Manifestaciones públicas 2024

Para 2024 se registraron 407 manifestaciones públicas en el territorio nacional, observándose una caída del 50% en el número de protestas registradas en el 2023¹. Esto coincide con una disminución progresiva que inició en 2016 y se agudizó en 2020 en el contexto de la pandemia. La represión con la que respondió el Estado tras escaladas inéditas de protesta social y política en la última década ²sumó a un clima de inhibición como mecanismo reactivo de supervivencia, frente al riesgo mortal que aún representa la protesta en el país. 

La manifestación pacífica y de calle se mantiene como estrategia de denuncia, su reducción cuantitativa no excluye su carácter reivindicativo, ni resta a la autopercepción de riesgo que tiene el poder en funciones, lo que se traduce en niveles de represión potenciales y efectivos, según el contexto sociopolítico. La exigencia de mejora en los servicios básicos se sostiene como motivación regular en las comunidades. Las demandas laborales en sectores públicos han experimentado un nuevo auge a través de manifestaciones organizadas desde los gremios. El inicio del año mantuvo esa tendencia con denuncias sostenidas por la restitución de servicios como la electricidad y el agua, seguidos de las comunidades educativas y trabajadores del Estado.  

A mediados de año, el contexto estuvo marcado por la celebración de elecciones presidenciales. Nicolás Maduro se ratifica como ganador, sin mostrar en detalle los resultados ni las actas de votación según lo establecido en la ley ³, en medio de denuncias de fraude por parte de sectores de oposición, organismos internacionales⁴ y población en general. Luego del anuncio de los resultados, distintos sectores de la sociedad, representados principalmente por zonas populares, tomaron masivamente las calles, la mayoría de forma pacífica, para expresar su descontento. 

La presión de la ciudadanía por la falta de transparencia electoral desató una represión estatal masiva, que sumó más de 1500 personas detenidas, según cifras oficiales, al menos 20 asesinadas ⁵ y otras sometidas a desapariciones forzadas⁶. Este evento y sus efectos marcaron otro hito en términos de la violencia gubernamental en un país cuya estructura, narrativa y funcionamiento no es democrático desde hace casi una década. 

Frecuencia y motivos 

La mayor actividad de protesta se concentró entre los meses de enero, febrero y marzo, con un total de 166 manifestaciones.

Actualmente en Venezuela, es habitual que personas de diversos sectores, grupos sociales e ideologías, unan fuerzas para salir a las calles a expresar su descontento debido al fallo y deficiencias en el suministro de servicios públicos como luz, agua potable, gas doméstico y gasolina. Asimismo, reclaman mejoras en los servicios de salud, dotación de equipos en los centros hospitalarios y mejoras en los sueldos, así como acceso transparente a los servicios de justicia y celeridad en los procesos ⁷. 

Los datos del monitoreo realizado entre enero y diciembre evidencian que los principales sectores movilizados durante el 2024 fueron las comunidades organizadas, las comunidades educativas, los trabajadores del Estado, las personas pensionadas y activistas por distintas causas sociales. 

Las comunidades organizadas se manifestaron en 219 oportunidades a favor de la exigencia y cumplimiento eficiente de los servicios públicos, por ejemplo: la reconexión o reactivación del servicio regular de agua. En el caso del servicio doméstico de gas, los manifestantes denunciaron costos excesivos del servicio o pagos en moneda extranjera, exigieron mejoras en el servicio de distribución, entre otros.

También se observó la exigencia por el cumplimiento de los derechos políticos/civiles, asociados particularmente con las detenciones masivas ocurridas luego del anuncio de los resultados de las elecciones del 28 de julio. Familiares, organizaciones, activistas y líderes sociales y políticos, exigieron liberación inmediata de las personas detenidas, acceso a medicamentos y comida, que se cumplan promesas de excarcelación, tratos justos a familiares privados de libertad. También sumaron reclamos por el deterioro de la salud de las personas detenidas, exigieron respuestas, acceso a los expedientes y transparencia en los procesos.    

Las comunidades educativas se movilizaron en 67 oportunidades para realizar varias exigencias entre ellas: cumplimiento de salarios caídos, mejoras de infraestructura y servicios públicos en las unidades educativas, aumento de salarios, reivindicaciones laborales, cancelación de pasivos y otras mejoras laborales. 

