Comunidades y defensores perseguidos por denunciar daños socioambientales

Imagen cortesía de Crónica Uno

La degradación medio ambiental es un flagelo que avanza sin control a nivel mundial. En Venezuela, los accidentes vinculados a la industria petrolera y otras empresas básicas, el avance de la deforestación, la gestión deficiente y limitada de  desechos, la contaminación de ríos, humedales y cuencas hidrográficas  sumado a las actividades mineras y extractivas, provocan graves daños socioambientales en todo el territorio nacional. 

Diversas comunidades organizadas, grupos y organizaciones ambientalistas, denuncian y advierten desde hace varios años, la degradación de los ecosistemas en el país. Situación que ha derivado en dificultades para tener acceso al agua, conflictos armados,  desplazamientos e impacto en la economía de las comunidades. 

El daño socioambiental que atraviesa Venezuela, impacta directamente en la calidad de vida de la población y forma parte de las motivaciones para salir a las calles y exigir el cumplimiento de las disposiciones constitucionales, así como las recomendaciones internacionales. 

Nuevas demandas en material ambiental

La radiografía de los movimientos de calle a escala nacional muestra cómo al menos desde el año 2014, el panorama de la lucha social se nutrió con demandas vinculadas a las irregularidades en materia ambiental con consecuencias directas en la población. 

De acuerdo a la información disponible, se presentan algunos casos que ilustran las protestas ocurridas  en torno a estas exigencias en los últimos años. En el eje andino se registró una situación anormal cuando los vecinos y comunidades que habitan en el sector La Azulita, levantaron sus voces para denunciar  ante  INPARQUES1 la ocupación ilegal y la destrucción del bosque en el sector Uramal, área protegida dentro de los linderos del Parque Nacional Sierra de la Culata2.

En otras ciudades como Caracas, localizada en el centro norte del país, también se registraron manifestaciones y pequeños focos de protestas en comunidades organizadas por la pérdida de cobertura vegetal y follaje.  En sectores residenciales como La Alameda, en el municipio Baruta,  en  los primeros días del mes de agosto del 2023,  los vecinos de esa comunidad, se concentraron frente a los terrenos de un bosque de la zona para exigir a las autoridades el fin a la deforestación y detener la construcción de un centro deportivo3.

Igualmente, en el año 2021 en el Distrito Capital, ciudadanía de diversos sectores, marcharon para rechazar la tala y poda de árboles4 desorganizada e indiscriminada en toda la región capital. En esa oportunidad, los manifestantes se desplazaron con pancartas elaboradas a partir de material reciclable y organizaron jornadas de reforestación en distintos puntos de la ciudad como parte de una actividad simbólica.

Resurgen las protestas por la contaminación de los recursos hídricos

El Lago de Maracaibo, se encuentra localizado en una cuenca que lleva su mismo nombre y abarca los estados de Trujillo, Mérida y Zulia. Caracterizado por su gran riqueza petrolífera, es el único lago en el mundo, relacionado con el mar. Sus aguas se alimentan del caudal de los ríos Santa Ana, Catatumbo, Motatán, entre otros. Además, este lugar se destaca porque  se extrae la mayor parte del petróleo de la nación. 

En los últimos años, habitantes y organizaciones ambientales se han organizado con el propósito de denunciar los graves problemas de contaminación del Lago, debido al vertido de aguas residuales domésticas e  industriales, además del  elevado número de derrames de crudo, que afecta directamente al ecosistema del lago y a las comunidades del entorno5.

El Observatorio Venezolano de Derechos Humanos Ambientales Clima 21, solo en el mes de junio del año 2022 reportó ocho derrames distribuidos en cuatro estados: Zulia, Monagas, Falcón y Anzoátegui. De acuerdo a los datos ofrecidos por esta organización “el impacto de los derrames en las comunidades aledañas, el 75% de los casos generaron una afectación en los medios de vida de los pobladores, en especial a la actividad pesquera y en menor proporción al turismo y por último a la ganadería”6.

En consecuencia, el 18 de junio se registró una protesta protagonizada por el Consejos de Pescadores, Pescadoras, Acuicultores y Acuicultoras, (Conppa), que se agruparon para reclamar ante las autoridades que 

“Tenemos 20 días sin poder pescar. Hacemos un llamado de emergencia para atender el lago. Poco a poco se está muriendo el Lago.  Esto es un desastre, es una cosa infrahumana. No hemos conseguido 20, 30 y hasta 100 pescados abollados (muertos) en el lago” expresaron los afectados7.

Sobre el impacto de los derrames en el Lago, la representante del Consejo de Pescadores San Luis del municipio San Francisco, Yaidelin Bastidas, también señaló que la salud de los pescadores y la producción pesquera se han visto mermadas. 

Por su parte en el estado Aragua, vecinos de las comunidades al sur de la ciudad de Maracay, se organizaron en diferentes oportunidades, para denunciar ante las autoridades gubernamentales el crecimiento progresivo (cota) del Lago de Valencia. Situación que pone en riesgo la vida de numerosas familias que habitan en las cercanías por el agrietamiento e inundación de las casas, así como la aparición de enfermedades89.

