En la mayoría de los casos las manifestaciones públicas transcurren de manera pacífica, sin embargo el comportamiento represivo de los cuerpos de seguridad constituye un factor que genera respuestas violentas entre algunos manifestantes. Es de particular importancia recordar la interpretación que realizo la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia sobre el artículo 68 de la Carta Magna, alegando que el derecho a la manifestación pacífica no es un derecho absoluto, con lo que prohíben la realización de protestas que no cuenten con el debido permiso de las alcaldías donde se lleven a cabo.
La colocación de trabas a un derecho primordial, le da el poder a los funcionarios públicos de decidir a discrecionalidad cuales manifestaciones pueden ser realizadas y cuáles no, y en esa misma medida, cuales serán reprimidas y cuáles no, lo que significa que los cuerpos de seguridad pública tienen carta blanca, para que actúen y repriman (mediante el uso de la fuerza) protestas que carecen, (como se observa en el grafico), en su mayoria, de carácter violento, y cuya mayor falta radica en ser realizada por personas de una corriente política diferente a la del funcionario encargado de otorgar el permiso
