28J: El terror como estrategia para desmovilizar

La represión postelectoral marcó un nuevo hito en la violación sistemática de los derechos humanos en el país, cuyos efectos se sostienen un año después. Detenciones arbitrarias masivas, desapariciones forzadas y asesinatos en el contexto de manifestaciones fueron denunciados por los sistemas internacionales de protección de derechos humanos. En julio de 2025, al menos cuatro adolescentes permanecen detenidos; los familiares de las víctimas son perseguidos por su activismo y las protestas disminuyeron, pero continúan.

Durante el 2024 registramos 407 protestas en todo el territorio nacional. El histórico de incidencias señala que las manifestaciones se redujeron en un 50 % respecto al 2023. A pesar de la percepción de mejora económica por parte de la ciudadanía, la situación continuó siendo crítica, debido a las barreras para acceder a bienes y servicios, al estancamiento de los salarios y a la economía inflacionaria¹.

En términos sociopolíticos, el entusiasmo ante un posible cambio experimentó una contracción significativa. Esta fue motivada principalmente por el aumento en el hostigamiento, encarcelación y persecución de actores políticos, activistas de la campaña opositora, agentes gremiales y la disidencia como consecuencia de la activación del “Plan Furia Bolivariana” a inicios del 2024², y en el marco de las elecciones presidenciales del mes de julio.

Los datos del monitoreo realizado entre enero y julio, documentaron 267 protestas pacíficas, registrando la mayor actividad en el primer trimestre del 2024, con un total de 166 manifestaciones. Las principales motivaciones fueron las fallas  en el suministro de servicios públicos como: luz eléctrica, agua potable, gas doméstico y gasolina. Asimismo, las comunidades se movilizaron para solicitar mejoras en los servicios de salud, así como acceso transparente y celeridad en los procesos de justicia.

Represión, detenciones, desapariciones forzadas y muertes

Después del 28 de julio, una tensa calma inundó el país luego que el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, anunciara que el 80% de las actas escrutadas, daban por ganador a Nicolás Maduro. El descontento popular en desconocimiento de los resultados anunciados, comenzó a circular a primeras horas del lunes 29 de julio por redes sociales y plataformas de mensajería.

Pasado el mediodía, una ola de protestas³estalló en todo el país, luego que habitantes de zonas populares tomaron las calles para manifestar su descontento, exigir transparencia en los resultados y que se publicaran las actas. Comercios y transporte paralizados, poco tráfico, combinado con un amplio despliegue policial, acompañó el miedo de la población los días siguientes. 

Las masivas protestas que fueron autoconvocadas y no tuvieron un solo foco de interés, estuvieron acompañadas de una fuerte represión, y el aumento desproporcionado de violencia estatal en contra de los manifestantes. Entre el 29 de julio y el 29 de agosto, contabilizamos⁴ 32 protestas pacíficas, el 100% fueron reprimidas, dejando un saldo de 167 personas detenidas de manera arbitraria, 77 personas menores de edad encarceladas y 26 personas asesinadas.

Sobre las detenciones arbitrarias a personas menores de edad, las autoridades negaron el arresto de niños y niñas, sin embargo, el fiscal general Tarek William Saab, precisó que el 10% de los detenidos tenían edades comprendidas entre los 16 y 17 años⁵.

Familiares y activistas denunciaron pésimas condiciones de encarcelamiento, así como, tratos crueles e inhumanos, como golpizas. Algunos padres denunciaron que sus hijos perdieron piezas dentales y les aplicaron electricidad⁶. Los testimonios señalaron que muchos de los adolescentes detenidos sufrieron cuadros depresivos y seis de ellos, intentaron suicidarse⁷.

En el estado Carabobo, siete jóvenes pasaron a juicio sin beneficios procesales. En medio de una audiencia preliminar que fue realizada de manera telemática, fueron acusados de terrorismo, incitación al odio, obstrucción de la vía pública y resistencia a la autoridad⁸.

Entre el 18 y 20 de julio de 2025, el gobierno liberó a un grupo de personas como parte de una negociación con el gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, el Comité por La Libertad de los Presos Políticos, denunció que cuatro adolescentes no fueron incluidos en la lista de las excarcelaciones por lo que permanecen recluidos⁹.

Por otra parte, la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela¹⁰de la Organización de las Naciones Unidas (en adelante: La Misión), en la primera semana de los hechos, contabilizó 23 personas fallecidas, la mayoría menores de 30 años, mientras que Nicolás Maduro señaló que 2000 personas fueron detenidas¹¹.

