2014: Una década de represión, impunidad y resistencia

La protesta pacífica es parte de la pulsión democrática de la sociedad venezolana, que sobrevive a un costo muy alto. La necesidad de expresar la disconformidad y el rechazo se incrementa ante la prohibición e imposición arbitrarias; como respuesta instintiva, el alcance y despliegue del desahogo popular pueden ser imprevisibles. Esto convive con una capacidad de organización estratégica que la población desarrolló frente a las severas restricciones impuestas por el Estado en su voluntad represiva. 

El siglo XXI venezolano inició con una situación económica precaria. La protesta social estuvo orientada a demandar el incumplimiento de las promesas gubernamentales y su  ineficiencia para dar respuesta a las crecientes necesidades. La reacción estatal alimentó un conflicto con distintos sectores, lo que llevó al país a un clima de confrontación y polarización política. 

Tras las movilizaciones en el contexto del paro petrolero en 2002, el Gobierno Nacional impulsó una política de criminalización de la oposición política, a la que calificó reiteradamente de “golpista” y “fascista”. La tensión social dominó los primeros años del chavismo, tiempo en el que la represión estatal fue tomando forma; la aplicación sistemática del Código Penal y la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación fueron usadas para procesar judicialmente a las personas manifestantes: más de 300 entre los años 2005 y 2007, la mayoría por la movilización masiva contra el cierre arbitrario de Radio Caracas Televisión. 

Además de la lógica de judicialización, la primera década del siglo registró un patrón de  abuso policial durante las manifestaciones, el despliegue desproporcionado de funcionarios/as fue un factor determinante para que las protestas se tornaran violentas. Hasta 2007 al menos una decena de personas manifestantes fueron asesinadas y más de mil resultaron heridas en el contexto de las movilizaciones de calle ¹.

La violencia física e institucional como reacción frente a la protesta ciudadana sentó las bases de una escalada sin antecedentes en la historia contemporánea del país para la siguiente década. A las fallas estructurales de un sistema debilitado, se sumó una fase de inestabilidad política con el fallecimiento de Hugo Chávez en 2013. La sucesiva tensión sociopolítica abrió las puertas a una espiral de violencia estatal sin precedentes. 

La nueva gestión concretó la erosión de las libertades civiles y políticas a la que siguió una crisis socioeconómica con efectos prolongados en la población venezolana y en los países del continente al derivar en niveles de movilidad nunca antes registrados. Los sucesivos ciclos de protestas como expresión de hartazgo fueron severamente castigados. No en vano tales acciones allanaron el camino al cese de la democracia, al pasar del “autoritarismo competitivo”, a un autoritarismo a secas, y al prescindir de una ruta electoral bajo auténticas condiciones en 2016, cuando se suspendieron las elecciones regionales, sin justificación.  

Hoy Venezuela no es una democracia ². La represión inédita hacia la protesta pacífica consolidó la muerte del Estado de Derecho y de Justicia, fue el reclamo de esa crisis institucional y política en 2014 lo que desbloqueó la voluntad de poder sin límites del gobierno y se perfeccionó en los años siguientes. A una década de distancia y cientos de vidas violentadas, el ejercicio de la protesta pacífica adquiere otras características, pero con similares riesgos para la dignidad de las personas.  

Salida mortal 

En el 2014 registramos al menos 2363 manifestaciones públicas, de las cuales el 95% fueron pacíficas ³. La razón más común fueron los reclamos enmarcados en la crisis ⁴ nacional, las cuales sumaron al menos el 32% de las movilizaciones registradas. En segundo lugar, se ubicaron las protestas para exigir la liberación de estudiantes detenidos en el contexto de las manifestaciones. Otros motivos a destacar fueron los reclamos por las fallas en el servicio de agua, las exigencias por mejoras en la seguridad ciudadana y  movilizaciones en rechazo a la represión a manifestantes.

