Manifestaciones públicas 2022

El informe a continuación da cuenta sobre la situación del derecho a la manifestación pacífica en Venezuela,  en el mismo se contabiliza el número de movilizaciones que se realizaron en el territorio nacional en el 2022. Durante este periodo se contabilizaron 973 protestas1. Por cuarto año consecutivo, se observó un descenso en la actividad de protesta del  6,26% con respecto a lo documentado el año anterior. 

El Balance sobre la situación del derecho a la manifestación pacífica en Venezuela, ofrece datos sobre el total de protestas registradas  durante el año 2022 y su variación porcentual. Asimismo, información sobre los sectores manifestantes y sus demandas, los tipos de protestas y sus modalidades, así como las ciudades más movilizadas. El informe finaliza con un apartado especial relativo a las manifestaciones realizadas por el sector educativo y las exigencias asociadas a la derogación del Instructivo ONAPRE. 

Contexto nacional

El 3 de enero,  la Asamblea Nacional 2015, aprobó la Reforma parcial al Estatuto que rige la Transición a la Democracia y da continuidad a la presidencia constitucional encargada a Juan Guaidó. El 6 de enero, Jorge Rodríguez, presidente de la asamble nacional, estableció la condición de  no continuar con el diálogo con la oposición si no liberan a Alex Saab2. El 9 de enero, se repitieron las elecciones en el estado Barinas, resultando ganador el candidato por la oposición Sergio Garrido con un 55,36% de los votos, frente a Jorge Arreaza, quien obtuvo 41,27%3. El 12 de enero, Venezuela perdió el derecho de voto de manera temporal dentro del sistema de Naciones Unidas, debido al retraso en el pago de sus contribuciones4

El 17 de enero, el Consejo Nacional Electoral, aprobó las solicitudes para la activación del referendo revocatorio en contra de Nicolás Maduro5. La Asamblea Nacional decidió en segunda discusión aprobar una modificación de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, la cual establece pasar de 32 magistrados a 20, retomando la composición del año 20046.

El 21 de enero el Consejo Nacional Electoral, anunció el calendario para la recolección de firmas para el referendo revocatorio, el cual quedó programado para el miércoles 26 de enero, otorgando un plazo de sólo 12 horas en 1200 centros de recolección para reunir las firmas7El 7 de febrero, El Tribunal Supremo de Justicia, entregó a Diosdado Cabello la sede del diario El Nacional 8

El 14 de febrero, fueron detenidos en el estado Vargas, dos adultos mayores que se encontraban protestando. Pese a su avanzada edad, ambas personas fueron juzgadas bajo la Ley Contra el Odio9.

El 7 de marzo, el sindicalista Horacio Silva del Frente Nacional de Trabajadores Petroleros, declaró que la Refinería El Palito, localizada en el estado Carabobo, se encontraba paralizada sin pronóstico de inició de producción. Asimismo, expresó su descontento frente a la eliminación de las estaciones de gasolina subsidiadas10. El 16 de marzo, se promulgó el aumento del sueldo mínimo en 130,00 Bs y en 97,50 para los adolescentes y aprendices, publicado en la Gaceta Oficial N 6.69111. Adicionalmente se aprobó el incremento del Cestaticket a Bs 45,00, a partir de su publicación12. El 18 de marzo, luego de 14 años de haber sido expropiado, el gobierno venezolano devolvió a sus dueños originales el Centro Comercial Sambil localizado en la zona de la Candelaria, en Caracas13.

Desde el 21 al 31 de marzo, el Fiscal Internacional Karim Khan, visitó Venezuela para suscribir un acuerdo con el gobierno nacional sobre la instalación de una oficina en Caracas de la Corte Penal Internacional para investigar las denuncias sobre crímenes de lesa humanidad14. El 13 de abril, se emitió una orden de detención en contra de Olga Mata, quién grabó un video humorístico comparando los rellenos de la arepa con altos funcionarios oficialistas15.

El 31 de mayo, el gobierno dolarizó el precio del gasoil usado por el transporte de carga pesada, el aumento se estableció a 0,50 centavos de dólar16.El 2 de junio, La Asociación Venezolana de Rectores Universitarios introdujo una demanda de nulidad con medida cautelar de amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia en contra del instructivo ONAPRE17.

