamos frente al crimen de tortura, tal y como está  definido en el articulo 1 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura. Tampoco está permitido bajo ninguna circunstancia alegada, ni siquiera en contextos de conflicto armado interno o internacional, que fuerzas de seguridad ataquen zonas residenciales, Iglesias, comercios, hospitales, centros de salud , centros educativos y en general sitios donde las personas desarrollan su vida, dado que esto configura crímenes de lesa humanidad. Debemos recordar que tanto la jurisprudencia interamericana como los estándares internacionales han establecido de manera clara que la Responsabilidad de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos es única e indivisible para los Estados. Y que también parasoberania de orden publico yias civiles segun sobre la agudizacion de la militarizacion de los mecanismos de orden publico ypara…dicha responsabilidad internacional puede generarse también por actos de particulares en principio no atribuibles al Estado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su sentencia vinculante e histórica, relativa al Caso Caracazo dictaminó que: ante los elementos que caracterizaron este caso (violaciones a los derechos humanos ocurridas en febrero y marzo de 1989) se reveló que los cuerpos armados y los organismos de seguridad del Estado venezolano no estaban preparados para afrontar este tipo de situaciones de perturbación del orden público. Por lo que este Tribunal Interamericano aseveró que “el Estado debe adoptar todas las providencias necesarias y, en particular, las tendientes a formar y capacitar a todos los miembros de sus cuerpos armados y de sus organismos de seguridad sobre los principios y normas de protección de los derechos humanos y sobre los límites a los que debe estar sometido, aun bajo los estados de excepción”. Además, hizo especial énfasis en que no se puede invocar pretextos de mantenimiento de seguridad pública para violar el derecho a la vida. Por último, recalcó que “el Estado debe garantizar que, de ser necesario emplear medios físicos para enfrentar las situaciones de perturbación del orden público, los miembros de sus cuerpos armados y de sus organismos de seguridad utilizarán únicamente los que sean indispensables para controlar esas situaciones de manera racional y proporcionada y con respeto a los derechos a la vida y a la integridad personal”. Como la ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la regla general establece que el uso de la fuerza letal y las armas de fuego por parte de agentes de seguridad estatales debe estar prohibido. Su uso excepcional debe estar formulado por ley, y ser interpretado restrictivamente de manera que sea minimizado en toda circunstancia, no siendo más que el “absolutamente necesario” en relación con la fuerza o amenaza que se pretende repeler. Cuando se usa fuerza excesiva toda privación de la vida resultante es arbitraria, por lo que solamente deberá hacerse uso de la fuerza “o de instrumentos de coerción cuando se hayan agotado y hayan fracasado todos los demás medios de control”. Además, en los supuestos en que se justifique el uso de la fuerza letal, el mismo debe ser “planeado y limitado proporcionalmente por las autoridades”. Es oportuno recordar a todos los integrantes de nuestras fuerzas de seguridad que la Constitución en su artículo 25 establece que: “Todo acto dictado en el ejercicio del Poder Público, que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta constitución y la ley es nulo, y los funcionarios públicos y funcionarios públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa según los casos, sin que les sirvan de excusas órdenes superiores” Por todo ello:
    1. Hacemos un llamado urgente a las autoridades a cumplir con sus obligaciones constitucionales e internacionales en materia de derechos humanos, incluyendo la obligación de respetar, facilitar y garantizar las manifestaciones y protestas respetando y garantizando el derecho a la vida e integridad personal de los manifestantes y excluir de manera determinante para el control de las protestas sociales: el uso de gases tóxicos, armas de fuego y métodos de castigo y persecución a los participantes de la manifestación y a todo ciudadano que se encuentre en la zona donde se lleva a cabo la misma.
     
    1. Exigimos el cese de la represión en contra de las manifestaciones públicas y el inicio de investigaciones de oficio, que sean totalmente independientes, oportunas, imparciales, transparentes y efectivas sobre las violaciones de los derechos humanos denunciadas en estos últimos días en el marco del contexto de las protestas . Cesen los ataques a zonas residenciales, Iglesias, comercios, hospitales, centros de salud, centros educativos y en general sitios donde las personas desarrollan su vida, dado que estos actos represivos configuran crímenes de lesa humanidad.
     
