“Todos los indicadores socio-económicos que contribuyeron con el crecimiento de la pobreza en el 2013 empeoraron en el 2014. Si la tendencia se mantiene, para finales de 2015 tendremos la misma cantidad de pobres que existía en el año 2000, cuando se contabilizaban 10.595 millones de personas en situación de pobreza”, expuso hoy la ONG Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea).
Esta conclusión se desprende del informe anual Situación de los Derechos Humanos en Venezuela, presentado por el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos, Provea, este 9 de junio, y en donde se hace un claro balance de la profundización de la crisis económica, política y social durante el año pasado y que se continúa agravándose.
Según expone el informe, la vulneración de los derechos sociales se acentuó en el lapso de enero a diciembre, como consecuencia de retrocesos en avances alcanzados por el ex presidente Hugo Chávez, por la continuidad de la ineficiencia en la gestión pública y la agudización de problemas estructurales y coyunturales en la economía venezolana, así como por la adopción de medidas que acentuaron la caída del salario e impactaron negativamente en la calidad de vida de los venezolanos.
A juicio de Inti Rodríguez, coordinador de Investigación de Provea, todo parece indicar que entramos en un proceso de retroceso en los avances en la lucha contra la pobreza.
Citó el estudio hecho por las universidades Católica Andrés Bello, Central de Venezuela y Simón Bolívar, denominado “Condiciones de Vida de la población venezolana 2014″, en el cual se evidencia que dos años de recesión económica (2013-14) hicieron retroceder los avances logrados durante los años del boom petrolero del Gobierno del difunto Hugo Chávez.
El número de pobres, según el estudio de las universidades, es el mismo que (1989-1996) cuando se produjo el Caracazo y en épocas de conmoción social (1992-2002).
Las casas de estudio calculan que 48,4% de los hogares viven por debajo de la línea de pobreza, por lo que Provea deduce que más de 15 millones de venezolanos estarían en situación de exclusión.
Uno de los factores que más influyó en la desmejora de las condiciones de vida, fue la caída poder adquisitivo debido a los bajos salarios, “lo que impide que la gente pueda cubrir el costo de la canasta básica alimentaria”, dijo Rodríguez.
Crisis de la salud
Pero no solo este elemento afectó negativamente la calidad de vida, también en 2014 se agravó la crisis en el sector salud, lo que compromete la vida de los pacientes.
Durante la presentación del informe anual, se mostraron estadísticas en las que se reflejó, por ejemplo, que en los últimos 4 años las clínicas atienden 50% de la población, lo que significa que el Gobierno privatizó de hech el sector salud, según Inti Rodríguez.
También se hizo público que las denuncias registradas sobre deficiencias de los hospitales pasaron de 1.976 en 2013 a 2.665 en 2014, lo que representa un incremento de 35% de los cuestionamientos.
Retraso en viviendas
En materia de vivienda, de acuerdo con los investigadores de Provea, la reducción experimentada en 2014 genera preocupación sobe el futuro de la Gran Misión Vivienda. Dijeron que hay un estancamiento del programa, toda vez que en 2013 se construyeron 201.074 casas mil 74 casas y en 2014 solo edificaron 64 mil 680.
En resúmen: la reducción fue de 310%, nada apegada a la promesa de Chávez. Tampoco se cumplió con la reubicación de los damnificados (para 2014 quedaban 17.544 daminificados en 217 albergues), y de legalizar la titularidad de los beneficiarios”.
Además, denunciaron la ausencia de la fiscalización de los entes del Estado, lo que favorece el manejo irregular de los recursos destinados al sector vivienda. Específicamente señalaron que los convenios internacionales de construcción son inauditables, y hay denuncias sobre denuncias sobre presunta corrupción.
El balance anual de la ONG destaca que Venezuela ocupa la tasa más alta en la región de embarazo adolescente, que en materia de seguridad social cayó 80% el otorgamiento de pensiones, que no se están aprobando las convenciones colectivas. Y no se están demarcando los territorios indígenas y la minería ilegal en los estados fronterizos aumentó 40%, con el agravante de la presunta participación de grupos paramilitares.
Libertades amenazadas
Provea expresó su preocupación por la criminalización de la protesta, las violaciones a la integridad personal. Estos casos aumentaron 480% tras la aprobación de la Ley Contra la Tortura. En cifras absolutas indica que en 2014 hubo 2015 víctimas de violación del derecho a la integridad física.
