{"id":16,"date":"2018-11-23T04:23:40","date_gmt":"2018-11-23T04:23:40","guid":{"rendered":"http:\/\/manifestar.org\/protestas2017\/?p=16"},"modified":"2018-11-30T02:09:01","modified_gmt":"2018-11-30T02:09:01","slug":"ministerio-publico-y-protestas-de-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/manifestar.org\/protestas2017\/ministerio-publico-y-protestas-de-2017\/","title":{"rendered":"Ministerio P\u00fablico y protestas de 2017. La represi\u00f3n y el desmantelamiento del Estado de Derecho"},"content":{"rendered":"\t\t
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Ministerio P\u00fablico
y protestas de 2017.
<\/strong>La represi\u00f3n y el desmantelamiento del Estado de Derecho <\/strong><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t

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Por Luisa Ortega<\/p>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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El 2017 fue un a\u00f1o dif\u00edcil para todos los venezolanos, debido a un c\u00famulo de decisiones desacertadas de la clase pol\u00edtica del pa\u00eds.<\/p>

La progresiva crisis pol\u00edtica, econ\u00f3mica y social, incrementada por una alt\u00edsima inflaci\u00f3n y escasez general de alimentos y medicinas presentaban un escenario delicado. Esta realidad trajo como consecuencia que, en diciembre de 2015, la oposici\u00f3n resultara vencedora en las elecciones parlamentarias, asumiendo el control de la Asamblea Nacional por primera vez en 17 a\u00f1os.<\/p>

Antes de hacer entrega de la Asamblea Nacional, los parlamentarios oficialistas salientes designaron arbitraria e ilegalmente nuevos Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, mediante un procedimiento claramente irregular, lo que gener\u00f3 una serie de desconocimientos rec\u00edprocos entre el Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo que produjo una crisis pol\u00edtica e institucional de las m\u00e1s severas conocidas en el pa\u00eds.<\/p>

Estos desconocimientos comienzan a finales de 2015 e inicios de 2016, cuando los nuevos magistrados desincorporaron a los diputados electos por el estado Amazonas. El objetivo era evitar la mayor\u00eda calificada de la oposici\u00f3n en la Asamblea Nacional. Ante la falta de respuesta del Tribunal Supremo de Justicia, aproximadamente siete meses despu\u00e9s los parlamentarios opositores incorporaron a los referidos diputados. Ante esa acci\u00f3n, el Tribunal Supremo s\u00ed respondi\u00f3 de manera inmediata, anul\u00f3 ese acto y declar\u00f3 a la Asamblea Nacional en desacato.<\/p>

Tambi\u00e9n durante 2016 el Poder Electoral hizo inviable el referendo revocatorio presidencial y posterg\u00f3 las elecciones de gobernadores que correspond\u00edan para diciembre de ese a\u00f1o, sin precisar ninguna fecha, lo que ocasion\u00f3 que los gobernadores quedaran ejerciendo sus funciones de facto, incluso siendo algunos designados discrecionalmente por el Ejecutivo Nacional sin elecci\u00f3n popular en los estados Carabobo, Barinas, Sucre y Anzo\u00e1tegui.<\/p>

En enero de 2017 la bancada opositora de la Asamblea Nacional declar\u00f3 el \u201cabandono del cargo\u201d del presidente Nicol\u00e1s Maduro, medida de cuestionada legalidad que s\u00f3lo agudizar\u00eda la crisis.<\/p>

Dos meses despu\u00e9s, a trav\u00e9s de las Sentencias 155 y 156, el Tribunal Supremo de Justicia desconoce a la Asamblea Nacional y le otorga al Ejecutivo parte de sus competencias.<\/p>

Es as\u00ed como el 31 de marzo en el ejercicio de mis funciones como Fiscal General de la Rep\u00fablica, en el marco de la presentaci\u00f3n del informe anual del Ministerio P\u00fablico, denunci\u00e9 p\u00fablicamente la inconstitucionalidad de dichas sentencias, se\u00f1alando que constitu\u00edan una \u201cruptura del orden constitucional\u201d; d\u00edas despu\u00e9s impugn\u00e9 el nombramiento de los Magistrados realizados en diciembre de 2015, lo que marc\u00f3 el inicio de un sinn\u00famero de ataques sistem\u00e1ticos contra el Ministerio P\u00fablico.<\/p>

En el mes de abril, surgieron protestas y manifestaciones que desencadenaron la m\u00e1s cruda y perversa represi\u00f3n que se haya registrado en nuestra historia contempor\u00e1nea.<\/p>

La negaci\u00f3n de la realidad de lo que padece la poblaci\u00f3n y las ansias de mantenerse en el poder a toda costa, condujeron al gobierno a pisotear la Carta Magna, criminalizar la protesta ciudadana y a utilizar la fuerza p\u00fablica de forma desmedida. Se utiliz\u00f3 el Poder Judicial como instrumento de persecuci\u00f3n al servicio del Ejecutivo y el poder militar, tomando al ciudadano como un \u201cenemigo\u201d.<\/p>