    1. Exhortamos al Estado venezolano a adecuar sus mecanismos de control del orden público con los principales estándares de respeto y garantía de los derechos humanos.
     
    1. Instamos a los órganos de investigación a la utilización de estándares internacionales para documentar los presuntos crímenes (art 23 de la CRBV): Con base en el Manual sobre la Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de Naciones Unidas, denominado El Protocolo de Minnesota, y el Manual para la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Naciones Unidas, denominado Protocolo de Estambul.
     
    1. Instamos al Estado a que impulse la plena participación, incorporación y protección de las víctimas en los procesos de investigación: Durante el proceso de investigación y el trámite judicial, las víctimas de violaciones de derechos humanos, o sus familiares, deben tener amplias oportunidades para participar y ser escuchados, tanto en el esclarecimiento de los hechos y la sanción de los responsables, como en la búsqueda de una justa reparación.
      Foto: Francisco Bruzco.more
  • 21 Abril, 2017

    Entre el 18 y 20 de abril se han registrado 1.289 arrestos por protestas

    Con información de Provea Según cifras publicadas por el Foro Penal, entre el 18 y 20 de abril se han registrado 1.289 arrestos, de los cuales aun se mantienen 458 personas detenidas. El pasado 18 de abril se efectuaron 20 arrestos, un día después se apresaron a 628 ciudadanos, mientras que el 20 de abril arrestaron a 103 personas. En el Estado Bolívar se registraron 102 arrestos los últimos 3 días, 77 en Anzóategui, 72 en Falcón y 72 en Aragua. Para el 20 de abril todavía se encontraban 445 ciudadanos esperando por audiencia de presentación. Actualmente se registraron 657 arrestos más en comparación a la cifra récord de Mayo de 2014 cuando se detuvieron alrededor de 622 ciudadanos. La organización denunció que existen 2 privados en libertad y 273 liberados sin presentación. De acuerdo al diario Aragueño, el pasado 20 de abril se registraron más de 60 presos, gran parte de las detenciones se realizaron en los sectores de Base Aragua, Parque Aragua, La Victoria y El Limón. Dimas Rivas, coordinador regional del Foro Penal comentó que muchos de los detenidos desconocen los delitos que se les imputan.   Foto: Francisco Bruzco.more
  • 30 Noviembre, 2016

    Informe sobre situación del derecho a la protesta en Venezuela. Enero-Septiembre 2016

