La represión poselectoral y exposición de datos personales

El derecho a la privacidad y protección de datos personales, está adquiriendo mayor importancia a nivel internacional. El debate público sobre la necesidad de proteger y asegurar la información de las personas en el mundo digital va en aumento, gracias al valor que los datos personales han adquirido. No solo para el comercio, sino para los Estados, como mecanismo de seguridad y control social.

El esfuerzo por proteger los datos personales de vulneraciones, usos indebidos y accesos no autorizados avanza en  Latinoamérica desde el año 1999, con países como Uruguay, Argentina, México, Chile, Ecuador, Perú y Brasil, que impusieron la importancia vital de proteger la información personal de sus ciudadanos, creando sus propias políticas, basadas en marcos normativos europeos y en los estándares dispuestos por los organismos internacionales¹.

Sin embargo, en Venezuela no existe mayor interés en avanzar en el desarrollo de un estructura integral que garantice el resguardo, la confiabilidad y seguridad en materia de protección de datos y privacidad,  a pesar de que la Constitución en su artículo 60 garantiza este derecho².

Por el contrario, los hechos revelan una profundización en la política de mal uso de datos y vulneración del derecho a la privacidad con fines políticos y represivos, luego de la celebración de los comicios presidenciales del 28 julio del 2024. 

Durante el contexto de protesta generado en Venezuela luego de los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE), circularon denuncias sobre la implementación de un sistema de vigilancia en las zonas populares para señalar a vecinos que participaron en las protestas en rechazo a los resultados y percibidas como “opositoras”; un esquema basado en la delación a través de la exposición de datos personales, con consecuencias legales y punitivas. 

Protestas postelectorales: violencia y reciclaje de patrones represivos

Luego del 28 de julio, una ola de protestas espontáneas se desató a nivel nacional en rechazo a los resultados que emitió el CNE³, y que se prolongaron en los días siguientes. En paralelo, la coalición de partidos opositores mostró evidencia de que su candidato ganó la contienda por amplia mayoría, a través de la sistematización y publicación de las actas electorales. 

Habitantes de diversas comunidades de todo el país, particularmente de las zonas más vulnerables y empobrecidas, tomaron las calles frente a las dudas de los resultados electorales y en medio de un clima de  acusaciones de fraude por parte de la comunidad internacional. 

A pocas horas de la emisión del primer boletín,  se observó una represión violenta en contra de las personas manifestantes con el despliegue de una operación conjunta entre las fuerzas de seguridad del Estado: Policía Nacional Bolivariana (PNB), Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET de acuerdo a sus siglas) componente de la PNB, y civiles armados, que hicieron uso desproporcionado de la fuerza lo que derivó en el asesinato de al menos 26 personas⁴.

Después de tres días de reclamos y protestas sostenidas en las calles, el Ministerio Público señaló que 1062 personas se encontraban detenidas⁵. Mientras que Nicolás Maduro Moros, calificó a las protestas como “ataques violentos, criminales y terroristas”, elevando la cifra de personas detenidas a 2000 y refiriéndose a ellas como “terroristas”⁶.

Hasta el 15 de agosto contabilizamos al menos 233 personas detenidas, de las cuales el 33,90% fueron menores de edad, mientras que otras organizaciones locales, reportaron 1503 personas detenidas para el 18 de agosto⁷.

En esencia, se observan patrones represivos similares a los documentados en el ciclo de protestas de los años 2014, 2017 y 2019, en donde la respuesta estatal derivó de una política orientada a reprimir a través del Plan Zamora⁸.

Según el monitoreo, las acciones represivas se realizaron entre varios cuerpos de defensa, tanto de militares como policías y civiles armados lo que coincide con un aumento de las detenciones arbitrarias en todo el país. La evidencia señala que la respuesta estatal obedece a actividades represivas ligadas a ejercer terror en la población y el uso desproporcionado de fuerza militar en contra de civiles desarmados.

En este sentido, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, expresó su preocupación por  “que tantas personas estén siendo detenidas, acusadas o imputadas de incitación al odio o bajo la legislación antiterrorista. El derecho penal nunca debe utilizarse para limitar indebidamente los derechos a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación”⁹. Asimismo, Volker Türk hizo un llamado de atención al gobierno, pidiendo por la liberación inmediata de todas las personas que han sido detenidas de manera arbitraria e instó a las instituciones judiciales a ofrecer “garantías de juicios justos para todas las personas detenidas»¹⁰.

