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  • 14 septiembre, 2017

    Dos años después, Santa Rosa de Agua aún espera justicia

    Dos años después, Santa Rosa de Agua aún espera justicia Maracaibo.- El 14 de septiembre de 2017 se cumplen los dos años de la ejecución de la Operación para la Liberación del Pueblo (OLP) en el sector Santa Rosa de Agua, parroquia Coquivacoa del municipio Maracaibo. Este operativo dejó como saldo cinco (5) asesinatos, doscientas (200) detenciones arbitrarias y una marca de violencia que permanecerá de por vida en los sobrevivientes de la sistemática violación de derechos humanos que esta implicó. En la madrugada del 14 de septiembre de 2015, tras la publicación de un mensaje que anunciaba la realización del operativo desde la cuenta en la red social Twitter del gobernador del estado Zulia, Franscisco Arias Cárdenas, 480 efectivos de la Guardia Nacional (GNB), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y el Cuerpo de Policía Bolivariana del Estado Zulia (CPBEZ), arremetieron contra el Sector Santa Rosa de Agua al norte de la capital zuliana e ingresaron a los hogares de tres familias. Seguidamente, asesinaron a quemarropa a cinco ciudadanos: Héctor García (35), Néstor Luis García (28), Oswaldo Moreno (25), Jonathan Olivares (31) y Jorge Luis Olivares (41). Según el testimonio de Elvimar Olivares, hermana de los fallecidos Jonathan Olivares y Jorge Luis Olivares, ellos fueron sacados con el rostro cubierto de sus hogares y trasladados en un vehículo del CICPC con rumbo desconocido. Posteriormente, sus cuerpos sin vida fueron hallados en la morgue del Hospital Adolfo Pons.  Una situación similar ocurrió con los hermanos García y  Oswaldo Moreno, quien fue trasladado desde su casa sin signos vitales. Durante los dos años transcurridos desde este traumático suceso, la familia Olivares interpuso la correspondiente denuncia y formuló una solicitud ante la Fiscalía General de la República que motivó el inicio de una investigación conducida por el Fiscal Nacional con competencia en derechos fundamentales, Alejandro Méndez, donde las experticias realizadas por el equipo de investigación forense del Ministerio Público sirvieron de base para acusar formalmente a cuatro funcionarios del Cuerpo de Policía Bolivariana del Estado Zulia (CPBEZ), por los asesinatos anteriormente mencionados. A la fecha, los familiares de las víctimas de la Operación para la Liberación del Pueblo ejecutada en Santa Rosa de Agua el 14 de septiembre de 2015 aún esperan justicia. Atendiendo a las evidencias halladas y a la legislación venezolana, la juez tercera de control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, deberá acatar la solicitud de privar de libertad a los funcionarios acusados por el Ministerio Público, dicha detención deberá materializarse en la audiencia preliminar a efectuarse en octubre. A pesar de las dificultades, los familiares de las víctimas continúan dispuestos a agotar todas las instancias posibles para lograr justicia. Desde la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (CODHEZ) demandamos al Estado venezolano el cese de operativos policiales y militares violatorios de derechos humanos, entre otros; así como el respeto al debido proceso, la celeridad procesal  y la vida.

    ¿Quiénes Somos?

    Somos una organización sin fines de lucro dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos en el Estado Zulia. Surgimos a raíz de las violaciones de derechos humanos ocurridas en el contexto de las manifestaciones del primer semestre de 2014, como un grupo de abogados que asistimos judicialmente a manifestantes detenidos arbitrariamente y, a la vez, de la mano con prestigiosas universidades de la región, documentamos estos casos y otros hechos violatorios de derechos humanos, como allanamientos de viviendas y ataques a los recintos universitarios. Desde entonces, continuamos prestando asistencia judicial gratuita, sobre todo en casos de detenciones arbitrarias, asesorando a las víctimas y sus familiares, y produciendo informes sobre la situación actual de los derechos en la región zuliana. Además, al día de hoy, estamos dedicando esfuerzos para la capacitación en el área de sistemas nacionales e internacionales de protección, dirigida a estudiantes, profesionales, activistas y la sociedad civil, a través de las alianzas que se han logrado hasta la fecha.  more
  • 30 agosto, 2017

    Informe ONU sobre Venezuela: Violaciones de derechos humanos en el contexto de protestas

