La información que se dispone a continuación, corresponde a las manifestaciones que se realizaron durante el año 2019. De acuerdo a los datos analizados producto del monitoreo diario, en el país se realizaron 20131 movilizaciones; a pesar de que por tercer año consecutivo, se observó un debilitamiento del 8,59% en los movimientos de calle a nivel nacional con respecto a lo observado el año anterior. Esto evidencia un desgaste progresivo en el número de movilizaciones en el país.
Al balance anual presentado, se le suman algunos de los hechos más resaltantes que marcaron el escenario nacional de ese año.
Panorama de la situación
El 5 de enero arranca un nuevo periodo de sesiones en la Asamblea Nacional de Venezuela. Cinco días más tarde, el 10 de enero, Nicólas Maduro se juramentó como presidente de la República ante el Tribunal Supremo de Justicia para el periodo 2019-20252. Esta situación desencadenó el cuestionamiento la legitimidad del cargo por diversos sectores de la sociedad, lo que sumó elementos a la crisis política e institucional3.
Un día después, el 11 de enero y luego de terminar su periodo como diputado nacional, Juan Guaidó asumió la Presidencia de la República al invocar los artículos 333, 350 y 233, basado en la ausencia de una presidencia electa de acuerdo a la normativa constitucional4.
El 23 de enero y en una concentración masiva de opositores al gobierno de Nicólas Maduro, Juan Guaidó tomó juramento como presidente encargado de Venezuela5. Ese mismo día el gobierno de EE.UU, reconoce a Guaidó como presidente, mientras que el gobierno encabezado por Nicólas Maduro, rompió relaciones diplomáticas y políticas con Estados Unidos, estableciendo un plazo de 72 horas para que el cuerpo diplomático abandone el país6. Paralelamente, se desarrollan en el territorio nacional diversas marchas en rechazo al gobierno de Maduro.
El 28 de enero, el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos cancelaron una serie de órdenes de compra a Petróleos de Venezuela (PDVSA) y cedieron el control de la filial CITGO y de cuentas bancarias del estado venezolano en territorio estadounidense al Gobierno presidido por Guaidó7.
El mes de febrero arrancó con diversas marchas tanto en el territorio nacional como a nivel mundial. El 2 de febrero, los venezolanos se congregaron en distintos puntos de Venezuela y de otras ciudades del mundo para rechazar al gobierno de Nicolás Maduro. Mientras que el dirigente del chavismo, anunció que incorporaría las milicias al ejército venezolano8.
El 6 de febrero la Guardia Nacional de Venezuela bloqueó el Puente Internacional Las Tienditas, fronterizo entre Colombia y Venezuela, con un camión cisterna, para impedir el paso de la ayuda humanitaria.
Más tarde, el 19 de febrero, Delcy Rodriguez, anunció el cierre de todas las fronteras, aéreas y marítimas con las islas, Aruba, Curazao y Bonaire, ante la posible llegada de ayuda humanitaria9. Dos días después, el 21 de febrero Maduro, ordenó el cierre de la frontera con Brasil de forma indefinida10, mientras que el 22 de febrero, el gobierno ordenó el cierre de la frontera con Colombia11.
El 23 de febrero, el gobierno encabezado por Juan Guaidó, estimó la entrada de la ayuda humanitaria por distintos pasos fronterizos (Colombia, Brasil y Curazao), por su parte, el gobierno oficialista, prohibió el ingreso de los camiones con la ayuda humanitaria. Ese mismo día, se registró la quema de uno de los camiones que transportaban la ayuda humanitaria sobre el puente Francisco de Paula Santander, mientras que el gobierno de Maduro, anunciaba la ruptura de las relaciones diplomáticas con Colombia1213.
Luego, el 24 de febrero, los medios de comunicación nacionales e internacionales reportaron que al menos 15 personas resultaron heridas en una manifestación en la ciudad de Santa Elena de Uairén, estado Bolívar, tras exigir a las autoridades la entrada de la ayuda humanitaria14.
