Venezuela atraviesa una ola represiva que se intensificó tras el 28 de julio, que suma miles de personas detenidas, según cifras oficiales, y al menos 20 personas asesinadas como consecuencia del abuso de la fuerza pública y la intervención de grupos civiles armados, en el contexto de manifestaciones políticas pacíficas.
Este periodo poselectoral reitera patrones de persecución y discriminación por razones políticas que están siendo investigadas por tribunales penales internacionales. Hoy tales políticas se ejecutan nuevamente de forma masiva hacia personas manifestantes por sus opiniones críticas a la postura gubernamental, e incluye a quienes cuestionan de forma legítima al gobierno y sus funcionarios, o que simplemente intentan cumplir sus labores, como periodistas y medios de comunicación.
A la represión física de la protesta mediante el uso de armas de fuego, se sumaron nuevos mecanismos de delación contra los manifestantes por ser supuestos “enemigos políticos”; altos funcionarios ordenan y promueven que se denuncien a estas personas a fin de facilitar sus detenciones arbitrarias que no respetan las formas mínimas del debido proceso. Esto masificó prácticas extorsivas preexistentes y propias del sistema judicial penal que empeoran las condiciones de reclusión y suma sufrimiento a las víctimas y sus familiares, afectando especialmente a personas de bajos recursos económicos.
La represión estatal de cara al proceso electoral presidencial inició mucho antes, al menos desde la convocatoria a la elección de la candidatura opositora en las primarias de octubre de 2023. La prohibición de la cobertura de la elección, los procesos judiciales abiertos y detenciones hacia personas vinculadas a la elección fueron seguidas a inicios de este año con la reactivación de la llamada Furia Bolivariana, que derivó en amenazas y decenas de detenciones arbitrarias.
A medida que se acercaba el día de la elección, la persecución hacia activistas, partidos políticos, periodistas, liderazgos sociales, medios de comunicación y organizaciones, aumentó. Más de 70 personas fueron detenidas en los primeros 10 días de la campaña electoral, la mayoría vinculadas con la campaña de Edmundo González y/o la logística de las visitas de María Corina Machado a las regiones del país.
Radicalización de la violencia estatal
El 29 de julio iniciaron protestas masivas a nivel nacional en rechazo a los resultados electorales y la falta de transparencia por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE). Ese mismo día, sin los resultados ni actas publicadas, Elvis Amoroso, presidente del CNE, proclamó ganador a Nicolás Maduro. Por su parte, Machado y González anunciaron la recolección de más del 70% de las actas; su publicación en un sitio web (que fue posteriormente bloqueado en Venezuela) y que mostró los resultados discriminados por mesa de votación en todo el país y dan por ganador a Edmundo González.
Esta información alimentó las protestas, en su mayoría pacíficas, en contra de los resultados proclamados por el CNE, así como la circulación de información por vías digitales en desconocimiento del triunfo declarado de Maduro. Las detenciones arbitrarias masivas empezaron a registrarse el mismo 29 de julio, realizadas por funcionarios de cuerpos de seguridad pública entre los que se incluye el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN),la División de Inteligencia de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
Declaraciones de Nicolás Maduro el lunes 29 invocaron mecanismos de detenciones arbitrarias aplicados desde las protestas masivas registradas en el año 2017: la operación “tun tun”, que consiste en visitas y allanamientos ilegales para la detención de personas identificadas como participantes en las protestas o por circular información contraria o crítica a lo anunciado por el CNE. Cientos de manifestantes fueron detenidos durante el ejercicio del derecho a la protesta pacífica o de forma posterior tras ser identificadas como presuntas participantes, la mayoría provenientes de zonas populares. Al respecto, oficialmente se anunció la detención de más de 2 mil personas en menos de una semana, esto incluye periodistas, activistas políticos, y al menos 73 personas menores de edad ((Registro basado en reportes públicos de prensa, hospitales y organizaciones, desde el 29 de julio al 7 de agosto de 2024)).
Los delitos imputados suelen ser terrorismo, instigación al odio, instigación pública, asociación, alteración del orden público u obstrucción de la vía pública y en ciertos casos, homicidio. Entre las normativas usadas en estos contextos represivos está la denominada “ley contra el odio”, cuya imprecisión permite su aplicación discrecional contra personas que se expresan o manifiestan de forma legal.