Funcionarios/as de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Policía Nacional Bolivariana (PNB), Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), cuerpos policiales locales y grupos de civiles armados reprimieron a manifestantes haciendo uso no solo de equipos antimotines, sino de armas de fuego y sustancias tóxicas. Solo el 12 de marzo, los efectivos de la PNB y la GNB, detonaron al menos 2310 bombas lacrimógenas para contener la protesta de acuerdo con una investigación periodística ⁵. La GNB, fue el cuerpo de seguridad con el mayor número de operativos, tanto realizados unilateralmente (97 casos) como en combinación con policías nacionales, regionales y civiles armados.⁶ 

La intensidad de la represión fue desproporcional a la frecuencia de protestas violentas; aunque estas aumentaron 184% con respecto a 2013, la represión aumentó en 534%. Más del 80% de las protestas reprimidas fueron pacíficas. Esta situación derivó en el asesinato de al menos 42 personas⁷. También hubo casos violencia sexual, allanamientos ilegales y persecución política, por lo que algunos líderes opositores fueron encarcelados, inhabilitados o exiliados.

Los asesinatos a causa de la represión fueron rechazados ampliamente por la comunidad internacional, la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), quienes condenaron la violencia y abogaron por una solución pacífica al conflicto político. Países como Colombia, Chile, Perú, México, Estados Unidos y Canadá, expresaron su apoyo a la oposición venezolana y exigieron al gobierno de Maduro respeto a los derechos humanos. 

La represión no solo se limitó a la dirigencia política y personas manifestantes,  trabajadores/as de medios de comunicación  que cubrieron las protestas también fueron víctimas de agresiones y amenazas por parte de los cuerpos de seguridad. Entre enero y julio de 2014 se registra al menos 400 violaciones a la libertad de expresión, lo cual representó un incremento de 117% con respecto al mismo período del año anterior⁸. 

En medio de un contexto de censura, el papel de los medios tradicionales estaba relegado ante el auge de las redes sociales. A pesar de esto, tras los sucesos del 12 de febrero en el centro de Caracas, situación que aceleró el ritmo de las protestas y generó un aumento progresivo de la represión, el equipo de la Unidad de Investigación del periódico Últimas Noticias publicó un trabajo audiovisual que identificó a los presuntos responsables del asesinato de Bassil Da Costa. La reconstrucción de los hechos fue posible gracias a la curaduría de fotos y videos proporcionados por vecinos/as y testigos de los hechos, trabajo que fue fundamental para que la Fiscalía iniciara una investigación judicial. 

El periodismo independiente confirmó su importancia para sumar a la exigencia de justicia frente a las violaciones de derechos humanos en el contexto de las protestas. La necesidad de la prensa para la libre difusión de contenidos ya era reconocida por el Estado y eficazmente contenida desde 2012, cuando iniciaron severas restricciones estatales que alteraron el ecosistema de medios tradicionales y redujeron la capacidad de circular contenidos libremente en el país, cuyas consecuencias se mantienen hasta nuestros días. 

Las protestas de 2014 tuvieron un impacto significativo al demostrar la violencia desmedida del gobierno para contener la expresión de las demandas como consecuencia de la frustración ciudadana. A su vez mostraron la capacidad de organización, movilización y resistencia social, así como la necesidad de buscar soluciones pacíficas y democráticas. 

Movilización inédita 

La situación económica se agravó sustancialmente para el 2017 cuando el 87% de los hogares venezolanos se encontraba en condiciones de pobreza ⁹ y 8 de cada 10 personas no se alimentaron de forma adecuada por falta de recursos o por escasez de alimentos^10. El fenómeno migratorio inició un crecimiento exponencial, entre el 2015 y el 2017, la inmigración aumentó casi un 110%, al pasar de 700 mil personas a un millón y medio.^{11 12}

Luego de la suspensión injustificada de las elecciones regionales y la paralización del referendo revocatorio el año anterior, en marzo se sumó la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)¹³, mediante la cual intentó usurpar las funciones de la Asamblea Nacional (AN) de mayoría opositora, situación que acrecentó el descontento hacia el gobierno nacional y detonó la serie de protestas que alcanzaron al menos las 2634 durante varios meses en todo el territorio nacional¹⁴. 

Represión coordinada

El 18 de abril de 2017, Nicolás Maduro anunció públicamente la puesta en marcha del Plan Zamora, definido por el Estado como una estrategia cívico-militar basada en la operación conjunta de las fuerzas armadas, las milicias y las fuerzas populares, ante posibles ataques internos y externos que amenacen la paz y la soberanía del país. No hubo documento público oficial sobre el funcionamiento y alcance de esta política de seguridad estatal, solo referencias dispersas en medios de comunicación¹⁵. 

