Durante el 2023 se registraron 812 protestas en todo el territorio nacional, lo que representa una disminución en el número de manifestaciones registradas por 5to año consecutivo del 16,54 % con respecto al año 2022.
Al balance anual presentado se le suman algunos hechos que marcaron el acontecer nacional en materia de libertad de expresión y el derecho a la manifestación pacífica.
Contexto
El 15 de enero, y después de pasar cinco días en protesta, trabajadores de la Siderúrgica (Sidor) del Orinoco levantaron una huelga luego de mediar con el Gobierno para evitar el procesamiento judicial de los obreros detenidos[1]. Autoridades detuvieron previamente, y a causa de la misma jornada, a 18 dirigentes sindicales que exigieron aumento salarial. Horas más tarde, estos fueron excarcelados bajo medidas cautelares[2].
El16 de enero, docentes tomaron las calles en una nueva jornada de protesta en reclamo a las mejoras salariales[3]. En la ciudad de Caracas, la marcha de los profesores fue reprimida por grupos partidarios del oficialismo[4].
El24 de enero, la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión el proyecto de “Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines”[5]. La mencionada ley introduce una serie de limitaciones tanto jurídicas como operativas, que dificultan el acceso a los fondos producto de la cooperación internacional, lo que restringe y limita arbitrariamente el ejercicio del derecho a la asociación.
El 27 de enero, detuvieron a Maria Fernández Rodríguez, docente universitaria, defensora de derechos humanos y miembro de la ONG Sinergia, luego de reunirse con Volter Turk, alto comisionado de las Naciones Unidas, durante su visita a Venezuela. La activista estuvo detenida en la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) en la avenida Urdaneta en Caracas, antes de ser liberada horas más tarde[6].
El 9 de febrero,la Asamblea Nacional aprobó la “Ley de Participación Estudiantil en el Subsistema de Educación Básica”, lo que generó rechazo en el gremio docente[7] al considerar que la normativa busca poner el sistema educativo nacional al servicio del proyecto ideológico del Gobierno y al proselitismo político.
El 27 de febrero,trabajadores del sector público marcharon desde Plaza Venezuela hasta la sede del Ministerio Público en el centro de Caracas, para exigir mejoras salariales y advirtieron a las autoridades la paralización de las actividades por 48 horas[8].
El 15 de marzo, se registraron protestas frente al Ministerio Público por parte de los trabajadores públicos quienes exigieron un aumento del salario mínimo[9].
El 28 de marzo,la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), ordenó el cierre de las emisoras Radio Chabasquén y Biscucuy Stereo, en el municipio Unda del estado Portuguesa[10]. Se pudo conocer que el alcalde de esa jurisdicción, Oswaldo Zerpa, informó que funcionarios de Conatel, acompañados por una comisión de la Guardia Nacional, confiscaron los equipos de transmisión y ordenaron el cierre de las emisoras sin dar mayor detalle sobre los motivos. Sin embargo, fuentes especializadas señalaron que los funcionarios alegaron que las emisoras operaban de manera clandestina.
El 1° de mayo, el Ejecutivo anunció un aumento del Cestaticket y del Bono de Guerra Económica, sin intervenir en el salario mínimo ni indexarlo al precio del dólar[11]. El4 de mayo,la Confederación de Trabajadores de Venezuela protestó por los anuncios salariales realizados el 1° de mayo[12].
El 11 de junio,detuvieron a dirigentes sindicales que lideraban una protesta de Sidor por reclamar mejores condiciones laborales y salariales[13]. El19 de junio,la Fiscalía anunció la detención del agricultor Ysnet Rodríguez, quien viralizó un video desechando cargamentos de zanahorias al no poder comercializarlas por la escasez de combustible[14]. El 29 de junio, Radio Caracas Radio dejó de transmitir definitivamente por internet después de 92 años al aire[15].