El 28 de febrero, Nicolás Maduro es denunciado por el legislador Angel Alvarado, por sustraer ilegalmente 8 millones de toneladas de oro del Banco Central de Venezuela15.
El 1 de marzo, el gobierno de los Estados Unidos, sancionó a un grupo de militares del gobierno venezolano y congeló sus visas16. Más tarde, el 7 de marzo, Adam Chavéz, hermano del presidente fallecido Hugo Chávez, es designado como embajador de Cuba17. Ese mismo día, en la tarde del jueves 7 de marzo, el ministro de Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez, informó que 11 estados venezolanos se quedaron sin electricidad y declaró en el canal del estado Venezolana de Televisión, que se trataba de una “guerra eléctrica” y un acto de sabotaje a la principal central hidroeléctrica venezolana en Gurí, estado de Bolívar, en el suroriente de Venezuela, que abastece casi el 70% de la electricidad en el país.
La interrupción del servicio eléctrico se extendió hasta el día 10 de marzo, a la mayor parte del país18. Días más tarde, el 17 de marzo, Delcy Rodríguez, anunció que Nicolás Maduro, solicitó la renuncia de todo su tren ministerial tras el masivo apagón que dejó sin servicio eléctrico a gran parte de la población venezolana1920.
El 22 de marzo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros emitió un comunicado de prensa a través de la Embajada de EE.UU. en Venezuela en donde sanciona a BANDES, Banco Nacional de Desarrollo de Venezuela, Banco de Venezuela, S.A, Banco Bicentenario del Pueblo, de la Clase Obrera, Mujer y Comunas, Banco Universal C.A21.
El 28 de marzo, el contralor Elvis Amoroso, inhabilitó por 15 años a Juan Guaidó para el ejercicio de cualquier cargo público22.
El 1 de abril, Nicolás Maduro, nombró a Igor Gavidia como presidente de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), y a Freddy Brito Maestre como ministro de Ciencia y Tecnología. Por su parte, el magistrado Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, solicitó a la asamblea nacional constituyente se le retire la inmunidad parlamentaria a Juan Guaidó.
En la madrugada del 30 de abril, Juan Guaidó, anunció el inició de la Operación Libertad23 desde la base aérea La Carlota localizada en Caracas, acompañado del dirigente opositor Leopoldo López. Horas más tarde, el gobierno anunció a través del ministerio de comunicaciones que se estaba gestando un “golpe de estado”. El mismo 30 de abril, fuerzas militares reprimieron a simpatizantes de la oposición. En medio del enfrentamiento, los manifestantes fueron atropellados por tanques del ejército, al tiempo que fueron gaseados con bombas lacrimógenas24.
El 10 de mayo, se declara la extensión del estado de Excepción y Emergencia Económica, mediante el decreto N 3844, publicado en Gaceta oficial N645625.
El 4 de junio, Venezuela pierde 20 toneladas de oro al incumplir un contrato del año 2016 con el Deutsche Bank26. El 5 de junio se profundiza la crisis en la distribución de combustible; a esto se suman los bajos precios, la falta de disolventes y aditivos, el mal estado de las refinerías y la reventa de la gasolina a sobre precios27.
El 28 de junio, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sanciona por corrupción al hijo de Maduro. Nicolás Maduro Guerra, fue denunciado por el ex director del del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), Manuel Cristopher Figuera, quien se encuentra en los Estados Unidos desde 201928.
El 2 de julio, el estudiante Rufo Chacón, perdió la vista, al recibir un disparo a quemarropa. Chacón perdió ambos ojos mientras participaba en una protesta por la falta de gas doméstico en la autopista La Fría, en el estado Táchira. El hecho fue realizado por dos efectivos de Politáchira29. El 9 de julio, se inicia en Barbados, la rueda de negociaciones entre los representantes de la oposición y el oficialismo30.
El 25 de julio, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), emitió un comunicado de prensa a través de su embajada en Venezuela, en donde hace pública las sanciones que impusó a Alex Saab, por el entramado de corrupción que tejió por medio del programa de subsidios para alimentos denominados Comités Locales de Abastecimiento y Producción, conocidos como CLAP31.