Los habitantes de los sectores cercanos al Lago, siguen esperando respuestas y soluciones por parte de los entes responsables, a pesar de que ese sector se encuentra reconocido como una Zona de Peligro Potencial en el decreto de emergencia N 8.844 dictado por el ex presidente Chávez el 13 de marzo del 201210.

Abandono institucional convive con persecución y muerte

Las manifestaciones y movimientos de calles plantean escenarios que permiten mostrar el contexto y la realidad de cada comunidad, exhibiendo los problemas que la misma atraviesa. Estas expresiones ciudadanas, son estrategias básicas utilizadas por la población para ejercer la democracia, funcionando como un medidor de malestar social que le permite a los gobiernos detectar sus fallas y mejorar sus políticas. 

Sin embargo, frente a los contextos de protesta y malestar social, narrados anteriormente, se evidencia una escasa respuesta estatal que se ha dilatado en el tiempo. La resolución gubernamental no ha estado orientada a escuchar las demandas y exigencias de la población, contradiciendo la política estatal impulsada por el actual gobierno desde sus inicios. 

Asimismo, la evidencia demuestra la existencia de una política orientada a la persecución de las voces disidentes, de aquellos quienes se atreven a denunciar los abusos, las irregularidades y la mala gestión  en materia ambiental en Venezuela.

Tal es el caso de las denuncias realizadas por los vecinos del sector La Azulita en el estado Mérida. La falta de respuesta estatal llevó a los pobladores a denunciar la situación de degradación ambiental a través de redes sociales. Igualmente, los afectados expresaron ser víctimas de un esquema de hostigamiento y persecución, cuando varios de los integrantes de la protesta fueron detenidos sin causas aparentes por parte de los representantes de la fuerza pública del estado, dejando en evidencia un patrón de intimidación solo por denunciar el avance de la problemática ambiental que afecta al estado y a sus habitantes11.

Durante el 2017, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en un comunicado de prensa, condenó el aumento de detenciones masivas en contexto de protesta12.

Por su parte, el Observatorio Venezolano de Defensa de la Vida (Odevida), señaló en un informe del año 2021 que 80 defensores de derechos ambientales en Venezuela, han sido víctimas de violencia o represión. La organización destaca que “los ataques que afectaron a los defensores de derechos ambientales y del territorio coinciden claramente con aquellas zonas donde se desarrollan los conflictos socio ambientales más graves que afectan a Venezuela”13.

A la violencia en los territorios por parte de diferentes grupos: estatales, paramilitares, y crimen organizado, se suma la impunidad sostenida en los casos de asesinatos. El 30 de junio del año 2022, se registró el asesinato de Virgilio Trujillo. Líder y guardia territorial del pueblo Uwottüja, asesinado por presuntos̈ sicarios tras denunciar la degradación ambiental y las actividades extractivas en el en el estado Bolívar. Veinte días más tarde del asesinato de Trujillo, tres indigenas de la etnia Jivi fueron asesinados en el municipio Sucre, en el estado Bolívar. Se sospecha que los responsables están vinculados a las mafias mineras14.

La información obtenida señala que desde marzo hasta diciembre del 2022, 10 indígenas han sido asesinados y uno ha desaparecido, pertenecientes a las etnias Yanomami, Jivi Y Piaroa. La mayoría de estos asesinatos se ejecutaron en el estado Amazonas, de acuerdo a los reportes15.

La mayoría de estos hechos coinciden ampliamente con la información recabada por el Observatorio Venezolano de Defensa de la Vida, que  expresa que “de los 32 defensores o líderes asesinados, 21 han sido asesinados por sicarios mineros o miembros de organizaciones guerrilleras colombianas; y 11, por efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB)” entre el 2013 y el 202116.

La política destinada a reprimir y la impunidad generalizada frente a la violencia revela esquemas de excesivo uso de fuerza estatal por un lado y omisión deliberada por otro, que perpetúa amenazas graves hacia activistas, lo que suma a deslegitimar el derecho a la protesta y manifestación pacífica, y procura intimidar la voluntad ciudadana. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), en su informe del 2017, pone en contexto la crítica situación que atraviesa Venezuela en materia de Derechos Humanos., indicando que los niveles de represión y violencia hacia las personas que se atreven a denunciar, criticar y denunciar hechos de corrupción, abusos y atropellos,  son cada vez más graves17.

Este escenario de criminalización e impunidad destinado a menoscabar la expresión del malestar de la población, dan cuenta de un ejercicio sistemático de abusos y restricciones, contrario a las obligaciones estatales de defensa y protección de las personas y el ambiente. 