El 16 de junio, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), detuvo a Yohn Alejandro Noguera de 27 años de edad, por criticar a efectivos de este cuerpo de seguridad militar y a funcionarios de la Alcaldía del Municipio Aragua, estado Anzoátegui18. El 25 de junio, Michelle Bachelet preparó un nuevo informe en donde denunció al gobierno presidido por Nicolás Maduro, de continuar el esquema de persecución y tortura a los lideres opositores y criminalizar a las ONG19. El 27 de junio, las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), fueron reemplazas por la Dirección Contra la Delincuencia Organizada (DCDO)20.

El 4 de julio, Michelle Bachelet admitió que la elección de algunos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia no garantiza el mejoramiento del sistema de justicia venezolano21. El 7 de julio, fue ratificado como Ministro de Defensa el general Padrino López, quién viene ocupando este cargo desde el año 201422.

El 4 de agosto, fue condenado a ocho años de prisión el opositor Juan Requesens23. El 5 de agosto, trabajadores y pensionados del sector educativo, tomaron las calles de diferentes ciudades del país para protestar en contra del instructivo ONAPRE24. El 26 de agosto, se reactivó la producción de gasolina en la Refinería Cardón25. El 8 de septiembre, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones ordenó el cierre de once emisoras en el estado Zulia26. El 15 de septiembre, Conatel ordenó el cierre de cinco emisoras de radio en la ciudad de Cumaná27.

El 21 de septiembre,  un nuevo informe de la ONU, menciona la existencia de 17 centros clandestinos de tortura en Caracas manejadas por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. La misión documentó 122 casos de víctimas sometidas a tortura, violencia sexual y otros tratos inhumanos en los centros de la Dirección General de Contrainteligencia Militar2829. El 22 de octubre, fueron cerradas ocho emisoras de radio en el estado Táchira por órdenes de Conatel30. El 1 de noviembre, el Fiscal Internacional Karim Khan de la CPI pidió a la sala de Cuestiones Preliminares reanudar la investigación sobre Venezuela31.

El 14 de noviembre, Conatel cerró dos emisoras de radio en el estado Mérida, La Cordillera 104.7 FM y Máxima 103.9 FM32. El 5 de diciembre, la producción de gasolina nuevamente queda detenida en la Refinería de Amuay producto de una avería en el craqueador catalítico. Por su parte, la producción en la Refinería de Cardón se mantiene produciendo 45.000 barriles de petróleo diarios33. El 12 de diciembre, la Refinería de Cardón, reactivó sus operaciones34.

Los hechos anteriormente reflejados, conformaron parte del acontecer nacional que nutrieron el tejido de conflicto y manifestaciones durante el 2022. Con características propias y excepcionales, esta serie de eventos se suman al malestar nacional de la ciudadanía frente a la apatía e indolencia gubernamental del Estado a las demandas y exigencias de la nación. 

Sectores manifestantes y sus motivaciones

Los trabajadores del Estado, se destacaron como el sector más movilizado durante el año 2022. Los datos reflejaron que este grupo protestó un total de 262 veces, lo que representa el 26,92% del total analizado. Las comunidades organizadas fueron el segundo sector más movilizado. Las cifras señalan que este bloque tomó las calles 259 veces, lo que representa un total de 26,61%. Este grupo está conformado por vecinos/as, familiares de pacientes y privados de libertad, productores agropecuarios. comerciantes, que se reunieron para demandar derechos y defender intereses comunes. 

La comunidad educativa ocupa el tercer lugar como el sector más movilizado. Maestros/as, profesores/as, obreros/as, estudiantes, personal administrativo e incluso la comunidad de madres, padres y representantes; así como jubilados/as y pensionados/as. El monitoreo reflejó que este grupo protestó un total de 183 veces, lo que representa el 18,80%. 