El 5 de agosto, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó la orden 13884, en donde autoriza sanciones en contra de todo aquél que brinde apoyo al gobierno encabezado por Nicolás Maduro. La orden ejecutiva, establece un embargo económico de todos los bienes e intereses de Venezuela en territorio norteamericano32.
El 14 de agosto, Nicolás Maduro, autorizó la emisión de deuda interna al Banco Central de Venezuela (BCV) por un monto de 36 billones de bolívares para la estatal petrolera PDVSA, y otras instituciones, sin la aprobación de la Asamblea Nacional33.
El 15 de agosto, el banco más grande de Turquía, Ziraat Bank, dejó de cooperar con el Banco Central de Venezuela para operaciones comerciales con el fin de evitar sanciones por parte de los Estados Unidos34.
El 29 de agosto, se emite el Convenio Cambiario Número Uno, que restablece la libre convertibilidad de la moneda dentro del territorio nacional. El convenio establece que es el BCV, el ente encargado en regular y administrar el nuevo Sistema de Mercado Cambiario, que permitirá que las divisas fluctúen de acuerdo a la oferta y la demanda35.
El 12 de septiembre, Estados Unidos, invocó en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, el Tratado de Asistencia Recíproca (TIAR), ante la amenaza del gobierno oficialista de movilizar tropas a la frontera con Colombia36. El 23 de septiembre, el TIAR aprueba sanciones contra el gobierno que preside Nicolás Maduro37.
Para el 14 de octubre, se comienza a agudizar la crisis por falta de combustible en varios estados. En Zulia, Táchira, Mérida, Anzoátegui y Bolívar, se empiezan a observar largas filas en las estaciones de servicio38.
El 18 de octubre, después de 3 años de silencio, el BCV publicó las cifras oficiales que mostraban la profunda crisis que atravesaba el país39. Seis días más tarde, el 24 de octubre, el Departamento del Tesoro, intervino para evitar que los acreedores de los bonos de PDVSA 2020 iniciaran el embargo a CITGO4041.
El 17 de noviembre Nicolás Maduro plantea a la nación la posibilidad de dolarizar la economía42. Posteriormente se produjo una caída en el valor de la moneda local del 63, 14% con respecto al valor del dólar43.
En los primeros tres días del mes de diciembre, se observó un mayor flujo y manejo de divisas en el mercado venezolano44, como consecuencia de una reiterada adquisición por parte de la ciudadanía.
El 4 diciembre, nuevas sanciones por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros recayeron en la estatal petrolera PDVSA. Esta vez las sanciones se dirigieron a seis tanqueros petroleros propiedad de la empresa, identificados como: Ícaro, Luisa Cáceres de Arismendi, Manuela Sáenz, Paramaconi, Terepaima y Yare45.
Días más tarde, el 12 de diciembre, se declaró nuevamente el “estado de emergencia” en la nación, por el TSJ, que se venía aplazando desde el año 201646.
El 30 de diciembre, el BCV reportó una fuerte caída en las reservas. Esta situación se produjo, de acuerdo a especialista en la materia, por el incremento en la importación de gasolina y el pago de los llamados “petro aguinaldos47.
Los hechos reseñados anteriormente, alimentaron el tejido de conflicto y los movimientos de calle que sucedieron durante el 2019, en el territorio nacional. Con características propias y excepcionales. Estos eventos, se suman al descontento de la población ante la indiferencia de los organismos y las autoridades del Estado a las necesidades sociales expresadas por la ciudadanía.
En el siguiente informe se presenta de manera detallada el número de movilizaciones realizadas durante el año 2019. Se ofrecen datos estadísticos sobre los sectores manifestantes y sus motivaciones, los tipos de protesta y sus modalidades, así como, los estados y ciudades más movilizadas. A la información, se le sumaron aspectos relevantes asociados al número de protestas reprimidas, cantidad de lesionados y los cuerpos de seguridad responsables de estás prácticas. El informe culmina con un apartado especial sobre la violencia de Estado impuesta en Venezuela como práctica institucional, ejemplificado con el caso de Jessica Vidal.