    Contexto Venezuela padece una severa crisis económica expresada en una alarmante inflación, agudizada en los últimos años. Datos oficiales señalan que para el año 2015, la inflación fue de 180,9%[1]. El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima en un 475% la inflación para el cierre del 2016. El 14 de enero, el Ejecutivo Nacional promulgó un decreto de emergencia económica[2] a fin de autorizar la toma de medidas especiales para atender la “coyuntura económica derivada de los efectos de una guerra no convencional”. El propósito del decreto era garantizar el acceso a los bienes, acabar con la especulación, la inflación inducida y el sabotaje a la distribución. El 13 de mayo, se anunció un nuevo decreto de Emergencia Económica sumado a un Estado de Excepción[3]. La medida permite la suspensión del derecho a la reunión pacífica con solo calificarlo como “acciones desestabilizadoras” que atenten contra la seguridad y soberanía nacional. El decreto ratifica la superioridad de la doctrina de Seguridad Nacional y a partir de ella califica a la oposición al actual gobierno como enemigo interno. Además, faculta unilateralmente al Ejecutivo Nacional para dictar otras medidas especiales de orden social, político, económico y jurídico bajo el argumento de “estado de excepción”, lo que se puede traducir en la restricción ilegítima de otros derechos. De acuerdo a lo establecido en el artículo 339 de la Constitución Nacional, el decreto de emergencia tiene una vigencia de 60 días, solo puede ser extendido por un periodo más y debe ser aprobado por la Asamblea Nacional. Sin embargo, el Ejecutivo Nacional lo ha prorrogado de forma unilateral en cinco ocasiones consecutivas[4]. A pesar de las medidas, para septiembre, la inflación acumulada llegó al 425%, apenas unos 50 puntos menos que lo estimado por FMI para cierre de año. La aceleración de precios en los últimos doce meses ha sido de 705,8%. Esta información no responde a una versión oficial[5], a pesar de que la Constitución obliga al Banco Central de Venezuela (BCV) a publicar regularmente las cifras macroeconómicas. La última publicación se realizó en febrero de 2016, en relación al cierre del año 2015. La inflación se traduce directamente en el deterioro progresivo de la calidad de vida de los venezolanos. La ausencia de productos aumenta la demanda, eleva constantemente los precios y deteriora el poder adquisitivo. Los aumentos salariales no compensan la brecha inflacionaria. A pesar de los cuatro aumentos salariales del 2016, el ingreso mínimo legal (que suma salario y bono de alimentación, bono que supera en 135% al salario base) es de 90.018 bolívares, mientras que la canasta alimentaria familiar para octubre cerró en 429.626 bolívares[6]. La brecha es de 377%. La escasez de productos básicos alimenticios se expresa en filas casi permanentes a las afueras de los locales comerciales. Estas filas que pueden durar varias horas o se realizan desde la madrugada, son la única alternativa que tienen las personas para adquirir los insuficientes productos a precios regulados, costo que le permite lidiar momentáneamente con la brecha inflacionaria. Colas kilométricas en las adyacencias tanto de comercios privados como en establecimientos manejados por la administración pública son un escenario común en buena parte del territorio nacional. Para hacer frente a lo que el Gobierno Nacional asume como “guerra económica”, en abril fueron creados los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Unas instancias que se encargarían de la distribución y venta de alimentos, casa por casa, a precios regulados, previo registro o inscripción, gestionados por los Consejos Comunales (CC) de las diversas locales del país. Estos CC son estructuras política-partidistas que responden a las directrices del partido de gobierno y está integrada por sus militantes. Si bien los CLAP constituyen una iniciativa estatal de financiamiento público y destinado a toda la población, han sido gestionados bajo criterios discriminatorios, el “beneficio” está condicionado por la fidelidad ideológica. Los retardos en las entregas de las llamadas “bolsas de comida” generan malestar en las poblaciones afectadas, que en algunos casos denuncian arbitrariedad y discrecionalidad en su distribución[7]. Sectores que han protagonizado protestas han sido “castigados” con el cese del programa social. De allí que el escenario social se torne más agudo lo que incide en el incremento de las protestas vinculadas al derecho a la alimentación, que por primera vez en nueve años de registro, se ubica en los primeros lugares como motivo de denuncia. Situación Entre enero y septiembre de 2016 se registraron 2741 protestas a nivel nacional, lo que representa un incremento de 35,89% en relación al mismo periodo del año 2015.  Los meses de abril-mayo junio concentran la mayor cantidad de manifestaciones con un total 1373, es decir, el 50% del periodo. Fue a partir de abril cuando la frecuencia de las manifestaciones superó la incidencia del año 2015, respecto al primer trimestre. En las primeras semanas de abril, sectores de la oposición venezolana se movilizaron para solicitar los requisitos de activación del referendo revocatorio contra el Presidente Maduro, cuyo primer paso (recolección de firmas del 1%) se concretó a finales de mes. Entre mayo y junio las protestas que exigían la venta regular de alimentos se incrementaron considerablemente, al igual que la represión. Los consecuentes escenarios de violencia dejaron un saldo de tres personas fallecidas a inicios de junio, en los estados Táchira, Sucre y Dtto. Capital, además de cientos de lesionados y detenidos.

    Gráfico 1. N° de protestas por mes.

