Codhez es una organización sin fines de lucro dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos en el Estado Zulia. Surge a raíz de las violaciones de derechos humanos ocurridas en el contexto de las manifestaciones del primer semestre de 2014, como un grupo de abogados que asisten judicialmente a manifestantes detenidos arbitrariamente y, a la vez, de la mano con prestigiosas universidades de la región, documentan estos casos y otros hechos violatorios de derechos humanos, como allanamientos de viviendas y ataques a los recintos universitarios.
Desde entonces, prestan asistencia judicial gratuita, sobre todo en casos de detenciones arbitrarias, asesora a las víctimas y sus familiares, y producen informes sobre la situación actual de los derechos en la región zuliana. Además, al día de hoy, dedican esfuerzos para la capacitación en el área de sistemas nacionales e internacionales de protección, dirigida a estudiantes, profesionales, activistas y la sociedad civil, a través de las alianzas que se han logrado hasta la fecha.
En el primer capítulo de este Informe anual 2017 se documentan los hechos más destacados sobre las libertades y debido proceso, con énfasis en los casos de discriminación y detenciones arbitrarias por motivos políticos, así como los excesos en el control de manifestaciones, destacándose los eventos más relevantes y los casos atendidos por Codhez ante tribunales penales ordinarios y militares –en los que es común que los funcionarios justifiquen sus actuaciones ilegales porque “son órdenes de Caracas”.
En el segundo capítulo se informa sobre la situación de los derechos políticos en el contexto de la Asamblea Nacional Constituyente, en específico, la incidencia de sus decisiones en la elección del gobernador del Zulia, y los riesgos que representan las leyes constitucionales y decretos que ha dictado desde que está en funcionamiento.
En el tercer capítulo se informa sobre los derechos a la integridad personal, la vida y la seguridad ciudadana –por una parte, el estado actual del proceso judicial del caso OLP en Santa Rosa de Agua, y por otra, una referencia a la emergencia humanitaria. En el tercer capítulo se hace alusión a los derechos humanos en la Guajira, y en particular, a situaciones de abuso de poder, amenazas a la libertad de prensa, y la deficiente garantía de los derechos de acceso a los alimentos y servicios de salud. Por último, se hacen recomendaciones para resarcir las vulneraciones a los derechos identificadas en este informe.
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