    El 6 de junio de 2017, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) creó un equipo para documentar e informar sobre las violaciones de los derechos humanos, en el contexto de las protestas masivas en la República Bolivariana de Venezuela ocurridas entre el 1 de abril y el 31 de julio de 2017. En ausencia de autorización del Gobierno para entrar en el país, el equipo del ACNUDH realizó actividades de monitoreo a distancia en la región, entre las que se incluyó la realización de 135 entrevistas con víctimas y sus familiares, testigos, representantes de organizaciones no gubernamentales (ONG), periodistas, abogados, médicos, paramédicos y el Ministerio Público. También recibió información por escrito de la Defensoría del Pueblo y de la Misión Permanente de la República Bolivariana de Venezuela para las Naciones Unidas en Ginebra. Las conclusiones del ACNUDH que figuran en el presente informe ponen de manifiesto una situación de los derechos humanos cada vez más crítica desde el comienzo de las protestas, en la que se observan niveles cada vez más altos de represión de la oposición política por parte de las fuerzas de seguridad nacionales y un aumento de la estigmatización y persecución de las personas percibidas como opositoras al Gobierno del Presidente Maduro. El ACNUDH documentó la existencia de violaciones generalizadas de los derechos humanos por parte de las autoridades nacionales en el contexto de las manifestaciones realizadas en todo el país, violaciones que tienen por objeto frenar cualquier tipo de protesta contra el Gobierno. El ACNUDH constató que las fuerzas de seguridad han utilizado sistemáticamente fuerza excesiva y realizado detenciones arbitrarias de las personas que participan en manifestaciones. También documentó la existencia de patrones de malos tratos, que en ocasiones podrían llegar a constituir tortura, malos tratos y violaciones graves del derecho al debido proceso por parte de las autoridades venezolanas en perjuicio de las personas detenidas en relación con las protestas. Los relatos fidedignos y coherentes de las víctimas y testigos indican que las fuerzas de seguridad han utilizado sistemáticamente fuerza excesiva para impedir las manifestaciones, sofocar la disidencia e infundir temor. Durante las manifestaciones, la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), que forma parte de las fuerzas armadas, utilizaron gases lacrimógenos y otras armas menos letales, como tanquetas lanza-agua y perdigones de plástico, sin previo aviso, de manera no progresiva y en violación de los principios jurídicos internacionales de necesidad y proporcionalidad. Las armas menos letales también se han empleado sistemáticamente con el fin de causar daño innecesario; por ejemplo, las fuerzas de seguridad han lanzado gases lacrimógenos directamente y a corta distancia contra los manifestantes, tanto mujeres como hombres, y han modificado las municiones para hacerlas más dañinas. El ACNUDH también documentó el uso por las fuerzas de seguridad de fuerza letal contra los manifestantes. Solo en contadas ocasiones las autoridades han condenado los incidentes de uso excesivo de la fuerza; en la mayor parte de los casos han negado la responsabilidad de las fuerzas de seguridad en tales incidentes y han calificado repetidamente a los manifestantes de “terroristas”. Al 31 de julio, el Ministerio Público se encontraba investigando 124 muertes en el contexto de las manifestaciones. Según el ACNUDH, las fuerzas de seguridad (principalmente la iii GNB) son presuntamente responsables de al menos 46 de esas muertes. El Gobierno informó que también nueve agentes de seguridad murieron en el contexto de las manifestaciones. No se dispone de datos oficiales sobre el número de detenciones relacionadas con las protestas. Según fuentes de ONG, 5.051 personas, entre ellas 410 niñas y niños, fueron detenidas arbitrariamente entre el 1 de abril y el 31 de julio, y más de 1.300 personas seguían detenidas al 31 de julio. Según el ACNUDH, algunas detenciones podrían constituir desapariciones forzadas, en la medida en que las autoridades, durante un período inicial, se negaron a confirmar el destino o el paradero de las personas detenidas. Las fuerzas de seguridad han utilizado fuerza excesiva regularmente en el momento del arresto y en la mayor parte de los casos de detención documentados por el ACNUDH. A menudo, se ha sometido a los detenidos a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y, en varios casos documentados, los malos tratos han constituido formas de tortura. Entre los malos tratos documentados figuran la utilización de descargas eléctricas, fuertes palizas, posturas que causan estrés, asfixia y amenazas de violencia sexual y muerte, con el objetivo de castigar, humillar y aterrorizar a los detenidos, así como de extraer confesiones e información sobre presuntas actividades antigubernamentales. El ACNUDH identificó un patrón de violaciones graves del debido proceso en los casos de detención documentados, como la falta de órdenes de arresto, la detención en régimen de incomunicación, la falta de acceso a un abogado y el incumplimiento del principio de presunción de inocencia. Más de 600 civiles detenidos en el contexto de las manifestaciones han sido sometidos a la jurisdicción militar y acusados de delitos de naturaleza militar, en violación de las garantías de un juicio justo previstas en el derecho internacional de los derechos humanos. El ACNUDH documentó un patrón de allanamientos violentos e ilegales de viviendas en todo el país. Por lo general, las fuerzas de seguridad que han realizado estos allanamientos han destruido propiedad privada de forma intencional e innecesaria. Esta forma de violencia permite suponer que los allanamientos tenían la intención de infundir temor en las comunidades y disuadirlas de seguir protestando. Las autoridades han violado sistemáticamente el derecho de reunión pacífica, principalmente reprimiendo las protestas, criminalizando a las personas que ejercen este derecho e imponiendo restricciones indebidas a su ejercicio. El ACNUDH recibió información congruente sobre ataques por parte de las fuerzas de seguridad en contra de periodistas y profesionales de los medios de comunicación, que han sido víctimas de tiros directos con perdigones y bombas lacrimógenas, detenciones y la sustracción de su equipo para evitar que cubrieran las manifestaciones. El ACNUDH también escuchó numerosos relatos sobre las actividades de los grupos armados progubernamentales (colectivos armados) en el contexto de las protestas. Según esos informes, los colectivos armados han irrumpido sistemáticamente en las manifestaciones a bordo de motocicletas y portando armas de fuego. Estos colectivos han acosado y atacado a manifestantes, profesionales de los medios de comunicación y transeúntes, e incluso han disparado contra ellos. Asimismo, han arrestado a manifestantes iv y participado en allanamientos ilegales y violentos. Testigos presenciales y otras fuentes informaron de cómo esos grupos operan con el consentimiento de las fuerzas de seguridad y las autoridades locales y, algunas veces, en coordinación con ellas. Según cálculos del ACNUDH, los colectivos armados son presuntamente responsables de al menos 27 muertes durante las recientes manifestaciones. Algunos grupos de manifestantes antigubernamentales poco organizados han recurrido a medios violentos, en algunos casos dirigidos en contra de las fuerzas de seguridad, de vehículos y de oficinas gubernamentales. Al menos cuatro personas han perdido la vida tras ser atacadas por grupos o individuos antigubernamentales. El deterioro de la situación de los derechos humanos descrito en el presente informe ocurre en el marco general de la grave crisis económica y social del país y de una situación política nacional cada vez más inestable y polarizada. En la parte final del presente informe, el ACNUDH presenta a las autoridades estatales un conjunto de recomendaciones encaminadas a evitar nuevos actos de violencia y de violación de los derechos humanos y a respaldar el diálogo político, y exhorta a las autoridades venezolanas a aplicarlas sin demora. El ACNUDH sigue solicitando un acceso pleno y sin restricciones a la República Bolivariana de Venezuela para evaluar la situación de los derechos humanos en el país, y está a su disposición para entablar un diálogo con el gobierno venezolano, incluido en materia de cooperación técnica. Accede al informe acá       more
  • 18 agosto, 2017