El caso de Vidal tuvo un desenlace irregular en el año 2021. Los informes anuales sobre la Situación del Derecho a la Manifestación son estudios orgánicos; por lo que la información expuesta sobre los hechos descritos, está profundamente relacionada a ciclos anteriores y en consecuencia a los años subsiguientes.
El caso de Jessica Vidal, quien desde el 2018 denunció acoso, hostigamiento, suspensión de beneficios laborales y salarios hasta su despido como jefa de enfermeras del Hospital Central de Maracay en el 2021, representa una sucesión de eventos relacionados y no, sucesos aislados o de carácter espontáneo.
Sectores manifestantes y sus motivaciones
Las movilizaciones en Venezuela durante el año 2019, estuvieron protagonizadas por cuarto año consecutivo por los vecinos con 899 movimientos de calle. Las comunidades se organizaron para denunciar el limitado y otras veces inexistente funcionamiento de los servicios básicos (agua, luz, gas, transporte, asfaltado, aseo). Asimismo, el encarecimiento de los alimentos, el derecho a la vivienda, a la identidad y a la seguridad, formaron parte de las demandas de las comunidades. La escasez de combustible que empezó a manifestarse en el país desde el año 2015, forma parte de las exigencias de la población, a eso se le suma el abierto rechazo a la gestión de Nicolás Maduro y sus políticas.
Los docentes venezolanos se movilizaron en 401 oportunidades. Los educadores tomaron las calles para exigir al Estado el pago de deudas, salarios caídos, homologación, rechazo a ajustes salariales insuficientes y otras reivindicaciones. Asimismo, las deficiencias y fallas estructurales en las instalaciones educativas, alimentan las exigencias de los profesores y la comunidad. Por primera vez, se observó dentro de la matriz de registro las exigencias orientadas al cese de los atropellos, intimidación y persecución laboral por parte de los supervisores.
Los trabajadores del Estado se mantienen en el tercer lugar, como el grupo más movilizado con 171 protestas. Los pasivos laborales, aumentos, discusión de contrato colectivo, despidos injustificados, exigencia de seguros médicos, liberación de compañeros detenidos, escasez de alimentos e irregularidades en el sistema de distribución de los CLAP, forman parte de las demandas.
Los trabajadores del sector salud se movilizaron en 107 oportunidades, no solo para ejercer su derecho a la manifestación pacífica, sino para denunciar la indiferencia estatal frente a la emergencia humanitaria que azota a la nación debido a la escasez prolongada de medicinas, frágil estado de la infraestructura hospitalaria, bajos sueldos, recortes presupuestarios, cierres y abandonos de los servicios y áreas neurálgicas, entre otros.
Por último, los jubilados y pensionados que son un grupo conformado mayoritariamente por personas de la tercera edad con alto grado de vulnerabilidad, se movilizaron 74 veces, para exigir reivindicaciones laborales y salariales, así como, exigir mejores condiciones de vida.
Cuadro 1. Top 5 Sectores manifestantes y motivaciones
| Sectores manifestantes y sus motivaciones | |||
| Sector | Motivaciones | Cantidad | % |
| Comunidad organizada | Limitado e inexistente funcionamiento de servicios básicos, derecho a la vivienda, identidad e inseguridad, rechazo a la gestión de Nicolás Maduro, escasez de combustible. | 899 | 44,65% |
| Comunidad educativa | Reivindicaciones laborales, deficiencias y fallas estructurales de instalaciones educativas, cese a atropellos y persecución laboral. | 401 | 19,92% |
| Trabajadores del Estado | Reivindicaciones laborales, escasez de alimentos, irregularidades en el sistema de distribución de los CLAP. | 171 | 8,49% |
| Trabajadores de la salud | Escasez de medicinas, precario estado de la infraestructura hospitalaria, bajos sueldos, recortes presupuestarios, cierres y abandonos de servicios. | 107 | 5,31% |
| Jubilados y pensionados | Reivindicaciones laborales, mejora en las condiciones de vida del adulto mayor. | 74 | 3,67 |
La demanda por el pago del seguro HCM48, homologación, salarios caídos, deudas, discusión de contratos colectivos y otras reivindicaciones en materia laboral dan cuenta de un cuadro de coincidencias que refleja el deterioro en materia de derechos laborales que padecen los trabajadores pertenecientes al sector público del país.
