Violencia carcelaria y opacidad caracterizan la represión poselectoral

Magaly le contó a su esposo Carlos Manuel que cuando la trasladaron desde Zona 7 a La Crisálida, la montaron en un camión que denominan “La Perrera” y dos funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana intentaron abusar sexualmente de ella: le taparon la cara, le pasaron la lengua por el rostro y le manosearon los senos. Ella se defendió mordiéndole el brazo a uno de ellos, narró Carlos Manuel1.

En los centros de detención venezolanos, las personas están expuestas a vejaciones, abusos sexuales y psicológicos, malos tratos y torturas, debido a la inestabilidad e inseguridad jurídica, física e institucional que caracteriza el sistema judicial penal y la privación de libertad en el país.

El Observatorio Venezolano de Prisiones², señala que en el Centro de Formación para las Procesadas Femeninas ”La Crisálida” localizado en el estado Miranda, «cada celda tiene entre 15 y 18 mujeres aproximadamente, quienes reciben solo dos tobos de agua para bañarse, cepillarse y lavar la ropa”, un aspecto crítico que agrava las condiciones sanitarias ya preexistentes de las detenidas, la presión del hacinamiento se traslada al resto de los servicios: salud, servicios básicos, alimentación y seguridad.

El mismo reporte, fechado el 28 de octubre, advierte sobre las precarias condiciones sanitarias que deben enfrentar las privadas de libertad al señalar que “las mujeres solo se lavan sus partes íntimas y el resto del cuerpo lo asean con toallas húmedas, de esta forma rinden el agua para todas las compañeras de celda. Se turnan por días para lavarse el cabello”³.

Agregan que “por las inadecuadas condiciones de higiene las privadas de libertad se contagiaron de piojos y las custodias no permiten que los familiares les lleven champú antipiojos”⁴. A su vez, los familiares de las detenidas en el contexto de las protestas postelectorales del 28 de julio, denuncian que “todo allá adentro es inhumano”⁵.

De acuerdo a las denuncias recogidas por la organización, las presas políticas “hacen sus necesidades en letrinas, muy cerca de las celdas, y algunas mujeres han presentado infección urinaria”. Asimismo, señalan que los funcionarios de este centro de detención prohibieron las visitas por un mes bajo el argumento de que están “están castigadas”⁶.

El mal estado en los centros de reclusión no sólo pone en riesgo la vida de las personas privadas de libertad, sino que evidencia un incumplimiento de los derechos fundamentales por parte del Estado, en este sentido, el informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela ⁷, fechado el 19 de septiembre del 2024, considera las malas condiciones carcelarias como “actos de tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.

También el Comité de Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura⁸, reconocen que las condiciones de los centros de reclusión en sí mismo, pueden considerarse “maltrato o, en casos extremos tortura”⁹. 

Sin datos, no hay justicia

Él era un hombre robusto, pesaba unos 110 kilos cuando lo detuvieron, pero en la cárcel encontré a uno flaco, ojeroso y pálido. Yo creo que ha perdido unos 50 o 60 kilos (...) le dan muy poca comida y apenas lo dejan salir una vez a la semana durante unos 20 minutos al exterior. Testimonio de Sol Ocariz después de tres meses sin ver a su hermano, Edward Ocariz, detenido en Tocuyito, estado Carabobo.

Este es uno de los muchos testimonios de los familiares de las personas detenidas en el contexto de protestas que se originó tras las elecciones presidenciales del 28 de julio. Parientes denuncian tratos crueles, violencia sexual, comida en mal estado, limitaciones en el acceso a la información médica y a los servicios de salud.

Mireya González, madre de Sandro Rodriguez, denunció que su hijo está desnutrido y enfermo, y aseguró que “le metieron corriente y lo golpearon”. González aseguró que fue víctima de una estafa por parte de efectivos de seguridad que le solicitaron 700 dólares estadounidenses para liberar a su hijo; sin embargo, tras la entrega del dinero todo resultó ser “un engaño”¹⁰,expresó la madre de Rodriguez.

Un informe elaborado por un Grupo de Expertos Independientes de la Naciones Unidas alertó sobre la presencia de “patrón sistemático de violaciones de derechos humanos, que impide el pleno disfrute de los derechos fundamentales y aumenta el riesgo para la vida de cualquiera que sea crítico con el Gobierno» ¹¹.

Entre las situaciones indicadas por el Grupo de Expertos también se advierte:

La negación de atención médica, incluyendo personas detenidas luego de haber sido heridas en las protestas, y personas a las que se estaría negando atención médica y la provisión de medicamentos necesarios por patologías preexistentes, enfermedades crónicas y graves. Además, recibimos información de amenazas contra personal médico que ha hecho requerimientos de insumos médicos, tanto al Gobierno como a entidades que, por la crisis humanitaria del país, realizan donaciones que permitan la garantía del derecho a la salud; estas donaciones han sido recientemente prohibidas12.

En el retén de Tocuyito, familiares expresaron especial preocupación “tras conocer que algunos detenidos han sufrido episodios de ansiedad, estrés y desmayos”. De acuerdo a las declaraciones realizadas por otros reclusos y funcionarios del penal, a varios de los detenidos les habían suministrado Diazepam¹³ para “calmarlos”¹⁴.

Sin embargo, la poca transparencia sobre la situación obligó a los familiares a denunciar que la única explicación recibida por las autoridades fue “que los detenidos habían sufrido ataques de pánico y estaban siendo atendidos”¹⁵.