Los trabajadores del Estado se movilizaron en 37 oportunidades, concretamente para reclamar sus derechos laborales. Las demandas de los trabajadores del sector público están orientadas a la cancelación de pasivos, discusión de contratos, HCM, entre otros.

Los pensionados/jubilados, se mantienen como el cuarto sector más movilizado a nivel nacional. Y sus exigencias dan cuenta de un cuadro de deterioro en sus derechos laborales, situación que ha afectado la vida cotidiana de esta población, similares a las demandas realizadas por los trabajadores del Estado. Este grupo se movilizó 23 veces. 

Finalmente, el trabajo de activistas por distintas causas se ubica en el quinto lugar. Sus demandas están orientadas a reclamar los derechos por un ambiente sano, derechos políticos/civiles y los derechos laborales, con 10 manifestaciones en total. 

Cuadro 1. Top 5 sectores manifestantes y sus motivaciones

Sectores manifestantes	# de movilizaciones	Motivaciones
Comunidad organizada	219	Servicios básicos, derechos políticos/civiles
Comunidad educativa	67	Servicios básicos, Derechos laborales
Trabajadores del Estado	37	Derechos laborales
Pensionados	23	Derechos laborales
Activismo	10	Derecho por un ambiente sano, derechos políticos/civiles, derechos laborales

Estados más movilizados 

En el registro de protestas, la tendencia evidencia que la protesta por los derechos laborales encabezó las manifestaciones durante el 2024 con el 36% del total de los movimientos de calle ocurridos el año pasado.

El estado Lara lideró la exigencia por el cumplimiento de los derechos de los trabajadores con 72 (33%) protestas, seguido del Distrito Capital con 46 (21%) protestas. 

Por su parte, Táchira, ocupa el tercer lugar como el estado con el mayor número de protestas registradas durante el 2024. Sin embargo, los datos señalan que las motivaciones del estado andino se orientaron hacia la exigencia por la mejora en la calidad de los servicios básicos, lo que es un problema recurrente y de gran envergadura debido a la crisis que afecta la prestación de servicios públicos como el suministro del agua potable, gas doméstico, electricidad, aseo, transporte entre otros. En esta oportunidad, los tachirenses se movilizaron 38 veces lo que representa el 17% dentro de los 5 estados con mayor cantidad de manifestaciones registradas.

Los estados Sucre con 35 (16%) y Zulia con 35 protestas (16%), ocupan el cuarto y quinto lugar respectivamente, en cuanto a las exigencias por las reivindicaciones laborales. 

La radiografía de las manifestaciones a escala nacional evidenció un descontento generalizado en los trabajadores del Estado, jubilados y pensionados, trabajadores del gremio de la salud, docentes y gremio educativo, que tomaron las calles para rechazar los bajos salarios y exigir mejoras, pagos, exigencia de seguros médicos, homologaciones y el cumplimiento de las obligaciones constitucionales del Estado. 

Protestas masivas y represión postelectoral

Luego de las elecciones presidenciales celebradas el 28 de julio, Venezuela entró en una espiral de violencia y represión en contra de la ciudadanía que salió a las calles para demandar transparencia en los resultados electorales.  

Desde inicios de 2024, el gobierno nacional activó nuevamente el plan “Furia Bolivariana”, solicitado por Maduro que se materializó tras las detenciones arbitrarias de trabajadores y activistas de la campaña opositora ⁸, la inhabilitación de María Corina Machado⁹, y la prohibición de la cobertura de la elección ¹⁰. 

Las masivas protestas desencadenadas por los cuestionados resultados, se tradujeron en un aumento de la violencia desproporcionada en contra de los manifestantes que en su mayoría, provenían de los barrios y zonas populares del país ¹¹. 

Una ola represiva escaló pocas horas después del anuncio de los resultados con un despliegue de los cuerpos de seguridad del Estado. Fuerzas militares y la incursión ilegítima de civiles armados para ejecutar acciones de persecución hacia manifestantes, se tradujo en graves violaciones a los derechos humanos; según estándares nacionales e internacionales, solo los cuerpos de seguridad civiles están debidamente entrenados para gestionar reuniones públicas, de acuerdo a lo establecido en los artículos 332 y 329 de la Constitución.

Entre el 29 de julio y el 29 de agosto, registramos la realización de 32 protestas pacíficas en todo el territorio nacional, para exigir transparencia de los resultados ofrecidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE). De los movimientos de calle realizados en ese periodo, se observó que el 100% de las protestas fueron reprimidas dejando un saldo de 167 personas detenidas y 77 personas menores de edad encarceladas. 