La represión violenta de las protestas también dejó varias personas asesinadas, aunque la información por el momento no es concluyente y las denuncias por las violaciones a los derechos humanos de las personas manifestantes continúan. La data da cuenta de que al menos 25 personas fueron asesinadas en contexto de protesta, dando forma a un patrón cíclico de violencia que involucra a funcionarios civiles y militares.

Violación del derecho a la privacidad y vulneración de datos personales 

El lunes 29 de julio y luego del resultado emitido por el CNE¹¹, vecinos de zonas populares tomaron las calles con cacerolas para expresar su descontento por los resultados oficiales que daban como ganador a Nicolás Maduro. 

Horas más tarde y luego de los anuncios realizados por el máximo líder del oficialismo, en donde alentaba a denunciar o delatar a través de la línea 58 de la aplicación Venapp y redes sociales, una ola de detenciones arbitrarias se desató en los sectores populares hacia aquellas personas que protestaron y eran percibidas como “sospechosas”.

El 30 de julio, hablándole a sus seguidores desde el Palacio de Miraflores, Maduro dijo:

“Vamos a abrir una ventana especial de la página VenApp que utilizamos para el 1×10 del buen Gobierno, con la página 58, ahora se va a abrir una especial para toda la población venezolana para que ahí de manera confidencial me pongan los datos de todos los delincuentes que han amenazado al pueblo, que han atacado al pueblo, para ir por ellos, para que haya justicia”.

Luego de hacerse públicas las denuncias, la aplicación dejó de estar disponible para su descarga en teléfonos de sistemas operativos de Android y Apple, pero se mantenía activa para aquellos usuarios que ya la habían descargado.

Amnistía Internacional advirtió sobre el peligro de una aplicación para denunciar manifestantes que estén en desacuerdo con el actual gobierno venezolano, y cuestionó a las empresas de tecnología que desarrollan aplicaciones que afectan negativamente los derechos humanos de la población sin evaluar los riesgos que estas aplicaciones representan¹².

Asimismo, se recibieron denuncias de personas que fueron detenidas por publicar en estados de Whatsapp, videos y material audiovisual referente a las protestas a favor de Edmundo González Urrutia y María Corina Machado. También se conoció sobre el monitoreo de redes sociales de ciudadanos comunes, periodistas, activistas y políticos con el objetivo de revelar sus lugares de residencia, así como la creación de grupos en aplicaciones de mensajería y redes sociales para facilitar la búsqueda de las personas a través de la difusión de imágenes de rostros, datos de ubicación y números telefónicos. Esto también incluyó el acceso a conversaciones y contenidos privados a través de la revisión ilegal de equipos celulares, en instituciones públicas hacia sus trabajadores o en alcabalas policiales. 

Los dispositivos celulares son propiedad privada de cada persona. La posición política que tenga una persona no constituye delito, y esto no debe ser un motivo para que un funcionario del Estado pueda alegarlo al momento de realizar la requisa de un celular, este tipo de medidas tomadas por el Estado buscan restringir mucho más la participación social y la libertad de expresión en los procesos de manifestación social¹³.

La implementación de herramientas tecnológicas de avanzada, fue otras de las irregularidades y situaciones atípicas que fueron denunciadas por las comunidades. En el contexto de protestas pacíficas, manifestantes observaron drones, que se presume son para fines de vigilancia y monitoreo. Hasta el momento se desconoce el número exacto de dispositivos que fueron desplegados y sus características técnicas. Este tipo de acciones suponen una violación del derecho a la privacidad y del derecho a la protesta pacífica a fin de intimidar a quienes ejercer sus derechos de forma legítima¹⁴.

Organizaciones de derechos humanos advierten que una de las características de los drones es que puede captar imágenes y datos sin el consentimiento de los manifestantes, y por lo tanto sin garantías legales, lo que facilita la videovigilancia como mecanismo de disuasión que criminaliza la protesta pacífica y busca generar miedo en la población¹⁵.

Organizaciones especializadas en derechos digitales reiteran que estos mecanismos usados para perseguir, hostigar a sectores de oposición y a las voces contrarias incluyen: 

“el uso de cuentas de Instagram, Telegram y X (antes Twitter) para revelar nombres, fotos y direcciones de disidentes, en particular de activistas y periodistas, pero también de ciudadanos comunes que sirvieron como testigos en los centros de votación durante las elecciones. A menudo, el doxing lo hacen sus propios vecinos”.