Asimismo, el binomio Gobierno-PSUV dispuso de todo el aparataje comunicacional al servicio del Estado, para incitar a la poblaci\u00f3n al odio contra los manifestantes desarmados y tergiversar los hechos que se ven\u00edan suscitando, a fin de convertirlos en actos insurreccionales.<\/p>

La actuaci\u00f3n criminal de los organismos de seguridad del Estado y de civiles armados por el gobierno, bajo la direcci\u00f3n de Nicol\u00e1s Maduro y su c\u00fapula militar, ocasion\u00f3 la muerte de m\u00e1s de 131 venezolanos y dej\u00f3 miles de heridos, detenidos y torturados. Casos que fueron debidamente documentados mediante las investigaciones.<\/p>

Durante esos dif\u00edciles momentos que atraves\u00f3 la Rep\u00fablica, mi equipo de trabajo, integrado por directores, fiscales y expertos, estuvo enfocado en dirigir de manera impecable y transparente las investigaciones para establecer las responsabilidades penales correspondientes por la violaci\u00f3n generalizada y sistem\u00e1tica de los derechos humanos de los venezolanos.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Guardia Nacional disparando a los manifestantes, Francisco Bruzco, Caracas, 2017<\/p>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t

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La poblaci\u00f3n debe conocer, que dispusimos de una log\u00edstica de acci\u00f3n inmediata, que permit\u00eda a los fiscales, m\u00e9dicos forenses, criminalistas, investigadores y otros expertos, arribar a los sitios de suceso una vez se produc\u00edan los hechos violatorios de los derechos humanos.<\/p>

Esta log\u00edstica y la insistencia de los fiscales en procurar investigaciones independientes y apegadas a la verdad fueron torpedeadas por la estructura gubernamental, especialmente por los ministerios del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, y de la Defensa, de donde giraron \u00f3rdenes tendentes a impedir la actuaci\u00f3n fiscal.<\/p>

Tras la participaci\u00f3n de los fiscales del Ministerio P\u00fablico, se lograron acreditar 2.049 personas lesionadas, materializar la aprehensi\u00f3n de 33 funcionarios policiales y militares, quienes fueron presentados ante los tribunales. Sin embargo, el Poder Judicial, secuestrado por el partido de gobierno, impidi\u00f3 la detenci\u00f3n de otros a quienes se les solicit\u00f3 orden de captura, para as\u00ed evitar que se evidenciara la deliberada violaci\u00f3n de derechos humanos que estaba ocurriendo en el pa\u00eds.<\/p>

As\u00ed, constatamos que al menos en un 60% de estos casos los organismos responsables no ejecutaron las \u00f3rdenes de aprehensi\u00f3n o simplemente no procedieron con la entrega de los funcionarios incriminados, lo que dificult\u00f3 las investigaciones, y reflej\u00f3 la falta de independencia de los \u00f3rganos de justicia en Venezuela, que solo esperan \u00f3rdenes del ejecutivo nacional y de los \u00f3rganos de inteligencia para actuar.<\/p>

Como parte de la voluntad investigativa del Ministerio P\u00fablico, se efectuaron m\u00e1s de 1.600 experticias y diligencias de investigaci\u00f3n, las cuales contribuyeron a reforzar y blindar las causas penales que posteriormente sustentaron la denuncia que consignamos el 16 de noviembre de 2017 ante la Corte Penal Internacional de La Haya contra Nicol\u00e1s Maduro, Vladimir Padrino L\u00f3pez, N\u00e9stor Reverol, Gustavo Gonz\u00e1lez L\u00f3pez y Antonio Benavides Torres por la perpetraci\u00f3n de cr\u00edmenes de lesa humanidad.<\/p>

Vale recordar que, en muchos de esos casos, el Ejecutivo Nacional fungi\u00f3 de manera irresponsable como juez e investigador colocando en tela de juicio el trabajo de los fiscales, solo para desviar la atenci\u00f3n de la opini\u00f3n p\u00fablica y desvirtuar lo que realmente dictaminan las leyes y la ciencia para hacer justicia.<\/p>

Tal fue el caso de Juan Pablo Pernalete, del cual inform\u00e9 detalles el 24 de mayo de 2017. Nosotros comprobamos cient\u00edficamente, luego de que la Unidad Criminal\u00edstica del Ministerio P\u00fablico practicara m\u00e1s 90 experticias, que ese joven deportista venezolano muri\u00f3 tras ser impactado por una bomba lacrim\u00f3gena disparada por la Guardia Nacional (GN), hecho que el Gobierno Nacional trat\u00f3 de desmentir al se\u00f1alar sin pruebas que un pistola de perno habr\u00eda sido la causa de la muerte del joven manifestante, para encubrir al efectivo militar.<\/p>

El caso de Orlando Jos\u00e9 Figuera, joven de 22 a\u00f1os que fue golpeado y quemado por varias personas el 20 de mayo de 2017, en un escenario de protesta en la urbanizaci\u00f3n Altamira del municipio Chacao, estado Miranda, se logr\u00f3 comprobar que Figuera tuvo un altercado con un hombre que lo apu\u00f1al\u00f3 e hizo creer a los dem\u00e1s manifestantes que estaba robando para que lo agredieran, y no que fue atacado por ser simpatizante del r\u00e9gimen como lo asever\u00f3 Nicol\u00e1s Maduro, quien manipulo despiadadamente la tr\u00e1gica muerte de ese venezolano.<\/p>