Referencias

  1. Instituto Nacional de Parques
  2. Observatorio de ecología política de Venezuela( 3 de Octubre de 2022). Ecocidio en el Uramal, estado Mérida sigue impune.Recuperado el 28 de agosto de 2022, desde elhttps://ecopoliticavenezuela.org/2022/10/03/ecocidio-en-el-urumal-estado-merida-sigue-impune
  3. El Diario.com (8 de agosto de 2023).Ministerio del Ecosocialismo paralizó temporalmente la construcción de canchas de pádel en Baruta.Recuperado el 28 de agosto de 2023, desde https://eldiario.com/2023/08/08/paralizaron-temporalmente-cancha-de-padel-en-baruta/
  4. Crónica.uno (27 de noviembre de 2021). Los árboles de Caracas “tienen dolientes” que se movilizaron este #27Nov contra la tala indiscriminada. Recuperado el 29 de agosto de 2023, desde https://cronica.uno/los-arboles-de-caracas-tienen-dolientes-que-se-movilizaron-este-27nov-en-contra-de-la-tala-indiscriminada/
  5. Provea.org (2022). Derecho al ambiente sano en Venezuela. Informe 2022. Recuperado el 29 de agosto de 2023, desde https://provea.org/wp-content/uploads/2021/05/05-AmbienteSano-2022-1.pdf
  6. Clima 21. Observatorio Venezolano de Derechos Humanos Ambientales. (30 de junio de 2022). Reporte de derrames petroleros OVDHA – Clima21 | junio de 2022. Recuperado el 30 de agosto de 2023, desde https://clima21.net/noticias/reporte-de-derrames-petroleros-periodo-01-al-30-de-junio-de-2022/
  7. elpitazo (18 de julio de 2023).Zulia | Pescadores: «80 % de lo que se pesca en el lago viene petrolizado». Recuperado el 30 de agosto de 2023, desde https://elpitazo.net/occidente/zulia-pescadores-80-de-lo-que-se-pesca-en-el-lago-viene-petrolizado/
  8. Crónica.uno (27 de agosto de 2017).Lago de Valencia amenaza 17 comunidades al sur de Maracay. Recuperado el 31 de agosto de 2023, desde https://cronica.uno/lago-de-valencia-amenaza-17-comunidades-al-sur-de-maracay
  9. Amnistia.org (14 de agosto de 2017).COMUNIDADES DENUNCIAN QUE LAGO DE VALENCIA ESTÁ A PUNTO DE ARRASAR CON MILES DE FAMILIAS. Recuperado el 31 de agosto de 2023, desde https://www.amnistia.org/ve/blog/2017/08/3371/el-lago-de-valencia-esta-a-punto-de-arrasar-con-miles-de-familias
  10. tugacetaoficial.com (13 de marzo de 2012).Decreto N° 8.844, mediante el cual se crea el Área de Emergencia Habitacional (AREHA) a los polígonos afectados del Lago de Tacarigua o Lago de Valencia, ubicados en los municipios Girardot y Francisco Linares Alcántara, del estado Aragua, y los municipios San Joaquín y Diego Ibarra, del estado Carabobo. Recuperado el 1 de septiembre de 2023, desde https://tugacetaoficial.com/leyes/decreto-n-8-844-de-creacion-de-area-de-emergencia-habitacional-areha-en-lago-de-tacarigua-o-lago-de-valencia-en-municipios-girardot-y-francisco-linares-alcantara-edo-aragua-y-municipios-san-joaquin-y/
  11. ecopoliticavenezuela.org(3 de octubre de 2022). Ecocidio en El Urumal, estado Mérida sigue impune. Recuperado el 1 de septiembre de 2023, desde https://ecopoliticavenezuela.org/2022/10/03/ecocidio-en-el-urumal-estado-merida-sigue-impune/
  12. oas.org (9 de mayo de 2017). CIDH deplora medidas represivas adoptadas por Venezuela frente a protestas y condena la secuela de muertes y heridos. Recuperado el 1 de septiembre de 2023, desde https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2017/058.asp
  13. provea.org (9 de diciembre de 2021). El aire huele a mal:Situación de personas defensoras del ambiente y el territorio en Colombia y Venezuela. Recuperado el 2 de septiembre de 2023, desde https://provea.org/wp-content/uploads/2021/12//odevida-informe-ambiente-colombia-y-venezuela.pdf
  14. ecopoliticavenezuela.org(mayo de 2023). SITUACION SOCIOAMBIENTAL DE VENEZUELA 2022. Recuperado el 2 de septiembre de 2023, desde https://ecopoliticavenezuela.org/wp-content/uploads/2023/06/Situacion-socioambiental-de-Venezuela-2022_OEP.pdf
  15. ecopoliticavenezuela.org(mayo de 2023). SITUACION SOCIOAMBIENTAL DE VENEZUELA 2022. Recuperado el 2 de septiembre de 2023, desde https://ecopoliticavenezuela.org/wp-content/uploads/2023/06/Situacion-socioambiental-de-Venezuela-2022_OEP.pdf
  16. provea.org (9 de diciembre de 2021). El aire huele a mal:Situación de personas defensoras del ambiente y el territorio en Colombia y Venezuela. Recuperado el 2 de septiembre de 2023, desde https://provea.org/wp-content/uploads/2021/12//odevida-informe-ambiente-colombia-y-venezuela.pdf
  17. Violaciones y abusos de los derechos humanos en el contexto de las protestas en la República Bolivariana de Venezuela del 1 de abril al 1 de julio de 2017. Recuperado el 2 de septiembre de 2023, desde https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Countries/VE/HCReportVenezuela_1April-31July2017_SP.pdf

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