Durante el año 2021 se contabilizaron al menos 1038 protestas en el territorio nacional, esto representa una disminución de las protestas registradas por 4to año consecutivo que en este periodo es del 36,52% con respecto al año anterior.
La pandemia generada por el virus del SARS-CoV-2, siguió impactando de manera significativa a Venezuela, lo que devela la incapacidad de respuesta rápida y eficaz por parte de las autoridades.
A continuación se suman algunos hechos que influenciaron parte de la dinámica nacional del 2021.
Contexto
El 8 de enero, funcionarios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), se presentaron en la sede del canal por internet VPItv en la ciudad de Caracas, para decomisar los equipos del medio. Más tarde, el 13 de enero, el mismo canal anunció el cese de sus operaciones. Ese mismo día, pero horas más tarde, el Diario Panorama, fue clausurado por cinco días. Mientras que Caraota Digital, Efecto Cocuyo, y El Pitazo, fueron acusados en una nota publicada por el medio Globovisión de ser financiados para actuar en contra del gobierno oficialista 1
El 12 de enero, cinco representantes de la Asociación Civil Acción Zuliana por la Vida, Azul Positivo, fueron detenidos por una comisión de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), luego de un allanamiento en la sede de la organización2. Dos días después, el tribunal 4to de control del estado Zulia, dictó medida privativa de libertad quedando establecido como sitio de reclusión la sede del DGCIM3.
El 14 de enero, la Corte de Distrito del estado de Delaware, en Estados Unidos, sentenció la venta de las acciones de CITGO Petroleum Corporation para pagar los 1,400 millones de dólares de la expropiación, en relación con la demanda de Crystallex contra el Estado de Venezuela. Sin embargo la Oficina de Control de Bienes Extranjeros bloqueó la ejecución de la orden al no conceder los permisos correspondientes4.
El 22 de febrero, la Unión Europea sancionó a 19 funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, incluyendo a Remigio Ceballos, comandante del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana; Omar Prieto. gobernador del estado Zulia, e Indira Alfonzo, presidenta del Centro Nacional Electoral 5. El 23 de febrero, la Contraloría General de la República, inhabilitó al opositor Juan Guaidó y a otros 28 diputados, en su mayoría opositores por no presentar la memoria y cuenta ante la asamblea nacional entrante6. El 24 de febrero, el gobierno anunció la implementación del programa “Bolívar Digital”. Ese mismo día, el gobierno de Nicolás Maduro, expulsó a Isabel Brilhante, embajadora de la Unión Europea en Caracas 7. El 25 de febrero, cumpliendo el principio de reciprocidad, es declarada persona non grata la embajadora Claudia Salerno por la UE.
El 3 de marzo, el Tribunal Supremo de Justicia declaró constitucional el decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica y el Estado de Alarma, este último instalado desde el 26 de diciembre de 20208 . El 10 de marzo, el gobierno de Venezuela anunció que prorrogan el Estado de Excepción y Emergencia en Venezuela por 60 días más, extendido por la 28va vez desde 20169.
El 21 de marzo, se produjo una serie de enfrentamientos en la localidad de La Victoria, al sur del municipio Páez, estado Apure. El hecho se dió entre grupos guerrilleros identificados como disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP), y cuerpos de seguridad de Venezuela10. Una semana después, el Ministerio de Defensa, notificó sobre el fallecimiento de ocho soldados venezolanos en estos hechos11.
EL 28 de marzo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), emitió un fallo en contra de Nicolás Maduro por no obedecer las recomendaciones en materia de derechos económicos y sociales para las personas trabajadoras12.
El 31 de marzo, la escritora y miembro de la Academia Venezolana de la Lengua Española, Milagros Mata Gil, y el poeta Juan Manuel Muñoz, fueron detenidos por una comisión del Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), presunta publicación del texto titulado «Fiesta Mortal», referido a una boda a la cual habría asistido Tarek William Saab, a pesar de las restricciones por la pandemia de coronavirus13.