El Distrito Capital fue el estado que registró el mayor número de fallecidos, seguido por el estado Aragua en el contexto de las protestas post electorales¹²

La matriz de casos señala que el 2% de las acciones represivas fueron realizadas por comandos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), mientras que la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), fue la responsable de la ejecución del 0,81% de las operaciones. La responsabilidad del 0,40% de las acciones restantes recayò sobre los civiles armados no identificados, en la primera semana de la crisis post electoral¹³.

Delación y criminalización masiva

Un informe especial documentó la ejecución de “patrones de violaciones y abusos contra los derechos humanos de los ciudadanos antes, durante y después de la jornada electoral” del 28 de julio, donde un clima de terror se impuso desde la misma noche de la elección¹⁴. En el amplio conjunto de irregularidades que se denuncian, se señala el uso de tecnología para “vigilar e intimidar a los opositores”; así como, el bloqueo de sitios web de noticias, plataformas de mensajería y redes sociales.

Asimismo, nuevas formas de represión fueron detectadas y sumadas a la batería de denuncias realizadas por distintas organizaciones, en donde se advierte sobre el uso de la delación¹⁵ como un mecanismo de represalia en contra de los manifestantes por ser supuestos “enemigos políticos”¹⁶.

Una investigación realizada por ProBox, el Instituto de Democracia Digital de las Américas y el Laboratorio de Investigación Forense Digital del Atlantic Council, concluyó que el Estado venezolano entre julio y agosto del 2024, empleó las redes sociales y otras plataformas para “afianzar una campaña de criminalización masiva” y “perseguir a la disidencia”. De acuerdo a los hallazgos, el gobierno transformó “espacios en línea de un medio de manipulación, a un instrumento de represión”¹⁷.

Por su parte, el informe de La Misión determinó que la represión arbitraria y masiva de protestantes fue “instigada por las altas esferas civiles y militares del Estado, incluyendo el Presidente Maduro, a través de declaraciones públicas de carácter amenazante”¹⁸.

El 30 de julio, hablándole a sus seguidores desde el Palacio de Miraflores, Maduro dijo:

Vamos a abrir una ventana especial de la página VenApp que utilizamos para el 1×10 del buen Gobierno, con la página 58, ahora se va a abrir una especial para toda la población venezolana para que ahí de manera confidencial me pongan los datos de todos los delincuentes que han amenazado al pueblo, que han atacado al pueblo, para ir por ellos, para que haya justicia.

El clima de terror traspasó el ecosistema digital de la aplicación VenApp, y las redes sociales y se materializò a través de la operación Tun Tun¹⁹. Con los arrestos de cientos de manifestantes, activistas, militantes de la oposición, personas menores de edad y población en general, que eran percibidas como “sospechosas”, por parte de los efectivos de seguridad del Estado, el objetivo era sembrar “angustia y terror”, además de un clima de inhibición para evitar nuevas manifestaciones²⁰. La Misión consideró que se “generó un clima de terror generalizado en la población”²¹.

De acuerdo a los testimonios, los cuerpos de seguridad realizaron allanamientos ilegales, amenazas y detenciones arbitrarias. En ninguno de los casos documentados, los cuerpos de seguridad cumplieron con las garantías jurídicas mínimas establecidas en el artículo 49²², en donde se exige la presentación de órdenes de allanamientos dictadas por un juez y la presencia de fiscales del Ministerio Público²³.

Durante las detenciones masivas parte de los delitos imputados a los manifestantes fueron: terrorismo, instigación al odio, instigación pública, asociación, alteración del orden público u obstrucción de la vía pública y en ciertos casos, homicidio ²⁴. Entre los cuerpos normativos utilizados para este contexto represivo fue la denominada “Ley contra el odio”, cuya ambigüedad permite su aplicación discrecional²⁵.

Algunos de los casos que ejemplifican el patrón de abusos sistemático y represivo está el de Rafael Sivira, coordinador juvenil de Caracas del partido político La Causa R. Sivira fue detenido el 30 de julio en la madrugada por presuntos funcionarios de la División de Inteligencia de la Policía Nacional Bolivariana en las inmediaciones de La Paz, en Caracas; se presume que fue presentado por cargos de terrorismo y asociación para delinquir, sin haber contado con la presencia de un abogado de confianza²⁶.