El cuarto lugar es ocupado por los trabajadores/as del sector salud, conformado por enfermeras, médicos, personal administrativo, obrero, familiares de pacientes y trabajadores/as en general del sistema público de salud venezolano, con un total de 84 veces, lo que representa el 8,63% del total analizado. El último lugar está compuesto por el grupo de los activistas, quienes se movilizaron 28 veces, lo que representa el 2,87% del total. Este grupo estuvo conformado por: diversas ONG defensoras de Derechos Humanos, la comunidad LGBTIQ, líderes vecinales y activistas ecológicos.  

¿Cuáles fueron los derechos más demandados?

Las exigencias por el cumplimiento de los derechos laborales se mantuvieron durante el 2022. En la radiografía de la actividad de calle se observó que las protestas por el cumplimiento de los derechos laborales, estuvieron principalmente protagonizadas por los trabajadores del sector educativo (docentes, personal administrativo, obrero), quienes se movilizaron en 546 oportunidades, lo que representa 56,11% del total analizado. En este caso, para exigir la derogación del instructivo ONAPRE. 

Asimismo, en el monitoreo se registraron otras exigencias asociadas al derecho al trabajo como: cancelación de pasivos, mejoras salariales, homologación de sueldos. 

En segundo lugar, se documentaron las exigencias por los servicios públicos. Concretamente las deficiencias en el servicio de agua potable y suministro eléctrico, ocupan el 19,42% de las movilizaciones realizadas para exigir la normalización y cumplimiento de este derecho, lo que equivale a 189 veces. Los derechos políticos/civiles ocupan el tercer lugar con 73 movilizaciones, lo que representa el 7,50% del total analizado, seguido del derecho a la justicia  con 36 movilizaciones equivalente al 3,69%. 

El quinto lugar es compartido por las exigencias al cumplimiento del derecho a la educación y el derecho a la salud con 19 movimientos de calle respectivamente, lo que representa el 1,95 %.   

Meses más movilizados

La contabilización de los datos arrojó que el mes de mayo, fue el que concentró la mayor cantidad de movilizaciones con 121 protestas por mes, lo que equivale al 12,43%. En segundo lugar se encuentra el mes de agosto con 115 protestas representando el 11,81% de los meses analizados. El mes de marzo ocupa el tercer lugar con 107 movilizaciones para un total de 10,99% de las concentraciones durante el año 2022. 

Tipo de protestas

De acuerdo al trabajo de documentación y monitoreo realizado durante el 2022, se observó que los/as venezolanos/as mantienen las formas clásicas para disentir de las políticas gubernamentales. 

Los datos señalaron que las concentraciones, los cierres de vía y las marchas se mantienen como las modalidades más frecuentes de protesta. En primer lugar, se encuentran las concentraciones de calle con 228 veces (23,43%), seguido de los cierres de vía con en 103 oportunidades (10,58%), las marchas se contabilizan en el tercer lugar como el tipo de protesta más común con 86 ocasiones lo que representa 8,83% del total analizado, en cuarto lugar el pancartazo con el 5,44% representando el 53 veces y finalmente el paro de actividades o jornadas laborales con 33 oportunidades que conserva el 3,39% del total analizado.

Masivas protestas en contra del instructivo ONAPRE

En marzo del año 2022, distintos trabajadores del sector público de todo el país se movilizaron para exigir al Estado venezolano la derogación del instructivo ONAPRE. 

La normativa, cuyo nombre completo es “Instructivo para el Proceso de Ajuste del Sistema de Remuneración de la Administración Pública, Convenciones Colectivas, Tablas Especiales y Empresas Estratégicas”, fue una iniciativa de la Oficina Nacional de Presupuesto que impone cálculos salariales. El mencionado acto administrativo viola cláusulas de los contratos colectivos de los trabajadores del sector público del país que fueron aprobadas durante el año 2021, eliminando obligaciones y beneficios tales como: primas de antigüedad, transporte, profesionalización, ayuda para hijos e hijas con discapacidad y bonos de recreación por nombrar algunos35

Esta situación desencadenó una ola de protestas y reclamos durante casi todo el 2022, protagonizados por trabajadores de la nómina pública. Encabezados principalmente por el gremio docente acompañado por el sector salud y los jubilados, en contra de la eliminación de beneficios que la nómina estatal ya tenía36.