    Ley contra el odio recrudecería la discriminación política

    Consideramos grave que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) creada contra lo establecido en la Carta Magna de 1999 se adjudique facultades legislativas propias de la Asamblea Nacional, en específico la pretendida creación de una Ley contra el Odio cuyo proyecto, además, no se encuentra públicamente disponible para su discusión por parte de la sociedad en general. El artículo 187 de la Carta Magna establece en su numeral 1 que es competencia exclusiva de la Asamblea Nacional “Legislar en las materias de la competencia nacional y sobre el funcionamiento de las distintas ramas del Poder Nacional.”. Asimismo, el artículo 347 establece que el objeto de la ANC es crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución. Resulta inaceptable que la actual ANC, convocada y constituida al margen de la Constitución Nacional pretenda adjudicarse competencias propias de la Asamblea Nacional. Concerniente a los discursos que promueven el odio, el artículo 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) establece que “toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley”. Sin embargo, esta disposición debe interpretarse de forma ajustada a los derechos humanos, es decir, cumplir con estrictas categorías que respondan a una evaluación objetiva, contextualizada, con hechos claros y evidentes que permitan determinarlo, sin presunciones o generalidades. De acuerdo con estándares del Sistema Universal de Derechos Humanos, para que un discurso se catalogue como apología de odio, es importante que se haga un estricto análisis de varios elementos. El más importante es la intención que tenga el transmisor del mensaje y su real alcance. Es indispensable que quien comunique una idea tenga la real intención de ocasionar odio en un grupo de la población, a fin de promover discriminación, hostilidad o violencia. Para analizar la intención del autor, debe considerarse el contexto del discurso,  lo que permite medir las tensiones en torno a determinadas circunstancias, la historia  y  luchas sociales al respecto, así como el carácter que ha mantenido la población en el tiempo en torno a ello. Es necesario hacer un análisis tanto del orador como del receptor del mensaje, así como del contenido del discurso. Por una parte, debe considerarse el grado de influencia que tiene el orador sobre el grupo de la población. No es igual que el discurso sea pronunciado por una persona con poca proyección o reputación, a que el mismo sea dicho por una persona pública, un alto funcionario público o una persona que tenga alto grado de influencia en la población. Por otro lado, deben tomarse en cuenta las características del receptor del mensaje. De forma particular debe considerarse el carácter pacífico o violento de estos grupos, el grado de educación, y la posibilidad real de que éstos ejecuten o promuevan actos de discriminación, hostilidad o violencia. Finalmente, en caso de que se compruebe que realmente un discurso hace apología de odio, existe un abanico de sanciones que pueden imponerse. Las sanciones de privación de libertad deben restringirse exclusivamente para aquellos discursos con una probabilidad inminente, expresa, directa y comprobada de causar actos de violencia. Otro tipo de discursos deben someterse a sanciones de menor categoría. Campaña de persecución y discurso bélico En el marco de estos estándares, hemos identificado casos de persecución desde instancias públicas contra ciudadanos en represalia por manifestar contra el gobierno. Cuando el Estado usa los recursos públicos para atentar contra los ciudadanos, constituye una agravante en posibles delitos de instigación pues además de utilizar de forma ilegítima e ilegal bienes comunes, implica una mayor capacidad y alcance de concretar o promover un daño real, tanto por la cantidad de personas a las que llega, el nivel de influencia que tiene y los recursos materiales con los que cuenta para lograrlo, mayores al de un ciudadano común u otros sectores de la sociedad. Altos funcionarios del gobierno, entre ellos el Presidente Maduro, han emitido discursos que incitan de forma explícita al enfrentamiento armado. Instituciones públicas han descalificado y promovido la persecución contra sectores de oposición en represalia por manifestar pacíficamente. La pretensión de una regulación en la materia constituye un grave síntoma dado el contexto de represalia contra sectores disidentes, lo que empeora al pretender ser sancionado por una figura inconstitucional que busca usurpar funciones legislativas. Contemplar penas privativas de libertad de hasta 25 años revela no solo la desproporción sino el carácter arbitrario, irreflexivo y vengativo contra sectores que han sido criminalizados en su totalidad y reprimidos duramente por protestar contra el gobierno en los últimos meses. Imagen: Aporrea.more
  • 17 agosto, 2017