Gina Mercado fue detenida el 29 de julio en horas de la tarde en el centro de Caracas, cuando se encontraba participando en una protesta. Funcionarios policiales negaron información sobre su paradero, situación física y de salud de manera reiterada.  Mercado cuenta con tres delitos precalificados: terrorismo, instigaciòn al odio y obstrucciòn de la vìa pùblica, también le negaron acceso a la defensa privada. Estuvo recluida en el Instituto de Orientación Femenina (INOF)²⁷.

Amnistía Internacional, advirtió sobre el peligro del uso de tecnologías para informar sobre las actividades de la disidencia y los opositores, y cuestionó severamente a las empresas que desarrollan aplicaciones que afectan “negativamente a los derechos humanos” de la población “sin una evaluación adecuada de estos riesgos”²⁸.

Intentos de control

La revisión ilegal de celulares y equipos fue otra de las estrategias para generar miedo y terror que fue ampliamente denunciada luego de las elecciones del 28 de julio. Provea expresó que la revisión ilegal de equipos celulares por parte de efectivos de seguridad “se ha convertido en un abuso común”, y explicó que esta práctica “no solo lleva a detenciones injustificadas o a sobornos arbitrarios, sino que también genera un estado de miedo y desconfianza entre las personas²⁹.

Mientras tanto en #Venezuela…

La revisión ILEGAL de celulares por policías y militares se ha convertido en un abuso común.

No es normal tener que borrar mensajes, fotos, redes o cualquier contenido por miedo a que sea “subversivo”, revisiones sin orden judicial.

El Art. 48… pic.twitter.com/bFwZClFJJb

— PROVEA (@_Provea) August 29, 2024

La revisión de equipos telefónicos fue registrada como una práctica creciente durante la pandemia por el Covid-19³⁰. Su incremento en contextos de alta conflictividad consolida una voluntad represiva que busca condicionar a las personas en el tipo de contenidos que gestionan en sus equipos personales y en conversaciones digitales, a fin de promover la inhibición y la autocensura.

La revisión arbitraria por parte de cuerpos de seguridad es una acción ilegal mientras no haya indicio objetivo de delito y debe estar autorizada por una orden judicial, ya que se considera una violación directa al derecho a la privacidad consagrado en la Constitución³¹.

De acuerdo a testimonios, las personas fueron detenidas por publicar videos y material audiovisual con contenido político y referente a las protestas en sus estados de Whatsapp o en sus redes sociales. Las denuncias alertaron sobre la conformación de grupos “en aplicaciones de mensajería y redes sociales para facilitar la búsqueda de las personas a través de la difusión de imágenes de rostros, datos de ubicación y números telefónicos”³².

También incluyó el “acceso a conversaciones y contenidos privados a través de la revisión ilegal de equipos celulares, en instituciones públicas hacia sus trabajadores o en alcabalas policiales”³³.

Por otro lado, en el marco de las protestas pacíficas postelectorales, ciudadanos observaron el uso de equipos de alta sofisticación como drones, equipados con tecnología de avanzada para realizar labores de monitoreo y vigilancia de las manifestaciones, en lo que muchos presumen es una estrategia para “infundir miedo en la población”³⁴

El uso sistemático del terror como estrategia de control social alimenta la sensación de vulnerabilidad de la población y aumenta el estado de hipervigilancia, buscando “desarticular la protesta y quebrar la voluntad social”. Frente a esto, especialistas señalan que lo más peligroso es la intención de crear un “Estado de terror interiorizado”³⁵.

En una carta abierta sobre la violencia política desatada en Venezuela tras los comicios presidenciales, organizaciones advierten que las estrategias de persecución y hostigamiento implementadas por el gobierno buscan provocar “miedo generalizado” en la población.

2025: la intimidación y la protesta siguen 

El clima de inhibición y desmovilización de la ciudadanía se explica a partir de las elecciones presidenciales. El descontento popular por los resultados electorales tomó las calles y la reacción inmediata del gobierno se tradujo en el uso de la fuerza letal para reprimir a la ciudadanía de manera selectiva. Se instauró un clima de miedo y terror en la población que impactó severamente sobre el ejercicio del derecho a la protesta y la asociación en los meses posteriores a la elección. 

