Pasados 100 días desde el anuncio de excarcelación de personas venezolanas y extranjeras por parte del entonces diputado de la asamblea nacional, Jorge Rodriguez, familiares de personas detenidas arbitrariamente por razones políticas permanecen en vigilia en distintos centros de reclusión para exigir la liberación de sus seres queridos.
Lo que inició como una estrategia de vigilancia por parte de los familiares en las puertas de los principales centros penitenciarios para presionar la promesa oficial, se ha convertido en un proceso arbitrario, discrecional y cargado de incertidumbre para los familiares de las víctimas que exigen fe de vida de sus familiares y su liberación plena e inmediata.
Hitos de la vigilia (Enero – Abril 2026)
Las vigilias comenzaron con fuerza a pocas horas de los anuncios oficiales. Entre el 8 y 12 de enero se reportaron las “primeras noches de velas”. De acuerdo a los reportes, cerca de 30 familias pernoctaron en las inmediaciones del centro de detención de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en la Zona 7 en Boleita, al este de la ciudad de Caracas. Los familiares también recibieron comida y otros enseres mientras esperaban por más excarcelaciones.
El mismo 8 de enero, datos de organizaciones no gubernamentales señalaron que efectivamente solo 42 personas fueron liberadas. Sin embargo, el lunes 12 de enero, las familias en medio de la desesperación denunciaron que muy pocas personas habían sido excarceladas a pesar de los anuncios y la presión. Y que además, las restricciones legales se mantenían.
Mientras que en el centro de detención el Rodeo I, otros reportes señalaron que alrededor de 15 familias, llevaron colchones e instalaron carpas para dormir denunciando la falta de información verificable sobre el estado de sus familiares. Por su parte, vecinos de la comunidad se han solidarizado apoyando con insumos; sin embargo, expresaron sentir miedo ante las posibles represalias de los cuerpos de seguridad.
“Yo llegué el viernes. Los primeros días fueron de dormir en la acera (…) Los vecinos de la zona han sacado los cojines, colchas, cobijas, comida y agua. Se han solidarizado con todos”, expresaron vecinos de la comunidad.
Por su parte, el gobierno nacional aseguró que más de 400 personas fueron excarceladas, una cifra muy superior a la registrada por organizaciones de derechos humanos y políticas que condenaron la falta de transparencia y la ausencia de una lista con los nombres y la identidad de los beneficiarios de la medida.
El 19 de febrero y tras 41 días de vigilia, familiares de las personas detenidas arbitrariamente por razones políticas levantaron la huelga de hambre que mantenían en la Zona 7 de Boleíta, tras 72 horas de ayuno sostenido, deterioro físico y mental acumulado y la falta de respuesta procesal, informó el Comité por la Liberación de los Presos Políticos (Clippve).
Diversos testimonios indicaron que algunas mujeres se descompensaron, sufriendo desmayos y presión arterial alta. Narwin Gil, familiar del preso político José Gregorio Farfan, fue el último en abandonar la huelga de hambre, tras permanecer más de 130 horas sin consumir alimentos. A pesar de enfrentar un contexto de alto riesgo para su salud, Gil señaló en un video:
“Éramos 10 y consecutivamente nos fuimos descompensando (…) hoy hago presente que mi cuerpo ya no toleró más la huelga de hambre”.
Entre el 14 y 15 de febrero, y a pocas horas después de iniciarse la huelga, 17 personas fueron excarceladas; sin embargo, muchos otros permanecen detenidos en los distintos centros de reclusión. Clippve, denunció que los funcionarios impidieron el ingreso de medicinas y otros insumos para atender a las personas que aún permanecen detenidas y bajo huelga de hambre y recordó que la medida se suma a la ya recurrente negación médica.
La medida de suspensión de la huelga de hambre se dio en medio del debate por la aprobación de la Ley de Amnistía; en donde organizaciones de derechos humanos como Justicia Encuentro y Perdón alertaron sobre el complejo panorama de justicia que atraviesa el país. En su balance advierten que el Estado venezolano “ha dejado de operar bajo los principios de legalidad y separación de poderes para integrarse plenamente en una arquitectura de control social y neutralización de la disidencia”.
A los 60 días de iniciadas las vigilias, en diferentes centros de detención, madres, hermanas, esposas y otros familiares realizaron oraciones y consignas para exigir la liberación de sus seres queridos. En las distintos puestos de la Policía Nacional Bolivariana, localizados en La Yaguara, Rodeo en el estado Miranda y Zona 7, respectivamente, los familiares, elevaron plegarias mientras esperaban respuestas sobre los procesos judiciales de sus allegados.
