El Estado debe sumar voluntades en vez de excluir y criminalizar.
Previo a los terremotos del pasado 24 de junio de 2026, el Estado venezolano mantenía serias restricciones al ejercicio del derecho de asociación a través de la vigencia de legislación, como la Ley de Fiscalización 1 o normativas sublegales administrativas 2, que impiden tanto la actualización como nuestros registros de las organizaciones, lo que a su vez impone limitaciones para la recepción de fondos por parte de la cooperación internacional.
En terreno, también se suma la criminalización de las personas defensoras a través de campañas de estigmatización, procesos penales abiertos junto a medidas cautelares vigentes 3, seguimiento y amenaza de nuevas detenciones a dirigentes comunitarios y sindicales, o el mantenimiento de personas privadas de libertad, como el caso del líder social Manuel Sánchez 4.
Respuesta tardía e iniciativa ciudadana
Tras la ocurrencia de los terremotos, la actuación del Estado y el despliegue de los cuerpos de seguridad, atención y orden público de carácter nacional o estadal no fue inmediata en las zonas más afectadas: estado La Guaira (antes Vargas) y Distrito Capital, de acuerdo a decenas de reportes ciudadanos a través de redes sociales que se difundieron masivamente tras la recuperación paulatina de las comunicaciones en algunas zonas, situación que fue constatada por organizaciones de derechos humanos que se trasladaron a las zonas cero en los días siguientes 5.
Las labores de rescate se activaron medianamente tras la llegada de brigadas internacionales, a los tres días de los sismos. La ausencia evidente de los organismos estatales 6 en los primeros días llevó a la activación de cientos de ciudadanos, en Caracas y de varios estados del país, a fin de trasladar ayuda, insumos, y ofrecerse como voluntarios/as para llevar a cabo las labores de rescate y asistencia. Esto generó una movilización masiva de personas civiles hacia las zonas de desastre, lo que generó colapso en la vialidad.
En respuesta, el 26 de junio el Estado dispuso un registro obligatorio de voluntariado que debe ser tramitado presencialmente en el Poliedro de Caracas, en el sur oeste de la ciudad. El proceso de registro no tiene mayores limitaciones, más allá del traslado necesario y ciertos retrasos en la apertura del centro los primeros días 7.
Civiles se organizaron masivamente para conformar centro de acopio, trasladar recursos, ofrecer asistencia y servicios de primera necesidad. Dentro y fuera del país, personas y organizaciones llevaron adelante cientos de iniciativas que incluyen sitios web para denunciar las desapariciones, centralizar información que facilite la búsqueda de familiares o sobrevivientes, mapeos de los centros de acopio, recursos en línea al día para actualizar las necesidades de insumos en los centros de acopio y refugios, herramientas para identificar y descartar información falsa sobre los terremotos, registro de identificación que estructuras afectadas, y directorios de recursos de las diversas iniciativas, desde la salud mental hasta asistencia de mascotas. A la fecha una de las herramientas suma más de 120 iniciativas en línea 8.
Algunas de estas acciones ciudadanas fueron restringidas, limitadas o prohibidas por el Estado venezolano.
Cierres o tomas arbitrarias de centros de acopio
Entre el 25 y el 2 de julio se registraron al menos siete eventos en cinco estados del país en los que funcionarios públicos, entre ellos policías civiles, trabajadores de instituciones públicas, y efectivos del Sebin, ordenaron el cierre, intentaron o asumieron unilateralmente el control de centros de acopio que fueron iniciativas comunitarias, vecinales, estudiantiles y de partidos políticos de oposición.
El 25 de junio, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) ordenaron el cierre de un centro de acopio en el municipio Obispos, estado Barinas, impidiendo la recepción y distribución de donaciones 9.
El mismo 25 de junio, en Guanarito, estado Portuguesa, activistas denunciaron que funcionarios de Protección Civil los presionaron para entregar los insumos recolectados, bajo el argumento de que el Estado debía centralizar el acopio de ayuda 10.