El Plan contempló dos vicios estructurales desde los estándares de derechos humanos:

• La participación activa de civiles armados y fuerzas militares en operaciones de seguridad pública. Por mandato constitucional ¹⁶ solo las fuerzas policiales civiles debidamente entrenadas y capacitadas están autorizadas para gestionar reuniones públicas.
• El uso de armas del Estado a manos de grupos armados, civiles y militares, para defender una parcialidad política-partidista, en perjuicio de los derechos de la población manifestante relativos a la integridad, vida, libertad personal, de reunión y expresión, debido proceso y participación política.

La represión registrada alcanzó niveles inéditos. Un informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) sobre Violaciones y abusos de los derechos humanos en el contexto de las protestas en la República Bolivariana de Venezuela del 1 de abril al 31 de julio de 2017 ¹⁷señala que al menos 5051 personas, entre ellas 410 niños, fueron detenidas en relación con las manifestaciones antigubernamentales. Nuevamente los cuerpos de seguridad contaron con el acompañamiento de grupos de civiles armados para desmovilizar las protestas ciudadanas.

Durante el segundo cuatrimestre de 2017, el  95,62% (328) de las protestas pacíficas fueron reprimidas por cuerpos de seguridad del Estado, siendo la GNB el organismo militar responsable del mayor número de represiones de manifestaciones pacíficas, con un 51% del total. 

Las armas más utilizadas por las fuerzas militares para ejecutar acciones fueron las bombas lacrimógenas, seguidas por el uso en conjunto de bombas lacrimógenas y perdigones. En tercer lugar, estuvo el uso de pequeños proyectiles de la munición de escopeta, denominados perdigones, seguidos de la combinación de bombas lacrimógenas y las armas de fuego.

La política pública que buscaba resguardar al país “ante ataques internos y externos que amenacen la paz y la soberanía”¹⁸ se tradujo en un aumento en el despliegue de fuerzas de militares y civiles para ejecutar acciones represivas, no solo en los lugares públicos que servían como puntos de concentración o de encuentro, sino en zonas residenciales y urbanizaciones; también fueron registradas acciones de hostigamiento, uso de fuerza excesiva como torturas y golpizas violentas, allanamientos y detenciones arbitrarias de quienes residían en comunidades aledañas a los puntos de concentración¹⁹. Al menos 47 denuncias por allanamientos y ataques a zonas residenciales fueron documentadas por Amnistía Internacional²⁰.  

Las protestas se extendieron a casi todo el país. En ellas participaron personas de distintas generaciones y sectores sociales, siendo los jóvenes quienes asumieron el liderazgo. Ante este panorama, el Estado utilizó la criminalización masiva e indiscriminada para silenciar el malestar de diversos grupos, bajo el presupuesto ideológico de que la reunión pacífica por razones políticas es una amenaza al gobierno. 

Violencia política

El año 2019 inició con una nueva escalada del conflicto político, ciudadanos/as de distintos estados del país protestaron de forma pacífica en respaldo a las decisiones de la Asamblea Nacional electa en 2015 y en rechazo a las medidas implementadas desde el Ejecutivo. En este periodo, se registraron al menos 2013 protestas a nivel nacional²¹.

El 97,46% de las protestas fueron de carácter pacífico. No obstante, las cifras señalan que por segundo año consecutivo, el número de manifestaciones pacíficas reprimidas fue superior, con un registro de 135 (6,70%), frente al registro de manifestaciones violentas reprimidas 23 (1,14%).

El 23 de enero, el diputado Juan Guaidó fue juramentado por la AN como presidente interino de Venezuela, lo cual desencadenó una ola de protestas masivas a nivel nacional en respaldo al poder legislativo ²². La respuesta gubernamental nuevamente estuvo orientada a impedir las movilizaciones mediante el abuso de la violencia²³. 