Esta situación generó gran incertidumbre entre las familias al no contar con información clara sobre las condiciones de salud de las víctimas, si estos son sometidos a una evaluación médica previa y bajo qué órdenes son administrados los medicamentos, ya que no tienen acceso a los expedientes médicos elaborados dentro del recinto carcelario¹⁶.

El cumplimiento del derecho de acceso a la información es obligación del gobierno venezolano. La ausencia de datos e información regular que permita monitorear la situación de las víctimas y sus familiares, agrava las condiciones de las personas detenidas arbitrariamente, y aumenta el riesgo de violaciones a los derechos humanos, lo que compromete la integridad de las víctimas y sus familias. 

Tras las detenciones masivas, el Estado niega sistemáticamente información judicial sobre los casos a familiares¹⁷. Las personas detenidas no tienen derecho a defensa privada y están siendo coaccionadas bajo amenazas. “Al no poder nombrar abogados de su confianza, las personas acusadas no habrían podido acceder a sus expedientes”, lo que deriva en castigos anticipados sin derecho a un debido proceso y una violación abierta a las garantías judiciales establecidas en el Código Penal¹⁸.

Los hechos descritos contradicen lo establecido en el artículo 49 de la Constitución que establece que el acompañamiento y apoyo jurídico es un derecho inquebrantable, sin importar el tipo de causa. El uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes y su criminalización vulnera e ignora el derecho constitucional a la protesta, al limitar y castigar la libre asociación y reunión, además de instalar el miedo y normalizar la persecución¹⁹.

La opacidad sistemática dentro del sistema judicial dificulta el alcance de garantía de los derechos humanos, así como la búsqueda de reparación, verdad y justicia para las víctimas. Finalmente, la falta de cumplimiento de las garantías constitucionales y los derechos humanos, así como la ausencia de un sistema judicial independiente, sostienen un clima generalizado de temor e inhibición en el país. 

1. Los nombres fueron alterados por resguardo de la integridad física de las víctimas
2.  Observatorio Venezolano de Prisiones. (28/10/2024). Mujeres privadas de libertad en la crisálida se contagiaron de piojos por mala higiene. Recuperado en:https://oveprisiones.com/mujeres-privadas-de-libertad-en-la-crisalida-se-contagiaron-de-piojos-por-mala-higiene/
3. Ibidem
4. Ibidem
5. Ibidem
6.  Diario Tal Cual. (28/10/2024). Presas políticas de la crisálida tienen prohibidas las visitas denuncian familiares. Recuperado en: https://talcualdigital.com/presas-politicas-de-la-crisalida-tienen-prohibidas-las-visitas-denuncian-familiares/
7. Reliefweb.(17/09/2024). Informe de la misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela* (Unofficial Spanish translation) (A/HRC/57/57). Recuperado en:https://reliefweb.int/report/venezuela-bolivarian-republic/informe-de-la-mision-internacional-independiente-de-determinacion-de-los-hechos-sobre-la-republica-bolivariana-de-venezuela-unofficial-spanish-translation-ahrc5757
8. CDH de ahora en adelante
9. Asociación para la prevención de la tortura et Centro por la justicia y el Derecho Internacional. (2008). La tortura en el derecho internacional:Guia de Jurisprudencia. Página 40. Condiciones de detención
10. CNN Español (7/10/2024). Familiares de detenidos tras elecciones en Venezuela denuncian que estos sufren torturas, comida en mal estado y deterioro de la salud. Recuperado en: https://cnnespanol.cnn.com/2024/10/07/detenidos-elecciones-venezuela-torturas-orix
11. Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos. (04/07/2024). Venezuela debe poner fin a violaciones de derechos humanos tras las elecciones, dicen personas expertas. Recuperado en: https://www.ohchr.org/es/press-releases/2024/09/venezuela-must-stop-human-rights-violations-following-elections-say-experts
12. Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos. (04/11/2024). Venezuela debe poner fin a violaciones de derechos humanos tras las elecciones, dicen personas expertas. Recuperado en:
    https://www.ohchr.org/es/press-releases/2024/09/venezuela-must-stop-human-rights-violations-following-elections-say-experts
13. El Diazepam es un medicamento que se utiliza principalmente como ansiolítico, relajante muscular y anticonvulsivo. Su administración requiere prescripción y supervisión médica debido a sus efectos y posibles riesgos adversos para la salud
14. Correo del Caroní. (04/11/2024). En Tocuyito mantienen sedados a los presos políticos, denuncia el OVP. Recuperado en: https://correodelcaroni.com/pais-politico/en-tocuyito-mantienen-sedados-a-los-presos-politicos-denuncia-el-ovp/
15. Observatorio Venezolano de Prisiones. (02/11/2024). En Tocuyito mantienen bajo sedación a detenidos con ataques de pánico. Recuperado en: https://oveprisiones.com/en-tocuyito-mantienen-bajo-sedacion-a-detenidos-con-ataques-de-panico
16. Ibidem
17. Espacio Público. (09/10/2024). Aislamiento e indefensión, a más de 60 días de las detenciones. Recuperado en: https://espaciopublico.ong/aislamiento-e-indefension-a-mas-de-60-dias-de-las-detenciones/
18. Provea. (28/10/2024). 15 Relatores Especiales de la ONU alertan sobre violaciones de derechos humanos en Venezuela en el contexto electoral 28J. Recuperado en: https://provea.org/actualidad/derechos-civiles-y-politicos/15-relatores-especiales-de-la-onu-alertan-sobre-violaciones-de-derechos-humanos-en-venezuela-en-el-contexto-electoral-28j
19. Organización de los Estados Americanos. Recuperado en:  https://www.oas.org/dil/esp/constitucion_venezuela.pdf