La descalificación de los manifestantes y de la protesta también constituye una forma de criminalizar, desacreditar y subestimar acciones que además de legales, son legítimas en razón de las necesidades y exigencias de las personas en un momento dado.
Los derechos a la libertad de reunión pacífica, a la libertad de expresión y a la libertad de asociación son derechos humanos garantizados a todas las personas, aunque su ejercicio pueda estar sujeto a ciertas restricciones, de acuerdo con las obligaciones contraídas por el Estado en virtud de los instrumentos internacionales de derechos humanos aplicables.
Toda persona debe poder expresar sus quejas o aspiraciones de manera pacífica, entre otras cosas mediante manifestaciones públicas, sin temor a ser lesionado, golpeado, detenido y recluido de manera arbitraria, torturado, asesinado u objeto de desaparición forzada.
El Estado debe evitar el uso de la fuerza en manifestaciones pacíficas. En los casos en que dicho uso sea absolutamente necesario, nadie debe ser objeto de un uso de la fuerza excesivo o indiscriminado.