    Organizaciones de DDHH denuncian amenazas de “opción militar” en Venezuela

    15 de Agosto, 2017.- Las organizaciones abajo firmantes, integrantes de la Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas, rechazamos las declaraciones por el presidente de los Estados Unidos Donald Trump, en donde expresó que, frente a la crisis venezolana, no descartaría una opción militar. Este rechazo ha sido también expresado por Argentina, Brasil, Colombia, México, Paraguay y Uruguay. Ante estas proclamaciones señalamos que, cualquier medida que intente solventar la grave situación por la que atraviesa Venezuela, no puede recurrir a la violencia. Más de 120 personas han muerto desde el pasado mes de abril en manifestaciones pacíficas convocadas por diversos sectores de la sociedad civil. Asimismo, la crisis económica, alimenticia y sanitaria ha ido en aumento. Es fundamental que las propuestas desarrolladas por la comunidad internacional y países en lo individual no provoquen más sufrimiento y dolor a los y las habitantes de este país. Por otra parte, Estados Unidos tiene una larga trayectoria histórica de intervención unilateral en los conflictos de la región. Las amenazas por parte del ejecutivo estadounidense alimentan las justificaciones utilizadas por el Estado venezolano para continuar implementando políticas que contribuyan a empeorar la situación actual de escasez y represión. Una acción militar generaría mayores estragos en la sociedad venezolana. La única opción para solucionar los problemas que vive Venezuela debe ser una salida pacífica. Los cinco últimos meses han estado marcados por graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas miles de detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales, injerencia en la vida privada, restricciones al ejercicio del derecho a las libertades de expresión, asociación y reunión, acoso a defensores/as de derechos humanos, limitaciones a los derechos políticos, el uso de tribunales militares para juzgar a civiles detenidos en las protestas, entre otras actuaciones represivas por parte del gobierno venezolano. A este contexto se suma un desmantelamiento total de la institucionalidad democrática venezolana, mismo que se intensificó a partir del mes de marzo con el intento frustrado para que el Tribunal Supremo de Justicia asumiera las funciones del Parlamento, así como la reciente destitución de la Fiscal General. La instalación de la Asamblea Nacional Constituyente el pasado 30 de julio de 2017, en desconocimiento de la consulta popular convocada dos semanas antes y del procedimiento constitucional para su consolidación, representa la abolición de la Constitución Nacional de 1999 y la desprotección de los derechos fundamentales de las y los venezolanos. Durante todo este tiempo, la respuesta del Estado ha sido de incrementar la violencia, e intentar aislarse aún más del resto de la región, como lo demuestra su decisión de retirarse de la Organización de Estados Americanos (OEA). La crisis actual también se ha manifestado en un éxodo de miles de venezolanos, principalmente, hacía otros países de la región. Por ello, al ser una crisis con consecuencias para todo el continente, las respuestas a la situación en Venezuela deben ser multilaterales, con el propósito de no agudizar aún más el aislamiento político y regional del país. Estas propuestas también deberían garantizar el fortalecimiento de los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos para responder de forma más efectiva a las víctimas de la violencia que se ha desatado dentro del país, al igual que a los migrantes y refugiados que buscan salir. En ese sentido, las organizaciones abajo firmantes apoyamos propuestas serias y pacíficas que promuevan y refuercen el restablecimiento de la democracia, así como el rechazo a la violencia. En solidaridad con el pronunciamiento de varias organizaciones venezolanas de sociedad civil, exigimos una visita de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de las Naciones Unidas, en materia de derechos humanos, al país.   Organizaciones Firmantes Regional Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, AIDA Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM) Due Process of Law Foundation (DPLF) Iniciativas Globales por los Derechos Humanos, Heartland Alliance for Human Needs & Human Rights Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos Robert F. Kennedy Human Rights Bolivia Oficina Jurídica para la Mujer de Cochabamba Chile Centro regional de derechos humanos y justicia de género, Corporación Humanas Colombia Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (GIDH) Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR) Comisión Colombiana de Juristas Corporación Sisma Mujer Costa Rica Defensa de niñas y niños- Internacional DNI Costa Rica El Salvador Red Para la Infancia y la Adolescencia de El Salvador (RIA) Ecuador Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM) Terra Mater Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) de Ecuador Guatemala Asociación para el Estudio y la Promoción de la Seguridad en Democracia (SEDEM) Fundación Myrna Mack México Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (ASILEGAL) Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez Nicaragua Movimiento Autónomo de Mujeres Centro Nicaragüense de Derechos Humanos – CENIDH Perú Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) Paz y Esperanza Uruguay Instituto de Estudios Legales y Sociales (IELSUR)more
  • 8 agosto, 2017

    Equipo de la ONU constata un patrón de violaciones de DDHH en represión de protestas en Venezuela

