El pasado 25.06.2014 circuló en la Gaceta Oficial 40.440 la “Ley de Registro y Alistamiento para la Defensa Integral de la Nación”, cuyo objetivo es “regular el registro y el alistamiento para la defensa, la seguridad y el desarrollo integral de la Nación”.
Las disposiciones de la ley son aplicables a venezolanos por nacimiento y naturalización, entes públicos y privados. Si bien lo positivo de la norma es que su artículo 5 reitera lo establecido por la Constitución acerca de la prohibición del reclutamiento forzoso, sin embargo, los siguientes aspectos son preocupantes y violan lo dispuesto en la Carta Magna y en los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
1) Se obliga a todos los venezolanos y venezolanas, así como a entes públicos, privados y figuras de a inscribirse en un registro de naturaleza castrense,
2) No figuran como causales de no prestación del servicio militar la posibilidad de elegir libremente un servicio civil o ejercer el derecho a la libertad de conciencia como se dispone en el artículo 61 CRBV),
3) Sólo se podría prestar el servicio civil tras haber sido seleccionado como “No elegible” por presentar enfermedad, ser sostén de hogar, estar casado-a o tener sentencia firme de prisión,
4) El servicio civil, que en la CRBV posee el mismo rango que el militar, quedaría subordinado a las Fuerzas Armas, siendo operativizado bajo jurisdicción y reglamentación castrense. La Comisión de Derechos Humanos de la ONU, en su resolución 1998/77 ha establecido claramente que el servicio alternativo debe ser de carácter civil, fuera de la esfera militar y no bajo órdenes militares.
El incumplimiento del registro impediría por ley la satisfacción plena del derecho al trabajo, al no poder ser contratado por entes públicos ni privados ni tener la posibilidad de obtener solvencias laborales; el derecho a la libertad de tránsito al prohibir la tramitación de licencias de conducir y el derecho a la educación, al impedir el otorgamiento de títulos universitarios.
El cumplimiento cabal de la Constitución sugiere que la implementación de un registro militar debe ser exclusivamente para las personas que opten la prestación del servicio militar y no para la totalidad de la población. A pesar de su naturaleza civil y contradiciendo sus postulados humanistas, el presidente Nicolás Maduro mediante esta ley transforma al conjunto de la sociedad venezolana en un cuartel, a ser regulada por la jurisdicción militar.
Así como lo sugirió el cantor popular venezolano “La patria es el hombre”, por lo que la defensa integral de la sociedad es la promoción de más y mejor educación, vivienda, salud, deporte y cultura para todos y todas, y no la profundización de la militarización del país.
Provea ha denunciado en reiteradas ocasiones la progresiva militarización del país y de las organizaciones sociales, promovida desde el Ejecutivo Nacional. La exacerbación del militarismo es contradictorio con el ejercicio de una democracia participativa y protagónica, toda vez que se impone la lógica de la obediencia ajena al debate democrático, además de otros valores como la xenofobia, la uniformización del pensamiento, la autoridad incontestable, la organización vertical y jerárquica, la diversidad como amenaza y el culto a las armas. Estas nociones son contraproducentes en un país azotado por la violencia cotidiana, donde por el contrario se requiere promover la paz, la convivencia y la resolución pacífica de los conflictos.
Provea convoca al pueblo venezolano a discutir y rechazar los elementos inconstitucionales de esta ley, por lo que ejercerá lo dispuesto en el artículo 333 de la Carta Magna (deber de colaborar en el restablecimiento de la vigencia de la CRBV) mediante acciones jurídicas necesarias para su reforma. (Prensa Provea, 30.06.2014)