En balance anual, las manifestaciones durante el 2019 estuvieron protagonizadas por cuarto año consecutivo por sectores vecinales, con 899 movimientos de calle. Las comunidades se organizaron para denunciar el limitado y otras veces inexistente funcionamiento de los servicios básicos, a lo que se sumó el apagón masivo más grande en la historia contemporánea, que incrementó el descontento hacia el gobierno nacional y se sumó a la agenda de protesta. 

Los grupos docentes se movilizaron en 401 oportunidades. Las personas educadoras tomaron las calles para exigir al Estado el pago de deudas, salarios caídos, homologación, rechazo a ajustes salariales insuficientes y otras reivindicaciones. Asimismo, las deficiencias y  fallas estructurales en las instalaciones educativas, alimentaron las exigencias del sector educativo y la comunidad. Por primera vez, se identificaron exigencias orientadas al cese de los atropellos, intimidación y persecución laboral por parte del personal supervisor y autoridades. 

En las arremetidas hacia las protestas, se registró el empleo mixto de armas y otros dispositivos para reprimir de forma violenta. El uso combinado o simultáneo de armas de fuego, tanques, ballenas ²⁴, bombas molotov, perdigones, gases lacrimógenos, fue una práctica común. 

La violencia del Estado también se vio reflejada en acciones como despidos injustificados, retención, suspensión, eliminación de pagos y beneficios laborales, hostigamiento y persecución por parte de la jefatura de la institución y hasta penas judiciales como acto de retaliación contra trabajadoras/es de la administración pública.

Represión impune

La ausencia de justicia en Venezuela es estructural y deriva de un sistema corrupto, y por lo tanto ineficiente, que no responde a los principios e intereses del Estado de Derecho, lo que deja en una situación de indefensión a la población. 

Los altos niveles de corrupción en los sectores de alimentación, salud y servicios básicos; así como la incapacidad para denunciar, prevenir y sancionar hechos asociados a desapariciones forzadas y tortura, dan cuenta de un  Estado ausente.²⁵. 

El índice de percepción de la corrupción publicado por la organización Transparencia Internacional, ubica al Estado venezolano como uno de los más corruptos del hemisferio sur, en el puesto 177, dentro de los 180 países analizados. Esto se debe principalmente a la escasa voluntad para investigar y sancionar a los presuntos responsables de crímenes ²⁶.

En Venezuela se consolida un Estado de impunidad que afecta el disfrute de los derechos individuales y colectivos de la población y favorece a los grupos criminales, lo que exacerba el abuso de los derechos humanos como consecuencia del “uso indebido, la malversación o el robo de fondos públicos que pueden afectar a las mismas instituciones que están a cargo de proteger a los ciudadanos” ²⁷.

La organización Justicia, Encuentro y Perdón señala que en la nación existe un 100% de impunidad en la identificación y castigo de los eslabones dentro de la cadena de mando particularmente de los “asesinatos extrajudiciales y en el patrón de muertes selectivas a disidentes reales o percibidos, durante el ejercicio de las libertades civiles y políticas, desde 2014 al presente”²⁸. 

Es necesario avanzar en la adopción de medidas o recursos para garantizar la debida asistencia, compensación, restitución y garantías a las víctimas, persistiendo en la exploración de “diversos mecanismos en el plano doméstico e internacional tendientes a determinar la verdad de los hechos ocurridos, la responsabilidad de todos los funcionarios actuantes, especialmente de aquellos que ocupan posiciones de poder”²⁹.

El aumento y recrudecimiento de las protestas activó una fuerte represión. La investigación sobre los hechos, evidenció un patrón de graves abusos y violaciones a los derechos humanos de la población; detenciones arbitrarias, tortura, tratos crueles e inhumanos, lo que derivó en al menos 146 personas asesinadas en el contexto de las protestas pacíficas de 2014, 2017 y 2019 ³⁰, cuyos casos en su mayoría siguen impunes.  

Impunidad estructural

Solo el 19,51%, ocho de los autores materiales de los asesinatos ocurridos en el contexto de las manifestaciones realizadas durante el 2014, fueron condenados. Mientras que el restante 80,48% (33) permanece sin sanción. Dentro de la cadena de mando, la cifra es mucho mayor, con el 100% de impunidad ³¹.  