Llevar adelante todas esas investigaciones transparentes y cient\u00edficas, hizo que Maduro ordenara al ministro de la Defensa y directores de polic\u00eda que los aprehendidos durante las protestas no fueran colocados a la orden del Ministerio P\u00fablico, sino que fueran sometidos a la justicia militar, con lo cual viol\u00f3 el principio del juez natural que consagra la Constituci\u00f3n de la Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela, argumento que sustent\u00f3 nuestra denuncia ante la CPI.<\/p>

Hubo violaciones a los derechos humanos a la poblaci\u00f3n civil de manera sistem\u00e1tica, represiones desmedidas que trataban de amilanar la voluntad y el coraje de los manifestantes que solo ejerc\u00edan su derecho de exigir condiciones de vida dignas.<\/p>

Adem\u00e1s, los fiscales lograron determinar otras irregularidades en la detenci\u00f3n de manifestantes por parte de funcionarios policiales y militares, pues en muchos casos el acta policial no explicaba de forma detallada las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que fue aprehendido cometiendo el delito, por lo que se tuvo que solicitar la libertad plena de las personas, en estricto cumplimiento de la Constituci\u00f3n, las leyes y el debido proceso.<\/p>

Un ejemplo vivo de esto fue lo ocurrido en Nueva Esparta en esa \u00e9poca, donde se aprehendieron 38 ciudadanos por parte de la GN, quienes una vez entregados a efectivos del Cuerpo de Investigaciones Cient\u00edficas, Penales y Criminal\u00edsticas, estos desconoc\u00edan las razones por las que fueron detenidos. El Ministerio P\u00fablico solicit\u00f3 la nulidad de tal decisi\u00f3n por carecer de sustento, pero en esa oportunidad el tribunal los mantuvo detenidos de manera ilegal, practica que luego se generaliz\u00f3 en todo el pa\u00eds.<\/p>

Todas esas acciones en pro de la justicia id\u00f3nea desencadenaron la ira del Gobierno. Por ello, la ilegal y fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente instalada el 30 de julio de 2017, tuvo como primera acci\u00f3n el desmantelamiento del Ministerio P\u00fablico. Su prioridad no fue atacar el hambre o la escasez de medicamentos, entre otros problemas que desencadenaron la ola de protestas, sino apoderarse de la \u00fanica instituci\u00f3n que se manten\u00eda firme garantizando el respeto a la Constituci\u00f3n.<\/p>

Esta tarea la fijan el 31 de marzo de 2017 cuando denunci\u00e9 ante los medios de comunicaci\u00f3n social que las sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia evidenciaban una ruptura al orden constituciona<\/strong>l que acab\u00f3 con mi salida ilegal del cargo el 5 de agosto de ese mismo a\u00f1o, por medio de un viciado antejuicio de m\u00e9rito del TSJ.<\/p>

Siempre he sostenido que no debemos avalar la violencia como arma de acci\u00f3n pol\u00edtica, pues la pol\u00edtica no debe conducirnos a la guerra; la pol\u00edtica es el ejercicio de la negociaci\u00f3n y en un pa\u00eds democr\u00e1tico, la confrontaci\u00f3n de ideas en el marco de las diferencias, guiado por la Constituci\u00f3n.<\/p>

No obstante, la paz no se decreta, se construye con instituciones fuertes que garanticen el ejercicio del derecho de todos los venezolanos, sin ning\u00fan tipo de discriminaci\u00f3n pol\u00edtica.<\/p>

Nuestra Venezuela ha ca\u00eddo en un abismo por la mezquindad, corrupci\u00f3n y desconocimiento de un sector gobernante irresponsable que ya comprob\u00f3 su ineficiencia. Urge organizar a la ciudadan\u00eda para entre todos reconstruir la Rep\u00fablica, de esa manera, lograremos crear una estructura p\u00fablica y privada que garantice el bienestar de la ciudadan\u00eda a trav\u00e9s del trabajo y la educaci\u00f3n. Una vez salgamos de esta pesadilla, nuestro deber como sociedad pasa por concienciar sobre lo que hoy sufrimos, para no permitir que jam\u00e1s un gobierno irresponsable e incapaz como el de Nicol\u00e1s Maduro pueda dirigir nuevamente el destino del pa\u00eds.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Luisa Ortega D\u00edaz
Abogada venezolana. Fiscal general del Ministerio P\u00fablico, cargo que ejerci\u00f3 desde el 13 de diciembre de 2007, por el per\u00edodo entre 2008 y 2014, un lapso de siete a\u00f1os, siendo ratificada por el Parlamento por un per\u00edodo igual el 22 de diciembre de 2014 (2014-2021). Tras salir del pa\u00eds por la persecuci\u00f3n en su contra, fue destituida irregularmente el 5 de agosto de 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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