El Estado venezolano debe asumir la obligación de generar las condiciones normativas y prácticas que aseguren un ambiente de ejercicio pleno y efectivo de los derechos humanos. En este sentido, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y su Relatoría para la Libertad de Expresión, condena estas “prácticas de violencia institucional en el marco del proceso electoral en Venezuela, incluyendo represión violenta, detenciones arbitrarias y persecución política”¹⁶.

En un contexto donde se criminaliza a las opiniones contrarias y ante la ausencia de instituciones imparciales y democráticas, la CIDH confirma que la arbitrariedad desde las altas esferas consolida el terrorismo de Estado “como herramienta para silenciar a la ciudadanía y perpetuar el régimen autoritario oficialista en el poder”, con graves consecuencias y represalias para la población¹⁷. 

 

1. Bordachar, M; (2022, Febrero 4).¿Cómo y quiénes cuidan nuestros datos? Legislaciones vigentes en países Latinoamericanos. Disponible en:https://www.derechosdigitales.org/17759/dia-de-la-proteccion-de-los-datos-personales/
2.  Artículo 60: “Toda persona tiene derecho a la protección de su honor, vida privada e intimidad, propia imagen, confidencialidad, y reputación. La ley limitará el uso de la informática, para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y ciudadanas y el pleno ejercicio de sus derechos. La ley limitará el uso de la informática, para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y ciudadanas y el pleno ejercicio de sus derechos”. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.Disponible en:https://www.oas.org/dil/esp/constitucion_venezuela.pdf
3. Ibidem
4. Datos de compilación propia basados en información pública y registro de organizaciones
5. Diario Tal Cual ( 2024, julio 31). Ministerio Público informa sobre 1.062 detenidos en protestas post elecciones. Disponible en:https://talcualdigital.com/ministerio-publico-informa-sobre-1-062-detenidos-en-protestas-post-elecciones
6.  EFE (2024, agosto 7) Ascienden a 2.229 los detenidos en las protestas tras las presidenciales en Venezuela,según Nicolás Maduro. Disponible en: https://efe.com/mundo/2024-08-07/venezuela-protestas-nicolas-maduro-2229-detenidos
7. Diario las Américas (2024, agosto 19). Van 1.503 personas detenidas tras las protestas en Venezuela por el fraude electoral. Disponible en:https://www.diariolasamericas.com/america-latina/van-1503-personas-detenidas-las-protestas-venezuela-el-fraude-electoral-n5362088
8. Espacio Público (2020, abril 29). Balance sobre la situación del derecho a la reunión y manifestación en Venezuela en 2017.Disponible en:https://espaciopublico.ong/balance-sobre-la-situacion-del-derecho-a-la-reunion-y-manifestacion-en-venezuela-en-2017/
9. Oficina Alto Comisionado de las Naciones Unidas (2024, agosto 13). Venezuela: Las continuas detenciones arbitrarias y el uso desproporcionado de la fuerza alimentan el clima de miedo, advierte Türk. Disponible en:https://www.ohchr.org/es/press-releases/2024/08/venezuela-ongoing-arbitrary-detentions-disproportionate-use-force-fuelling
10. Ibidem
11. Ibidem
12. Amnistía Internacional (2024, agosto 7). Venezuela: Las empresas tecnológicas sientan un precedente peligroso con una aplicación para denunciar a manifestantes antigubernamentales.Disponible en https://www.amnesty.org/es/latest/news/2024/08/venezuela-tech-companies-set-dangerous-precedent-with-app-for-reporting-anti-government-protesters/
13. Crónica uno (2024, agosto 5). #Enclaves | ¿Es legal que funcionarios revisen celulares sin orden judicial?. Disponible en:https://cronica.uno/enclaves-es-legal-que-funcionarios-revisen-celulares-sin-orden-judicial/
14. Infobae (2024, agosto 3). El régimen de Maduro desplegó drones sobre Caracas para vigilar e infundir terror a los ciudadanos que salgan a protestar. Disponible en : https://www.infobae.com/venezuela/2024/08/03/el-regimen-de-maduro-desplego-drones-sobre-caracas-para-vigilar-e-infundir-temor-a-los-ciudadanos-que-salgan-a-protestar/
15.  Accessnow.org (2024, agosto 5). Carta abierta sobre la violencia política posibilitada por la tecnología en Venezuela. Disponiblehttps://www.accessnow.org/press-release/carta-abierta-violencia-politica-posibilitada-por-la-tecnologia-venezuela/
16.  Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2024, agosto 15). CIDH y RELE condenan prácticas de terrorismo de Estado en Venezuela. Disponible en:https://www.oas.org/pt/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2024/184.asp
17. Ibidem