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos exhortó al sistema de justicia venezolano a aclarar los hechos e “iniciar investigaciones”³² sobre lo ocurrido,  enfatizando que “los procesos judiciales deben ser conducidos de forma diligente e imparcial y con apego a las garantías del debido proceso”. ³³

Asimismo, el informe del año 2020 de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela, que identificó un patrón de posibles crímenes de lesa humanidad, exigió al Estado abrir una investigación para identificar a las personas responsables de los delitos cometidos desde el 2014 ³⁴.  

A pesar de las recomendaciones y exigencias de los organismos internacionales, informes como el de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas del 2018, aseguraron que las autoridades venezolanas parecieran “no tener la capacidad ni la voluntad de enjuiciar a los responsables de las graves violaciones de los derechos humanos”, esto de acuerdo con las evidencias de impunidad generalizada en beneficio de los cuerpos de seguridad ³⁵ y evidenciado por la falta de transparencia gubernamental y de imparcialidad en el sistema de justicia nacional. 

En reiteradas ocasiones, el Estado venezolano intentó frenar las investigaciones que adelanta la Corte Penal Internacional sobre Venezuela, al no cumplir con lo establecido en el acuerdo de colaboración firmado entre el Fiscal Karim Khan y Nicolás Maduro en noviembre del 2021, al bloquear y dilatar los mecanismos de averiguación e identificación de responsables y demás procesos judiciales internos³⁶. 

En junio de 2023, la Corte aprobó reanudar las investigaciones sobre los presuntos abusos a los derechos humanos que constituyen crímenes de lesa humanidad cometidos en el contexto de las protestas antigubernamentales, luego de que el Fiscal Kham considerara que los esfuerzos de las autoridades venezolanas eran “insuficientes en su alcance”³⁷. En noviembre, este diagnóstico fue confirmado por la Sala de Apelaciones de la Corte, al indicar que Venezuela “no está investigando o no ha investigado los hechos penales que podrían constituir crímenes de lesa humanidad”, lo que reitera que el Estado viola de forma sistemática el derecho a la justicia, el derecho a la reparación integral de las víctimas e interfiere directamente en la independencia judicial. 

La protesta hoy

Entre enero de 2014 y diciembre de 2023, en Venezuela registramos 19.873 manifestaciones, lo que en promedio representa 5 protestas por día. Tras varios periodos de movilizaciones masivas con respuestas represivas altamente violentas, la actividad de calle experimentó una caída en los últimos años³⁸.

Desde el 2018, los datos señalan una disminución sostenida de la frecuencia de la protesta. Particularmente, desde el año 2022, se observa una caída del 6,26% por cuarto año consecutivo  con respecto al registro del 2021, cuando se documentaron 1038 protestas ³⁹, lo que indica el desgaste progresivo en el número de movimientos de calle.

Esta disminución se registró tras un conjunto de medidas estatales para reprender la expresión física y masiva de la disidencia, especialmente desde el año 2014, lo que sumó a un clima general de inhibición como mecanismo reactivo de supervivencia, frente al riesgo mortal que representó protestar en Venezuela. 

El Plan Zamora⁴⁰ fue uno de los mayores exponentes de una violencia institucional intencional y organizada, que contempló la participación de civiles armados y fuerzas militares en operaciones de seguridad pública. Este plan constituyó una respuesta estatal para aplacar la protesta legítima, una política de Estado que facilitó armas a grupos de civiles para defender la parcialidad político-partidista del gobierno de turno; la fuerza estatal estuvo dirigida a un grupo específico de la población, criminalizado por su posición política, sus ideas y opiniones, sectores de oposición fueron tratados como enemigos de guerra.   

El uso excesivo de la fuerza, golpizas, detenciones arbitrarias, torturas; fueron parte de una política premeditada y concebida para ejercer represión, con recursos y aparataje institucional, no se trató de una contención reactiva frente al desborde de las labores de control público. La lógica militar estuvo presente en el diseño y ejecución del Plan aunque las funciones de control del órden público deben ser ejecutadas solo por civiles⁴¹. 

