A los/as jóvenes detenidos, tras las protestas poselectorales, que fueron sacados de sus viviendas, no les mostraron orden de la Fiscalía ni les explicaron cuáles eran los delitos que les imputaron.
Para sacar a Ángel Ramírez, de 16 años, de su casa se necesitó un contingente de más de una docena de hombres de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Cuando los funcionarios tumbaron la puerta de su casa, él estaba cuidando a su hermano de un año y medio. Su tía estaba en la misma casa y no le dio tiempo de detener la acción policial. Todo fue muy rápido. Le pusieron una capucha, un chaleco antibalas, lo esposaron y bajaron por el barrio, ubicado en el sector El Tamarindo de Los Jardines del Valle, municipio Libertador, en Caracas.
Se lo llevaron el 31 de julio, tres días después de las elecciones presidenciales. Lo acusaron de terrorismo, resistencia a la autoridad, hurto indebido y asociación para delinquir.Durante su traslado, los policías hicieron un vídeo, le pusieron una música tecno y aparecía un mensaje en pantalla: “Operación TunTun (la policía toca a su puerta). Sin lloradera”.
Nérida Ruiz, mamá de Ángel Moisés, a más de 60 días de su detención, siente la misma angustia del primer día. Su hijo, cada día más triste. “Está preso por algo que no cometió y decía que no quería pasar su cumpleaños encerrado ahí”. Fue el 24 de octubre.
El 16 de octubre fue llevado a tribunales para la audiencia preliminar. El abogado defensor del Ministerio Público, le sugirió que no se declarara culpable de los cargos, y si lo hacía la pena sería de seis a siete años.No lo hizo y su caso pasó a juicio en el Tribunal Segundo de Terrorismo. No le dieron medidas cautelares, sigue preso en la Casa de Justicia 431 de El Cementerio, donde está desde la primera quincena de septiembre. Antes estuvo en Zona 7 (primero) y luego en el Centro de Detención de Coche.
En prisión, el adolescente se ha dedicado a escribir cartas a familiares, amigos y a sus compañeros de celda. Ángel cada vez que su mamá va a verlo le dice que quiere regresar al liceo, que debería estar planificando su tesis para graduarse de bachiller. Su caso sigue un patrón de detención arbitraria, sin orden de la Fiscalía, trato cruel, no hubo presunción de inocencia, le precalificaron delitos, no le dejaron juramentar a un defensor de confianza, le hicieron una presentación colectiva; no individualizaron los casos.
Ni siquiera le han permitido una evaluación psicológica o mental; además de que durante los primeros días estuvo en una celda con población adulta, a pesar de que el artículo 549 de la Ley orgánica de protección de niños, niñas y adolescentes (Lopnna), establece que los adolescentes deben estar siempre separados de los adultos cuando estén en prisión preventiva o cumpliendo sanción privativa de libertad.
Todos estos patrones se presentan en los casos de los adolescentes que fueron detenidos en Caracas: 27, de los cuales 15 varones y cuatro hembras fueron excarceladas con régimen de presentación el pasado 29 de agosto, y ocho aún permanecen tras las rejas. Las penas por terrorismo están entre 25 y 30 años de cárcel; y las condenas por el delito de incitación al odio de 10 a 25 años. En las audiencias les plantean asumir los cargos para una rebaja de la pena a seis o siete años, pero quienes ya han tenido su audiencia, como Ángel, se declaran inocentes y pasan a juicio.
Represión sin precedentes
Desde el 28 de julio, día de las elecciones presidenciales, tanto organizaciones internacionales como locales con trabajo de incidencia en el tema de los derechos humanos, documentaron represiones de los cuerpos de seguridad sin precedentes, violatorias del debido proceso. La Misión Internacional de Determinación de los Hechos, reseñó 25 víctimas mortales tras los comicios. La mayoría eran jóvenes menores de 30 años de barrios populares. Hay dos niños entre ellos”, dijo. 24 murieron por heridas de bala.De acuerdo a las cifras de las propias autoridades, del gobierno de Nicolás Maduro, más de 2000 personas fueron detenidas durante la primera semana de protestas.
En un arqueo de medios de comunicación, hecho entre agosto y septiembre, verificamos y registramos 246 detenciones en medio de la represión post electoral. 34,5 % de la muestra observada son menores de edad, 85 casos.