En el centro de detención La Yaguara en el oeste de la ciudad, los familiares mostraron fotos de distintos detenidos mientras clamaban por su pronta liberación. Es el caso de Gabriela Torres, hija de Juan Carlos Torres, que fue detenido el pasado 10 de septiembre del 2025 junto a su esposa, Elizabeth Rodriguez -ya liberada-, denunció que sus padres sufrieron maltrato durante la detención y que ambos fueron golpeados. Torres exigió la pronta liberación de su padre, ya que asegura que se encuentra en muy mal estado de salud y sufre de diabetes.
Tras cumplirse 100 días del inicio de las vigilias, la información disponible indica que los parientes reforzaron los campamentos con carpas y pancartas, mientras las excarcelaciones avanzan a cuenta gotas. El pasado el jueves 16 de abril, fueron liberadas 46 de las 170 personas detenidas vinculadas a la industria petrolera, acusados por delitos como sabotaje, corrupción y contrabando (varios de ellos sin estar vinculados directamente a la industria), y que se encontraban detenidas en el centro penitenciario de Yare.
Por su parte y de acuerdo al conteo realizado por activistas y organizaciones de los derechos humanos, solo 180 personas de más de 760, han logrado salir bajo la aplicación de la ley. Activistas como Adriana Baduel, calificó la situación como “una burla” donde sigue “imperando la mentira, el sufrimiento y la revictimización” de las personas detenidas mientras se encontraban a las afueras de las instalaciones del Rodeo I. Baduel quien es hermana del Josnar Baduel, denunció que en los últimos 10 días se han incrementado los castigos y el trato cruel en contra de las personas presas por razones políticas.
A casi dos meses que la Ley de Amnistía fue aprobada por Delcy Rodríguez, la evidencia muestra que el uso de criterios discrecionales, retraso procesal, burocracia penitenciaria impide la concreción de las liberaciones. Gilda Suárez, hermana de Rene Suárez encarcelado en Yare desde hace 9 meses, expresó que el grupo que fue liberado, no recibió el beneficio de la nueva Ley de Amnistía y explicó que esas excarcelaciones fueron el resultado de mesas de trabajo que se realizaron con el parlamento, que creó una comisión para abordar los casos que no contempla la ley de forma directa.
Detención injusta, deterioro de salud y otras violaciones a los DD.HH
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) emitió una denuncia que alerta sobre la grave situación que enfrentan los internos en los centros de reclusión al estar sometidos a las condiciones higiénicas deplorables, negación de asistencia médica, limitación en el acceso a insumos médicos, alimentación deficiente y amenazas a familiares por la pernocta en las inmediaciones de los centros penitenciarios, que en su mayoría viven en el interior de Venezuela, por lo que se ven obligados a trasladarse a cada centro de detención de acuerdo a los requerimientos judiciales de sus familiares.
Otras de las preocupaciones expresadas por los parientes de los privados de libertad es la implementación de tácticas de intimidación y hostigamiento contra las personas que se encuentran en las protestas. Según los testimonios de los familiares, el personal penitenciario “presuntamente solicita por orden del director pagos en dólares para evitar castigos, impedir traslados arbitrarios a penales lejanos o simplemente para no suspender el derecho a la visita familiar”.
La violación de los derechos humanos es sistemática: el trato cruel, deshumanizado e indiferente contra las personas detenidas arbitrariamente por razones políticas por parte de las autoridades se observa también al momento de entregar los artículos personales y la paquetería. Las denuncias de los familiares señalan que son víctimas de robo por parte del personal custodio, dejando a los internos en estado de “vulnerabilidad extrema”.
La presencia de patologías graves crónicas como la hipertensión arterial y diabetes, que no reciben atención médica oportuna, se ha convertido en otra de las preocupaciones de los familiares. El balance del año 2025 de la organización Justicia Encuentro y Perdón, también advierte sobre las condiciones mínimas de salubridad de los centros penitenciarios, en donde también aseguran que condiciones manejables se han convertido en casos crónicos debido a la falta de diagnóstico y atención.
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, aprobada en el 2019, advirtió que la represión continúa incluso con el gobierno dirigido por Delcy Rodriguez y señala que la Ley de Amnistía fue aprobada de manera apresurada y poco transparente, sin mecanismos claros para investigar las violaciones de derechos humanos.
Alexis Neve, experto y miembro de la Misión declaró que “Una ley de amnistía ofrece una oportunidad para brindar justicia y aliviar el sufrimiento de las numerosas personas que han sido detenidas ilegalmente por motivos políticos en Venezuela”.
La Misión también denuncia el carácter arbitrario y restrictivo de la ley. También destaca que “el proyecto de ley señala que la amnistía tiene por finalidad promover la paz, la convivencia democrática y la reconciliación nacional”. Sin embargo, “sigue preocupada por la ausencia de consultas públicas informadas, inclusivas y seguras”. Sin mecanismos transparentes y procesos claros, no se pueden investigar violaciones a los derechos humanos. En ese sentido, es indispensable que se implemente de manera integral y transparente.
Imagen: EFE