El 16 de abril, un tribunal venezolano obligó al diario El Nacional a pagar poco más de 13 millones de dólares, en represalia por la línea informativa del medio. La sanción que data de agosto del 2015, se debió a la reedición de un artículo del diario español ABC, en el que Leamsy Salazar acusa a Diosdado Cabello de tener vínculos con el narcotráfico14. Para el 20 de abril, se contabilizaron tres emisoras de radio cerradas, Radio Selecta 102.7 FM en la ciudad de Machiques, Aragua Mágica 88.1 FM y la última, Radio Rumbos 670 Am en Vargas.
El 25 de abril, Orlando Moreno, defensor de derechos humanos del estado Delta Amacuro, fue detenido por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), mientras acompañaba a los familiares de las víctimas del naufragio ocurrido en Boca de Serpiente, en Tucupita15. Tras pasar cinco días detenido, Moreno es excarcelado luego de haber sido imputado por el presunto delito de “instigación al odio”16.
El 1 de mayo, el Ministerio Público, admitió que el concejal del Municipio Libertador de Caracas, Fernando Albán, fue asesinado en octubre de 2018, solicitando orden de detención contra los funcionarios del SEBIN que cometieron el hecho17. Asimismo, la Fiscalía también reconoció que Juan Pablo Pernalete fue asesinado durante las protestas en el año 2017. Por este hecho, 12 funcionarios fueron imputados bajo los cargos de homicidio preterintencional en grado de complicidad correspectiva18.
El 6 de mayo, se instaló un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), elegido por la nueva Junta Electoral de la Asamblea Nacional. Pedro Calzadilla, Alexis Corredor, Tania D’amelio, Enrique Márquez, y Roberto Picón Hernández, quedaron designados como directores principales. Como presidente del órgano electoral quedó electo, Pedro Calzadilla, quien fue ministro de Cultura durante el gobierno de Hugo Chávez, mientras que Enrique Márquez fue designado vicepresidente del CNE19.
El 11 de mayo, Juan Guaidó, presentó un “acuerdo de salvación nacional” que propone la negociación con Nicolás Maduro, un cronograma de elecciones libres, acompañadas de observación y respaldo internacional, a cambio de un levantamiento de las sanciones internacionales20. Ese mismo día, el CNE, anunció que se realizarian elecciones conjuntas regionales y locales para el 21 de noviembre de 2021, mientras que la oposición esperaba elecciones presidenciales2122.
El 14 de mayo, el Tribunal Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas practicó la medida de embargo ejecutivo contra la sociedad mercantil Editora El Nacional C.A.23.
El 8 de julio, se registraron una serie de enfrentamientos entre la banda de «el Koki» (Carlos Luis Revete), y efectivos de la FAES y otras comisiones policiales. Los hechos de violencia se prolongaron durante tres días, obligando a vecinos de la comunidad a abandonar el sector 24. El 11 de julio, Carmen Meléndez, reportó que los enfrentamientos en la Cota 905 dejaron un saldo de 26 personas fallecidas y 38 heridas25.
El 12 de julio, el ex diputado Freddy Guevara, fue detenido por efectivos de la FAES26. Después de poco más de un mes detenido, es liberado bajo medidas cautelares con régimen de presentación27.
El 21 de julio, la Dirección de Inteligencia y Estrategia (DIE), se llevaron detenida a Ada Macuare, coordinadora de enfermería del ambulatorio Alí Romero en la ciudad de Barcelona, estado Anzoátegui, y a la enfermera Jhoana Perales por reclamar mejoras en los beneficios laborales y medidas de bioseguridad. Junto a las enfermeras, se encontraban otros trabajadores de la salud28. El 6 de agosto Macuare fue excarcelada bajo medida cautelar de presentación.
El 5 de agosto, el Banco Central de Venezuela (BCV), anunció que a partir del 1 de octubre, entraría en vigencia el Bolívar Digital. Con la aplicación de este nuevo cono monetario, se busca la eliminación de seis ceros en el actual sistema29.
El 13 de agosto, se inició la primera ronda de acuerdos de diálogo en México entre la Plataforma Unitaria (que incluye al gobierno interino de Juan Guaidó) y el gobierno de Nicolás Maduro en la Ciudad de México con la firma de un memorándum de entendimiento inicial entre los delegados Gerardo Blyde y Jorge Rodríguez Gómez y la presencia de Dag Nylander, principal representante del Reino de Noruega, se estima una duración de 180 días30.