El 1° de agosto, la jueza del Tribunal 2° de terrorismo, Grendy Duque, condenó a 16 años de prisión a los dirigentes sindicales: Alcides Bracho, Gabriel Flores, Emilio Negrín, Reinaldo Cortes, Néstor Astudillo y Orlando Meléndez, por la presunta comisión de los delitos de conspiración y asociación para delinquir. Los seis sindicalistas, vinculados a los sectores gremiales de la administración pública venezolana, fueron detenidos luego de participar y dirigir las protestas por mejoras salariales y en contra del instructivo Onapre[16].
El 30 de agosto, John Álvarez, estudiante de antropología de la Universidad Central de Venezuela, fue detenido por funcionarios de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas y la Policía Nacional Bolivariana[17], tras ser implicado en los supuestos planes conspiratorios vinculados a los seis líderes sindicales condenados a 16 años de cárcel en agosto.
El 20 de octubre,el Colegio Nacional de Periodistas junto con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa denunciaron que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones ejerció medidas en contra de los medios de todo el país para no dar cobertura a las elecciones primarias de la oposición[18].
El 23 de diciembre,John Álvarez es excarcelado después de pasar 115 días detenido[19] en el Centro de Control y Resguardo de Detenidos de La Yaguara, al oeste de la ciudad de Caracas. Álvarez se encontraba detenido junto con presos comunes y, al igual que los seis gremialistas, fue condenado a 16 años de prisión. Todos fueron acusados de asociación para delinquir y terrorismo.
Sectores manifestantes y demandas
El panorama de la lucha social estuvo protagonizado principalmente por la comunidad educativa, cuyo sector está constituido por docentes, personal administrativo y obreros, que de acuerdo al monitoreo de la actividad de calle, se movilizaron 282 veces, lo que representó 34,72 % del total de las protestas registradas. Este grupo de manifestantes se movilizó principalmente para exigir el cumplimiento de los derechos laborales, pago de pasivos, aumento de sueldos, y por la eliminación del instructivo Onapre[20].
Las comunidades organizadas ocuparon el segundo lugar como el sector con más protestas, al totalizar 228 veces, 28,07 % del total de movimientos registrados en el 2023. Este grupo de manifestantes se caracterizó por ser altamente heterogéneo y estar conformado por estudiantes, sectores gremiales, partidos políticos, trabajadores/as públicos, activistas, docentes, comités de usuarios y transportistas.
En esta oportunidad, el seguimiento de las protestas evidenció que las exigencias de este sector estuvieron enfocadas en: denunciar fallas estructurales y el precario funcionamiento de los servicios públicos en general, exigir el respeto de los derechos políticos/civiles (garantías y cumplimientos del derecho a la protesta, en rechazo a políticas del Estado, criminalización de la actividad sindical, exigir el cierre de los centros de tortura), exigencia por el cumplimiento de los derechos laborales y derechos a la salud, en contra de los desalojos arbitrarios, en rechazo a la sentencia que condena a 16 años de cárcel a los seis sindicalistas[21], entre otros.
Los trabajadores/as del Estado ocupan el tercer puesto con 186 movilizaciones. Aumentos salariales, pago de compromisos y obligaciones laborales[22], liberación de trabajadores y sindicalistas detenidos, derogación del Instructivo Onapre, y el rechazo a políticas del Estado que afectan la garantía de derechos, formaron parte de las demandas más comunes.
Trabajadores del transporte y transportistas en general, se movilizaron en 22 (2,70 %) oportunidades para denunciar las irregularidades en el suministro de combustible, negociar el establecimiento del tabulario para regir las nuevas tarifas, exigir al Gobierno la aprobación de permisos para el funcionamiento de nuevas líneas o rutas de transporte, y rechazar la piratería.
Finalmente, los trabajadores del sector salud se desplazaron 19 veces, lo que representó 2,33 % del total de las manifestaciones realizadas este año. Personal de enfermería, camilleros, médicos, personal administrativo y obrero, protestaron para exigir reivindicaciones salariales y denunciar la falta de insumos en los centros hospitalarios.
¿Cómo protesta la ciudadanía?
Las modalidades más frecuentes de protesta fueron las concentraciones (21,67 %), cierre de vías (13,30 %), marchas (9,35 %) y pancartazos (5,04 %).