Tipos de protestas
Las formas de protesta de una sociedad, suelen permanecer estables en el tiempo, explica la investigadora Margarita López Maya49, por lo que la calle es aún el mejor escenario para expresarse. Venezuela se ha caracterizado en los últimos años por la incesante movilización de su gente, si bien pueden existir cambios como resultado de la presión ejercida por las demandas de la ciudadanía, las protestas de años anteriores, no son muy diferentes a las que se vivieron durante el 2019, en cuanto a características, motivos o tipos.
A continuación se presentan los seis tipos de protesta predominantes que marcaron la dinámica social durante el año 2019.
Cuadro 2. Top 5 Tipos de protesta
| Tipo | % | Total |
| Concentración | 40,33% | 812 |
| Pancartazo | 31,39% | 632 |
| Cierre de vía | 30,55% | 615 |
| No se indicó en la nota | 8,14% | 164 |
| Paro de actividades | 5,16% | 104 |
| Marcha | 5,06% | 102 |
Estados y meses más movilizadas
En el registro de manifestaciones, la tendencia muestra que los estados Miranda (379), Distrito Capital (338) y Lara (223), poseen los tres primeros registros con el mayor número de protestas realizadas por zona geográfica. Y, de acuerdo a la distribución mensual de movimientos de calle, enero, mayo y junio mostraron la mayor concentración en el número de protestas. Particularmente, las cifras obtenidas del monitoreo realizado durante el año coinciden, principalmente, con las protestas masivas en contra de la gestión liderada por Nicolás Maduro en todo el país y el empeoramiento de las condiciones en los derechos políticos, económicos, sociales y el desmejoramiento de los derechos humanos de la ciudadanía.
Cuadro 3. Movilizaciones por mes
| Enero | 364 |
| Febrero | 128 |
| Marzo | 62 |
| Abril | 44 |
| Mayo | 312 |
| Junio | 231 |
| Julio | 189 |
| Agosto | 137 |
| Septiembre | 155 |
| Octubre | 209 |
| Noviembre | 125 |
| Diciembre | 57 |
| Total | 2013 |
¿El “gobierno de los trabajadores”?
El artículo 53 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, contempla el ejercicio de la protesta pacífica y sin previo aviso como un derecho fundamental, así mismo, este derecho es reconocido por otros instrumentos jurídicos de carácter internacional como: artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Igualmente, el Sistema Interamericano a través de la Convención Americana garantiza y protege el ejercicio de la reunión pacífica de acuerdo a los artículos 15 y 16.
A pesar de este marco legal, reportes de organizaciones de la sociedad civil, nacionales e internacionales mantienen denuncias sobre prácticas intimidatorias y restrictivas en contra de las personas que protestan en Venezuela, además del fortalecimiento de dichas acciones arbitrarias. Los mecanismos utilizados por los organismos de seguridad estatal para ejercer control social obedecen a “fórmulas o patrones” comunes según lo documentado por la organización Amnistía Internacional50.
En nuestro informe anual del 2018, sobre la Situación del Derecho a la Manifestación, se registro que el castigo hacia quienes exigen un cambio ante la escasez de medicinas, fallas en los servicios públicos e infraestructura, alimentos, bajos sueldos, hiperinflación y violación de derechos humanos de forma general, responde a una “lógica de seguridad nacional destinada a aplacar la protesta y con ello hacer mella en la voluntad política de la población por exponer sus reclamos colectivamente»51.
Estas arremetidas en contra los sectores de oposición, comunidades, sociedad civil y disidentes, forman parte de una política destinada a reprimir, formalizada en el 2017 bajo el Plan Zamora52, que se constituyó como una respuesta coordinada del ejecutivo nacional para mermar cualquier foco de resistencia y desacuerdo en contra de las políticas adelantadas por Nicolás Maduro.