Esta situación provocó que los trabajadores se presentaran ante el sistema de justicia para impugnar lo que denominaron “hipotético” acto administrativo. Sin embargo, la Sala Político Administrativa del TSJ37, a través de las sentencias 444, 445 y 446, declaró “inexistente” el instrumento, al considerar que no reunía con los requisitos legales necesarios:  Nombre del Ministerio y organismo a que pertenece el [órgano que emite el acto, nombre del órgano que emite el acto, lugar y fecha donde el acto es dictado; Nombre de la persona u órgano a quien va dirigido, expresión sucinta de los hechos, de las razones que hubieren sido alegadas y de los fundamentos legales pertinentes, la decisión respectiva, si fuere el caso; nombre del funcionario o funcionarios que los suscriben, con indicación de la titularidad con que actúen, e indicación expresa, en caso de actuar por delegación, del número y fecha del acto de delegación que confirió la competencia, el sello de la oficina. Así como una copia del documento original y la Gaceta Oficial en donde aparece publicado38 

Respuesta estatal: Indiferencia, despidos y multas desproporcionadas

Tras la demostración de indiferencia y ausencia de respuesta y soluciones gubernamentales: los docentes, jubilados y el sector salud, organizados y en acción por un bien común y legítimo, salieron nuevamente a las calles para manifestar su descontento mediante el ejercicio del derecho a la protesta pacífica, que constituye una expresión de la libertad de asociación. 

Parte de las respuestas institucionales fueron la imposición de multas a “cada uno de los accionantes y sus representantes, por cincuenta veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor establecido por el Banco Central de Venezuela”. Así como a la Universidad de Los Andes (ULA) y a las rectoras de la Universidad Central de Venezuela, Cecilia Arocha, Universidad de Carabobo, Jessy DIvo, Universidad de Oriente, Milena Bravo, Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre (UNEXPO) Rita Elena Añez y la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL)39.

Asimismo y en medio de la coyuntura, y como parte de las represalias ejercidas desde el Estado, Carmen Sulay Rojas, fue removida de su cargo como Subdirectora del liceo Angel Noriega Pérez, ubicado en la ciudad de Pampatar, estado Nueva Esparta, luego de participar en un ciclo de protestas para exigir mejoras laborales y criticar la gestión liderada por Nicolás Maduro40.

Los datos evidencian la presencia de patrones de violaciones del derecho a la reunión pacífica y libre asociación, por parte de las autoridades venezolanas, en perjuicio de todos aquellos sectores organizados en un contexto de manifestación. 

La política sostenida hacia aquellos que cuestionan y disienten abiertamente la narrativa oficialista, vulnera las garantías de la ciudadanía, restando condiciones para su legítimo ejercicio. En este sentido, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), ha venido denunciando lo que considera como ¨una estrategia orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno”41.

En esa misma línea, el informe sobre violaciones y abusos de los derechos humanos en el contexto de las protestas en la República de Venezuela, resalta que “a pesar de la protección institucional del derecho de reunión pacífica, las disposiciones legales y reglamentarias del país tipifican como delito las protestas e imponen restricciones indebidas que niegan la exigencia de ese derecho42.

Metodología

La documentación y registro de datos, se realizó sobre una matriz de casos que incluye variables como: fecha de ocurrencia de las manifestaciones, el nombre del medio electrónico que sirve como fuente de consulta, ubicación geográfica que incluye estado y ciudad en donde se desarrolló el evento, tipo de protesta, carácter, manifestantes y sectores a los que pertenecen, demandas y derechos que exigen. Además de una breve descripción del contexto entre otras variables que han sido definidas previamente.  La base de manifestaciones se alimentan de fuentes hemerográficas disponibles en los medios impresos que circulan en el territorio nacional y regional, así como registro de notas de prensa de medios digitales. Parte del proceso de sistematización de la información impresa es realizada en conjunto con la organización PROVEA.  Luego de que los resultados estuvieran debidamente registrados y sistematizados, se procede a realizar un proceso de depuración, curaduría y cruce de variables. Tras los cálculos estadísticos se obtuvieron los datos que alimentan el cuerpo de este trabajo. 

Referencias

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