El 19 de agosto, Nicolás Maduro, realiza ajustes en su tren ministerial, removiendo de su cargo como canciller a Jorge Arreaza y a otros cuatro ministros31.
El 8 de septiembre, el Tribunal Constitucional de Cabo Verde, autorizó la extradición a los Estados Unidos de Alex Saab32. El 9 de septiembre, se reportó una mejora en el sistema de entrega de gasolina en Venezuela. Las autoridades venezolanas, afirmaron que solo estaban trabajando las Refinerías de Amuay y de Puerto La Cruz, mientras que las operaciones en la refinería de El Palito, se mantienen paralizadas33. Ese mismo día, pero en España, es detenido el ex general Hugo Carvajal, quien dirigió los servicios de inteligencia durante el gobierno de Hugo Chávez34.
El 13 de septiembre, se reinició después de 120 días la aplicación de la segunda dosis de la vacuna rusa Sputnik V35. El Consejo Nacional de Universidades, designó de manera rápida e inconsulta el nuevo rector de la Universidad Simón Bolívar, Cézar Trompiz36.
El 1 de octubre, inició la tercera reconversión monetaria del Bolívar, pasándose a llamar Bolívar Digital37. El 15 de octubre, el CICPC, allanó la casa de los padres del periodista de investigación Roberto Deniz, quien ha denunciado un presunto esquema de corrupción en el sistema de distribución de alimentos CLAP (Consejos Locales de Abastecimiento y Producción)38. El 19 de octubre, nombraron a Tibisay Lucena como Ministra de Educación Universitaria. Asimismo, fue designada Dheliz Álvarez como Ministra del Poder Popular para el Comercio Nacional, en sustitución de Eneida Laya39.
El 23 de octubre, es sentenciado a 23 años de prisión el sargento de la aviación Arli Méndez Terán por el asesinato del joven David Vallenilla en el contexto de las protestas en el año 201740.
El 2 de noviembre, el empresario colombiano Alex Saab, se declaró no culpable del cargo de conspiración de lavado de dinero41. El 3 de noviembre, el fiscal de la Corte Penal Internacional Karim Khan, informó que Venezuela será investigada formalmente por presuntos crímenes de lesa humanidad42. El 4 de noviembre, la asamblea nacional aprobó la ley de endeudamiento complementario43. El 18 de noviembre, la Unión Europea, ratificó la prórroga de sanciones en contra de 55 funcionarios del gobierno de Venezuela, entre ellos Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello, Remigio 44.
El 16 de diciembre, fueron sentenciados a cinco años y 10 meses de prisión, dos funcionarios del SEBIN, por el asesinato del Concejal Fernando Alban45. El 31 de diciembre, el Instituto de Altos Estudios Sindicales, registro que el año cerró con más de 1200 protestas laborales46.
Los datos que se presentan a continuación dan cuenta de los protagonistas y sus principales motivaciones, así como los tipos de protestas y sus modalidades. Otro de los aspectos importantes a resaltar está relacionado con las distintas dimensiones que configuran a la represión estatal, como una práctica integrada al mundo institucional controlado por las fuerzas oficialistas.
Motivos y protagonistas
La radiografía de las manifestaciones a nivel nacional se nutrió por la exigencia en el cumplimiento de distintos derechos. El monitoreo de la actividad de calle arrojó que los vecinos/as fueron el sector más movilizado a nivel nacional con 171 protestas (16,47%), concretamente las exigencias por agua potable y gas doméstico fueron las más frecuentes.
Los trabajadores/as del sector público, ocuparon el segundo lugar como el grupo con más protestas, luego de que se movilizaran en 126 ocasiones, lo que representa el 12,13% del total de la data estudiada. Las exigencias de este sector estuvieron orientadas a la cancelación de pasivos, homologación de sueldos, discusión de contratos colectivos y mejoras salariales y laborales.
Las exigencias por el cumplimiento de los derechos políticos/civiles, ocupan el tercer puesto con 99 movilizaciones. Este grupo de manifestantes se caracterizó por ser altamente heterogéneo y estar conformado no solo por comunidades organizadas, sino también por organizaciones estudiantiles, cuerpos gremiales, partidos políticos, activistas, docentes, privados de libertad, comités de usuarios y transportistas.