La respuesta estatal no deriva de un acuerdo institucional con el objetivo de restablecer los derechos violados, por el contrario, responde a actividades ligadas a afianzar el poder y ejercer terror en la población53.
En este sentido, el monitoreo de prensa y registro de protestas realizado por el programa de Observatorio Social, entre los meses de enero y diciembre de 2019, mostró que 1962 (97,46%) protestas fueron de carácter pacífico frente a 47 (2.33%) de carácter violento. No obstante, las cifras señalan que por segundo año consecutivo, el número de manifestaciones pacíficas reprimidas fue superior, con un registro de 135 (6,70%), frente al registro de manifestaciones violentas reprimidas 23 (1,14%).
Cuerpos de seguridad responsables
Las políticas de represión y control, adelantadas por el Estado venezolano son las nuevas respuestas ante la escasez, la inseguridad, la corrupción, la violencia y el crimen organizado. Los problemas estructurales denunciados progresivamente por la población, no responden a un mandato de interés estatal con soluciones a largo plazo, sino todo lo contrario, una progresiva militarización de los cuerpos policiales, uso desproporcionado de la fuerza, encarcelamiento en condiciones precarias, persecución, hostigamiento, y otras respuestas punitivas, son los dictámenes estatales para hacer frente a las demandas de la población.
Para esta labor, frecuentemente, los cuerpos de seguridad estatal se desempeñan como los principales ejecutores y responsables de la represión ejercida en las protestas. De acuerdo a los datos recopilados la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), es el organismo militar responsable del mayor número de manifestaciones pacíficas reprimidas. En la matriz de datos se logró contabilizar que en los actos de represión, la GNB participó en 37 oportunidades en actos de represión y violencia hacia la comunidad manifestante.
Según el monitoreo, las acciones de “seguridad» y estrategia realizadas en comunión, entre varios cuerpos de defensa, tanto militares como policiales, ocupan el segundo puesto. Los datos contabilizaron que en un total de 34 oportunidades, PNB54, CICPC55, Policía regional, FAES56, SEBIN 57y otros, realizaron acciones en conjunto para conformar un solo bloque represor. En tercer lugar, se cuentan las acciones realizadas por la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de forma solitaria. Los datos expresaron que este cuerpo de seguridad, participó en 17 ocasiones en procedimientos policiales destinados a reprimir a la ciudadanía.
Uso de armas para controlar manifestaciones
En las arremetidas contra los manifestantes, se contabilizó en primer lugar el empleo mixto de armas y otros dispositivos para reprimir de forma violenta. El uso combinado o simultáneo de armas de fuego, tanques, ballenas, bombas molotov, perdigones, gases lacrimógenos entre otros, se observó un total de 18 veces. La utilización de gases lacrimógenos, se observó como la segunda arma utilizada con mayor frecuencia por los cuerpos de seguridad, con un total de 10 veces. En último lugar, los perdigones, se registraron como la tercera arma más utilizada por las fuerzas de seguridad en un total de 9 oportunidades.
La matriz registró la existencia de manifestantes lesionados y fallecidos en contexto de protestas. El trabajo de monitoreo y documentación registró que durante el ciclo de protestas enero-diciembre 2019, resultaron lesionadas 29 personas y otras 6 se contabilizaron como fallecidas, como consecuencia de las acciones orientadas a mermar las protestas públicas en todo el país.
Samuel Enrique Méndez (24); Jurubith Rausseo (27); Yoifre Jesus Hernández Vásquez (14); Josnel Peralta (16) y Yonder Villasmil (15), fueron algunas de las víctimas con saldo fatal de la represión en Venezuela. Todas fueron asesinadas con impactos de bala durante la violenta represión que ocurrió en las protestas antigubernamentales ocurridas en el 2019, según lo registrado por Provea58.
Un informe de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre Venezuela59, instó al gobierno venezolano a cesar y reparar las graves violaciones cometidos hacia los derechos humanos. En el mencionado informe, se afirma que durante el último decenio se puso en marcha “un conjunto de leyes, políticas y prácticas que ha reducido el ámbito democrático, ha desmontado el sistema de control institucional sobre el poder ejecutivo y ha permitido la reiteración de graves violaciones de derechos humanos”.