Los datos revelan que entre septiembre y octubre de 2024 los venezolanos se movilizaron 88 veces, 22% del total de ese año (407) y un 33% menos que lo registrado entre mayo y agosto de 2024. La evidencia indica que la ciudadanía se movilizó mayoritariamente para exigir el cumplimiento de sus derechos políticos y civiles. Esto coincidió con las convocatorias realizadas por la coalición opositora, la exigencia de transparencia y la expresión de descontento ante los resultados electorales.

Las consecuencias de la violencia gubernamental mermaron el ejercicio del derecho a la protesta, lo que alentó un clima de inhibición durante el 2025. El monitoreo revela que en los primeros seis meses, las personas se movilizaron 164 veces; es decir, 43 % menos movilizaciones respecto al mismo periodo del año anterior. 

El principal grupo movilizado durante el primer semestre de 2025 fue el de las comunidades organizadas que protestaron en 80 oportunidades, el equivalente al 49%, para exigir principalmente respeto a los resultados electorales presidenciales del año anterior. También se vincula con la denuncia de las detenciones arbitrarias por parte de los comités de familiares de víctimas, quienes han sido víctimas de hostigamiento y persecución³⁶. A esta demanda le siguió la exigencia por la mejora en los servicios públicos de agua y electricidad.

Los sectores educativos se movilizaron en 43 oportunidades, lo que equivale al 26% del total del primer semestre. La comunidad educativa se ha movilizado para exigir transparencia en los resultados electorales de las elecciones y exigir mejoras laborales, aumento de salarios, pago de pasivos y salarios caídos, entre otros.

El 13% restante le corresponde a los trabajadores del Estado que protestaron en 21 oportunidades entre enero y julio. Motivados por el pago de los compromisos laborales, y para solicitar la liberación de los trabajadores y sindicalistas detenidos. 

Las arbitrariedades ocurridas durante la crisis postelectoral puso de manifiesto nuevamente un sistema judicial como brazo ejecutor de la impunidad. La Misión señaló que la mayoría de los casos estudiados “estuvieron acompañadas o seguidas de graves y sistemáticas violaciones del debido proceso”³⁷, dejando a las personas en un estado de indefensión y alimentando la estrategia del gobierno de intimidación para que la población permaneciera silenciada. 

La Misión recuerda que todas las medidas de control y orden público que tome el Estado “deben ser compatibles con el derecho internacional de los derechos humanos”, para frenar las arbitrariedades y abusos cometidos por los cuerpos de seguridad. Frente a un escenario de arbitraria represión, se genera un estado de fragilidad y temor en la población. 

La violencia prolongada y la progresión de un estado de miedo generalizado en la población, genera impactos y daños no solo para las víctimas y sus familiares, organizaciones y comunidades, sino para la sociedad en conjunto. Es recurrente que los impactos de la violenta represión en la población se midan en el número de personas detenidas de manera arbitraria y fallecidos. Sin embargo, la perspectiva de la sociedad y sus comunidades se ve afectada al verse desmovilizada y fracturada, lo que altera el desarrollo democrático propio de la sociedad venezolana.

El esquema de persecución y hostigamiento sostenido hacía los que cuestionan y disienten abiertamente ha sido denunciado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que lo considera como “una estrategia orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política ya quienes critican al gobierno”³⁸.

Recomendaciones y comentarios finales

El Estado debe cesar inmediatamente la política de persecución y hostigamiento  desatada en contra de las personas que ejercen el derecho de la reunión pacífica y la asociación. Y está obligado a cumplir con las garantías del debido proceso y cesar el esquema de castigo, tratos crueles  y otras prácticas arbitrarias y denigrantes.

Los organismos internacionales de justicia deben considerar la documentación exhaustiva de los hechos y establecer acciones efectivas y consistentes de reparación a las víctimas.

Los Estados comprometidos con el Estado de Derecho y el cumplimiento de las garantías y libertades fundamentales, deben rechazar y repudiar públicamente cualquier actitud que consoliden el rechazo, la estigmatización y la discriminación sistemática de la ciudadanía por pensar distinto.

Foto de inicio cortesía de IER. Imagen modificada por razones de seguridad.