«La cifra que maneja la Misión da cuenta de 130 niños y 28 niñas, algunos con discapacidades, que fueron acusados de terrorismo e incitación al odio, resistencia a la autoridad, hurto».
Ángel Ramírez, es uno de los que tiene a cuesta esos cuatro delitos precalificados, más daño a la propiedad, de los cuales la Fiscalía no tiene prueba alguna, según su mamá. Igual Daiber Lucena, de 15 años, también habitante de la parroquia El Valle, detenido el 31 de julio tras, quien está preso y acusado de los mismos delitos. A él, contó su mamá María, cuando lo detuvieron le pegaron con un palo por la nuca porque se negó a grabar un vídeo con un guión con el cual pretendían incriminar y vincular a la dirigente política María Corina Machado con las protestas de la ciudadanía, que pedía transparencia en los resultados electorales.
Ángel y Daiber, muchachos de zonas populares, de madres trabajadoras, tuvieron sus audiencias preliminares pasados los 60 días; pero durante ese evento no pudieron defenderse, aún cuando tienen derecho a ser oídos en la investigación, en el juicio y durante la ejecución de la sanción. De acuerdo a la Lopnna, artículo 560, ordenada judicialmente la detención, el o la fiscal del Ministerio Público deberá concluir la investigación y presentará el acto conclusivo respectivo dentro de los 10 días siguientes. Vencido dicho plazo sin que haya presentado la acusación, el juez o la jueza de control decretará una medida para que no genere privativa de libertad.
En defensa de sus hijos/as
La Misión, en su informe de septiembre pasado, ratificó que las autoridades venezolanas, «pusieron en marcha una campaña de detenciones masivas e indiscriminadas sin precedente», con un número de detenciones, que pudieron contarse por miles, «sólo comparable con las protestas de 2014, 2017 y 2019». A los patrones que se identificaron en estos casos, se suma el hecho de que a la ciudadanía detenida no se le ha garantizado el derecho a la integridad personal y no recibe un trato digno del sistema penitenciario.
De hecho, el Comité de Madres en Defensa, creado tras las elecciones, ha denunciado una serie de maltratos.“No les están dando agua, la comida se las dan con gusanos, los meten por una semana en un calabozo que llaman el tigrito, sin luz ni agua, para que no digan nada si los golpean y los están obligando a poner sus huellas en una hoja en blanco para que asuman cargos de 15 a 20 años. Tengo miedo por mi hijo”, contó Isabel*, madre de un joven de 22 años preso en la cárcel Tocorón, ubicada en Aragua.
Desde que trasladaron a su hijo de Zona 7, en Boleíta en Caracas, para Aragua, sufre un calvario pues se debate entre mantener la casa con sus otros hijos, trabajar, hacer diligencias y conseguir dinero para el pasaje cada vez que le toca visita. Se traslada desde Petare, para Maracay, y eso en pasaje diario en transporte público son cerca de 20 dólares.
Aunque no están en la misma celda, el hermano de Frank*, a quien arrestaron en los alrededores de La Hoyada, en pleno centro de Caracas, mientras compraba comida, tampoco tiene sus derechos básicos garantizados en Tocorón. Lo detuvieron el 29 de julio y aún no ha tenido la audiencia preliminar. Ahora, su hermano contó que están muy preocupados por su estado de salud: vómitos y diarreas continuas, “pero fue de tanto insistir que nos permitieron dejar unas medicinas. Ahora no sé si se las dieron”, narra con pesar Frank, quien pidió no contar más del caso por temor a represalias.
A diferencia de los adolescentes detenidos que las mamás han expuesto sus casos, con los adultos muchos familiares se privan de dar sus datos por temor “a que los torturen”. “Nosotros estamos en Caracas y no podemos ir a cada rato allá, entonces debemos cuidarlos”.
La represión poselectoral no solo abarcó a líderes de la oposición política y de base social. Los abusos cometidos por los cuerpos de seguridad del Estado, también fueron dirigidos hacia ciudadanos comunes, quienes simplemente salieron desde varios sectores populares de la Gran Caracas a demostrar su desacuerdo por los resultados del sufragio del 28 de julio, como contra aquellas que simplemente transitaban por la calle durante los días de las protestas, gente de los barrios de parroquias que en otrora se llamaban bastiones del chavismo, como Petare y El Valle.
*Nombres cambiados por razones de seguridad.