La adopción de medidas por el gobierno para manejar la pandemia originada por el virus del COVID-19 en los años 2020 y 2021, incorporó la suspensión y limitación de libertades civiles, que afectaron el ejercicio del derecho a la asociación, reunión, movilidad, protesta, y derivó en la reducción de las manifestaciones en el país. La emergencia sanitaria representó una variación en las lógicas restrictivas, al aumentar la persecución hacia las expresiones críticas en línea, fueran a través de redes sociales o de aplicaciones de mensajería instantánea⁴².  

El cese de los ciclos masivos de protesta no implicó el término de las prácticas represivas, éstas se ajustaron a los niveles y formas de la movilización que adoptaron los diferentes sectores de la sociedad. Por ejemplo, el repliegue tras el impacto de la violenta represión, junto al inicio de la emergencia sanitaria global, conllevó a una disminución de las actividades masivas de calle, e implicó el traslado de buena parte de esa crítica a los espacios virtuales, ya ampliamente usados para estos fines de expresión legítima. El uso masivo de las redes sociales para concretar quejas de la gestión pública, en especial del sistema de salud durante el primer año de la pandemia, fue seguido de detenciones arbitrarias y del inicio de procesos penales contra trabajadores/as de la salud, así como contra diferentes tipos de dirigencia social y sindical ⁴³.    

La adaptación de la represión también se tradujo en el aumento de las sanciones administrativas y medidas desproporcionadas hacia trabajadores/as públicos; despidos injustificados, multas excesivas, amenazas y hostigamientos, e incluso seguimiento y vigilancia en represalia por la coordinación de acciones sindicales, como la organización de protestas o la vocería crítica en los gremios y sindicatos ⁴⁴.  

La protesta en Venezuela se mantiene en la actualidad de forma sostenida, regular y sistemática, a pesar de la falta de garantías, que son proporcionales al nivel de riesgo que implica el ejercicio del derecho para las personas. De acuerdo con los datos registrados se pueden identificar dos modalidades. 

1- La exigencia de mejora en la administración de los servicios básicos, en su mayoría de gestión pública. Esta tendencia es puntual y muy local, con demandas fragmentadas geográficamente, en buena medida reactivas y espontáneas, que plantean problemáticas comunes en todo el territorio nacional. 

2-La protesta organizada y masiva, en el último tiempo ejecutada por iniciativas gremiales o sindicales, con foco en defensa de derechos laborales desde el sector público. No tiene motivaciones político-partidistas, tiene amplio alcance de participación, y ha mantenido la regularidad a pesar de las represalias estatales. 

La represión responde al alcance y a las demandas. Los ciclos de alta movilidad registrados en 2014, 2017 y 2019 y la motivación política-partidista coinciden con niveles también elevados de diversas formas de violencia estatal (física, institucional y narrativa) a través del abuso de la fuerza y recursos públicos. 

En los últimos años, las jornadas de protesta laboral no responden a demandas partidistas, pero tienen un amplio alcance, lo que se traduce en una represión focalizada hacia “las cabezas”, la dirigencia o las vocerías; intimidación y amenaza que incluye a las personas manifestantes, así como represalias administrativas o judiciales y detenciones arbitrarias en algunos casos. 

Metodología

La documentación y registro de datos de protestas se realizó sobre una matriz de casos que incluye variables como: fecha de ocurrencia de las manifestaciones, el nombre del medio electrónico que sirve como fuente de consulta, ubicación geográfica que incluye estado y ciudad en donde se desarrolló el evento, tipo de protesta, carácter, manifestantes y sectores a los que pertenecen, demandas y derechos que exigen. La base de manifestaciones se alimenta de fuentes hemerográficas disponibles en los medios impresos que circulan en el territorio nacional y regional, así como registro de notas de prensa de medios digitales. Parte del proceso de sistematización de la información impresa es realizada en conjunto con la organización PROVEA. Luego de que los resultados estuvieran debidamente registrados y sistematizados, se procede a realizar un proceso de depuración, curaduría y cruce de variables. Tras los cálculos estadísticos se obtuvieron los datos que alimentan parte del cuerpo de este trabajo. 