La matriz de protesta contabilizó 26 personas fallecidas. Una por el impacto de un mortero y 21 personas como consecuencia del uso de armas de fuego. Otras dos que se desplazaban en moto ¹², identificadas como: Armidia Betania Polo y Christian Fragosa, y tres, cuya información no es concluyente. Por su parte, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la Organización de Naciones Unidas, registró que durante la primera semana del conflicto al menos 23 personas resultaron fallecidas ¹³, donde la mayoría eran jóvenes menores de 30 años y otras 2000 fueron apresadas¹⁴, según el anuncio de Nicolás Maduro.  

En el siguiente gráfico, se puede observar que el Distrito Capital es el estado con el mayor número de fallecidos en el contexto de protestas post electorales, seguido del estado Aragua.

Pese al limitado acceso a la información pública y la opacidad, la evidencia señala que 2% de las actuaciones represivas fueron realizadas por comandos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), mientras que el 0,81% se observó a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). La movilización de civiles armados no identificados para ejercer acciones de fuerza ocupa el tercer lugar con el 0,40%, en la primera semana de la crisis post electoral. 

Un informe especial de la organización Provea, contabilizó “al menos siete ataques cometidos contra testigos de la oposición y ataques a centros electorales ubicados en Caracas, durante el cierre de los comicios del 28 de julio”. Y también registró “cientos de abusos cometidos por fuerzas de seguridad y agentes no estatales contra manifestantes y dirigentes sociales y políticos” ¹⁵.

Gina Mercado fue detenida el 29 de julio mientras regresaba caminando a su casa, en el centro de Caracas, luego de grabar las manifestaciones producidas en el contexto postelectoral. De acuerdo a los testimonios de sus familiares, los funcionarios negaron reiteradamente información sobre su ubicación durante los primeros días por lo que estuvo sometida a desaparición forzada. Asimismo, denunciaron en varias oportunidades que no tuvieron acceso a ella y tampoco su defensa privada pudo verla.

Mercado estuvo detenida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) y fue procesada por supuestos delitos de terrorismo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos le otorgó medidas cautelares de protección ¹⁶
al considerar que las condiciones de detención pusieron su vida y salud en riesgo ante la falta de atención médica adecuada, y los tratos crueles y degradantes a los que estuvo sometida. 

La CIDH reiteró que la detención de Mercado se dio en el marco de patrón de criminalización por razones políticas por participar en protestas al precisar lo siguiente: 

(…) los eventos anteriores ocurrieron, además, en el marco de una serie de acciones estatales destinadas a mantener a las mujeres detenidas bajo control tras considerarlas “guarimberas” y “terroristas” por su participación en manifestaciones durante el contexto post electoral en Venezuela. Lo anterior, busca estigmatizarlas y dar un mensaje de castigo a toda mujer que busque cuestionar al actual gobierno y que se atreva a manifestarlo públicamente (…).  

Uno de los instrumentos legales usados para castigar a quienes manifiestan pacíficamente es la llamada “ley contra el odio”, aprobada en 2017. Esta “carece de los requisitos formales y materiales para ser una ley”¹⁷, permitiendo una aplicación discrecional, amplia y vaga en contra de los manifestantes. Organizaciones especializadas en derechos humanos han advertido durante años que esta ley contraviene los principios en materia de libertad de expresión¹⁸. 

La instigación al odio, terrorismo, alteración del orden público y asociación para delinquir, también forman parte de la base de imputación de graves cargos penales y la política de persecución para justificar la práctica de detenciones y otros procesos judiciales abusivos y arbitrarios, sin elementos probatorios que lo fundamenten. Las audiencias telemáticas sumariadas, dirigidas por tribunales con competencia en terrorismo, la negación de información a familiares y abogados, y el impedimento para el nombramiento de defensa privada, constituyen graves violaciones al debido proceso, que deja a las personas desprotegidas ante el sistema de justicia, advierte la Misión de Determinación de los Hechos¹⁹. 

Por otro lado, la CIDH también registró detenciones de personas que no estaban participando en las protestas y que venían o se dirigían a sus lugares de trabajo u hogares²⁰. 