Entre los casos recientes que ejemplifican este patrón se encuentran: los hermanos José Manuel Robles y Miguel José Robles, detenidos el 30 de julio en su lugar de trabajo, presuntamente por funcionarios del SEBIN a causa de la publicación de videos haciendo llamados al voto. Edward Ocariz, activista y líder del comité de derechos humanos de la parroquia popular Coche, en Caracas, fue sacado de su casa el 2 de agosto y detenido de forma arbitraria. El fotógrafo Víctor La Cruz y su pareja Milexis Peña fueron detenidos el 29 de julio por funcionarios del SEBIN, en una manifestación pacífica en la ciudad de Barinas.
Rafael Sivira, coordinador juvenil de Caracas del partido político La Causa R, fue detenido la madrugada del 30 de julio por presuntos funcionarios de la División de Inteligencia de la Policía Nacional Bolivariana en las inmediaciones de La Paz, en Caracas; tras una llamada se presume que fue presentado por cargos de terrorismo y asociación para delinquir, sin haber contado con la presencia de un abogado de confianza.
Efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) detuvieron la tarde del lunes 29 de julio al camarógrafo Yuosnel Alvarado cuando caminaba por las inmediaciones de los edificios Los Marqueses, ubicados en la avenida 23 de enero de la ciudad de Barinas. Funcionarios de la DGCIM detuvieron el 30 de julio al ciudadano Francisco Dos Santos cuando grababa una marcha del oficialismo en la ciudad de Puerto Cabello, estado Carabobo.
Además, hemos conocido casos de detenciones por publicaciones en estados de WhatsApp y publicaciones de material audiovisual en redes sociales, en una lógica de delación promovida desde el Estado; autoridades ofrecen líneas telefónicas, promueven el uso de grupos de mensajería así como aplicaciones, para denunciar a personas manifestantes, que divulgan contenidos críticos, que son identificadas a través de fotos y videos, o simplemente aquellas que son consideradas como “enemigos políticos”.
A partir de los reportes de múltiples detenciones de este tipo, circulan videos que muestran a funcionarios públicos ingresando a casas y buscando a personas que aparecen en material audiovisual de manifestaciones, aún sin ser identificadas y sin contar con órdenes judiciales, como lo establece la ley.
El ciudadano Jesús Alexander Suárez fue detenido el 1ero de agosto por funcionarios del SEBIN en Puerto Cabello, estado Carabobo, por crear y difundir un video en la red social TikTok en el que menciona a Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello. Una ciudadana de 43 años fue detenida en el sector Chaparral de Ocumare del Tuy, estado Miranda, por escribir la palabra “libertad” en una calle, con la harina de maíz que comercializa el gobierno, presuntamente fue arrestada por incitación al odio.
La ciudadana Gina Paola Mercado fue detenida el 29 de julio en represalia por participar en una protesta en el centro de Caracas. Funcionarios negaron reiteradamente información sobre su paradero y situación. A la fecha, sus familiares no han podido verla, no tiene acceso a defensa de confianza, y fue acusada de terrorismo, obstrucción a la vía pública e instigación al odio. Se encuentra recluida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF).
Patrones repotenciados
La persecución ha traído como resultado la autocensura ante la ilegal revisión de equipos personales por funcionarios de seguridad pública sin órdenes judiciales, así como la detención arbitraria de personas por contenidos e información personal en sus equipos. Esto implica violaciones de los artículos 44, 48, 57, 58 y 60 de la Constitución Nacional, que protegen la inviolabilidad de las comunicaciones y la privacidad, así como la libertad personal, de contenidos e información.
En las múltiples detenciones hemos registrado patrones de actuación de los cuerpos de seguridad del Estado que son violatorias del debido proceso, actuaciones sistemáticas registradas desde hace varios años por la Misión de Determinación de los Hechos y que concretan la violación de varios derechos humanos, como la integridad personal y el acceso a la justicia.
Las desapariciones forzadas de corta duración se repiten como patrón durante las primeras horas o días de la detención de personas manifestantes, incluyendo a menores de edad como Victoria, acusada de Terrorismo a sus 16 años; según conteos de organizaciones locales sobrepasan el centenar, procesados como adultos en violación de las Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente. También involucra a personas defensoras de derechos humanos, como Yendri Velázquez y Edni López, desaparecidos en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía cuando se disponían a viajar el 4 de agosto; López continúa desaparecida hasta el 7 de agosto. Funcionarios y cuerpos de seguridad involucrados son mayormente la Policía Nacional Bolivariana y la GNB, quienes ofrecen ninguna o poca información, muchas veces inexacta o contradictoria a los familiares de las personas detenidas.