Las demandas vinculadas a derechos civiles y políticos estuvieron orientadas a exigir: transición democrática, atención judicial, rechazo a los feminicidios, en rechazo a la gestión política liderada por Nicólas Maduro, en contra del pago de vacunas exigido para la realización de trámites en instituciones gubernamentales, en favor de la liberación de los miembros de la ONG Azul Positivo y del periodista Roland Carreño, entre otros.
Cuadro 1. Protagonistas y sus demandas
| Servicios básicos | Comunidad organizada |
| Derechos laborales | Trabajadores del sistema público / trabajadores de la salud |
| Derechos políticos/civiles | Estudiantes, gremios, vecinos/as, docentes, activistas, privados de libertad, comités de usuarios, entre otros. |
| Derecho a la salud | Médicos, enfermeras/os, personal administrativo y obreros, trabajadores asociados al sistema público de salud. |
| Derechos varios | Sectores varios |
El cuarto lugar es ocupado por el derecho a la salud con 96 protestas (9,24%). Este sector se encuentra constituido por: enfermeras, camilleros, personal administrativo, médicos especialistas, bioanalistas y obreros/as del sistema público de salud. Las demandas de este sector se orientaron a las exigencias por los derechos laborales y sus respectivas reivindicaciones, así como a demandas por planes de inmunización transparentes, establecimiento de programas de vacunación masiva e ingreso de vacunas contra el Covid 19. Asimismo, para denunciar el precario funcionamiento de los centros de salud y solicitar tratamiento para patologías crónicas y oncológicas.
Los derechos varios contabilizaron 44 (4,23%) movimientos de calle respectivamente, relacionados con las irregularidades en el abastecimiento de combustible en el territorio nacional, escasez de gasoil, rechazo a las tomas ilegales de propiedades y denuncias del exceso de poder ejercido por las autoridades y funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana.
El mes con mayor número de protestas fue enero con 116 protestas en total, lo que coincidió con los movimientos de calle a favor de la dolarización del salario y en rechazo a las acciones represivas en contra la labor de la ONG Azul Positivo. Le siguen el mes de julio con 114 protestas y junio con 106, respectivamente.
Represión estatal
La protesta social es uno de los pilares fundamentales que tejen el entramado democrático. Como acción legítima de expresión, protege y garantiza diversas formas del colectivo de aprobación, rechazo, denuncia, demanda y visibilización del cumplimiento de los derechos.
Esta forma de expresión, se encuentra protegida por los artículos 53, 55, 62 y 68 de la Constitución Nacional, y bajo estándares internacionales, que obligan a los Estados a gestionar los conflictos sociales desde la perspectiva del diálogo47. No obstante, Venezuela, viene presentando en los últimos años un panorama de vulneración y no reconocimiento de este abanico de derechos, alejándose del legítimo escenario de protección del derecho a la manifestación y reunión pacífica.
Unas 23 (2,21%) protestas pacíficas fueron reprimidas por los cuerpos de seguridad estatales, y durante el contexto de manifestaciones ocurrieron por lo menos 11 detenciones arbitrarias, lo que representa el 1,05% de los datos examinados.
El estado Monagas, fue el estado con la mayor cantidad de situaciones ocurridas con un total de nueve detenciones; el principal motivo de las manifestaciones fueron las denuncias por irregularidades con el suministro de gasolina. Anzoátegui fue el siguiente estado con más detenciones, con dos y la principal razón de protesta fueron las fallas en el servicio eléctrico.
La Policía Nacional Bolivariana, fue el organismo de seguridad estatal responsable de la mayor cantidad de detenciones registradas, con cuatro casos en total, lo que representa el 0,38%. Seguidamente, los grupos de civiles armados fueron responsables de dos detenciones (0.19%) en el contexto de protestas.
Limitaciones a la libertad de asociación
Las medidas impuestas por el Estado para enfrentar la pandemia por la Covid-19, incluyeron la suspensión y limitación de las libertades civiles. Esto afectó el derecho a la protesta, asociación, reunión y movilidad, lo que provocó una reducción en el número de protestas pacíficas (ver gráfico 1) y en consecuencia, descendieron los casos de represión hacia la población, al menos en el marco de manifestaciones públicas o de calle.