El 26 de junio funcionarios del Sebin hostigaron un centro de acopio instalado en Cumaná, estado Sucre, organizado por ciudadanos y miembros del equipo político del partido Vente Venezuela 11.
En Yaracuy, en el municipio Arístides Bastidas, denunciaron que el 27 de junio trabajadores de la alcaldía ingresaron a un centro de acopio y retiraron sin autorización los insumos recolectados y almacenados 12.
La noche del 30 de junio, el gobierno a través de funcionarios del SENIAT, tomó el control del centro de acopio ubicado en la Unidad Educativa Francisco Pimentel, ubicada en Quinta Crespo, en el centro de Caracas, de acuerdo a las denuncias de sus organizadores. Los funcionarios pasaron a controlar el centro y las donaciones sin ningún tipo de mediación. Horas después el centro fue presentado a través de canales oficialistas como un “campamento transitorio”. El pasado 6 de julio fue “inspeccionado” por la presidenta en funciones Delcy Rodríguez 13.
El 1 de julio, la PNB impidió a un centro de acopio gestionado por estudiantes continuar sus labores con normalidad tras cinco días de su instalación, en las inmediaciones de la Plaza Candelaria, en Caracas. Los funcionarios alegaron supuestos permisos para operar que no existen 14.
El 2 de julio, los organizadores del centro de acopio ubicado en la Plaza Altamira, municipio Chacao de Caracas, denunciaron el cierre por parte de funcionarios públicos quienes alegaron que sería el Estado a nivel municipal que gestionaría exclusivamente los centros de acopio desde ese momento 15.
Amenazas a personas voluntarias
El 30 de junio, la Red de Voluntarios Intérpretes, constituida para ofrecer servicios gratuitos de traducción de cara a la comunicación entre rescatistas extranjeros y la población venezolana, desactivó su página web tras denuncias de persecución hacia los traductores que asistieron en labores de rescate 16.
Los administradores señalaron en un comunicado que decidieron dar de baja al sitio web y borrar la base de datos de voluntarios y voluntarias por razones de seguridad tras registrar casos de persecución por funcionarios del Sebin y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
El 29 de junio, el ciudadano Sebastián Martínez denunció persecución en su contra luego de servir como traductor para los soldados norteamericanos el jueves 25 de junio 17. A través de una publicación en redes sociales, responsabilizó al gobierno venezolano por su seguridad personal. “Mis cuentas fueron suspendidas y estoy siendo víctima de persecución por parte de organismos de represión”, señaló.
Libertad de asociación para enfrentar la emergencia
El artículo 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos protege la libertad de asociación entre personas para la promoción y defensa de intereses comunes, en este caso, asistir, recoger o proveer insumos y servicios para personas afectadas por los sismos, o para apoyar labores de asistencia y rescate, de forma directa o indirecta. Además una catástrofe natural es una situación de interés nacional, social y público que compete a la sociedad en general por lo que toda iniciativa de actuación es legítima, siempre y cuando no obstaculice labores de seguridad y rescate.
Parque del oeste «Alí Primera». Mabel Sarmiento.
El artículo 25 por su parte protege la participación directa de las personas en asuntos públicos, esto incluiría indirectamente, la instalación y gestión autónoma de centros de acopio a fin de obtener y distribuir bienes y servicios de primera necesidad y de forma gratuita en contextos de emergencia.
En los eventos de cierre, toma de centros de acopio u hostigamiento hacia los organizadores o personas voluntarias, el Estado venezolano ha alegado permisos inexistentes, así como también la monopolización de la asistencia por parte del gobierno en sus distintas instancias o la discriminación política 18. En otros casos, no hubo justificación formal o de facto, el Estado solo tomó el control sin mayores explicaciones.
Estas restricciones arbitrarias niegan no solo del derecho de asociación que se manifiesta en la disposición y organización civil para la asistencia, sino que además reduce las opciones de apoyo en un grave escenario de emergencia, que agudiza la crisis humanitaria, y en definitiva reduce el abanico de atención a cientos de miles de personas en situación de vulnerabilidad extrema.
