El temor a las amenazas, la represión del Estado y las medidas impuestas por el gobierno durante la cuarentena radical no han impedido que los ciudadanos y representantes de diversos sectores de la sociedad, tomen las calles para exigir el cumplimiento de sus derechos y denunciar la crisis estructural que atraviesa el país.
No obstante, existe una fuerte preocupación por parte de las organizaciones de la sociedad civil, quienes advierten del uso de políticas, normas, resoluciones y decisiones judiciales, como un plan formalizado para reprimir a la ciudadanía y silenciar el descontento1.
Hechos
Dorialcely Tocuyo, de 29 años de edad, y Martha Aristizábal (de 37), vivían en la ciudad de El Callao, localizada en el estado Bolívar al sur del país. De acuerdo a las fuentes policiales, los cuerpos de ambas fueron hallados con múltiples impactos de bala, detrás de una casa en el sector minero de La Iguana. El informe policial señaló que en el lugar fueron hallados 10 casquillos de balas percutidas de un arma nueve milímetros2.
El asesinato de ambas víctimas se dio a conocer el 3 de junio, una semana después de que Tocuyo y Aristizábal participaran en una manifestación por la negativa de los comerciantes de recibir billetes de 50 mil bolívares. Durante la protesta que se realizó el 24 de mayo, Tocuyo acusó públicamente al alcalde de la ciudad, Alberto Hurtado, representante del partido oficialista, de usar fondos del erario público para financiar el tráfico de drogas y las redes de prostitución que operan en la zona, mientras los residentes de El Callao pasan hambre3.
En medio de la protesta, Tocuyo, responsabilizó a Hurtado, alcalde de la ciudad, en caso de que su bienestar físico se viera comprometido. “Si tú no respetas al pueblo, el pueblo no te puede respetar a ti. Aquí voy a estar cuando tú me quieras llevar presa”, fueron las palabras de Tocuyo para Hurtado, quien exigió respeto en medio de la manifestación.
Respuesta inicial
El fiscal general de la administración de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, acusó a través de su cuenta de Twitter, como autores materiales del hecho a los integrantes de la banda delictiva El Perú, que azotan al sector de El Callao. Asimismo, indicó que los presuntos asesinos, son conocidos bajo los seudónimos de Coca-Cola y 19. Saab, no descartó una presunta autoría intelectual.
3) #AHORA testigo presencial indica q los autores materiales del abominable #Homicidio serial son presuntamente integrantes de la Banda El Peru q azota el sector El Callao: conocidos bajo los seudónimos de alias “Coca-Cola y 19”… sin descartar una presunta autoría intelectual
— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) June 6, 2021
Saab anunció que los asesinatos de Aristizábal y Tocuyo se someterán a investigación con el fin de esclarecer los hechos. Igualmente, informó que su despacho adelanta los procedimientos de: necropsia de ley de ambas víctimas, colección de nueve conchas percutidas por armas nueve milímetros y entrevistas de siete testigos4.
Los familiares de las víctimas indicaron que próximamente realizarán la denuncia de los hechos, mientras que, Alberto Hurtado, el alcalde del municipio El Callao, seguía sin brindar declaraciones sobre los hechos ocurridos bajo su jurisdicción.
El mensaje es el enemigo: la violencia para reprimir
El artículo 68 de la Constitución venezolana establece que “Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establece la ley”. El mismo artículo también sostiene la prohibición del “uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas». De esta forma, queda establecido el derecho de todos los ciudadanos de convocar a una reunión pacífica y a movilizarse, con el objetivo de expresar su desagrado o aprobación frente a alguna situación de interés público y colectivo.
Sin embargo, la arremetida en contra de los ciudadanos que se organizan para expresar sus molestias, denunciar irregularidades y prácticas ilícitas por parte de funcionarios del Estado, se ha hecho común en Venezuela. Esto revela un patrón sistematizado de criminalización. El Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre las Violaciones y abusos de los derechos humanos en el contexto de las protestas en la República Bolivariana de Venezuela del 1 de abril al 31 de julio 2017, reveló que existe una “motivación política” y un “carácter organizado” para reprimir, impulsado y promovido desde el gobierno5.
Si bien, los estándares internacionales señalan que “todas las formas de discurso están protegidas por el derecho a la libertad de expresión, independientemente de su contenido”6 dentro de un contexto de protesta, el Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre las Violaciones y abusos de los derechos humanos en el contexto de las protestas en la República Bolivariana de Venezuela del 1 de abril al 31 de julio 2017, por su parte, advierte que “el uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva durante las manifestaciones y la detención arbitraria de manifestantes y presuntos opositores políticos denota que no se trata simplemente de actos ilegales o insubordinados de funcionarios aislados”, sino que da cuenta de “un aumento de la estigmatización de las personas percibidas como opositoras” al gobierno que preside Nicolás Maduro7.
El Estado venezolano tiene la obligación de garantizar y proteger dentro del marco de la protesta, el derecho de la ciudadanía a expresarse libremente sin represalias, de difundir de manera favorable cualquier tipo de mensajes, sin importar la índole del contenido, aun cuando el mensaje pueda chocar o inquietar a los representantes gubernamentales, así queda establecido en el artículo 57 en la Constitución Nacional8.
Referencias
- Espacio Público (2017). Balance sobre la situación del derecho a la reunión y manifestación en Venezuela 2017. Consultado el 21/06/2021. Disponible en: http://espaciopublico.ong/balance-sobre-la-situacion-del-derecho-a-la-reunion-y-manifestacion-en-venezuela-en-2017/
- El Nacional. (07/06/2021). Terribles hechos»: lo que se sabe del doble femicidio en El Callao. El Nacional. Consultado el 21/06/2021. Disponible en: https://www.elnacional.com/venezuela/terribles-hechos-lo-que-se-sabe-del-doble-femicidio-en-el-callao/
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El Nacional. (04/06/2021). Mujer que denunció al alcalde de El Callao por corrupción fue asesinada. El Nacional. Consultado el 22/06/2021. Disponible en: https://www.elnacional.com/venezuela/mujer-que-denuncio-al-alcalde-de-el-callao-por-corrupcion-fue-asesinada/
- El Nacional. (07/06/2021). Terribles hechos»: lo que se sabe del doble femicidio en El Callao. El Nacional. Consultado el 21/06/2021. Disponible en: https://www.elnacional.com/venezuela/terribles-hechos-lo-que-se-sabe-del-doble-femicidio-en-el-callao/
- Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. (31 de mayo de 2017). Violaciones y abusos de los derechos humanos en el contexto de las protestas en la República Bolivariana de Venezuela del 1 de abril al 31 de julio de 2017. Consultado el 23/ 6/2021. Disponible en https://www.ohchr.org/Documents/Countries/VE/HCReportVenezuela_1April-31July2017_SP.pdf
- Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (Septiembre 2019). Protesta y Derechos Humanos. Estándares sobre los derechos involucrados en la protesta social y las obligaciones que deben guiar la respuesta estatal. Consultado el (22/06/2021). Disponible en: https://www.oas.org/es/cidh/expresion/publicaciones/ProtestayDerechosHumanos.pdf
- Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. (31 de mayo de 2017). Violaciones y abusos de los derechos humanos en el contexto de las protestas en la República Bolivariana de Venezuela del 1 de abril al 31 de julio de 2017. Consultado el 23/ 6/2021. Disponible en https://www.ohchr.org/Documents/Countries/VE/HCReportVenezuela_1April-31July2017_
- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (1999). Disponible en: http://www.uc.edu.ve/archivos/pdf_pers_adm_obr/constitucion.PDF