Marzo revirtió la desesperanza

MARZO REVIRTIÓ LA DESESPERANZA

El 2017 inició con una atmósfera de desilusión. Habiéndose suspendido el referendo revocatorio presidencial y “congeladas” las negociaciones gobierno-oposición intentadas el año anterior, la percepción de la ciudadanía era que las fuerzas opositoras, reunidas en la MUD, no habían sabido o podido rematar la faena de abrir cauce hacia la transición democrática. Pese, por una parte, a las multitudinarias manifestaciones de apoyo con las que habían contado y, por otra, a las innumerables muestras de la debilidad gubernamental en el contexto de la crisis global, el gobierno de Maduro había sobrevivido sin hacer concesiones relevantes.

Entre enero y mediados de marzo el gobierno, envalentonado por la apatía que percibía en el bando opositor, prosiguió socavando las bases de las ya muy debilitadas instituciones democráticas del país. Continuó posponiendo las elecciones pautadas constitucionalmente haciendo uso del Consejo Nacional Electoral, quien ya sin guardar las apariencias, fue encontrando pretextos. La situación de penuria económica, escasez e inseguridad, por su parte, siguió empeorando. Estos factores socioeconómicos suelen ser necesarios pero insuficientes para incentivar por sí solos un ciclo.

En marzo aparecieron los ingredientes de una estructura de oportunidades políticas. A mediados del mes, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, publicó un segundo informe sobre la crisis venezolana. Allí narró el deterioro sostenido de la situación interna del país desde su informe primero de 2016. Señaló cómo todas las gestiones realizadas, utilizando los instrumentos contemplados en el artículo 20 de la Carta Democrática, habían fracasado en persuadir a Maduro de regresar al hilo constitucional. Sugirió a los países miembros hacerle un llamado de atención más firme y evaluar la posibilidad de suspender a Venezuela de la OEA, si en 30 días no daba señales de rectificación. Para el 28 de ese mes convocó a un Consejo Permanente, iniciativa que el gobierno venezolano rechazó y trató de cancelar sin éxito[4].

Mientras se daba en Washington DC dicho Consejo, en Caracas fueron difundidas dos sentencias de la Sala Constitucional del TSJ, dictaminando el desmantelamiento definitivo de la AN. La sentencia 155 del 27, otorgó al Ejecutivo Nacional potestad para legislar en toda materia penal y le ordenó gobernar conforme al Estado de Excepción y Emergencia Económica que había declarado el año anterior, avalado por una sentencia también del TSJ. Esta sentencia iba en contravención a la Constitución (CRBV), que exige que la aprobación de un Estado de Excepción venga de la AN, la cual lo había ya rechazado. La sentencia, además, quitó la inmunidad parlamentaria a los diputados opositores, basándose el TSJ en un supuesto “desacato” de ella a sus poderes, por no haber formalmente retirado a los diputados de Amazonas cuando dictaminó indicios allí de un supuesto fraude en las elecciones parlamentarias de 2015.

Al conocerse esta sentencia, el día 28 los diputados se dirigieron a la sede de la AN para sesionar sobre la materia. El oficialismo, por su parte, convocó a seguidores a un acto de apoyo a las sentencias en las afueras del Hemiciclo. Funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) aparecieron con armas largas y las caras cubiertas, llevando perros entrenados. Policías antimotines también se apersonaron. Al dirigirse una comisión de la AN al acto chavista para protestar y exigir las postergadas elecciones, entre empujones cayeron al suelo las diputadas Olivia Lozano y Gaby Orellano. Ese día el TSJ emitió otra sentencia, la 156, dándole a Maduro potestad para crear empresas mixtas y realizar otras actividades en materia de hidrocarburos sin autorización de la AN. Aprovechó la Sala Constitucional del TSJ para decidir en esa sentencia que ella, o quien ella dispusiera, asumiría las competencias de la AN mientras durase el supuesto desacato.

Con estas sentencias, Maduro cancelaba de hecho al Poder Legislativo, lo que suscitó la alarma de la comunidad internacional. Los miembros de la OEA reunidos en Washington acordaron que al organismo le correspondía mediar en la crisis política y social de Venezuela. El día siguiente, la jefa de Derechos Humanos de la Unión Europea escribió una carta a los europarlamentarios, manifestando su preocupación por la violación de los derechos fundamentales en Venezuela y su intención de promover iniciativas para garantizar la estabilidad política[5].

El día 30, el presidente de la AN Julio Borges convocó a rueda de prensa para pronunciarse. Ahí, ante cámaras de televisión y con los diputados de oposición como testigos, procedió a romper hojas con las decisiones del máximo tribunal: “Esto es simplemente basura. Basura de quiénes han secuestrado la Constitución y quienes han secuestrado los derechos, y quienes han secuestrado la libertad del pueblo venezolano. Esto es lo que significa para nosotros la sentencia”[6].

El viernes 31, en la presentación del informe de gestión 2016 de la Fiscalía General de la República, informe que estaba siendo televisado, la Fiscal declaró ante las cámaras que las sentencias emitidas por el TSJ constituían una “ruptura del orden democrático constitucional”. Recordó que Chávez había sido el impulsor de la CRBV y que ese proceso había sido un “proceso abierto, popular, participativo y protagónico” [7]. Con esta posición una autoridad de un poder público, perteneciente al Poder Ciudadano, que hasta entonces se había alineado a las directrices de Maduro, tomaba distancia, fisurándose el bloque de dominación.

Esos mismos días, los partidos políticos de la MUD convocaron a una marcha en respaldo a la AN para el día 4 de abril y para exigirle la destitución de los magistrados del TSJ. Se planificó para salir hacia el Palacio Legislativo desde la plaza Venezuela. Esta marcha, impedida de hacer su ruta por la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana, logró reagruparse en la Ave. Libertador a la altura de la Ave. Las Acacias y marchar hasta el final occidental de dicha arteria vial, donde piquetes represivos volvieron a impedir su continuación. Se reportó represión con perdigones, lacrimógenas y la ballena de agua y la presencia de colectivos armados en la autopista Francisco Fajardo donde marchaba un grupo. Se informó de trece detenidos. Las fuerzas opositoras volvieron a convocar para el 6. Liderada por los partidos opositores de la AN comenzó indetenible una secuencia de protestas intensa, masiva, extensiva a toda la geografía del país y predominantemente pacífica.