      Históricamente, tras episodios de represión particularmente violenta, los ciudadanos se inhiben de manifestar. La represión le sube el costo a las personas a la hora de expresar una inconformidad: detenciones, medidas cautelares en caso de salir libre, heridas de gravedad o incluso la muerte, pueden ser la consecuencia de ejercer el derecho de manera legítima. Entre los meses de julio, agosto y septiembre la frecuencia de la protesta se estandarizó, en promedio, a la mitad de lo registrado el trimestre anterior (no mayor a 233 protestas mensuales). ¿Quiénes protestan en Venezuela? Los vecinos, por diversos motivos (servicios públicos, venta regular de alimentos, mal estado de infraestructura educativa, entre otros), son el sector que más protesta en el país. Seguidos de los usuarios de servicios comerciales, en particular quienes exigen venta de productos alimenticios en instituciones privadas y públicas, se ubican en un segundo lugar con 195 ocasiones de demanda. Trabajadores del Estado exigen en particular ajuste de salarios, firma de contrato colectivo y demás obligaciones laborales, ocupando el tercer lugar y quinto lugar, con trabajadores industriales. Y los estudiantes, en cuarto lugar, vinculados a demandas sociales (aumento de presupuesto y mejora de servicios en universidades públicas) y exigencias políticas. Estos cinco sectores protagonizan el 60,42% de las protestas registradas. Gráfico 2. Top 5 de sectores manifestantes

      ¿Por qué se protesta? Derechos laborales exigidos por diversos sectores, públicos y privados, contabiliza el 28,38% de las protestas. La exigencia de normalización de venta y suministro de comida se ubica por primera vez en nueve años de registro, entre los reclamos de mayor incidencia, que junto con derecho de los usuarios – vinculados también a la venta de alimentos - suma 516 manifestaciones (18,83%).  La demanda por el servicio de agua, la regularidad del suministro o la mejora de sus condiciones registra unas 287 protestas a nivel nacional. En quinto lugar, los derechos políticos/civiles asociadas a demandas electorales, en apoyo o en contra de medidas del Gobierno, alcanzan el 6,5 % de las exigencias.