Perfeccionamiento del aparato represivo: acoso y hostigamiento a docentes
La documentación reveló que las restricciones del derecho a la manifestación pacífica por parte del Estado persisten. La matriz de datos registró 25 protestas reprimidas que dejaron un saldo de 13 manifestantes lesionados y ocho funcionarios de seguridad del Estado heridos.
A su vez, el análisis de la información reflejó un perfeccionamiento en el patrón de represión estatal al volverse más selectivo. Por ejemplo, en agosto del 2023, seis líderes sindicales pertenecientes a las empresas básicas fueran condenados a 16 años de prisión, después de ser juzgados por un tribunal con competencia en materia de terrorismo por delitos de conspiración y asociación para delinquir[23].
Por otro lado, las denuncias por acoso y hostigamiento laboral aumentaron. El patrón de persecución se materializa a través del debilitamiento de los derechos fundamentales de los trabajadores estatales, particularmente, los pertenecientes al sistema educativo.
La matriz de datos registró 25 protestas (3,07 % del total de las manifestaciones registradas durante el 2023) realizadas por los docentes y otros trabajadores del aparato educativo público en donde rechazan el acoso laboral y las amenazas por parte del magisterio y la directiva de las instituciones educativas.
La visibilización de los problemas y la exigencia por el cumplimiento de las obligaciones son castigados con la persecución de los/as trabajadores/as que denuncian la violación de sus derechos laborales. Algunos casos que ilustran el esquema solapado de estas violaciones son los reseñados a continuación.
El 20 de marzo, el gremio de docentes del estado Carabobo se movilizó para denunciar el acoso laboral sufrido por los maestros de distintos municipios. Los trabajadores se trasladaron a la Defensoría del Pueblo y a la Inspectoría del Trabajo para introducir un documento en rechazo a los atropellos hacia el gremio[24].
El 25 de abril, docentes pertenecientes al municipio Caroní del estado Bolívar denunciaron a las autoridades de la zona educativa, pues aseguran que son hostigados y acosados laboralmente por supuesto abandono de cargo. De acuerdo a las declaraciones de Luis Villalba, presidente del Tribunal Disciplinario de la Federación Venezolana de Maestros (FVM), poco más de 60 educadores denunciaron acoso laboral. Además, aseguró que “se ha venido practicando desde que los docentes estamos en acciones de protestas por la reivindicación de nuestros derechos salariales contractuales, a los cuales se nos está acusando de abandono de cargo”[25].
El Estado venezolano mantiene un esquema sostenido de represalias hacia los trabajadores del sistema público, a través de ataques y la criminalización como forma de represalia por ejercer sus derechos a la libertad de expresión y a la participación en asuntos públicos.
En la Declaración Universal de los Derechos Humanos y convenios como el N.º 111 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se expresa claramente la prohibición de la discriminación laboral basada en opiniones y posturas politicas[26]. Dentro del sistema nacional, La Ley Orgánica sobre Protección, Condiciones y Medio Ambiente en el Trabajo (Lopcymat), obliga al patrono, en este caso, el Estado venezolano a:
Abstenerse de realizar toda conducta ofensiva, maliciosa, intimidatoria y de cualquier acto que perjudique psicológica o moralmente a los trabajadores, prevenir toda situación de acoso por medio de la degradación de las condiciones y ambientes de trabajo, violencia física o psicológica, o por no proveer una ocupación razonable al trabajador de acuerdo a sus capacidades y antecedentes, y evitar la aplicación de sanciones no claramente justificadas o desproporcionadas y una sistemática e injustificada crítica contra el trabajador o a su labor[27].
El Estado ignora las obligaciones de las garantías más elementales sobre derechos humanos, lo que constituye una vulneración a la posibilidad real al ejercicio y disfrute del derecho.
Frente a este escenario generalizado de denegación de justicia y cumplimiento, se hace necesaria la adopción y aplicación de medidas perdurables que obliguen al Estado a detener el acoso, así como el desarrollo de un sistema sancionatorio a aquellos patronos responsables de la ejecución de esquemas de persecución y hostigamiento a los trabajadores en todas sus formas.
