Mucho se ha escrito sobre el uso de las redes sociales digitales en la población y el profundo impacto que provoca en las diferentes dimensiones de la vida de las personas. Los vínculos que se establecen a través de estas herramientas digitales, se extienden mucho más allá de las relaciones sociales informales, al alcanzar otros espacios de la esfera pública como: aspectos laborales, de salud, ambiente, negocios, política, economía y hasta derechos humanos.
Estas herramientas digitales, a diferencia de hace 15 años, se han transformado en importantes canales de comunicación, difusión y denuncia social, gracias a que un gran número de ciudadanos/as tienen voz y participación dentro de estas plataformas. Según datos aportados por el Internet World Stats1 Venezuela cuenta con 14 millones de usuarios/as en las redes sociales, lo que representa el 49% de la población total del país.
El extendido uso de estas herramientas dentro del ecosistema digital venezolano, no cuenta por el momento, con un marco legal formal específico, más allá de fuertes medidas y regulaciones23456 que vienen limitando el ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información durante los últimos años, y que dan cuenta del esfuerzo del Estado venezolano con respecto al control de contenidos en internet.
Sin embargo, para los funcionarios públicos, la realidad es otra. Los trabajadores estatales, representantes de sindicatos y otras figuras de dirigencia, se enfrentan a limitaciones específicas derivadas de una política discreta de vigilancia, silenciamiento y castigo por el uso de las redes sociales como tribuna para exigir derechos y denunciar irregularidades.
Las cifras publicadas por Espacio Público dan cuenta de que al menos el 42% de los casos de violaciones a la libertad de expresión registrados7 durante el año 2021 ocurrieron dentro del ecosistema digital y nueve (9), o 3,03% de las víctimas registradas, eran funcionarios del sistema público nacional. Asimismo, en un informe publicado por la ONG Espacio Público junto al Centro de Derechos Humanos de la UCAB, en el marco de las elecciones parlamentarias que se celebraron el 21 de noviembre señaló que “los medios están sometidos a controles gubernamentales”8.
Los antecedentes hablan de una variable constante destinada a castigar a aquellos trabajadores y funcionarios que cuestionan la gestión pública, al difundir mensajes que resultan incómodos para el gobierno oficialista. Al analizar los datos, se observa una norma selectiva en las restricciones hacia determinados colectivos de funcionarios con sanciones directas en sus derechos laborales o consecuencias aún peores, amenazas o privaciones de libertad de manera arbitraria.
Tal es el caso de Eudis Girot, Director Ejecutivo de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (FUTPV) y Secretario General del Sindicato Unido de Obreros Petroleros del Noroeste del Estado Anzoátegui. La vivencia de Girot, alimenta una larga lista de atropellos por parte del Estado venezolano hacia los trabajadores y trabajadoras, hacia la protección de la libertad de expresión y otras obligaciones legales.
El trabajo que se presenta a continuación, narra alguno de los hechos que ocurrieron el día de la detención de Girot en el estado Anzoátegui, su posterior traslado a la ciudad de Caracas, y los 17 meses que estuvo detenido, entre los calabozos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Rodeo II. Su testimonio da cuenta del hostigamiento laboral y la discriminación por denunciar y exigir el cumplimiento de los derechos de los trabajadores y trabajadoras.
Allanamiento y detención ilegal
El 18 de noviembre de 2020, Girot, fue detenido de manera ilegal por funcionarios de la DGCIM. En horas de la tarde, cinco hombres fuertemente armados, se presentaron en su residencia, localizada en el estado Anzoátegui. El líder sindical recuerda que no dudó en ningún momento en abrir la puerta del apartamento para que los agentes entraran a su sala y posteriormente a su habitación.
Una vez en el dormitorio, los efectivos comenzaron a inspeccionar todo el espacio y a escudriñar entre sus pertenencias. “¡Yo no conozco nada del procedimiento!, ¿Por qué tienen que requisar el apartamento?”, preguntó con voz firme pero la respuesta nunca llegó.
Poco tiempo después, uno de los funcionarios le ordenó que tenía que vestirse porque debía acompañarlos.