En el informe se hizo un llamado de atención al gobierno por la existencia y abusos generalizados a los derechos humanos de la población en el contexto de las manifestaciones. Instaron a las instituciones judiciales a dar paso a una investigación inmediata sobre las muertes violentas para asegurar la responsabilidad de los autores y el cumplimiento de garantías de no repetición.
Hostigamiento laboral y discriminación por motivos políticos
Los hechos represivos, no solo vienen acompañados por denuncias de hostigamiento, uso de fuerza excesiva, golpizas y hasta detenciones ilegítimas hacia la población que participa en las protestas. La violencia del Estado, puede verse reflejada en acciones como despidos injustificados, retención, suspensión, eliminación de pagos y beneficios laborales, hostigamiento y persecución por parte de la jefatura de la institución y hasta penas judiciales como acto de retaliación contra trabajadores de la administración pública.
La denuncia y exigencia por el cumplimiento de los derechos son castigados con desmejoras, remociones, destituciones y despidos. La malla jurídica destinada a reprimir, visualiza un esquema solapado de violaciones a los derechos laborales, cuyo fin es mermar la expresión, el pensamiento y la voluntad de los trabajadores.
Tal es el caso de Yessica Vidal, quien fue removida de su cargo como enfermera en el Hospital Central de Maracay el pasado 13 de noviembre del 2020. Vidal, trabajó como enfermera por más de 10 años en el Hospital Central de Maracay; además, se desempeñó como sindicalista y presidenta del Colegio de Enfermeras del estado Aragua.
Desde el 2018, la líder sindical denunció situaciones irregulares que comprometian su integridad física, laboral y mental. En diversas oportunidades, Vidal, señaló ser víctima de acoso y hostigamiento laboral por evidenciar la grave crisis que azota al sector salud del estado y exigir mejoras salariales para el gremio6061. Igualmente, advirtió que estas acciones eran señales de alerta hacia el gremio de enfermería del estado, para sembrar el miedo y silenciar a todos aquellos que denuncien la precaria situación que atraviesa el sector salud, calificándolas de «ilegal y arbitraria»62. En aquella oportunidad, la profesional, pidió a las autoridades respeto a sus derechos laborales.
En la Declaración Universal de los Derechos Humanos y Convenios como el N° 111 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se expresa claramente la prohíbición de la discriminación laboral basada en opiniones políticas. La misma OIT, considera como “Acoso Laboral” o “Síndrome de Mobbing”, a todas aquellas conductas como hostigamiento o acoso psicológico realizadas a través de acciones maliciosas con el fin de humillar, descalificar y desestabilizar a un individuo o grupo de trabajo63.
En el marco nacional, la Ley Orgánica sobre Protección, Condiciones y Medio Ambiente en el Trabajo (LOPCYMAT) obliga a todo empleador a “Abstenerse de realizar toda conducta ofensiva, maliciosa, intimidatoria y de cualquier acto que perjudique psicológica o moralmente a los trabajadores, prevenir toda situación de acoso por medio de la degradación de las condiciones y ambiente de trabajo, violencia física o psicológica, aislamiento, o por no proveer una ocupación razonable al trabajador de acuerdo a sus capacidades y antecedentes, y evitar la aplicación de sanciones no claramente justificadas o desproporcionadas y una sistemática e injustificada crítica contra el trabajador o su labor”64.
A pesar de estas regulaciones, se evidencia un importante nivel de incumplimiento por parte de las instituciones y organismos del Estado, que son los principales actores responsables de la ejecución de los instrumentos jurídicos y de protección laboral. Las violaciones al derecho de los trabajadores, se materializan en el caso de Vidal a través de esquema de acciones dirigidas en su contra (suspensión de salarios, remoción o suspensión de cargo e injustificado despido), con el fin de vulnerar su estabilidad laboral, psicológica y su derecho a expresarse libremente.