Reutilización de viejos mecanismos de persecución 

Frente a un escenario enmarcado en una gran tensión política y social, derivado del descontento y la desconfianza luego del anuncio de los resultados de los comicios, el 30 de julio, Nicolás Maduro, recurrió a antiguos mecanismos de represión implementados en las protestas del 2017, al solicitar la reactivación de la “Operación Tun Tun”.

El 30 de julio, hablándole a sus seguidores desde el Palacio de Miraflores, Maduro dijo:

Vamos a abrir una ventana especial de la página VenApp que utilizamos para el 1×10 del buen Gobierno, con la página 58, ahora se va a abrir una especial para toda la población venezolana para que ahí de manera confidencial me pongan los datos de todos los delincuentes que han amenazado al pueblo, que han atacado al pueblo, para ir por ellos, para que haya justicia²¹. 

La primera vez que se supo de esta operación, fue cuando Diosdado Cabello, diputado por la asamblea nacional y uno de los principales voceros del chavismo, la mencionó en su programa semanal de televisión para referirse a detenciones de los supuestos “terroristas” durante las protestas en Venezuela en el año 2017 ²². 

Esta operación supone un plan de control no formal para reprimir a manifestantes del cual no existe documento público oficial sobre su funcionamiento y alcance. El procedimiento consistió en visitas y allanamientos ilegales para la detención de personas identificadas como participantes en las protestas o por circular información contraria o crítica a lo anunciado por el CNE ²³.

El ciclo represivo comenzó el 30 de julio y arrancó cuando los vecinos de las zonas más vulnerables y empobrecidas acompañados de testigos de mesa, coordinadores de centros electorales o facilitadores del personal electoral, activistas políticos y de derechos humanos, tomaron las calles con cacerolas para protestar por los resultados oficiales de los comicios y exigir la publicación de las actas. 

Horas más tarde, Maduro alentaba a denunciar a través de la línea 58 de la aplicación Venapp ²⁴y otras redes sociales como Telegram, TikTok, Facebook, Instagram y X, a aquellas personas que protestaron en contra de los resultados y eran percibidas como “sospechosas”. 

Los usuarios enviaban fotografías o videos, con los datos completos de las personas como: nombres, dirección de la vivienda, números de teléfono o lugar de trabajo, a plataformas o cuentas vinculadas a cuerpos de seguridad del Estado como el Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB). A través de estos canales o grupos, se recibieron miles de reportes sobre los manifestantes para que se les aplicará la “Operación Tun Tun”²⁵. 

Se recibieron testimonios acompañados de denuncias de personas que fueron detenidas por publicar “en estados de Whatsapp, videos y material audiovisual referente a las protestas a favor de Edmundo González Urrutia y María Corina Machado”²⁶o tras la revisión ilegal de teléfonos celulares por parte de funcionarios policiales o militares tras ubicar información que los vinculara con mensajes alusivos a la campaña electoral o dirigentes del bloque opositor. Las requisas incluyeron acceso a conversaciones y contenidos privados, en instituciones públicas hacia sus trabajadores o en alcabalas policiales²⁷. 

Detención sin garantías ni derechos  

Traslados clandestinos, comida en mal estado, violencia psicológica y sexual, precarias condiciones sanitarias e higiénicas, extorsión, prohibición de visitas, negación de acceso a comida e insumos de primera necesidad, atención médica e información, inestabilidad e inseguridad jurídica, denunciaron familiares de las personas detenidas en el contexto de las protestas electorales. 

Un informe del Observatorio Venezolano de Prisiones, explica que familiares de las personas recluidas en el Centro Penitenciario Yare III, estado Miranda, fueron sometidas a actos vejatorios y humillantes por parte de los funcionarios del Estado durante las visitas a la cárcel, luego de que participan en actos públicos y concentraciones frente a la sede del Ministerio Público en el centro de Caracas²⁸. Al respecto una madre señaló lo siguiente: 

Cuando estábamos en la cola para la requisa el director salió y comenzó a decirnos: Aquí están las mujeres que les gusta hacer TikTok, que les gusta salir en público y dar declaraciones a la prensa, sigan haciendo TikTok, sigan declarando que ahí les viene su sorpresita. 

Por su parte, el Comité de Familiares y Amigos por la Libertad de los Presos Políticos, en un informe sobre las condiciones carcelarias de los presos políticos de Venezuela, advirtió que las restricciones para recibir visitas, se convirtieron “en un mecanismo humillante para los familiares”²⁹, a esto se suma la carga económica, logística y afectiva que deben enfrentar, evidenciando una política de negligencia estatal y una abierta violación a los convenios internacionales y al ordenamiento jurídico interno. 