1. Cubas, R. Criminalización, penalización y represión de la protesta social en Venezuela (1997-2007). En Espacio Público, Venezuela. Situación del derecho a la libertad de expresión e información. 2007. Recuperado en Criminalizacion-penalizacion-y-represion-1997-a-2007.pdf (manifestar.org)
2. V-Dem (2023). Reporte de la democracia 2023. Recuperado en: V-dem_democracyreport2023_espanol_med.pdf
3. Manifestar. Manifestaciones públicas 2014. Recuperado en: https://manifestar.org/manifestaciones-publicas-2014/ 
4. Este término fue comúnmente usado en 2014 para expresar reclamos de orden estructural, a nivel social, económico y político al mismo tiempo.
5.  Provea. Venezuela 2014. Protestas y Derechos Humanos. Recuperado en https://provea.org/wp-content/uploads/2021/02/Informe-final-protestas2.pdf 
6. Ibidem.
7. Ibidem.
8.  Espacio Público (2014). 400 violaciones a la libertad de expresión en lo que va de 2014. Recuperado en https://espaciopublico.ong/400-violaciones-libertad-expresion-2014/
9. Provea (2018). ENCOVI 2017: 87% de los hogares venezolanos están en condición de pobreza. Recuperado en https://provea.org/actualidad/encovi-2017-87-de-los-hogares-venezolanos-estan-en-condicion-de-pobreza/
10. CEPAZ (2018). Situación alimentaria en Venezuela 2017-2018. Recuperado en https://cepaz.org/documentos_informes/situacion-alimentaria-en-venezuela-2017-2018/
11. Noticias ONU (2018). La crisis migratoria de Venezuela, una de las mayores de los últimos años. Recuperado en https://news.un.org/es/story/2018/05/1432842 
12. Civilis (2022). Venezuela: Una emergencia que sigue precisando asistencia. Recuperado en https://www.civilisac.org/emergencia-humanitaria-compleja/ai-venezuela-una-emergencia-que-sigue-precisando-asistencia

13. Tribunal Supremo de Justicia (2017). N° Sentencia 21. Expediente 17-0323. Recuperado en: 

    historico.tsj.gob.ve/decisiones/jscon/marzo/203346-21-29317-2017-17-0324.HTML // Civilis Derechos Humanos (2017). Nueva sentencia del TSJ consagra un golpe al parlamento venezolano. Recuperado en: https://www.civilisac.org/alertas/nueva-sentencia-del-tsj-consagra-golpe-al-parlamento-venezolano#:~:text=Mar%2031%2C%202017%20%7C%20Alertas%20%7C%20La%20sentencia,ante%20la%20disoluci%C3%B3n%20del%20parlamento%20por%20v%C3%ADa%20judicial. 

