15 de Agosto, 2017.- Las organizaciones abajo firmantes, integrantes de la Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas, rechazamos las declaraciones por el presidente de los Estados Unidos Donald Trump, en donde expresó que, frente a la crisis venezolana, no descartaría una opción militar. Este rechazo ha sido también expresado por Argentina, Brasil, Colombia, México, Paraguay y Uruguay.
Ante estas proclamaciones señalamos que, cualquier medida que intente solventar la grave situación por la que atraviesa Venezuela, no puede recurrir a la violencia. Más de 120 personas han muerto desde el pasado mes de abril en manifestaciones pacíficas convocadas por diversos sectores de la sociedad civil. Asimismo, la crisis económica, alimenticia y sanitaria ha ido en aumento. Es fundamental que las propuestas desarrolladas por la comunidad internacional y países en lo individual no provoquen más sufrimiento y dolor a los y las habitantes de este país.
Por otra parte, Estados Unidos tiene una larga trayectoria histórica de intervención unilateral en los conflictos de la región. Las amenazas por parte del ejecutivo estadounidense alimentan las justificaciones utilizadas por el Estado venezolano para continuar implementando políticas que contribuyan a empeorar la situación actual de escasez y represión. Una acción militar generaría mayores estragos en la sociedad venezolana.
La única opción para solucionar los problemas que vive Venezuela debe ser una salida pacífica. Los cinco últimos meses han estado marcados por graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas miles de detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales, injerencia en la vida privada, restricciones al ejercicio del derecho a las libertades de expresión, asociación y reunión, acoso a defensores/as de derechos humanos, limitaciones a los derechos políticos, el uso de tribunales militares para juzgar a civiles detenidos en las protestas, entre otras actuaciones represivas por parte del gobierno venezolano.
A este contexto se suma un desmantelamiento total de la institucionalidad democrática venezolana, mismo que se intensificó a partir del mes de marzo con el intento frustrado para que el Tribunal Supremo de Justicia asumiera las funciones del Parlamento, así como la reciente destitución de la Fiscal General. La instalación de la Asamblea Nacional Constituyente el pasado 30 de julio de 2017, en desconocimiento de la consulta popular convocada dos semanas antes y del procedimiento constitucional para su consolidación, representa la abolición de la Constitución Nacional de 1999 y la desprotección de los derechos fundamentales de las y los venezolanos.
Durante todo este tiempo, la respuesta del Estado ha sido de incrementar la violencia, e intentar aislarse aún más del resto de la región, como lo demuestra su decisión de retirarse de la Organización de Estados Americanos (OEA). La crisis actual también se ha manifestado en un éxodo de miles de venezolanos, principalmente, hacía otros países de la región.
Por ello, al ser una crisis con consecuencias para todo el continente, las respuestas a la situación en Venezuela deben ser multilaterales, con el propósito de no agudizar aún más el aislamiento político y regional del país. Estas propuestas también deberían garantizar el fortalecimiento de los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos para responder de forma más efectiva a las víctimas de la violencia que se ha desatado dentro del país, al igual que a los migrantes y refugiados que buscan salir.
En ese sentido, las organizaciones abajo firmantes apoyamos propuestas serias y pacíficas que promuevan y refuercen el restablecimiento de la democracia, así como el rechazo a la violencia. En solidaridad con el pronunciamiento de varias organizaciones venezolanas de sociedad civil, exigimos una visita de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de las Naciones Unidas, en materia de derechos humanos, al país.
Organizaciones Firmantes
Regional
Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, AIDA
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM)
Due Process of Law Foundation (DPLF)
Iniciativas Globales por los Derechos Humanos, Heartland Alliance for Human Needs & Human Rights
Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos
Robert F. Kennedy Human Rights
Bolivia
Oficina Jurídica para la Mujer de Cochabamba
Chile
Centro regional de derechos humanos y justicia de género, Corporación Humanas
Colombia
Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (GIDH)
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR)
Comisión Colombiana de Juristas
Corporación Sisma Mujer
Costa Rica
Defensa de niñas y niños- Internacional DNI Costa Rica
El Salvador
Red Para la Infancia y la Adolescencia de El Salvador (RIA)
Ecuador
Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM)
Terra Mater
Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) de Ecuador
Guatemala
Asociación para el Estudio y la Promoción de la Seguridad en Democracia (SEDEM)
Fundación Myrna Mack
México
Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos
Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (ASILEGAL)
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez
Nicaragua
Movimiento Autónomo de Mujeres
Centro Nicaragüense de Derechos Humanos – CENIDH
Perú
Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)
Paz y Esperanza
Uruguay
Instituto de Estudios Legales y Sociales (IELSUR)