    GINEBRA (8 de agosto de 2017) – Las entrevistas realizadas a distancia por un equipo de expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas sugieren que en Venezuela ha habido un uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva y detenciones arbitrarias contra los manifestantes. Las conclusiones del equipo indican la existencia de un patrón de otras violaciones de derechos humanos, que abarcan allanamientos violentos de viviendas, torturas y malos tratos a las personas detenidas en relación con las protestas. A falta de respuesta de las autoridades venezolanas a sus peticiones de acceso, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, desplegó un equipo de oficiales de derechos humanos para realizar un seguimiento a distancia, incluso desde Panamá, de la situación de derechos humanos del país, del 6 de junio al 31 de julio. El equipo llevó a cabo unas 135 entrevistas a víctimas y familiares, testigos, miembros de organizaciones de la sociedad civil, periodistas, abogados, médicos paramédicos y un funcionario de la oficina de la Fiscal General. También recibió información por escrito de la oficina del Defensor del Pueblo. Los testigos relataron cómo las fuerzas de seguridad habían disparado sin previo aviso gases lacrimógenos y perdigones contra los manifestantes antigubernamentales. Varias de las personas entrevistadas afirmaron que cartuchos de gas lacrimógeno fueron disparadas a corta distancia y que la policía usó como munición canicas, perdigones, tuercas y tornillos. Según las fuentes, las fuerzas de seguridad también habían recurrido al uso de fuerza letal contra los manifestantes. Según contaron los testigos, las fuerzas de seguridad, principalmente la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana, así como los cuerpos de policía locales, emplearon sistemáticamente la fuerza desproporcionada a fin de inspirar miedo, acallar a los disidentes y evitar que los manifestantes se reunieran y llegaran ante las instituciones públicas para presentar sus peticiones. Las instancias gubernamentales en muy raras ocasiones condenaron esos incidentes. Hasta el 31 de julio, la Oficina de la Fiscal General había investigado 124 muertes en el contexto de las manifestaciones. Según el análisis del equipo del ACNUDH, las fuerzas de seguridad son responsables de al menos 46 de esas muertes, mientras que los grupos armados progubernamentales, denominados “colectivos armados”, serían responsables de otros 27 fallecimientos. En cuanto al resto de las muertes, aún no está claro quién las perpetró. La Oficina de la Fiscal General investigaba también al menos 1.958 casos de heridos, aunque el número real de personas que han sufrido lesiones podrían ser mucho mayor. La información compilada por el equipo indica que los colectivos armados, montados en motocicletas, suelen atacar y acosar a los manifestantes.En determinados casos también les disparan con armas de fuego. Aunque no se dispone de estadísticas oficiales sobre el número de detenciones, los cálculos más fidedignos indican que desde el 1 de abril, cuando comenzaron las manifestaciones, hasta el 31 de julio, más de 5.051 personas sufrieron detención arbitraria. Más de 1.000 personas siguen detenidas en conexión con las manifestaciones. En varios casos examinados por el ACNUDH hay indicios verosímiles de que las fuerzas de seguridad han infligido tratos crueles, inhumanos o degradantes a los detenidos, y que en algunas ocasiones han recurrido a la tortura. Entre los métodos usados figuran choques eléctricos, golpizas en las que han empleado hasta los cascos y las porras, mientras los detenidos estaban esposados, la práctica de colgar a los reos de las muñecas durante periodos prolongados, asfixiarlos con gases y amenazarlos con la muerte –y en algunos casos con la violencia sexual- a ellos y a sus familiares. “Desde que la ola de manifestaciones comenzó en el mes de abril, se ha aplicado un patrón evidente de uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes. Según las fuentes, varios miles de personas han sido detenidas arbitrariamente, muchas de ellas han sido víctimas de malos tratos e incluso de torturas, y varios cientos han sido juzgadas en tribunales militares, en vez de presentarlas ante los tribunales civiles”, declaró Zeid. “Y no hay indicios de que esa actuación vaya a cesar”. “Esas violaciones ocurren en plena ruptura del Estado de derecho en Venezuela, con ataques constantes del gobierno a la Asamblea Nacional y a la Oficina de la Fiscal General”, agregó Zeid. “La responsabilidad de las violaciones de derechos humanos que estamos registrando corresponde a los más altos niveles del gobierno”. El Alto Comisionado afirmó que la decisión de cesar en su cargo a la Fiscal General, adoptada por la Asamblea Constituyente el 5 de agosto, es motivo de honda inquietud, e instó a las autoridades a que garanticen la investigación independiente y eficaz de las violaciones de derechos humanos en las que estén involucrados los cuerpos de seguridad y los colectivos armados. Zeid exhortó a las autoridades a que presten atención al llamamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que pidió al Estado venezolano que tomara medidas para garantizar la protección de la Fiscal General depuesta. El Alto Comisionado expresó también su grave preocupación por los numerosos casos de allanamiento violento e ilegal de viviendas relatados al equipo. Las víctimas y los testigos dijeron que los allanamientos se habían realizado sin orden judicial, supuestamente en búsqueda de manifestantes. Los testimonios recibidos indican que hubo destrucción de propiedad privada en el curso de esas operaciones. Varios periodistas y empleados de prensa señalaron que las fuerzas de seguridad han obstruido su trabajo de informar sobre las manifestaciones. Según las fuentes, algunos y algunas periodistas han recibido impactos de cartuchos de gas lacrimógeno y perdigones, a pesar de que llevaban claramente visible su distintivo de periodistas. En varias ocasiones los y las periodistas han sido detenidos y amenazados y han sido despojados de sus equipos. Algunos grupos de manifestantes también han actuado con violencia y se ha informado de ataques contra agentes de las fuerzas de seguridad. Ocho elementos de los cuerpos de seguridad han muerto en el contexto de las manifestaciones. El Alto Comisionado instó a las autoridades venezolanas a que pongan fin de inmediato al uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes, cesen las detenciones arbitrarias y liberen a todas las personas que han sido detenidas arbitrariamente. Zeid recordó a las autoridades la prohibición absoluta de usar la tortura, de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos. Asimismo, pidió que se suspenda el uso de tribunales militares para juzgar a los civiles. “Exhorto a todas las partes a que colaboren con el fin de solucionar las tensiones del país, que se agravan con rapidez, a que renuncien al uso de la violencia y a que tomen medidas con miras a establecer un diálogo político significativo”, declaró Zeid. Está previsto que a finales de agosto de este año se publique un informe completo, con las conclusiones del equipo.more
  • 4 agosto, 2017