En plena ola represiva, Nicolás Maduro, en una alocución el primero de agosto declaró “Estoy preparando dos cárceles que debo tener listas en 15 días, ya están preparándose”, agregó. “Todos los guarimberos van para Tocorón Tocuyito, cárceles de máxima seguridad”, precisó ³⁰. 

Las precarias condiciones de los centros penitenciarios y el alto nivel de hacinamiento, ponen en riesgo la vida de las personas privadas de libertad, y  reflejan el incumplimiento de los derechos fundamentales por parte del Estado, en este sentido, el informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, fechado el 19 de septiembre del 2024, consideró las malas condiciones carcelarias como “actos de tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”³¹.

Él era un hombre robusto, pesaba unos 110 kilos cuando lo detuvieron, pero en la cárcel encontré a uno flaco, ojeroso y pálido. Yo creo que ha perdido unos 50 o 60 kilos (…) le dan muy poca comida y apenas lo dejan salir una vez a la semana durante unos 20 minutos al exterior. Testimonio de Sol Ocariz después de tres meses sin ver a su hermano, Edward Ocariz, quien estuvo detenido en Tocuyito, estado Carabobo³².

Este es uno de los varios testimonios de familiares de las personas detenidas luego del anuncio de los resultados presidenciales del 28 de julio. Particularmente, el Comité de Familiares y Amigos por la Libertad de los Presos Políticos, en un informe sobre las condiciones carcelarias de los presos políticos de Venezuela, enfatizó sobre la responsabilidad del Estado en velar por los derechos fundamentales de las personas detenidas y advierte expresamente que el Estado debe garantizar un sistema penitenciario “que asegure la rehabilitación del interno o interna y el respeto a sus derechos humanos”³³.

Documentamos la detención masiva de 80 adolescentes. Por su parte, la Misión Internacional Independiente registró la detención de 150 niños, niñas y adolescentes³⁴. Activistas por los derechos humanos se manifestaron en contra las imputaciones de adolescentes ante tribunales destinados a juzgar exclusivamente delitos de terrorismo, así como la incomunicación con sus familiares, la negación de defensa privada o de confianza y los traslados a cárceles comunes ³⁵.

Tanto el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas³⁶, Volker Türk, como la CIDH expresaron su preocupación por las detenciones arbitrarias y masivas de niños y adolescentes en el contexto de las manifestaciones electorales. Se condenaron los tratos crueles y degradantes infligidos a las personas menores de edad, lo que incluyó violencia de género, y golpizas para coaccionarlos a grabar videos declarando que participaron en las manifestaciones a cambio de dinero. 

Tras las detenciones masivas, el fiscal Tarek William Saab, negó que hubiesen infantes detenidos pero admitió que había adolescentes menores de edad encarcelados que tenían entre 16 y 17 años ³⁷y aseguró que estaban bien de salud ³⁸. Sin embargo los testimonios de familiares y la documentación, dan cuenta de aislamiento prolongado, torturas físicas y psicológicas, además de la negación de visitas de familiares y abogados e información del caso, lo que constituye una negación al debido proceso ³⁹. 

La documentación refleja que tras las detenciones, el Estado niega sistemáticamente información judicial sobre los casos a familiares ⁴⁰. Estas limitaciones en el acceso a la información dentro del sistema judicial, sostiene una serie de obstáculos que dificultan la garantía del ejercicio de los derechos humanos, así como la búsqueda de reparación, verdad y justicia para las personas privadas de libertad. 

Consideraciones finales 

En 2024 se registró una nueva etapa en la represión estatal de la protesta pacífica en Venezuela, en particular la de motivación política. La ausencia de garantías estructurales para el ejercicio de derechos humanos, en este caso civiles y políticos, fue refrendada por el Estado y sus autoridades de cara a imponer la versión oficial de los resultados electorales del 28 de julio. 

Más de mil detenciones arbitrarias en apenas días después de las elecciones y como forma directa de represión de la protesta se ejecutó en contra de manifestantes, líderes opositores, periodistas, vecinos/as de zonas populares, adolescentes y personas con discapacidad. 