Es necesaria la adopción de medidas urgentes y eficaces que obliguen al Estado venezolano a detener el acoso laboral y discriminación laboral en todas sus formas, en tanto son expresiones legítimas de los derechos humanos, entre ellos libertad de asociación y reunión pacífica.
Referencias
- Datos del programa de Observatorio Social de Espacio Público
-
Tribunal Supremo de Justicia (10 de enero de 2019). Presidente Constitucional Nicolás Maduro Moros prestó juramento ante el tsj para el periodo 2019-2025. Disponible en: http://www.tsj.gob.ve/-/presidente-constitucional-nicolas-maduro-moros-presto-juramento-ante-el-tsj-para-el-periodo-2019-2025
- Tal Cual Digital (enero 10 de 2019). Maduro se juramentó ante el TSJ a pesar de las críticas sobre su legitimidad. Disponible en:https://talcualdigital.com/maduro-se-juramento-ante-el-tsj-a-pesar-de-criticas-sobre-su-legitimidad/
- Juan Guaidó no se “autoproclamó” en su carácter de presidente de la asamblea nacional, ante la ausencia de un presidente legítimamente electo para el período 2019-2025, Juan Guaidó quedó constitucionalmente encargado de la presidencia de la república a partir del 10 de enero de 2019 (2019). Disponible en: https://allanbrewercarias.com/wp-content/uploads/2019/03/190.-Brewer.-Sobre-porqu%C3%A9-Juan-Guaid%C3%B3-asumi%C3%B3-como-Presidente-encargado-de-Venezuela.-marzo-2019..pdf
- BBC.com (26 de enero de 2019). Juan Guaidó se proclama presidente de Venezuela: el líder de la oposición detalla su hoja de ruta al tiempo que Maduro arremete contra él y EE.UU. Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-47007931
- BBC.com (23 de enero de 2019). Maduro anuncia que Venezuela rompe relaciones con «el gobierno imperialista de EE.UU.», al que acusa de estar detrás de la juramentación de Guaidó como «presidente encargado». Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-46979316
- Visión Latina (s/f). Guaidó y la crisis en Venezuela: EE.UU. anuncia sanciones a PDVSA y pide a los militares que acepten la transición impulsada por el “presidente encargado”. Disponible en: https://visionlatinausa.com/2019/01/29/Guaidó-y-la-crisis-en-venezuela-ee-uu-anuncia-sanciones-a-pdvsa-y-pide-a-los-militares-que-acepten-la-transicion-impulsada-por-el-presidente-encargado/
- Infobae.com (2 de febrero de 2019). Los venezolanos protestaron en distintas partes del mundo contra el régimen de Nicolás Maduro. Disponible en: https://www.infobae.com/america/venezuela/2019/02/02/los-venezolanos-protestan-en-distintas-partes-del-mundo-contra-el-regimen-de-nicolas-maduro/
- Ministerio del poder popular para las relaciones exteriores (20 de febrero de 2019). Vicepresidenta Delcy Rodríguez anuncia el cierre de fronteras con Aruba, Curazao y Bonaire ante amenaza a la soberanía nacional. Disponible en: https://mppre.gob.ve/2019/02/20/vicepresidenta-delcy-rodriguez-cierre-fronteras-aruba-curazao-bonaire-amenaza-soberania-imperial/
- Ap News (21 de febrero de 2019). Nicolás Maduro anunció el cierre de la frontera con Brasil. Disponible en: https://apnews.com/article/b58d3fe52f2042e7bdb6e764c8f0788e
- Lapatilla.com (22 de febrero de 2019). El chavismo ordenó el cierre de la frontera con Colombia. Disponible en: https://www.lapatilla.com/2019/02/22/maduro-ordena-cierre-de-la-frontera-con-colombia/
- Infobae (24 de febrero de 2019). La represión desplegada por Maduro suspendió la ayuda humanitaria que Guaidó enviaba a Venezuela. Disponible en: https://www.infobae.com/america/venezuela/2019/02/24/la-represion-desplegada-por-maduro-suspendio-la-ayuda-humanitaria-que-Guaidó-enviaba-a-venezuela/
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