    ONU: Venezuela debe poner fin a la detención sistemática y el uso de tribunales militares contra manifestantes

    GINEBRA (4 de agosto de 2017) – El Gobierno de Venezuela debe poner un alto a las detenciones sistemáticas de los manifestantes y frenar el creciente uso de tribunales militares para juzgar a civiles, dice un grupo de expertos1 en los derechos humanos de la ONU. Las autoridades deben también respetar los derechos de todos los manifestantes y detenidos y garantizar su integridad física y psicológica, dijeron los expertos independientes. “Estamos seriamente preocupados por acusaciones de detenciones arbitrarias y uso excesivo e indiscriminado de la fuerza en el marco de las protestas públicas, así como por el uso de tribunales militares para enjuiciar a civiles”, enfatizaron. “Tales actos estarían en abierta violación al derecho de no ser privado arbitrariamente de la libertad, al debido proceso y a ser juzgado por un juez natural, independiente e imparcial. Además, constituirían graves violaciones a los derechos de libertad de reunión pacífica y de expresión”. Miles de personas habrían sido privadas de su libertad, desde abril del 2017, en el marco de protestas públicas. En muchos de esos casos, los detenidos han sido sometidos a aislamiento temporal, sin tener la posibilidad de comunicarse con sus familiares o abogados, previo a su presentación ante los tribunales. En otros casos, las personas fueron liberadas por decisión discrecional de los cuerpos de seguridad. “El Gobierno venezolano tiene la obligación de garantizar que los ciudadanos no sean privados arbitrariamente de su libertad, o penalizados de ninguna manera, por expresarse y protestar pacíficamente. Las protestas no deben ser criminalizadas”, señalaron los expertos. “El Gobierno también debe asegurar que los registros de detención sean públicos y estén a disposición de los familiares”. Los expertos también llamaron las autoridades a poner en inmediata libertad los dirigentes de oposición Leopoldo López y Antonio Ledezma, recientemente transferidos a centros de detención tras la revocación de sus arrestos domiciliarios. Los expertos resaltaron el hecho de que El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria considera que la privación de libertad del Sr. López y el Sr. Ledezma violó sus derechos. Los expertos dijeron que el creciente uso de los tribunales militares para juzgar a civiles fue especialmente preocupante. Al menos cuatrocientos manifestantes habrían sido juzgados de esta manera y la gran mayoría habrían sido privados de su libertad bajo acusaciones de delitos previstos en el Código Orgánico de Justicia Militar, tales como rebelión militar, traición a la patria y ultraje al centinela. “El uso de la justicia militar penal debe ser estrictamente limitado a casos en los que militares activos cometan delitos militares”, recalcaron los expertos. “Los órganos judiciales militares deberían, por principio, ser incompetentes para juzgar a civiles. El Estado venezolano debe velar por que los civiles acusados de una infracción penal sean juzgados por tribunales ordinarios”. Los expertos también expresaron grave preocupación por las acusaciones de uso excesivo e indiscriminado de la fuerza durante las protestas por parte de los agentes de estado y de los llamados armados ‘colectivos’, que fueron acusados intimidar, agredir, detener e incluso dar muerte a algunos manifestantes. Los expertos de los derechos humanos notaron que muchos de los detenidos han denunciado torturas o tratos crueles, inhumanos y degradantes al momento de ser presentados ante los tribunales. “Recordamos al Gobierno venezolano la prohibición absoluta de la tortura y de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Estas normas deben regir la actuación de las fuerzas policiales y militares en todo momento”, indicaron. Los expertos en derechos humanos de la ONU se han comunicado con las autoridades venezolanas para pedir aclaraciones sobre la conformidad de los hechos aquí expresados con el derecho internacional.more
  • 4 agosto, 2017

    Organizaciones de Derechos Humanos rechazan la ANC, sus elecciones y piden el restablecimiento del Estado de Derecho

    El pasado 1° de mayo, durante la celebración del Día del Trabajador, Nicolás Maduro Moros anunció la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente sin la previa consulta al pueblo, partiendo de una errónea interpretación de la palabra “iniciativa” en el artículo 348 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Dicha convocatoria fue materializada en un proceso electoral llevado a cabo el 30 de julio. El proceso, lleno de opacidad y carente de controles fundamentales, arrojó un resultado inédito e inesperado por todos los venezolanos. Según las cifras anunciadas por la Rectora Principal del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, el total de participantes en el proceso Constituyente inconsulto fue de 8.089.320. La población fue testigo a través de los medios sociales digitales de un hecho totalmente distinto al anunciado por el CNE: numerosas fotos de centros electorales vacíos se publicaron por infociudadanos en las redes y ayudaron a la confirmación de lo que se sospechaba desde mucho antes de la celebración de la elección. La compañía Smartmatic, que provee servicios electorales al CNE desde 2004, se pronunció el pasado 2 de agosto señalando que no garantizaban la transparencia de los resultados de la Asamblea Nacional Constituyente, por lo que no podían asegurar la veracidad de las cifras de participación anunciadas por el CNE, y que estimaba que existe una diferencia de al menos 1 millón de votos debido a que la data electoral fue manipulada. Más aún, voces del oficialismo han replicado estas denuncias y pedido que se auditen los resultados divulgados del CNE. El Foro por la Vida atiende las serias dudas de transparencia y a la opacidad general que envolvió al proceso electoral, por lo que exige la realización de una auditoría inmediata de los resultados de la elección a la Asamblea Nacional Constituyente. Es necesario que se despejen las dudas sobre la veracidad de las cifras y la actuación del Poder Electoral, que cabe resaltar, materializó el fraude Constituyente sin la aprobación del verdadero depositario del poder originario: el pueblo. De igual forma, las organizaciones pertenecientes al Foro por la Vida, rechazamos categóricamente la violencia que se suscitó el día de la elección que dejó un saldo de más de una decena de personas asesinadas, exigimos el respeto a la Carta Magna y el retorno a la Democracia y al Estado de Derecho. Quienes suscriben: Acción Ciudadana Contra el SIDA Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello Centro para la Paz y los DDHH-UCV Espacio Público Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres Proveamore
  • 27 julio, 2017