Paralelo al esquema de persecución política selectiva hacia figuras opositoras, se reactivaron mecanismos de represión masiva, como la “Furia Bolivariana” y la “Operación Tun Tun”, cuyo uso fue ampliado a toda persona considerada como oposición, real o percibida; se promovió activa y sistemáticamente desde el Estado la delación de supuestos “terroristas”, lo que derivó en detenciones y allanamientos masivos hacia activistas, vecinos/as, manifestantes, con o sin relación con las protestas y las elecciones. 

Las personas detenidas enfrentaron condiciones inhumanas y tratos degradantes: violencia sexual y psicológica, incomunicación prolongada, traslados no informados a prisiones de máxima seguridad, negación de defensa privada o de confianza, desapariciones forzadas, entre otras, que evidencian una violación sistemática al debido proceso e integridad personal. 

Destacó la presencia de civiles armados, que hicieron uso de excesiva violencia al participar activamente en la represión estatal, por estar en colusión con los cuerpos de seguridad para frenar las protestas. 26 personas fueron asesinadas, la mayoría por heridas de armas de fuego. La violencia más grave y mortal sigue siendo un recurso ampliamente usado bajo la aquiescencia de los cuerpos de seguridad del Estado.  

Los niveles de represión, indistintamente de las motivaciones de la protesta, evidencian la vigencia y el carácter combativo que aún mantiene la manifestación pacífica en Venezuela, a un costo muy alto para la población. 2024 reitera que el tipo de represión estatal responde al alcance y la demanda de las exigencias; como en 2014, 2017 y 2019, la motivación política-partidista coincide con niveles elevados de violencia estatal a través del abuso de la fuerza. La protesta social “no política”, también cuenta con escaladas restrictivas por su impacto; la protesta laboral se ha reprendido de manera focalizada hacia la dirigencia o las vocerías; sanciones administrativas o judiciales, o intimidaciones y amenazas que se extienden a los grupos manifestantes. 

Recomendaciones y exigencias

1. El Estado, sus autoridades y funcionarios, deben cesar de inmediato la persecución y criminalización de la protesta pacífica en cualquiera de sus formas y motivaciones. El gobierno tiene la obligación nacional e internacional de cumplir con las garantías del debido proceso, acabar con prácticas arbitrarias, liberar y resarcir sin condiciones a las personas sometidas a prácticas crueles, inhumanas y degradantes. 

2. Es necesario la adopción de medidas urgentes y eficaces que obliguen al Estado a detener la persecución y la criminalización de la protesta, en todas sus formas en tanto que son expresiones legítimas del derecho a la asociación y reunión pacífica. La comunidad internacional, los sistemas de protección internacional de derechos humanos, los Estados comprometidos con el Estado de Derecho y la garantía de las libertades fundamentales, deben mantener la atención y el rechazo público a políticas de discriminación y persecución sistemática contra la población venezolana. 

3. El Estado debe garantizar el derecho de las niñas, niños y adolescentes a una protección especial y reforzada a no ser privadas de libertad con personas adultas, ni a exponerlas a situaciones de violencia o de separación arbitraria de su familia.  

4. Los mecanismos internacionales de justicia penal deben considerar la documentación, hechos y datos que reiteran un patrón de posibles delitos de lesa humanidad contra la población venezolana, por razones políticas en contra de sectores y personas asumidas como oposición, real o percibida. 

Metodología 

El registro de protestas se realiza sobre una matriz de casos que incluyen variables como: fecha de ocurrencia, datos sobre la región geográfica, el nombre del medio que sirve como fuente de consulta, tipo de protesta, carácter de la protesta, sectores manifestantes, demandas y derechos que se exigen, entre otras variables que mantiene un respaldo teórico. 

La base de datos se alimenta de fuentes hemerográficas disponibles en medios de comunicación, impresos y digitales que circulan en el ámbito regional y nacional. Parte del proceso de sistematización de la información impresa es realizado por la organización Provea. 

Una vez que se realiza el proceso de curaduría de los datos, que consiste en un proceso de normalización terminológica, organización y sistematización de la información, finalmente se realiza el cruce de variables para luego analizar los datos. Tras realizar los datos estadísticos se obtuvieron los resultados que dan cuerpo a este informe.

Imagen de la portada modificada. Crédito original: Iván E. Reyes.

