En el marco de la movilización nacional convocada por sectores de oposición denominada “La toma de Venezuela” se registraron acciones represivas, en particular en los estados del interior del país. Arremetidas de los cuerpos de seguridad, ataques de grupos civiles bajo la omisión y -en algunos casos- intervención de funcionarios policiales y militares, dejó un saldo de al menos 143 heridos por impacto de perdigones, objetos contundentes y armas de fuego, un funcionario policial fallecido y 207 detenidos en 14 estados del país.
En Mérida se reportaron 2 detenidos y más de 100 personas heridas, tras el ataque deliberado de la policía con la amplia intervención de grupos civiles violentos, que portaban armas de fuego. El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes señaló una presencia masiva de estos grupos paraestatales en relación con otras manifestaciones, con una actitud mucho más violenta que en ocasiones anteriores, cuya presencia es constante. Estos grupos irregulares practicaron detenciones y protagonizaron persecuciones en los centros de atención médica contra los heridos. Los patrones de las lesiones no concuerdan con el impacto de perdigones convencionales, las heridas son notoriamente más graves, lo que supone algún tipo de modificación en los dispositivos que generan mayor daño, incluso con disparos a distancia.
En este video compartido por el diputado Luis Loaiza se observa la acción conjunta de grupos civiles armados y cuerpos de seguridad
En este vídeo se constata cómo PoliMerida escolta a colectivos para agredir a ciudadanos en Mérida pic.twitter.com/7sGPMer9ZE
En el Zulia seis (6) personas resultaron heridas, tres (3) de ellas por armas de fuego accionadas por grupos civiles con la presencia de la Policía de San Francisco, durante la protesta en la Circunvalación 1 de Maracaibo. Yuranni Durán recibió impacto de bala en una pierna; Pedro Medina resultó con impacto de bala en el abdomen, fue intervenido quirúrgicamente y se encuentra en recuperación; Jaider Domínguez, herido por disparo en la mano, con fractura; y Valmore Rodríguez, de 56 años, con herida en la cabeza por objeto contundente.
En Barinas hubo seis (6) personas heridas durante enfrentamientos con la policía estadal y la Guardia Nacional Bolivariana, durante la toma de la redoma industrial, en la entrada de la ciudad. La situación pasó de pacífica a violenta cuando protestantes se negaron a abrir la vía. Tras las primeras detonaciones de bombas lacrimógenas, los manifestantes respondieron con lanzamiento de objetos contundentes que eran devueltos por los funcionarios. Una de ellas impactó en el rosto de Junior Ayala, dirigente de Primero Justicia, quien perdió un ojo, mientras que el asistente del concejal José Calderón sufrió una herida en la cabeza. Seis hombres y una mujer resultaron detenidos y presuntamente, serán puestos a la orden la Fiscalía para ser imputados.
En Guárico, tras ser reprimida con bombas lacrimógenas la movilización opositora en el centro de San Juan de Los Morros, seis (6) personas resultaron detenidas, según la militancia del partido Primero Justicia.
Monagas reportó 17 personas heridas y 12 detenidas por la policía estadal luego de ser dispersada la protesta con bombas lacrimógenas en la ciudad de Maturín, según el balance ofrecido por el líder opositor, Henrique Capriles.
En Lara cinco (5) personas fueron detenidas en El Cardenalito por funcionarios militares de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), mientras que manifestantes fueron amenazados y agredidos por registrar las acciones represivas. En horas de la tarde fueron puestos en libertad plena.
En estado Miranda, municipio Los Salias, falleció un policía tras recibir un disparo mientras intentaba mediar con manifestantes para abrir el paso. Se reportaron dos (2) heridos y seis (6) detenidos.
En la ciudad de Cumaná, estado Sucre, unas 20 personas habrían sido detenidas en la Policía Municipal, según información reportada por el diputado Robert Alcalá a través de su cuenta en Twitter. Esto sucedió a tempranas horas de la mañana. Para la tarde se contabilizaban unas 40 detenciones. Al final de la tarde todos habían sido liberados.
En Nueva Esparta, jóvenes se movilizaron hacia la plaza donde se ubica la estatua de Chávez, fueron reprimidos por Policía Nacional Bolivariana (PNB), se contaron 40 detenidos y 3 heridos.
En Aragua se reportaron ataques de grupos armados contra manifestantes que se encontraban en la calle Santos de Maracay. Tras refugiarse en edificios cercanos, la ciudadana Laura Lara fue golpeada por al menos 5 efectivos de la Policía del estado Aragua luego de reclamarles a los funcionarios por permitir la arremetida de los grupos civiles. Lara fue una de las detenidas junto con otras 71 personas. La situación fue grabada por un video de seguridad del edificio.