Metodología
El registro de protesta se realiza sobre una matriz de casos que incluyen variables como: fecha de ocurrencia (día, mes y año), datos geográficos (estado, ciudad y municipio), el nombre del medio que sirve como fuente de consulta, tipo de protesta, carácter de la protesta, sectores manifestantes, demandas y derechos que se exigen, entre otras variables que mantienen un respaldo teórico.
La matriz de datos desarrollada por el Observatorio Social de Espacio Público, se alimenta de fuentes hemerográficas disponibles en medios impresos que circulan en el ámbito nacional y regional, así como acompañados por notas de prensa disponibles en los medios digitales. Parte del proceso de sistematización de la información es realizado por la organización Provea.
Una vez realizada la curaduría de la base de datos, que consiste en un proceso de normalización terminológica, organización y sistematización de la información, finalmente se procede con el cruce de la información, de lo que derivan la información y datos referidos en este informe.
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[1] Berríos, J. (2023, Enero 14). Trabajadores de Sidor culminan protesta sin lograr acuerdos salariales con el Gobierno. El Carabobeño. Recuperado en: https://www.el-carabobeno.com/trabajadores-sidor-culminan-protesta-sin-acuerdos-salariales-gobierno/
[2] Barráez, S. (2023, Enero 15). Usando a cuerpos policiales y encarcelando a líderes obreros, el régimen venezolano aplastó la protesta de trabajadores siderúrgicos. Infobae. Recuperado en: https://www.infobae.com/america/venezuela/2023/01/15/usando-a-cuerpos-policiales-y-encarcelando-a-lideres-obreros-el-regimen-venezolano-aplasto-la-protesta-de-trabajadores-siderurgicos/
[3] Observatorio de Conflictos on X: “#ACTUALIZACIÓN #16Ene #BalancePreliminarOVCS 101 protestas Mayor cantidad: Amazonas, D. Capital, Miranda, Aragua y Falcón Exigencias: Laborales, manifestación pacífica, participación política, pueblos … (2023, enero 16). X.com. Recuperado en: https://twitter.com/OVCSocial/status/1615149713837228038
[4] Gobierno impide concentración de maestros con tarimas en el Ministerio de Educación. (n.d.). Wikipedia. Recuperado en: https://www.elnacional.com/venezuela/politica/gobierno-impide-con-tarima-concentracion-de-maestros/
[5] Martínez, D. (2023, marzo 4). Proyecto de ley para regular y fiscalizar ONG a la espera de consulta pública. Efecto Cocuyo. Recuperado en: https://efectococuyo.com/politica/ley-regular-fiscalizar-ong-consulta-publica/
[6] Liberan a la defensora de Derechos Humanos María Fernanda Rodríguez. (2023, enero 27). Espacio Público. Recuperado en: https://espaciopublico.ong/liberan-a-la-defensora-de-derechos-humanos-maria-fernanda-rodriguez/
[7] Barráez, S. (2023, febrero 9). La orden de Maduro es enfrentar a los docentes venezolanos y sustituirlos por estudiantes en el primer nivel educativo. Infobae. Recuperado en: https://www.infobae.com/venezuela/2023/02/09/la-orden-de-maduro-es-enfrentar-a-los-docentes-venezolanos-y-sustituirlos-por-estudiantes-en-el-primer-nivel-educativo/
[8] Trabajadores públicos marcharon para exigir mejoras salariales y van a paro por 48 horas. (2023, febrero 27). TalCual. Recuperado en: https://talcualdigital.com/trabajadores-publicos-marcharon-para-exigir-mejoras-salariales-y-van-a-paro-por-48-horas/
[9] Trabajadores públicos protestaron este #15Mar ante la drástica depreciación del salario. (n.d.). Wikipedia. Recuperado en: https://finanzasdigital.com/trabajadores-publicos-protestaron-este-15mar