1. El Carabobeño, diciembre de 2024. Economía venezolana en 2024: Entre incertidumbre y pérdida del poder de compra. Recuperado en: https://www.el-carabobeno.com/economia-venezolana-en-2024-entre-incertidumbre-y-perdida-del-poder-de-compra/
2. AlertaVenezuela, 26 de enero de 2024. La Furia Bolivariana como emboscada preelectoral a la sociedad civil. Recuperado en: https://alertavenezuela.org/blog/2024/01/26/la-furia-bolivariana-como-emboscada-preelectoral-a-la-sociedad-civil/
3. El País, 29 de julio de 2024. Cronología de las protestas en Venezuela tras la reelección de Maduro, en imágenes. Recuperado en: https://elpais.com/america/2024-07-30/cronologia-de-las-protestas-en-venezuela-tras-la-reeleccion-de-maduro-en-imagenes.html
4. Manifestar. Manifestaciones públicas 2024. Recuperado en:   https://manifestar.org/manifestaciones-publicas-2024/
5. Voz de América, 14 de julio de 2025. Fiscal general de Venezuela niega que haya niños detenidos por protestas; sí hay adolescentes. Recuperado en: https://www.vozdeamerica.com/a/el-fiscal-general-de-venezuela-niega-que-haya-ninios-detenidos-por-protestas-si-hay-adolescentes/7860817.html
6. El País, 15 de julio de 2025. “Perdieron piezas dentales y les pusieron electricidad”: la denuncia de las madres de los menores encarcelados por Maduro. Recuperado en: https://elpais.com/america/2024-10-04/perdieron-piezas-dentales-y-les-pusieron-electricidad-la-denuncia-de-las-madres-de-los-menores-encarcelados-por-maduro.html
7. Swissinfo, 17 de julio de 2025. Familiares de adolescentes presos en Venezuela piden a Unicef que abogue por su liberación. Recuperado en: https://www.swissinfo.ch/spa/familiares-de-adolescentes-presos-en-venezuela-piden-a-unicef-que-abogue-por-su-liberaci%C3%B3n/89390782
8. NTN24, 17 de julio de 2025. A juicio siete adolescentes detenidos tras protestas poselectorales en Venezuela: Los obligaron a declararse culpables y quedaron con signos de tortura. Recuperado en: https://www.ntn24.com/noticias-judicial/a-juicio-siete-adolescentes-detenidos-tras-protestas-poselectorales-en-venezuela-los-obligaron-a-declararse-culpables-y-quedaron-con-signos-de-tortura-517089
9.  El Pitazo, 18 de julio de 2025. Cuatro adolescentes continúan detenidos en Venezuela por razones políticas: ONG denuncian ensañamiento y crueldad. Recuperado en: https://elpitazo.net/politica/cuatro-adolescentes-continuan-detenidos-en-venezuela-por-razones-politicas-ong-denuncian-ensanamiento-y-crueldad/
10. Naciones Unidas. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas , 12 de agosto de 2024. La Misión de Determinación de los Hechos de Venezuela exige el cese de la represión y que se lleven a cabo investigaciones exhaustivas, tras la elección presidencial. Recuperado en:https://www.ohchr.org/es/press-releases/2024/08/venezuela-fact-finding-mission-calls-end-repression-thorough-investigations
11. ABC Internacional, 10 de julio de 2025. Maduro dice que hay 2.000 detenidos en protestas contra el resultado de las presidenciales. Recuperado en:https://www.abc.es/internacional/maduro-dice-2000-detenidos-protestas-resultado-presidenciales-20240804011805-vi.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F%20https://www.abc.es/internacional/maduro-dice-2000-detenidos-protestas-resultado-presidenciales-20240804011805-vi.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F%20
12.  Manifestar. Manifestaciones públicas 2024. Recuperado en:   https://manifestar.org/manifestaciones-publicas-2024/
13. idem
14. Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento. Informe Especial. Crisis postelectoral y de DDHH en Venenzuela 2024: El LIBRO NEGRO DE LA DICTADURA 2024. Recuperado en: https://provea.org/wp-content/uploads/2024/09/Libro-Negro-Informe-DDHH-Vzla.pdf
15. De acuerdo a la Real Academia Española se define como acusación o denuncia
16. Idem
17. Probox, 12 de julio de 2025. #TerrorEnRedes:la estrategia digital de Maduro para reprimir las voces críticas. recuperado en:https://proboxve.org/publicacion/terror-en-redes-la-estrategia-digital-de-maduro-para-reprimir-las-voces-criticas/
18. Informe de la misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, 19 de septiembre de 2024. Recuperado en: https://www.refworld.org/es/coi/inforpais/csonu/2024/es/148840
19. Acuñada inicialmente por el entonces diputado y una de las principales voces del oficialismo, Diosdado Cabello. Es una operación que consiste en la detención arbitraria y masiva de manifestantes, opositores y personas percibidas como tal, que inició con el ciclo de protestas del 2017. Arrancó  como una operación no formal; sin embargo, se ha institucionalizado
20. Provea, 15 de julio de 2025. Operacion Tun Tun : El delivery del terrorismo de Estado. Recuperado en: https://provea.org/opinion/operacion-tun-tun-el-delivery-del-terrorismo-de-estado/
21. Idem
22. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Recuperado en: https://www.oas.org/dil/esp/constitucion_venezuela.pdf
23. CNN en Español, 15 de julio de 2025. El chavismo convierte un villancico venezolano en sinónimo de represión. ¿En qué consiste la «operación Tun, tun»?. Recuperado en: https://cnnespanol.cnn.com/2024/08/07/chavismo-villancico-venezolano-represion-que-consiste-operacion-tun-tun-orix
24. Swissinfo, 15 de julio de 2025. La Fiscalía computa 28 muertes durante la «violencia poselectoral» en Venezuela. Recuperado en: https://www.swissinfo.ch/spa/la-fiscal%c3%ada-computa-28-muertes-durante-la-%22violencia-poselectoral%22-en-venezuela/87725723
25.  Manifestar, 14 de julio de 2025. Detenciones poselectorales: otra espiral de violencia contra la protesta pacífica. Recuperado en: https://manifestar.org/detenciones-poselectorales-otra-espiral-de-violencia-contra-la-protesta-pacifica/
26. Ibidem
27. Manifestar, 14 de julio de 2025. Detenciones poselectorales: otra espiral de violencia contra la protesta pacífica. Recuperado en: https://manifestar.org/detenciones-poselectorales-otra-espiral-de-violencia-contra-la-protesta-pacifica/
28. Amnesty. 15 de julio de 2025. Venezuela: Las empresas tecnológicas sientan un precedente peligroso con una aplicación para denunciar a manifestantes antigubernamentales. Recuperado en: https://www.amnesty.org/es/latest/news/2024/08/venezuela-tech-companies-set-dangerous-precedent-with-app-for-reporting-anti-government-protesters/
29.  Provea en X, 15 de julio de 2025. Recuperado en: https://x.com/_Provea/status/1829160570525741367
30. Entre enero de 2020 y agosto de 2021 registramos 31 casos; 18 confiscaciones ejecutadas y 13 episodios de amenazas o intentos violentos de revisión de equipos. La mayoría de las personas afectadas fueron periodistas o reporteros/as. Más en: https://espaciopublico.ong/revision-ilegal-de-equipos-lo-que-debes-saber-y-hacer/ 
    