    Interponen recurso de nulidad contra prohibición de manifestaciones

    Este viernes 27 de julio la organización Espacio Público introdujo un recurso de nulidad ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra el Decreto 2992 emitido por el presidente Maduro. Esta resolución prohíbe absolutamente los derechos a la manifestación pacífica y reuniones públicas. La decisión es tomada antes de las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, que se realizarán este domingo 30 de julio. Este Decreto viola derechos establecidos en los artículos 53, 57, 58 y 68 de la Constitución Nacional; así como los artículos 19 y 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y otros tratados de derechos humanos. En este sentido, el recurso de nulidad con amparo cautelar introducido por Espacio Público solicita que se suspenda de forma inmediata el Decreto Presidencial 2992, específicamente en lo referente a la prohibición de reunión pública y manifestación pacíficas.   Declaraciones de Reverol El Ministro de Interior Justicia y Paz, Néstor Reverol, anunció la prohibición de las manifestaciones públicas desde este viernes 28 de julio hasta el próximo martes 01 de agosto, ante la celebración de las elecciones para la Constituyente. “Se prohíben en todo el territorio nacional las reuniones y manifestaciones públicas, concentraciones de personas y cualquier otro acto similar que puedan perturbar o afectar el normal desarrollo del proceso electoral”, informó el ministro. El ministro advirtió que quien organice o instigue a realizar protestas será detenido y cumplirá una pena de 5 a 10 años. Imagen: Globovisión.    more
  • 1 junio, 2017

    10 alcaldes y el gobernador Capriles amenazados con cárcel de no prohibir protestas

    La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), admitió la acción por intereses colectivos interpuesta por un grupo de ciudadanos contra los alcaldes del municipio Barinas del estado Barinas, José Luis Machín Machín y Gustavo Eduardo Marcano, del municipio Licenciado Diego Bautista Urbaneja del estado Anzoátegui. De la misma forma, en la sentencia 389/2017, del 1 de junio, la Sala admitió la demanda, bajos los mismos intereses contra el gobernador del estado Miranda Henrique Capriles Radonski. Así lo indicó el TSJ en las sentencias N° 376/2017,  N° 377/2017 y N° 389/2017 que además acordó el amparo cautelar solicitado, ordenándoles realizar todas las acciones y utilizar los recursos materiales y humanos necesarios, en el marco de la Constitución y la ley, a fin de evitar que se coloquen obstáculos en la vía pública que impidan el libre tránsito de las personas y vehículos, así como proceder a la inmediata remoción de tales obstáculos y mantener las vías y zonas adyacentes a estas libres de barricadas. La Sala también les ordenó cumplir con su labor de ordenamiento del tránsito de vehículos para garantizar un adecuado y seguro desplazamiento por las vías públicas, y ejercer la protección de los vecinos y habitantes del municipio, impidiendo reuniones en las vías públicas que coarten el libre tránsito. Esta demanda se suma a la admitida el 24 de mayo, por la misma Sala contra ocho alcaldes, lo que sumaría un total de diez municipios afectados. Sus alcaldes están amenazados con pena privativa de libertad de no evitar el desarrollo de protestas en su jurisdicción. El derecho a la manifestación se encuentra consagrado en el texto constitucional, concretamente en los artículos 53, 62 y 68. Este derecho sólo está sujeto a la prerrogativa de que la manifestación sea realizada de manera pacífica, tal y como lo establece el artículo 68 de la Carta Magna. En el Derecho Internacional de los Derechos Humanos existe una presunción en favor de la celebración de reuniones pacíficas, independientemente de sus manifestantes. El efecto de esta presunción es que las manifestaciones deben ser asumidas como pacíficas, y conductas individuales ilegales no pueden afectar a la manifestación ni otros manifestantes. Asimismo, por efecto de la presunción favorable, no es legítimo pre juzgar la conducta de manifestantes por su vestimenta, apariencia física, ni siquiera por sus creencias o demandas. Finalmente, en caso de que en las protestas, una persona o grupo de manifestantes ejecutara acciones violentas, es necesario recordar que “los delitos que cometan algunas personas no deben atribuirse a otras cuyas intenciones y comportamiento es pacífico” como lo expone Maina Kiai. Las sentencias emanadas por la Sala Constitucional refuerzan el carácter restrictivo adoptado por el Estado frente a la ola de manifestaciones en contra del gobierno nacional registradas desde finales de marzo de este año. Fuentes: Tribunal Supremo de Justicia, 31 de mayo de 2017, TSJ ADMITE DEMANDA POR INTERESES COLECTIVOS Y DIFUSOS CONTRA ALCALDE DEL MUNICIPIO LICENCIADO DIEGO BAUTISTA URBANEJA DE ANZOÁTEGUI. Recuperado en https://goo.gl/0EmXer Tribunal Supremo de Justicia, 01 de junio de 2017, TSJ ADMITE DEMANDA POR INTERESES COLECTIVOS Y DIFUSOS CONTRA GOBERNADOR DEL ESTADO MIRANDA. Recuperado en https://goo.gl/K3SJbS El Universal, 31 de mayo de 2017, TSJ admite demanda contra alcaldes de Barinas y Anzoátegui. Recuperado en https://goo.gl/a8W0ND Globovisión, 01 de junio de 2017, TSJ admite demanda contra Gobernador Henrique Capriles. Recuperado en https://goo.gl/yRfRHJ   Foto: Francisco Bruzcomore
  • 26 mayo, 2017