Sin excluir ni negar la responsabilidad estatal de asistencia, apoyo, atención y reconstrucción, es necesario que el gobierno incorpore la acción civil, cumpla roles de coordinación y en lugar de excluir o criminalizar, sume el esfuerzo y la iniciativas necesarias para enfrentar la crisis, bajo garantías claras para el ejercicio de derechos humanos.
El rol de la sociedad venezolana fue vital en los primeros días y semanas, y seguirá siendo necesario para enfrentar la grave situación que se agudizó con el doblete sísmico; decenas de miles de personas tienen demandas vitales de alimentación, refugio temporal, asistencia médica y psicológica, en un contexto preexistente de precarización social y económica.
El doblete sísmico encontró al país en una situación de vulnerabilidad estructural e institucional, con un sistema público de salud desmantelado 19, con un Estado que no actuó con inmediatez, empeorando la condición de las personas sobrevivientes. Decenas de miles sin hogar según estimaciones oficiales, datos conservadores de acuerdo a diversas estimaciones de instituciones multilaterales como la ONU que contabiliza 1,3 millones de personas damnificadas.
Ciudad Hugo Chávez. Catia La Mar. Génesis Carrero.
La contención y reconstrucción llevará tiempo, recursos y organización, y demanda plena transparencia. El Estado debe incorporar a la sociedad venezolana en su propio proceso, como derecho humano y obligación estatal de respetar y garantizar una respuesta y soluciones dignas, apegadas a los estándares de protección de derechos humanos. La reconstrucción del país es la reconstrucción de sus instituciones, que genuinamente protejan y promuevan la acción coordinada, protagónica y democrática del país.
El trabajo de la sociedad civil venezolana debe ser garantizado como derecho al ser fundamental para:
- Apoyar las labores de asistencia humanitaria a mediano y largo plazo.
- Recolectar y entregar insumos para garantizar el acceso a servicios básicos de personas damnificadas, personal de asistencia, voluntarios y activistas en zonas de desastre y en refugios.
- Monitorear y vigilar la efectiva entrega de recursos a quienes lo necesiten.
- Denunciar posibles esquemas de corrupción, desvío de recursos u opacidad en el manejo de insumos, equipos, herramientas o servicios.
- Registrar y denunciar posibles abusos o violaciones a los derechos humanos por parte de funcionarios policías o militares, trabajadores públicos, y la posible comisión de delitos por parte de particulares, en especial contra personas en situación de riesgo, como mujeres, personas LGBTIQ+, niños, niñas y adolescentes.
- Vigilar, hacer contraloría y exigir la rendición de cuentas en el manejo de recursos para la asistencia humanitaria que está siendo destinada a Venezuela.
En este contexto de emergencia post 24 de junio, el Estado venezolano debe honrar con mayor urgencia sus deudas en materia de garantía, protección y respeto de derechos humanos para la debida reconstrucción y restitución de los derechos de la población venezolana.
Las autoridades estatales de Venezuela, y extranjeras que actúan con anuencia del gobierno nacional en el territorio, deben:
- Evitar obstaculizar acciones legítimas de apoyo y asistencia para las zonas, personas y comunidades afectadas. Los efectivos de seguridad deben evitar la solicitud de permisos inexistentes.
- Cesar conductas criminalización hacia sectores de oposición política que se organizan para recolectar o distribuir insumos para las personas afectadas.
- Permitir sin restricciones indebidas, acciones de contraloría social, monitoreo y seguimiento del manejo de fondos y recursos destinados a la gestión pública de la asistencia.
- Cesar amenazas y hostigamiento hacia personas, comunidades y medios que busquen inhibir las denuncias y reclamos sobre la gestión de la emergencia por parte del gobierno nacional, estadal y municipal.
- Facilitar y apoyar el acceso a las zonas de desastre que sigan requiriendo asistencia inmediata en labores de rescate y recuperación.