31. Crónica Uno, 16 de julio de 2025. #Enclaves | ¿Es legal que funcionarios revisen celulares sin orden judicial?. Recuperado en: https://cronica.uno/enclaves-es-legal-que-funcionarios-revisen-celulares-sin-orden-judicial/
32. Manifestar, 17 de julio de 2025. Represión postelectoral y exposición de datos personales. Recuperado: https://manifestar.org/la-represion-poselectoral-y-exposicion-de-datos-personales/
33. idem
34.  Infobae, 18 de julio de 2025. El régimen de Maduro desplegó drones sobre Caracas para vigilar e infundir terror a los ciudadanos que salgan a protestar. Recuperado en: https://www.infobae.com/venezuela/2024/08/03/el-regimen-de-maduro-desplego-drones-sobre-caracas-para-vigilar-e-infundir-temor-a-los-ciudadanos-que-salgan-a-protestar/
35. Runrunes, 20 de julio de 2025. Censura, vigilancia y castigo: así se aplica la represión digital en Venezuela. Recuperado en: https://runrun.es/rr-es-plus/580058/censura-vigilancia-y-castigo-asi-se-aplica-la-represion-digital-en-venezuela/
36. El Pitazo, 13 de abril de 2025. Comité de Familiares de Presos Políticos denuncia persecución tras vigilia en cárcel Rodeo I. Recuperado en: https://elpitazo.net/politica/comite-de-familiares-de-presos-politicos-denuncia-persecucion-tras-vigilia-en-carcel-rodeo-i/
37. Ibidem
38. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. 21 de julio de 2025. Informe de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre Venezuela insta a adoptar de inmediato medidas para detener y remediar graves violaciones de derechos. Recuperado en: https://www.ohchr.org/es/2019/07/un-human-rights-report-venezuela-urges-immediate-measures-halt-and-remedy-grave-rights