    Gráfico 3. Top 5 de derechos exigidos

    Medidas restrictivas y ruptura del hilo constitucional Además de seguir vigente (desde enero de 2015) la resolución 008610 que autoriza a militares el uso de armas de fuego para el control de manifestaciones, en este escenario se han tomado medidas que merman las garantías para el ejercicio del derecho a la protesta pacífica, continúa su criminalización al asumirla como “alteración del orden público” y exigir un “permiso” que es inconstitucional. La agudización del conflicto político contextualizan estas medidas. La crisis institucional  radica en el desequilibrio cada vez más acentuado de los poderes públicos. Desde principios de año, el Ejecutivo Nacional, a través del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), invalidó cada una de las acciones de la Asamblea Nacional. Finalmente, el Tribunal declara nulos todos los actos del Parlamento el pasado 2 de septiembre.[8] Tras una serie de silencios y retardos injustificados por parte del Consejo Nacional Electoral, en octubre,  este suspende arbitrariamente las elecciones regionales[9], pautadas constitucionalmente para 2016, y el proceso de solicitud de referendo revocatorio contra el Presidente Maduro, iniciado en abril[10]. La suspensión indefinida de la consulta popular vulnera la posibilidad de una solución pacífica y democrática a la crisis nacional, cercena los espacios naturales e institucionales para dirimir los conflictos. Ahoga las válvulas de escape legales, alimenta la hostilidad al aumentar el costo de ejercer derechos.
    • El 18 de Mayo el Juez Eleazar Alberto Guevara Carrillo de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo dictó una sentencia que insta al Comandante de la Guardia Nacional Bolivariana y al Director de la Policía Nacional Bolivariana, “adoptar” las medidas necesarias de seguridad para resguardar permanentemente las sedes del Consejo Nacional Electoral y sus alrededores, a nivel nacional, a los fines de impedir actos no autorizados, marchas, protestas, concentraciones no permisadas y manifestaciones violentas.[11]
    • Por instrucciones del gobernador del estado Mérida, Alexis Ramírez, y según decreto número 200 de fecha 4 de julio del 2016, se declaró como zona de resguardo por “razones de seguridad”,  el perímetro que comprende los 500 metros que circunscriben el Palacio de Gobierno. El jefe del Gabinete de Seguridad y Paz de la gobernación, coronel Oscar Aponte Landaeta, señaló que el propósito de la medida es la protección del patrimonio cultural, público y edificaciones de la gobernación para el resguardo del personal que labora en este ente gubernamental ubicado en la calle 23 entre avenidas 3 y 4 de la capital merideña. Contra lo establecido en la Constitución Nacional, Aponte reiteró que el alcalde es la autoridad competente para permisar las movilizaciones que según este decreto no podrán llegar a las adyacencias de la sede del gobierno regional, las cuales estarán bajo resguardo policial y militar para evitar la alteración del orden público.[12]
    Mérida es el segundo estado más reprimido del país, con el 32% (15 de 47) de sus protestas contenidas por efectivos de seguridad y grupos paraestatales violentos. El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes registra en los últimos meses, una presencia masiva de estos grupos paraestatales en relación con otras manifestaciones, con una actitud mucho más violenta que en ocasiones anteriores, cuya presencia es constante. Estos grupos civiles se caracterizan por actuar bajo la omisión deliberada y en otros casos, complicidad activa de organismos de seguridad.
    • El pasado 15 de noviembre la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, publicó la sentencia 948, que prohíbe a los diputados de la Asamblea Nacional “convocar y realizar actos que alteren el orden público; instigaciones contra autoridades y Poderes públicos, así como otras actuaciones al margen de los derechos constitucionales y del orden jurídico”.
      El costo de tomar la calle A pesar de la represión, las manifestaciones de calles siguen siendo la expresión más común de protesta. Una modalidad histórica que comparten los diversos sectores: vecinos, trabajadores, estudiantes, y sociedad civil en general. Estas formas de protesta representan el 90% del total de manifestaciones en el país. En este sentido, las medidas antes descritas socavan la razón democrática que fundamenta a las instituciones públicas y desafían la conducta tradicional de una sociedad que está acostumbrada a expresarse en la calle como legítimo espacio de reivindicación. Ante la suspensión del proceso de solicitud de referendo revocatorio, sectores de oposición convocaron a una protesta masiva denominada “La Toma de Venezuela” realizada el 26 de octubre, día que estaba pautada el inicio de la segunda etapa de recolección de firmas. En el marco de la movilización nacional se registraron acciones represivas, en particular en los estados del interior del país. Arremetidas de los cuerpos de seguridad, ataques de grupos civiles bajo la omisión y, en algunos casos, intervención de funcionarios policiales y militares, dejó un saldo de al menos 143 heridos por impacto de perdigones, objetos contundentes y armas de fuego, un funcionario policial fallecido y 207 detenidos en 14 estados del país.[13] El 98,36% de las manifestaciones (2696) fueron de carácter pacífico y el 1,64% (45) protestas fueron violentas. Sin embargo,  se registraron 137 manifestaciones reprimidas, lo que representa un incremento del  42,70% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando fueron 96. De estas manifestaciones reprimidas, solo 9 eran violentas. En consecuencia, la represión es injustificada en la mayoría de los casos. Este uso desproporcionado de la fuerza dejó un saldo de 729 personas detenidas y 232 lesionados.

    Gráfico 4. Protestas por estado de ocurrencia.