Las detenciones ocurren tras inspecciones ilegales en equipos móviles, sin orden judicial, por contenidos críticos al gobierno, a los resultados publicados por el CNE, o relacionados con la oposición. También se registran casos de personas que no están en protestas y son detenidas por transitar cerca de la zona, a la llegada o salida de su trabajo. Por otra parte, antes de las presentaciones en tribunales, tuvimos conocimiento de casos de extorsión de los cuerpos policiales a los familiares, con solicitudes de pagos que ascienden a miles de dólares. También se registran cobros de funcionarios policiales a familiares de detenidos para ofrecer información y entregar alimentos o medicinas.
Cuando se realizan, los traslados son fuera de horarios laborales, a altas horas de la noche o de madrugada. A pesar de la presencia de abogados privados y defensores de derechos humanos, la fiscalía, con autorización de las y los jueces, impone defensores públicos, quienes en la mayoría de los casos se comportan de forma hermética. Las audiencias telemáticas se han hecho frecuentes y casi por regla general, incomunican a las personas detenidas, quienes no pueden tener contacto con familiares y abogados, en violación al debido proceso. Incluso después de la audiencia de presentación y al ser trasladados al centro de detención, aún les mantienen sin contacto.
Al igual que para las audiencias, los traslados a los centros de detención no tienen hora fija, puede ser de día, noche o madrugada. Las detenciones suelen ser establecidas durante el lapso fijado para la investigación, de 45 días, de acuerdo a casos similares observados previamente. En cuanto a las detenciones masivas, en Caracas los centros de detención más comunes son los ubicados en Boleíta Sur, en Maripérez, Zona 7 y en El Helicoide, identificado por sus tratos crueles e inhumanos.
Respecto a los procesos judiciales, también se identificaron denuncias de fiscales detenidos por negarse a imputar, y defensa privada detenida por preguntar por sus defendidos. Uno de estos casos es el de la ahora ex fiscal Maglen Marín Rodríguez, detenida “por el delito de retraso u omisión intencional de funciones” al no “procesar a cuatro sujetos” que participaron en manifestaciones, según señaló el fiscal general en funciones, Tarek William Saab. Por el mismo delito fue detenida el 7 de agosto la Fiscal Rosa Maria Mota, ahora exfiscal Provisoria Décima Quinta de la Circunscripción Judicial del estado Apure, quien sería imputada por su “participación en el #delito de Retraso u omisión intencional de funciones”.
Presión y contención
La presente violencia poselectoral responde a la ejecución de patrones sistemáticos que se activan en contextos de alta conflictividad social y política. Tras el 28 de julio, estos esquemas de persecución se han extendido ampliamente gracias la acción y omisión directa del Estado, sus funcionarios y aliados, que promueven, ejecutan y acompañan prácticas de intimidación, amenaza y violencia física, en contra de quienes se expresan en contra del gobierno en funciones. La libertad de expresión, información y opinión, así como la libertad de asociación y participación están siendo severamente reprimidas a fin de imponer el silencio y la inhibición.
La vulneración sistemática de derechos humanos, incluidos los civiles y políticos, ha sido documentada por diferentes instancias de los sistemas de protección de derechos humanos. Urge que los mecanismos internacionales sumen presión al Estado venezolano para subir el costo de las arbitrariedades, frenar los abusos y procesar a las personas y mandos responsables en la comisión de delitos que suman a la lista de posibles crímenes de lesa humanidad.
Reiteramos a cada agente de seguridad y funcionario/a del Estado, formal e informal, que la responsabilidad de sus acciones es individual, por lo que pueden ser acusados personal y penalmente por cometer o facilitar graves violaciones a los derechos humanos, en la justicia nacional e internacional, y por delitos que no prescriben.
Exhortamos a la sociedad civil internacional a mantener la atención sobre Venezuela, y ofrecer su solidaridad una vez más. Esta nueva crisis puede empeorar la situación de desplazamiento forzado en el continente. Sumar voces para exigir la transparencia de los resultados electorales y el cese de la represión, es necesaria para una resolución política inmediata, pacífica y justa.