Este cese derivado de la reducida actividad de calle no impidió el avance en las restricciones del derecho a la asociación en sentido amplio, lo que incluye el funcionamiento y existencia misma de organizaciones de la sociedad civil, humanitarias y de derechos humanos.
Al menos ocho personas defensoras de derechos humanos y trabajadores humanitarios fueron detenidas arbitrariamente. Cinco de estos pertenecen a la organización Azul Positivo quienes fueron detenidos y acusados de uso fraudulento de tarjetas electrónicas, legitimación de capitales y asociación para delinquir. Casi un mes después fueron excarcelados bajo medida cautelar sustitutiva y presentación en tribunales cada treinta días. A pesar de la solicitud de un grupo de expertos y relatores especiales de Naciones Unidas de retirar los cargos48, las autoridades venezolanas se negaron alegando que la transferencia de recursos en divisas extranjeras ejecutada por la organización no estaba autorizada. En junio de 2022, se les otorgó libertad plena a los miembros de la organización.
El 3 de julio de 2021, el Tribunal 3 de Control con competencia en Terrorismo de Caracas, dictó privativa de libertad al director de Fundaredes, Javier Tarazona, a Rafael Tarazona y a Omar de Dios García, activistas de la organización, tras ser detenidos el día anterior luego de acudir a la Fiscalía de Coro a denunciar hostigamientos y amenazas por efectivos de Polifalcón y otras personas desconocidas. A los tres les imputaron los cargos de “traición a la patria”, “terrorismo” e “instigación al odio”.
En 2021 también se promovió un nuevo registro para las organizaciones ante la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT)49, el cual sumó nuevos requisitos que exceden las exigencias legales y legítimas en vigencia; entre otras cosas, este registro asume que las organizaciones incurren en presuntas prácticas terroristas por lo que están obligadas a otorgar información detallada que incluye fuentes de financiamiento y datos personales de los/as beneficiados/as.
Entre junio de 2020 y mayo de 2021, la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos documentó 97 incidentes relacionados con personas defensoras de los derechos humanos, muchas acusadas de delitos penales por formas legítimas de participación cívica. Esto fue calificado por la Oficina como señales de la reducción del espacio cívico y de la agudización de la polarización50.
Los esquemas de criminalización y represión a la denuncia y a la visibilización de los graves problemas estructurales es parte de una política de Estado, ejecutada a través de sus organismos oficiales, que siguen actuando con impunidad51. Asimismo, se observa un patrón que avanza a la limitación del derecho a la asociación y reunión.
Referencias
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- semana.com (2/11/2021). Álex Saab se declaró no culpable en carta enviada al juez de EE. UU. Disponible en: https://www.semana.com/mundo/articulo/alex-saab-se-declaro-no-culpable-en-carta-enviada-al-juez-de-ee-uu/202101/
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- cronica.uno (4 de noviembre de 2021). AN aprueba ampliar el monto máximo de endeudamiento anual del Ejecutivo. Disponible en: https://cronica.uno/an-aprueba-ampliar-el-monto-maximo-de-endeudamiento-anual-del-ejecutivo/
- bancaynegocios.com (18 de noviembre de 2021). Plasencia emite condena: UE prorroga sanciones contra 55 funcionarios venezolanos por un año. Disponible en: https://www.bancaynegocios.com/plasencia-emite-condena-ue-prorroga-sanciones-contra-55-funcionarios-venezolanos-por-un-ano/
- elnacional.com (16 de diciembre de 2021). Condenados dos funcionarios del Sebin por homicidio de Fernando Albán. Disponible en: https://docs.google.com/document/d/1yviohXX72CY9H2VQF4u5hPiHgC_cZfJPlv7WNajaL2U/edit
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- Se trata de la Providencia Administrativa No. 002-2021 para el Registro Unificado de Sujetos Obligados ante la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT), adscrita al Ministerio de Interior, Justicia y Paz, de fecha 03 de mayo (G.O. 42.118), la cual sustituye a la Providencia Administrativa 001-2021, publicada en Gaceta Oficial No. 42.098 del 30 de marzo de 2021
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