[10] Denuncian que Conatel cerró dos emisoras radiales en Portuguesa #28 Mar. (2023, marzo 28). El Impulso. Recuperado en: https://www.elimpulso.com/2023/03/28/denuncian-que-conatel-cerro-dos-emisoras-radiales-en-portuguesa-28ma/
[11] Cestaticket y bono de guerra se indexarán cuando lo «ordene» el Ejecutivo, según Gaceta. (2023, mayo 13). TalCual. Recuperado en: https://talcualdigital.com/cestaticket-y-bono-de-guerra-se-indexaran-cuando-lo-ordene-el-ejecutivo-segun-gaceta/
[12] Trabajadores protestan contra “salarios de hambre” en Venezuela. (2023, mayo 1). Voz de América. Recuperado en: https://www.vozdeamerica.com/a/trabajadores-protestan-contra-salarios-de-hambre-en-venezuela/7072709.html
[13] Sidoristas fueron imputados y enviados a Caracas. (2023, junio 14). Primicia. Recuperado en: https://primicia.com.ve/trabajo/sidoristas-fueron-imputados-y-enviados-a-caracas/
[14] Bornacelly, L. (n.d.). Fiscal confirma detención de productor que desechó zanahorias en un río de Mérida. El Pitazo. Recuperado en: https://elpitazo.net/los-andes/fiscal-confirma-detencion-de-productor-que-desecho-zanahorias-en-un-rio-de-merida/
[15] Tomillo, M. (2023, junio 29). Radio Caracas Radio cesa definitivamente sus transmisiones. Efecto Cocuyo. Recuperado en: https://efectococuyo.com/la-humanidad/radio-caracas-radio-cesa-definitivamente-sus-transmisiones/
[16] Chapman, T. (2023, agosto 8). Ola de indignación en Venezuela por la condena de seis sindicalistas acusados de conspiración y terrorismo. EL PAÍS. Recuperado en: https://elpais.com/internacional/2023-08-08/ola-de-indignacion-en-venezuela-por-la-condena-de-seis-sindicalistas-acusados-de-conspiracion-y-terrorismo.html
[17]John Álvarez: la nueva víctima de la dictadura de Maduro en Venezuela. (2023, septiembre 6). NTN24. Recuperado en: https://www.ntn24.com/noticias-actualidad/john-alvarez-la-nueva-victima-de-la-dictadura-de-maduro-en-venezuela-442249
[18] Rodríguez, R. (2023, octubre 20). Sntp denuncia que medios reciben presión de Conatel para no dar cobertura a las primarias. Efecto Cocuyo. Recuperado en: https://efectococuyo.com/la-humanidad/sntp-denuncia-que-medios-reciben-presion-de-conatel-para-no-dar-cobertura-a-las-primarias/
[19] Excarcelado el estudiante John Alvarez tras 115 días de detención. Recuperado en: https://talcualdigital.com/excarcelado-el-estudiante-john-alvarez-tras-115-dias-detenido-arbitrariamente/.
[20] Es una norma creada por la Oficina Nacional de Presupuesto, adscrita al Ministerio de Economía Finanzas y Comercio Exterior, que especifica criterios para aplicar el incremento salarial decretado por Nicolás Maduro. Sin embargo, el instructivo viola acuerdos preliminares y convenciones colectivas que se mantienen vigentes disminuyendo el monto de las bonificaciones y las primas.
[21] Ibiden
[22] Seguro médico de Hospitalización, Cirugía y Maternidad.
[23] Maduro, N. (2023, agosto 2). Condenan a seis activistas y dirigentes sindicales a 16 años de prisión. Espacio Público. Recuperado en: https://espaciopublico.ong/condenan-a-seis-activistas-y-dirigentes-sindicales-a-16-anos-de-prision/
[24] Docentes denunciaron acoso laboral en Inspectoría del Trabajo. (2023, marzo 20). Diario La Calle. Recuperado en: https://lacalle.com.ve/carabobo/docentes-denunciaron-acoso-laboral-en-la-inspectoria-del-trabajo/
[25] Brito, J. A. (2023, abril 25). Docentes denunciaron acoso laboral ante Inpsasel. Primicia. Recuperado en: https://primicia.com.ve/guayana/ciudad/docentes-denunciaron-acoso-laboral-ante-inpsasel/
[26] Organización Internacional del Trabajo, (1958). Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación)
[27] Ley Orgánica sobre Protección, Condiciones y Medio Ambiente en el Trabajo. Artículo 56 (5).