- Incorporar y actuar de manera coordinada con la sociedad civil, en respeto pleno de sus derechos, para enfrentar la emergencia en sus diferentes fases para los siguientes meses.
Foto de portada: La Guaira. Yohana Marra.
Referencias
- Más en: https://espaciopublico.ong/analisis-de-la-ley-de-fiscalizacion-regularizacion-actuacion-y-financiamiento-de-las-organizaciones-no-gubernamentales-y-organizaciones-sociales-sin-fines-de-lucro-2/
- Acceso a la Justicia, 25 de abril de 2025. Informe global de seguimiento normativo y jurisprudencial sobre la libertad de asociación (1/08/2021 – 31/03/2025). Recuperado en: https://accesoalajusticia.org/informe-global-de-seguimiento-normativo-y-jurisprudencial-sobre-la-libertad-de-asociacion-1-08-2021-31-03-2025/
- France24, 25 de marzo de 2026. Rechazan la amnistía al activista venezolano excarcelado Javier Tarazona. Recuperado en: https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20260325-rechazan-la-amnist%C3%ADa-al-activista-venezolano-excarcelado-javier-tarazona
- Espacio Público, 16 de abril de 2026. Manuel Sánchez: el líder comunitario que espera por su libertad. Recuperado en: https://espaciopublico.ong/manuel-sanchez-el-lider-comunitario-que-espera-por-su-libertad/
- Provea, 27 de junio de 2026. 48 horas después del terremoto: la deuda del Estado en La Guaira. Recuperado en: https://provea.org/actualidad/48-horas-despues-del-terremoto-la-deuda-del-estado-en-la-guaira/
- Justicia, Encuentro y Perdón, 2 de julio de 2026. El Estado abdicó en su deber de proteger. Recuperado en: https://www.jepvenezuela.com/2026/07/02/jep-presenta-informe-el-estado-abdico-su-deber-de-proteger/
- Sin Mordaza en Instagram, 26 de junio de 2026, https://www.instagram.com/reel/DaEpjBFuIXa/
- Terremoto VE, Recursos y Plataformas: https://terremotove.com/recursos
- Vente Venezuela en X, https://x.com/VenteDDHH/status/2070247387415674932
- Maria Oropeza en X, https://x.com/mariaoropeza94/status/2070292609268900100
- Vente Venezuela en X, https://x.com/VenteDDHH/status/2070567145709219872
- Vente Venezuela en X, https://x.com/VenteDDHH/status/2070958637908967624
- Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Vicepresidencia, 7 de julio de 2026. Presidenta Encargada supervisa asistencia a familias en campamento transitorio Francisco Pimentel. Recuperado en: https://presidencia.gob.ve/Site/Web/Principal/paginas/classMostrarEvento3.php?id_evento=32560
- Promo46.Corporativo en Instagram, https://www.instagram.com/reel/DaQjvAROozp/?igsh=OHdkMnF2NHE3aGpj
- Somos Venezuela Donde Sea en Instagram, https://www.instagram.com/reel/DaUGCT5uH5X/
- El Nacional en Instagram, https://www.instagram.com/p/DaQNuw7G6IO/?img_index=2
- Sebastián Martínez, 1 de julio de 2026. La Red de Voluntarios Intérpretes apagó sus plataformas luego de denunciar una presunta “cacería”. Disponible en: https://x.com/LaVerdadVargas/status/2072485070909133195
- El Comercio, 26 de junio de 2026. Gobierno de Venezuela desmantela centros de acopio de la oposición para damnificados del terremoto. Recuperado en https://www.elcomercio.com/actualidad/mundo/venezuela-regimen-chavista-desmantela-centros/
- Organización Mundial de la Salud, 9 de julio de 2026. Dos semanas después de los terremotos en Venezuela, la OPS destaca que las necesidades de salud siguen siendo urgentes mientras la respuesta avanza hacia la recuperación. Recuperado en: https://www.paho.org/es/noticias/9-7-2026-dos-semanas-despues-terremotos-venezuela-ops-destaca-que-necesidades-salud-siguen