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12. Esta información coincide con lo registrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe Graves Violaciones a los derechos humanos en el contexto electoral. Recuperado en: https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/2025/informe-venezuela-graves-violacionesddhh-contexto-electoral.pdf
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21. Venezuela. VenApp. La democracia de Nicolas Maduro. Recuperado en: https://www.youtube.com/shorts/GfDdy5S6Otk
22. Cuenta de X, @ConElMazoDando, 17 de mayo de 2017. Recuperado en: https://x.com/ConElMazoDando/status/865003694353285121
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24. YouTube – Nicolás Maduro, 30 de julio de 2024. Recuperado en: https://www.youtube.com/live/NxXXrPwkBc0?t=515s (minuto 8:35)
25. Crónica Uno, 11 de agosto de 2024. “Operación tun tun”: política de Estado para sembrar terror. Recuperado en: https://cronica.uno/operacion-tun-tun-una-politica-de-estado-para-sembrar-terror-advierten-expertos/
26. Ibidem
27. Ibidem
28. Observatorio Venezolano de Prisiones, 9 de diciembre de 2024. Denuncian el traslado arbitrario de los detenidos en Venezuela tras las protestas contra el fraude electoral de Maduro. Recuperado en: https://oveprisiones.com/fue-horrible-me-senti-violada-sin-penetracion-el-relato-de-una-madre-durante-la-requisa-de-yare-iii/
29. Comité de Familiares y Amigos por la Libertad de los Presos Políticos, diciembre de 2024. Condiciones carcelarias de los presos políticos de Venezuela. Recuperado en: https://provea.org/publicaciones/investigaciones/prision-injusta-celdas-inhumanas-informe-clippve/
30. Youtube, 1 de agosto de 2024. Maduro anunció la creación de dos cárceles de máxima seguridad para manifestantes en Venezuela. Recuperado en: https://www.youtube.com/watch?v=w4JSCauukv4
31. Reliefweb, 17 de septiembre de 2024. Informe de la misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela (A/HRC/57/57). Recuperado en: https://reliefweb.int/report/venezuela-bolivarian-republic/informe-de-la-mision-internacional-independiente-de-determinacion-de-los-hechos-sobre-la-republica-bolivariana-de-venezuela-unofficial-spanish-translation-ahrc5757
32. Manifestar, 13 de noviembre de 2024. Violencia carcelaria y opacidad caracterizan la represión poselectoral. Recuperado en: https://manifestar.org/la-represion-poselectoral-y-exposicion-de-datos-personales/
33. Ibidem
34. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, 14 de octubre de 2024. Conclusiones detalladas de la misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela. Recuperado en: https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/sessions-regular/session57/advance-versions/a-hrc-57-crp-5-es.pdf
35. Acceso a la Justicia, 14 de agosto de 2024. Venezuela: condenamos la sistemática represión por parte del Gobierno contra personas defensoras de derechos humanos y manifestantes. Recuperado en: https://accesoalajusticia.org/venezuela-condenamos-sistematica-represion-gobierno-contra-personas-defensoras-derechos-humanos-manifestantes/
36. Naciones Unidas. Oficina del Alto Comisionado, 13 de agosto de 2024. Venezuela: Las continuas detenciones arbitrarias y el uso desproporcionado de la fuerza alimentan el clima de miedo, advierte Türk. Recuperado en: https://www.ohchr.org/es/press-releases/2024/08/venezuela-ongoing-arbitrary-detentions-disproportionate-use-force-fuelling
37. La Voz de América, 12 de noviembre de 2024. Fiscal general de Venezuela niega que haya niños detenidos por protestas; sí hay adolescentes. Recuperado en: https://www.vozdeamerica.com/a/el-fiscal-general-de-venezuela-niega-que-haya-ninios-detenidos-por-protestas-si-hay-adolescentes/7860817.htm
38. Diario Primicia, 11 de noviembre de 2024. Saab aseguró que menores detenidos en protestan están bien de salud. Recuperado en: https://primicia.com.ve/nacion/saab-aseguro-que-menores-detenidos-en-protestas-estan-bien-de-salud/
39. CNN, 7 de octubre de 2024. Familiares de detenidos tras elecciones en Venezuela denuncian que estos sufren torturas, comida en mal estado y deterioro de la salud. Recuperado en: https://cnnespanol.cnn.com/2024/10/07/detenidos-elecciones-venezuela-torturas-orix
40. Espacio Público, 9 de octubre de 2024. Aislamiento e indefensión, a más de 60 días de las detenciones. Recuperado en:https://espaciopublico.ong/aislamiento-e-indefension-a-mas-de-60-dias-de-las-detenciones/