    Los estados con mayor cantidad de protestas reprimidas son aquellos con una frecuencia importante de manifestaciones. Lara se ubica por primera vez en el registro, como el estado con mayor cantidad de protestas, al sumar el 15% a nivel nacional. A su vez es el tercer  estado más reprimido con un 10,22% (14 protestas impedidas). Miranda, el segundo estado con mayor incidencia, comparte el tercer lugar con Lara, ambos estados centrales del país. El Distrito Metropolitano de Caracas[14] baja al tercer lugar con 378 protestas, pero concentra la mayor represión con 25 casos, el 18,25% de las movilizaciones disuadidas. Bolívar, estado del sur del país, centro de las industrias básicas y mineras, fue reprimido en 10 oportunidades.  Si bien Mérida cuenta con menos manifestaciones alberga uno de los centros universitarios más importantes del país, con niveles históricos de movilización y activismo. Se ha caracterizado en los últimos meses por la represión a manos de grupos civiles armados, con una presencia cada vez más frecuente y violenta. Fallecidos Un total de once (11) personas fallecidas se registraron en el contexto de manifestaciones públicas, dos (2) de ellos funcionarios policiales[15], dos (2) privados de libertad durante motines en centros penitenciarios y siete (7) durante protestas por comida. En el último caso, las víctimas fueron tanto manifestantes como ciudadanos que se hallaban en las cercanías de las protestas, saqueos o intentos de saqueo a las afueras de establecimientos comerciales, públicos y privados. Tres (3) de los fallecidos durante las protestas por venta regular de alimentos se registraron entre el 5 y el 11 de junio. Estas muertes se contextualizan en una ola de manifestaciones por comida que se desencadenaron desde el 30 de mayo: al menos unas 80 protestas que arrojó 34 personas detenidas y 29 lesionadas.
    • La noche del domingo 5 de junio,Jenny Ortiz recibió un impacto de perdigón en su cara a quemarropa en medio de un intento de saqueo en el sector San Francisco del municipio Libertador de la ciudad de San Cristóbal, en el estado Táchira. Su esposo afirmó que tras llegar del trabajo, Ortiz salió a buscar a su hijo de 17 años que se encontraba cerca del lugar de los hechos. También denunció que un menor de 12 años fue herido de perdigón en una mano, además de otras personas maltratadas por los efectivos. El Ministerio Público imputo al oficial Yeisy Reneé Burgos Moreno, de la policía del Estado Táchira.[16]
    • El 9 de junio, se registraron varios saqueos en el municipio Sucre.José Antonio Tovar instalaba su puesto comercial de patacones cuando uniformados de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) dispararon en medio de revuelta. Tovar falleció tras recibir dos impactos de bala. La mamá de la víctima es invidente y se encontraba en el lugar con dos nietos: tuvieron que resguardarlos hasta que pasó el tiroteo. José vivía en el barrio Nazareno de Petare.[17]
    • Durante una manifestación para exigir la llegada de unas 400 bolsas de comidas por parte de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), en el poblado de Cerezal en el municipio Ribero, del estado Sucre,Luis Josmer Fuentes recibió un impacto de bala en la pierna izquierda cuando la GNB disolvía la protesta. Diez personas más resultaron heridas durante la represión. La mañana del 11 de junio, Fuentes fallece a causa de las heridas en el Hospital “Santos Aníbal Dominicci” de Carúpano, municipio Bermúdez.[18].
    • El 16 de junio, vecinos de Lagunillas, el estado Mérida trancaron diversas calles de las localidades para rechazar la escasez de alimentos e insumos de primera necesidad en la entidad. Durante la protesta, motorizados arremetieron contra los vecinos y asesinaron al manifestante Eduar Guillén con un disparo en la cabeza[19].
    • El 30 de junio, habitantes de Tucupita protestaron por irregularidades en la distribución de bolsas de comida de parte de los CLAP. Afirmaron que el beneficio no llega a todas las familias. La Guardia Nacional Bolivariana (GNB) reprimió a los manifestantes con gas lacrimógeno y perdigones. Se registraron conatos de saqueo. Los hechos de violencia arrojaron una persona herida, 146 detenidos por saqueos y 3 personas fallecidas.[20]