De acuerdo al testimonio, durante el allanamiento no se realizó ningún tipo de registro en acta, fotográfico o audiovisual, que aportara información sobre el lugar y fecha en donde se realizó el allanamiento, identificación de los testigos, descripción de las acciones realizadas ni los resultados. Tampoco se informó sobre los objetos incautados o dañados, la identidad de todas las personas involucradas en el hecho, o los testigos.
Expresó el señor Eudis Girot: “Luego es que yo me entero, bueno, que para poder accesar tenían que tener una orden de allanamiento”. De manera que Girot, además no fue informado sobre sus derechos al momento de la detención.
Organizaciones como Amnistía Internacional9, denuncian desde hace algunos años la intensificación de allanamientos ilegales a los hogares de personas que se manifiestan abiertamente en contra de las políticas arbitrarias por parte del oficialismo y sus actores. Este tipo de acciones ilegales e indiscriminadas revelan la inexistencia de una planificación coherente en el control judicial, así como, un patrón de hostigamiento y vulneración a las garantías de las personas detenidas.
El 18 de noviembre de 2020, Eudis Girot fue trasladado a la sede de la DGCIM en el poblado de Pozuelos, localizado en el municipio Juan Antonio Sotillo, estado Anzoátegui, custodiado por los cinco funcionarios que lo detuvieron más temprano en su casa.
“Me permitieron llamar a mi familia. Hablé con mi hija, con mi mamá, con mi compañera. Me permitieron recibir visitas”. Sin embargo, la ilegalidad y el incumplimiento de las normas que protegen el debido proceso, sustituyó al protocolo establecido en los manuales para la detención, traslado, resguardo y custodia preventiva del detenido.
El sindicalista señaló que fue en Pozuelos donde se realizó “todo el procedimiento de reseña interna”.
Dos días más tarde fue trasladado por pocas horas a la sede de los tribunales en la ciudad de Barcelona, a escasos minutos del poblado de Pozuelos. Durante la audiencia de presentación el juez a cargo, declinó su competencia, pasando el caso al Tribunal Penal de Primera Instancia Estadales y Municipales en funciones de control Barcelona.
A pesar de que la causa fue remitida a Caracas, Girot fue devuelto a la sede del DGCIM en el poblado de Pozuelos, en donde permaneció hasta el 23 de noviembre de 2020, cuando fue trasladado a la capital del país.
Arde el camino
El recorrido desde el estado Anzoátegui hasta Caracas, tiene una distancia de 325 km en promedio y toma 4 horas 18 minutos realizarlo. Este trayecto puede tomar más tiempo de lo estimado, según las condiciones climáticas, las vías de comunicación terrestre y las del vehículo.
Pero para el líder sindical, el trayecto a Caracas, no solo se prolongó por la preocupación y la incertidumbre propia de estos procedimientos arbitrarios. Otros hechos marcarían la ruta hacia la capital. El primero tuvo que ver con la incautación y uso indebido e indiscriminado de la camioneta familiar.
“Yo le manifiesto a los señores del DGCIM que esa camioneta no estaba en condiciones de estar circulando en largas distancias porque la camioneta estaba mala, y yo le solicito que dejen la camioneta en la zona porque esa es la camioneta de mi familia, para movilizarse”, dijo Eudis Girot. La respuesta inicial fue “sí” pero un giro en las órdenes cambió el curso de los hechos. “El día que me van a trasladar me encuentro con la sorpresa que el carro también se lo traen para Caracas. Me trasladan en un vehículo del DGCIM y se llevan también mi camioneta”.
El segundo evento fue que la unidad de transporte en donde era trasladado Girot hacia Caracas, comenzó a incendiarse. “Cuando veníamos en la vía, el carro donde yo era trasladado comienza a presentar fallas. El carro quedó accidentado y me pasan para mi vehículo y al final del recorrido de mi traslado, terminan haciéndolo en mi vehículo”, aseveró.
Al tener conciencia sobre las fallas mecánicas de su automóvil, Girot les sugirió a los agentes que detuvieran el vehículo y lo revisaran “porque está comenzando a echar humo por las rendijas del aire acondicionado”, haciendo caso omiso a las advertencias de Girot, el carro comenzó a incendiarse entrando a la ciudad de Guarenas, “O paras el carro, o aquí nos vamos a quemar todos porque seguro algo le debe estar pasando a ese motor», aseveró con firmeza.