14.  Manifestar (2018). Manifestaciones públicas 2017. Recuperado en https://manifestar.org/balance-sobre-la-situacion-del-derecho-a-la-reunion-y-manifestacion-en-venezuela-en-2017/
15. Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (2017). 10 pistas para entender el Plan Zamora 200. Recuperado en:2017-04-22. 10 pistas para entender el Plan Zamora 200.pdf (syncusercontent1.com)
16. Según establecen los artículos 332 y 329 de la Constitución y casos de la Corte Interamericana contra Venezuela, como Montero Aranguren y otros (Retén de Catia). 
17. ACNUDH (2017). Violaciones y abusos de los derechos humanos en el contexto de las protestas en la República Bolivariana de Venezuela del 1 de abril al 31 de julio de 2017. Recuperado en https://manifestar.org/wp-content/uploads/2017/08/HCReportVenezuela_1April-31July2017_SP.pdf 
18. Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (2017). 10 pistas para entender el Plan Zamora 200. Recuperado en:2017-04-22. 10 pistas para entender el Plan Zamora 200.pdf (syncusercontent1.com)
19.  Amnistía Internacional. Venezuela 2017/2018. Recuperado en https://www.amnesty.org/es/countries/americas/venezuela/report-venezuela/ 
20. Amnistía Internacional (2017). Venezuela: Noches del terror. Ataques y allanamientos ilegales a viviendas en Venezuela. Recuperado en: https://www.amnesty.org/es/documents/amr53/7285/2017/es/ 
21. Manifestar. Manifestaciones públicas 2019. Recuperado en https://manifestar.org/balance-sobre-la-situacion-del-derecho-a-la-manifestacion-pacifica-en-venezuela-2019/ 
22.  BBC Mundo (2019). Protestas en Venezuela: miles de personas participan en manifestaciones masivas contra el gobierno de Maduro. Recuperado en https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-46979531 
23. ACNUDH (2019). Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela. Recuperado en https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.ohchr.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FHRBodies%2FHRC%2FRegularSessions%2FSession41%2FDocuments%2FA_HRC_41_18_SP.docx&wdOrigin=BROWSELINK 
24.  Se tratan de camiones con cañones de agua usados para dispersar a personas manifestantes. 
25. Transparencia Venezuela. Venezuela sigue estancada en altos niveles de corrupción. https://transparenciave.org/venezuela-sigue-estancada-en-altos-niveles-de-corrupcion/ 
26. Transparency International. Recuperado en: https://www.transparency.org/en/cpi/2022/index/ven 
27. Ibidem.
28. Justicia, Encuentro y Perdón (2023). Tipologías Estatales e Impunidad en Venezuela. Disponible en:https://www.jepvenezuela.com/2023/08/28/jepvzla-presenta-informe-especializado-sobre-tipologias-estatales-e-impunidad-en-venezuela/. 
29. Ibidem. 
30.  Datos de Manifestar. 
31. Datos de Justicia, Encuentro y Perdón.
32. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2014) CIDH manifiesta profunda preocupación por hechos de violencia en Venezuela y urge al Estado a garantizar una seguridad ciudadana democrática. Recuperado en: https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2014/013.asp 
33. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2014) CIDH manifiesta profunda preocupación por situación del derecho a la protesta pacífica, de asociación y libertad de expresión en Venezuela. Recuperado en: https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2014/017.asp 
34. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (2020). Conclusiones detalladas de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela. Recuperado en: https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/HRCouncil/FFMV/A_HRC_45_CRP.11_SP.pdf 
35. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (2020) Violaciones de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela: una espiral descendente que no parece tener fin. Recuperado en: https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Countries/VE/VenezuelaReport2018_SP.pdf 

36.  Ferrer, I. (2023) Venezuela trata de frenar la investigación de la Corte Penal Internacional sobre crímenes de lesa humanidad. Recuperado en: https://elpais.com/america/2023-11-08/venezuela-trata-de-frenar-la-investigacion-de-la-corte-penal-internacional-sobre-crimenes-de-lesa-humanidad.html

37.  Hernandez O. (2023) Venezuela no está investigando los supuestos crímenes de lesa humanidad, concluye la sala de apelaciones de la Corte Penal Internacional. Recuperado en: https://cnnespanol.cnn.com/2023/11/07/venezuela-no-esta-investigando-crimenes-lesa-humanidad-corte-internacional/

38. Informes anuales de Manifestar. Consultar en: https://manifestar.org/secciones/informes-sobre-el-derecho-a-la-reunion-pacifica-en-venezuela/ 
39. Ibidem.
40. Centro de Derechos Humanos de la  Universidad Católica Andrés Bello (2017). 10 pistas para entender el Plan Zamora 200. Recuperado en:2017-04-22. 10 pistas para entender el Plan Zamora 200.pdf (syncusercontent1.com)
41.  Human Right Watch (2017). Arremetida contra opositores. Brutalidad, tortura y persecución política en Venezuela. Recuperado en: https://www.hrw.org/es/report/2017/11/29/arremetida-contra-opositores/brutalidad-tortura-y-persecucion-politica-en 
42. Espacio Público (2021). Internet 2020: situación general del derecho a la libertad de expresión e información. Recuperado en: https://espaciopublico.ong/internet-2020-situacion-general-del-derecho-a-la-libertad-de-expresion-e-informacion/ 
43.  Espacio Público (2021). Informe 2020. Situación general del derecho a la libertad de expresión e información. Recuperado en: https://espaciopublico.ong/informe-2020-situacion-general-del-derecho-a-la-libertad-de-expresion-en-venezuela/ 
44.  Manifestar (2023). Profesores retoman la protesta y vuelven las represalias. Recuperado en: https://manifestar.org/profesores-retoman-la-protesta-y-vuelven-las-represalias/