      Exigencias y recomendaciones:
    1. Retomar el hilo constitucionalprácticas institucionales a fin de cumplir las obligaciones en materia de derechos humanos y libertades fundamentales, que se han visto rápidamente vulneradas en los últimos años, pero que devino en un punto crítico tras la suspensión de las elecciones.
    2. Adelantar una investigación imparcial y expedita que establezca responsabilidades en el asesinato de manifestantes o ciudadanos en el contexto de protestas. Sancionar a funcionarios policiales y militares que incursionaron en uso desproporcionado de la fuerza, en vinculación con grupos armados, que deben ser igualmente investigados, desmantelados y sancionados.
    3. Derogar la resolución 008610 y velar por la efectiva subordinación de los componentes militares a los criterios e instituciones civiles en armonía con lo establecido en la Constitución Nacional y los estándares internacionales de derechos
    4. Suspender la apertura de procesos judiciales penales a quienes ejercen de manera pacífica el derecho a la reunión pacífica y la huelga.
    5. Mejorar los mecanismos institucionales que permitan canalizar y dar respuesta efectiva a las demandas de las distintas protestas sea de competencia nacional, regional o municipal.
      Foto: Miguel González - Crónica Uno. [1] BCV, Informe cuarto trimestre, cierre del año 2015. URL: http://www.bcv.org.ve/Upload/Comunicados/aviso180216.pdf [2] Gaceta Oficial N° 2.184 del 14/01/2016 [3] Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.227 del 18/05/2016 [4] Lo que incluye la renovación del 14 de noviembre de 2016. [5] El Nacional, 6 de octubre de 2016, Inflación alcanzó 21,6% al cierre de septiembre. Recuperado el 28/11/2016 en https://goo.gl/Z7LO7N [6] Banca y Negocios, 28 de noviembre de 2016, Cendas: es lamentable que el venezolano requiera más de 19 salarios mínimos sólo para comer. Recuperado el 28/11/2016 en https://goo.gl/NAeVXw El Cendas-FVM es el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros. [7] Provea, 4 de noviembre de 2016, Los CLAP: 7 indicios de discriminación política. Recuperado el 28/11/2016 en https://goo.gl/EsZ3NJ [8] Tribunal Supremo de Justicia, 2 de septiembre de 2016, Sentencia N°808 de la Sala Constitucional. URL: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/septiembre/190395-808-2916-2016-16-0831.HTML [9] Consejo Nacional Electoral, 18 de octubre de 2016, CNE aprobó calendario electoral para 2017. Recuperado en https://goo.gl/1dD1Om [10] Consejo Nacional Electoral, 20 de octubre de 2016, Poder Electoral acata medidas cautelares ordenadas por tribunales de la República. Recuperado en https://goo.gl/26LGwz [11] Decisión Corte segunda de lo contencioso administrativo del 18/05/2016. URL: http://jca.tsj.gob.ve/DECISIONES/2016/MAYO/1478-18-AP42-O-2016-000021-2016-0120.HTML [12] Psuv, 22 de julio de 2016, Palacio de Gobierno de Mérida decretado zona de resguardo. Recuperado el 03/08/2016 en http://goo.gl/trhtjs [13] Manifestar, 28 de octubre de 2016, Toma de Venezuela: Estado no garantiza la protesta pacífica. Recuperado el 29/11/2016 en https://goo.gl/YAneDO [14] Comprende los municipios Libertador, Chacao, Baruta, Sucre y El Hatillo. [15] Tal Cual, 29 de marzo de 2016, 2 fallecidos y un detenidos en protestas en Táchira. Recuperado el 29/11/2016 en https://goo.gl/b8lRJX [16] El Pitazo, 6 de junio de 2016, “A mi esposa le disparó a quemarropa un policía del grupo Rayo”. Recuperado enhttp://goo.gl/m6mKyR [17] Crónica Uno, 10 de junio de 2016, “Hay hambre, pero los saqueos en Petare no fueron por eso”. Recuperado enhttp://goo.gl/mD6JOw [18] El Pitazo, 11 de junio de 2016, Falleció uno de los once heridos durante protesta por comida en El Cereza. Recuperado en http://goo.gl/M0lhgh [19] Contrapunto, 15 de junio de 2016, Provea confirma fallecimiento de otro manifestante: van 5 en solo 10 días. Recuperado el 29/11/2016 en https://goo.gl/1gTdAR [20] El Nacional, 30 de junio de 2016, Tres muertos y 146 detenidos en Tucupita por protestas. Recuperado el 29/11/2016 en https://goo.gl/MaIfpJ    more

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