Girot relató que él venía esposado, sentado en el asiento trasero del automóvil con los seguros para niños activados y custodiado por los agentes del DGCIM que portaban armas largas. Una vez el carro en llamas, los efectivos abandonaron el vehículo dejándolo adentro. Este intentó salir del automóvil como pudo, una vez afuera los guardias del DGCIM lo apuntaron con sus armas.
El sindicalista fue detenido arbitrariamente y trasladado a Caracas, sin una orden judicial y sin conocer los delitos que se imputaban.
El traslado a Caracas concluyó con la llegada a la sede del DGCIM en la urbanización Boleita localizada al este de la ciudad en una patrulla de la Policía de Caracas. Hasta los momentos no se sabe nada sobre el paradero del automóvil de Girot.
La ruleta rusa de las acusaciones
El viernes 27 de noviembre del 2020, Girot tuvo la audiencia de presentación ante el Tribunal Especial Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control con Competencia en Casos Vinculados con Délitos Asociados al Terrorismo con Jurisdicción a Nivel Nacional. Fue informado de los siguientes cargos revelación de información confidencial, terrorismo, conspiración y asociación para delinquir.
A los delitos ya impuestos, se le sumaron dos cargos más. El primero y de acuerdo a los hechos narrados por el mismo Girot, en la acusación de la fiscalía apareció posesión ilícita de armas de fuego. Esto se debió a que según los agentes del DGCIM, Girot portaba un arma en la cintura el día en que los efectivos allanaron su apartamento en la ciudad de Barcelona, hecho que era falso.
La segunda acusación correspondió a instigación al odio. Girot recordó que ese día y luego de una exposición extensa de argumentos, que se extendió alrededor de una hora treinta minutos, la juez dictó medida privativa de libertad y descartó los cargos de: terrorismo, conspiración, asociación y revelación de información confidencial.
Al desestimar los cuatro primeros señalamientos, Eudis Girot pensó que solo quedaría privado de libertad bajo las acusaciones de: posesión ilícita de armas e instigación al odio, sin embargo, al acta final de la audiencia presentada por la fiscalía se le sumó el cargo de revelación de información confidencial.
El sindicalista expresó que las pruebas que tomaron para sustentar la acusación vinculada con la presunta revelación de información confidencial, se relacionaron con la protesta activa y el esquema de denuncia iniciado a través de su cuenta en la plataforma Twitter.
“Toda mi acusación son copias de todos mis tuits que he publicado”, aseveró. “Los tuits que publicaba eran precisamente el señalamiento de toda la serie de irregularidades que había en la industria petrolera”, precisó.
La estancia de Girot en el DGCIM se prolongó seis meses y de acuerdo a su testimonio, durante este tiempo, su permanencia no fue dentro de una celda, sino en el piso “frío y húmedo” de la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar.
El Rodeo: un nivel superior al infierno
El traslado al Internado Judicial de El Rodeo, se realizó el 30 de abril del año 2021. “Preparen todas sus cosas que se van”, dijeron los agentes del DGCIM, mientras Girot y los otros 62 acompañantes escuchaban las llaves introducirse en la cerradura. “Cuando crujen las llaves todos salen”. “En esa mañana, unos se fueron pa` Yare, otros pal` Rodeo, otros pa`Ramo Verde”.
“Un nivel superior al infierno”, fueron las palabras utilizadas por el sindicalista para describir su llegada y paso por El Rodeo. “Éramos 82 personas para 24 celdas”. Girot explicó que la distribución de los privados de libertad se realiza en un espacio aproximado de 2×2 metros cuadrados para albergar cuatro o cinco personas.
Después de dos meses desde el día de su arribo, se le permitieron visitas familiares. Inicialmente las visitas estaban bajo régimen mensual; es decir, una visita mensual. Posteriormente, una visita cada quince días, hasta que se estableció un esquema de flexibilización que le permitió a los familiares de Girot, visitarlo tres semanas al mes. La semana restante, estaba destinada a las labores administrativas del penal y no permiten entrada a los familiares.
Asimismo, relató que durante el tiempo de reclusión, no contó con la atención médica apropiada, a pesar de que sufrió de fuertes dolores de cabeza y malestares corporales.