    CIDH preocupada por el agravamiento de la violencia y uso de la jurisdicción militar para procesar civiles

    Comunicado integro
    26 de mayo de 2017
    Buenos Aires – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su profunda preocupación por el procesamiento y detención de civiles en la jurisdicción penal militar y el uso de operaciones militares para el control de manifestaciones públicas en Venezuela. La CIDH está dando seguimiento muy cercano a la situación de protestas masivas en Venezuela desde que iniciaron hace unas ocho semanas. La Comisión ya ha manifestado su extrema preocupación por los hechos de violencia y su alarma sobre la militarización y el llamado del Gobierno a armar a milicias civiles. Lamentablemente, la situación continúa agravándose, y el número de personas muertas, heridas y detenidas está permanentemente en aumento. Según la información presentada públicamente por la Fiscal General de la República, desde el 6 de abril al 24 de mayo el Ministerio Público de Venezuela tiene registradas 55 personas fallecidas por hechos de violencia, 52 de ellas civiles y 3 funcionarios. Asimismo, el Ministerio Público informó tener registro de más de mil personas lesionadas, incluyendo 771 civiles y 229 funcionarios. Indicó que 346 bienes se han visto afectados durante los hechos de violencia. La Fiscal General informó que hay 1465 investigaciones en curso, que se ha imputado a 2674 personas por diferentes delitos, y que 284 de estas personas han sido privadas de libertad. Organizaciones de la sociedad civil y voceros del Gobierno, por su parte, indican que las muertes producto de la violencia en el contexto de las manifestaciones alcanzarían las 60 víctimas, incluyendo seis adolescentes, y que del 1º de abril al 24 de mayo de 2017, habría 2815 manifestantes arrestados, de los cuales 1240 permanecen detenidos. En respuesta a la situación de violencia el Gobierno anunció la activación de la segunda fase de la operación cívico - militar conocida como “Plan Zamora”. A través de esta operación, en la cual participan funcionarios policiales y militares y también grupos de civiles armados, se ha procedido a realizar detenciones masivas y a aplicar la jurisdicción penal militar a los civiles detenidos en las manifestaciones.  De acuerdo a la información disponible, esta segunda fase del “Plan Zamora” implica el traslado de 2.000 efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana y 600 tropas de operaciones militares. Se ha reportado que 341 civiles están siendo procesados en la jurisdicción penal militar, de los cuales 178 permanecen detenidos en dicha jurisdicción. La Fiscal General de la República, Luisa Ortega, expresó su preocupación por la situación de las personas civiles detenidas en jurisdicción militar. “Estamos preocupados por la situación en que puedan estar”, dijo en rueda de prensa. Dijo que ha solicitado a la Fiscalía General Militar el número de procesos y detenidos y que el Ministerio Público busca verificar el estado de salud y el estado de detención en que se encuentran estas personas. Asimismo, la Fiscal subrayó la importancia de que los procesos sean abiertos en jurisdicciones naturales a los detenidos. Sobre la detención de civiles en jurisdicción militar, la Fiscal indicó: “Nosotros creemos que es contrario a los mandatos y principios emanados de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como lo dije anteriormente, que viola el principio del juez natural, así como también los instrumentos suscritos y ratificados por la Republica en materia de derechos humanos”. La CIDH expresa su profunda preocupación por el uso del poder punitivo del Estado para disuadir, castigar o impedir el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y a la participación social y política en forma más amplia. En particular, la Comisión Interamericana recuerda que el uso de la jurisdicción penal militar para el procesamiento de civiles implica la violación de una serie de derechos, como el derecho al juez natural, y desnaturaliza las garantías judiciales de manera transversal en todo el proceso, lo cual tiene grave consecuencias en la vigencia del Estado de Derecho. “Instamos de manera urgente y enfática al Estado de Venezuela a cesar el procesamiento de civiles en jurisdicción militar”, dijo el Presidente y Relator de la CIDH para Venezuela, Comisionado Francisco Eguiguren. “Es contrario a los estándares interamericanos de derechos humanos procesar a civiles en la jurisdicción militar por participar en protestas y manifestaciones”. La Comisión llama a las autoridades venezolanas, una vez más y con carácter urgente, a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, incluyendo el deber de procesar los delitos comunes en la jurisdicción ordinaria. Asimismo, la Comisión Interamericana urge a Venezuela a no utilizar operaciones de naturaleza militar, como el Plan Zamora, para el control de las protestas sociales, y a abstenerse de utilizar civiles armados para el control de manifestaciones. La CIDH reitera su enérgico llamado a rechazar cualquier forma de violencia y promover la búsqueda de soluciones con absoluto apego a los derechos humanos. La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.   Foto referencial, de Francisco Bruzco.more

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