ATN Esto fue hoy en Maracay, vean! ATN Sec Gral OEA @Almagro_OEA2015 Así actúa el Gob de Maduro contra quienes piden Revocatorio pic.twitter.com/4BPSICG0S8
En Carabobo, funcionarios militares de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), PoliCarabobo, Policia Nacional Bolivariana y Policía de Valencia reprimieron con perdigones y gases lacrimógenos a los manifestantes que se mantenían desde primeras horas de la mañana en el distribuidor El Trigal y en el sector Mañongo de Naguanagua. Durante la manifestación cinco personas resultaron detenidas por funcionarios de la policía de Valencia. A los manifestantes se les decomisó bombas molotov y un arma de fuego.
En Táchira la movilización se dividió y el grupo que se fue hacia el Consejo Nacional Electoral fue reprimido. El CNE denunció el ataque a sus instalaciones y un intento de incendio. Nueve personas fueron detenidas.
En el estado Falcón se registraron cuatro (4) personas heridas, mientras que en Apure hubo tres (3) detenidos.
Derechos violentados y ruptura institucional
La intervención de militares en labores de orden público es inconstitucional (art. 332). Esta corresponde expresamente funcionarios policiales civiles y en todo caso la participación militar debe estar subordinada a aquella. Efectivos militares actúan unilateralmente o lideran acciones represivas junto a organismos policiales municipales o estadales. En otros casos los funcionarios actúan en complicidad grupos civiles armados al secundar la arremetida de estos contra manifestantes. Esto revela la lógica delictiva que impera en los organismos de seguridad ciudadana, con responsabilidad compartida entre superiores y subordinados. Además de constituir delitos penales, no prescriben por ser violatorios del derecho a la integridad física y a la manifestación pacífica.
La actitud permisiva de cuerpos de seguridad frente a arremetidas de grupos civiles, el uso de armas de fuego, de perdigones modificados, e incluso la devolución de objetos contundentes contra los manifestantes revela la ausencia total de procesos regulares apegados a derecho, una actitud combativa y hostil de organismos que están en la obligación de velar y garantizar el derecho humano a la protesta pacífica en respeto pleno de la integridad y vida humana.
El cierre de mecanismos institucionales y democráticos para resolver la crisis y las diferencias en un contexto de alta polarización facilita escenarios violentos que el Estado está obligado a contener en el marco de la ley. Sin embargo la hostilidad recrudece cuando los organismos de seguridad, obligados aún más por las circunstancias a velar por el disfrute de las libertades fundamentales, se han convertido deliberadamente en victimarios, en amenaza directa, al protagonizar ataques contra ciudadanos.
Ante la vulneración de las garantías ciudadanas básicas, Espacio Público exige:
- Al gobierno nacional, retomar el hilo constitucional y prácticas institucionales en vez de utilizar a los organismos como brazos políticos o al servicio de grupos violentos. Esto desdibuja la naturaleza del Estado de derecho y sus obligaciones en materia de derechos humanos y libertades fundamentales, que se han visto rápidamente vulneradas en los últimos años, pero que devino en un punto crítico con consecuencias imprevisibles tras la suspensión de las elecciones.
- Garantías auténticas para el ejercicio de la protesta pacífica, el respeto a la vida y a la integridad física como obligación estatal ineludible a nivel nacional e internacional en materia de derechos humanos.
- Investigación expedita e independiente para determinar la responsabilidad y sanción por la muerte del policía del estado Miranda; de funcionarios policiales y militares que incursionaron en uso desproporcionado de la fuerza, en vinculación con grupos armados, que deben ser igualmente investigados, desmantelados y sancionados.
- A los organismos internacionales e interestatales vigilar y sancionar a Venezuela ante la ruptura del orden constitucional que atenta contra sus obligaciones en el marco del Estado de derecho y de justicia. Exigimos la activación de los mecanismos necesarios para restituir el orden y las garantías como única vía para la resolución democrática, soberana y pacífica de la crisis nacional.
Fuentes:
*La foto inicial es la captura de un Tweet del gobernador del estado Mérida, Alexis Ramírez (@GobAlexisR), horas antes de las manifestaciones.
Información del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (Uladdhh) y de la Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia (Codhez).
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Cuenta de Twitter de Primero Justicia en Guárico https://goo.gl/6VFjbF
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Cuenta de Twitter de Funpaz https://goo.gl/YWW903
Cuenta de Twitter de Henrique Capriles https://goo.gl/Pw3vbG
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Consejo Nacional Electoral, 26 de octubre de 2016, CNE denunció ante Ministerio Público ataque contra ORE Táchira. Recuperado el 27/10/2016 en https://goo.gl/gxglm9
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