La lucha por la supervivencia era una contienda diaria para Girot. Aunque a sus familiares les permitieron llevar productos de limpieza y aseo, las condiciones del recinto a nivel sanitario no eran óptimas, debido al limitado u/o inexistente suministro de agua potable, altos niveles de hacinamiento en las celdas (8 personas por celda en algunos casos), falta de higiene y la convivencia con plagas e insectos.
La excarcelación
A pesar de no contar con una representación legal y tener que asumir su propia defensa, la excarcelación de Eudis Girot fue un hecho que se concretó en contra de todo pronóstico. Durante la audiencia, el sindicalista solicitó al juez ser escuchado en defensa propia, ya que ningún abogado había estudiado el caso a profundidad, según aseguró. La exposición, que duró un poco más de dos horas, se materializó en un informe autorizado por la juez. “Escribí un informe que era como escribir la historia de mi vida” en 40 páginas, expresó Girot.
La liberación condicional de Eudis Girot ocurrió el 25 de abril de 2022 y se dió en el marco de la visita de una comisión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), bajo medidas cautelares de las que aún no se conocen los detalles.
El sindicalista salió de la industria petrolera bajo una jubilación forzada en octubre de 2019, luego de desempeñarse como director ejecutivo de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (FUTPV). El recorrido de Girot por el mundo sindical data del año de 1996, destacando su posición en defensa de la industria, los derechos de los trabajadores y trabajadoras, y la denuncia activa por el desconocimiento de los derechos establecidos en la convención colectiva de los trabajadores petroleros.
Al término de esta entrevista, Girot manifestó que su experiencia materializó la criminalización y judicialización de la protesta y las luchas obreras en el país, así como la implantación del “sicariato judicial”.
Referencias
- Sitio web especializado en datos estadísticos sobre el consumo de internet y sus plataformas
- En el año 2010, la Asamblea Nacional reformó la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión del año 2004, que establecía categorías y prohibiciones de contenido en medios tradicionales, extendiendo su alcance a lo que denominó “medios electrónicos”. Dentro de estos nuevos cambios no se incluyó las características que se requieren para definir a un “medio»
- En el año 2013, la aplicación del numeral 4 del artículo 27 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, llevó al bloqueo de más de 300 páginas web con información sobre el mercado paralelo de divisas
- En el año 2010 se reforma la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, en donde el control absoluto de las telecomunicaciones es devuelto al estado. Quedando establecido en el artículo 5 lo siguiente: ¨Por su condición de servicio e interés público el contenido de las transmisiones o comunicaciones cursadas a través de los distintos medios de telecomunicaciones entre ellos radio, televisión y producción nacional audiovisual podrán someterse a las limitaciones y restricciones que por razones de interés público establezca la ley y la Constitución de la República¨
- En el año 2014, se crea el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (CESPPA). Quedando promulgada una nueva Ley con su respectivo reglamento. Entre sus objetivos se establece procesar y analizar la información proveniente de la web y analizar el comportamiento de las redes sociales
- Ley Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, en vigencia desde el 2017. Esta ley promueve una serie de medidas para controlar el discurso tanto de manera online como offline, la cual establece penas de privación de libertad de hasta 20 años, a todo aquel que disienta del gobierno que preside Nicolás Maduro. Asimismo, la ley estipula fuertes restricciones en contra los prestadores de servicios de radio y televisión con sanciones de revocatoria de concesión, así como a plataformas de redes sociales, con bloqueos y multas a los sitios web
- Espacio Público (2021). Situación del Derecho a la Libertad de Expresión e Información, informe anual 2021: Situación general del derecho a la libertad de expresión: Enero-Diciembre 2021. Disponible en: https://espaciopublico.ong/situacion-general-del-derecho-a-la-libertad-de-expresion-enero-diciembre-2021/
- Espacio Público y Centro de Derechos Humanos-UCAB: Informe Preliminar (21 N: Libertad de Expresión). Caracas, Venezuela. Disponible en: https://cdh.ucab.edu.ve/wp-content/uploads/sites/11/2021/12/2021-12-14.-FORTALECIMIENTO-DEL-DERECHO-A-LA-PARTIPACION-POLITICA-DESDE-UN-ENFOQUE-CIUDADANO.pdf
- Amnistía Internacional (30 de octubre de 2017). Venezuela: Noches del terror. Ataques y allanamientos ilegales a viviendas en Venezuela. Disponible en: https://www.amnesty.org/es/documents/amr53/7285/2017/es/